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Justicia frente a beneficencia

21 octubre, 2012 - Opinió

Mal podremos pedir solidaridad, civismo o conciencia política a quien no tiene alimento, vestido o vivienda
Antonio Aramayona – Consejo Científico de ATTAC España
El New York Times sacó en portada a un hombre hurgando en un contenedor en busca de comida y el Gobierno español montó en cólera, aduciendo que atentaba contra la marca España, pero a nadie pareció importarle cómo se llamaba y dónde dormía aquel hombre. Y como él, todos y cada uno de nosotros hemos podido ver decenas de veces en nuestra ciudad a muchos seres humanos rebuscando ropa, comida o cualquier cosa que consumir, vender o trocar.
El mismo día en que se celebraba esa entidad platónica denominada Hispanidad, mientras desfilaban soldados y blindados, los mandos de la Guardia Civil brindaban con cava en honor de su patrona y millones de flores desembocaban en el remanso de la zaragozana plaza del Pilar, Andrés Rábago, El Roto, nos regalaba una viñeta donde una abuela pregunta a su nieto: “¿No sientes el orgullo de ser español?”, a lo que el niño responde: “Abuela, a mi me da vergüenza ser de cualquier sitio”. Días antes leíamos que España se ha convertido en el país con mayor desigualdad social de la eurozona y que los servicios sociales atendieron en 2010 a más de ocho millones de personas. Es decir, es mentira (no solo falsedad, sino mentira) que la crisis afecte a toda la población española: los tiburones ricos hacen cada día más destrozos en la supervivencia del resto de la población.
Por los medios sabemos que va en aumento el número de quienes tienen hambre (niños incluidos), carecen de techo, son desahuciados por el banco o la caja de turno, están sin empleo, con apenas recursos para medicinas o material escolar para sus hijos. Los medios nos muestran simultáneamente oenegés y altruistas voluntarios repartiendo comida caliente, ropa o un catre. Son gente encomiable y organizaciones dignas de apoyo y aliento, pero no por ello debemos olvidar que es al Estado y al Gobierno a quienes corresponde afrontar y resolver estas carencias.
EL GOBIERNO se parapeta en apuntalar la actividad caritativa, en lugar de hacer efectiva su obligación de hacer justicia. Que un ciudadano coma en el local de una oenegé, por ejemplo, resuelve un problema desde el ámbito de la beneficencia, pero también pone de manifiesto que, de hecho, el Gobierno hace dejación de su obligación de trabajar por el bienestar y la implementación de los derechos fundamentales de todos y cada uno de sus ciudadanos. Estamos tan acostumbrados a que determinadas necesidades hayan sido asumidas históricamente por instituciones caritativas o benéficas que el Gobierno de turno suele lavarse las manos, como si este asunto no le concerniese, dejando sus obligaciones en manos ajenas y privadas.
Como botón de muestra, según la Memoria de Cáritas Española en 2010, cuya acción social y humanitaria nadie pone en duda, ingresaba 218,6 millones de euros en acción social en España, de los que 77,5 eran de procedencia pública y 141 tenían origen privado. Curiosamente, a pesar de la propaganda institucional que la Conferencia Episcopal Española hace profusamente con fondos igualmente provenientes de las arcas públicas del Estado, la iglesia católica aportó solo el 2% del presupuesto de Cáritas. De ahí que sea mentira (no solo falsedad, sino mentira) que financiar a la iglesia católica equivalga a financiar a Cáritas o, como afirmó Rouco Varela, si la iglesia se viere obligada a pagar el IBI la actividad de Cáritas se resentiría seriamente, dejado así caer subliminalmente que Cáritas está financiada básicamente por la iglesia católica (financiada, por cierto, en su mayor parte desde los presupuestos generales del Estado).
¿Acaso no dice el artículo 1 de la Constitución España en su título preliminar que España “es un Estado social y democrático”, cuyos valores básicos son “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”? ¿Cómo puede interpretarse entonces que el Gobierno debe ejercer la función ejecutiva de acuerdo con esa misma Constitución (art. 97)? ¿Financiando oenegés ad libitum o incluso a imagen y semejanza de su ideología? ¿Cómo debe entenderse que los españoles son iguales ante la ley? ¿Es que allí no se declara el derecho fundamental a la educación, la obligación al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la correspondiente capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, el deber de trabajar y el derecho al trabajo, la atención sanitaria, la vivienda digna, etc.? ¿No se dice también que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución vinculan a todos los poderes públicos (art. 53)?
Aristóteles dejó escrito en el Libro I de su Política la conocida frase “el ser humano es por naturaleza un animal político”. Dejando ahora de lado el término “político”, es importante subrayar la vertiente animal (zoon) de lo humano: difícilmente podremos pedir solidaridad, civismo o conciencia política a quien no tiene alimento, vestido, vivienda, presente y futuro supervivenciales dignos para sí mismo y para su familia.
A propósito, ¿cómo va, señor Rajoy, la ley de Dependencia?
 

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