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Justicia Fiscal

7 desembre, 2008 - Opinió

Xoaquin Álvarez CorbachoLa Voz de Galicia
Si hablar de impuestos no está de moda y además molesta, hablaremos de impuestos. La pregunta es ridícula, pero debemos hacerla: ¿se puede construir un discurso político riguroso sin mencionar los impuestos? O, más aún, ¿no son los impuestos y su justa distribución un problema político de primera magnitud por su amparo constitucional? La desorientación es excesiva. Por un lado, nos enfrentamos a una realidad tozuda que se explica con deficiencia mediante el paradigma neoliberal hegemónico en la academia y en más sitios. Por otro, el sector público es ya un entramado institucional realmente confuso. Se defienden presupuestos mínimos, neutrales y equilibrados -como en el siglo XX- pero nadie se inmuta cuando se prometen más gastos y servicios (pensiones, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, etcétera). El discurso es así de cínico y de contradictorio. En tiempos de bonanza, la reducción impositiva se compensa con el crecimiento económico o vendiendo patrimonio público (como la autopista del Atlántico). Cuando hay crisis, las rebajas impositivas también se practican y justifican, aunque el déficit final sea abultado (época Reagan) o genere incomodidades diversas (Comunidad de Madrid).
Los asalariados callan y no hablan de impuestos ni de justicia fiscal. Todos los años aportan el 80% de la recaudación del IRPF, pese a representar apenas el 50% de las rentas totales. Además, los salarios soportan de nuevo la imposición sobre el consumo (IVA e impuestos especiales) por su reducida o nula capacidad de ahorro. Los sindicatos también observan en silencio el trato desigual que el IRPF otorga a salarios y ganancias de capital (plusvalías bursátiles e inmobiliarias), en términos de control y tipo de gravamen, así como la dimensión del fraude y la tolerancia apenas disimulada con los paraísos fiscales.
Pero las organizaciones empresariales, algunos políticos y ciertos agentes sociales con poder e influencia sí se pronuncian con fuerza y con discurso distinto. Su objetivo es reducir o suprimir determinados impuestos, apelando siempre al interés general (sociedades, sucesiones y donaciones, patrimonio, etcétera). O sea, desean aliviar la fiscalidad sobre la riqueza y su transmisión, proponiendo una imposición menor sobre los beneficios de la empresa. Estas reformas, salvo excepciones, no afectan a las rentas del trabajo. Pues bien, el proceso reductor ya opera en sociedades y sucesiones. El impuesto sobre el patrimonio ya fue suprimido.
En resumen, tenemos un sistema tributario asimétrico que azota al salario y amplía la nómina de perdedores. Por eso hay que hablar de impuestos, aunque moleste, para defender su justa distribución. Este es otro desafío político esencial para la convivencia ordenada del país.

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