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La (contra)reforma de las pensiones (II)

3 novembre, 2010 - Opinió

José María Zufiaur – Consejo Científico de ATTAC España
Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto inter-generacional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.
Para que tal pacto intergeneracional funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en el futuro del sistema de pensiones. Y que cualquier reforma que se plantee cuente con el más amplio debate y un gran consenso social.
No es, por tanto, extraño que los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones sean las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. Estas entidades son quienes financian reiteradamente estudios para tratar de “demostrar” la inexorable quiebra del sistema. Estudios prospectivos que nunca aciertan. Si sus predicciones hubieran sido acertadas, nuestro sistema público de pensiones ya habría quebrado en varias ocasiones a lo largo de los últimos quince años. De momento, sin embargo, sigue con superávit. Mientras tanto, los fondos privados han conocido pérdidas en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE.
A tales propagadores de los peligros que acechan a las pensiones públicas y silenciadores del desastre que sufren las privadas -siempre disfrazados de expertos imparciales defensores del futuro de las pensiones- no les gusta ni el debate ni el consenso sobre el futuro de nuestras pensiones. Defienden que las medidas sean decididas por un grupo restringido de expertos (casi siempre, directa o indirectamente, subvencionados por las entidades financieras), desconfían de las decisiones políticas (siempre, según ellos, contaminadas por la opinión pública y las elecciones) y no les gustan tampoco los consensos sobre la materia. Como muestra, dos botones. Recientemente, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada, en su mayor parte, por los grandes bancos y otras entidades financieras) reclamaba que la reforma de las pensiones fuera una decisión técnica y no política. Y el anterior Jefe de la Oficina Económica del Gobierno y actual Presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, David Taguas, demandaba que las pensiones, y desde luego la suya, no fuera objeto de ningún consenso fuera del ámbito parlamentario. Como se recordará, en 2006 en un difundido artículo de la revista “Panorama Social” de FUNCAS, éste venía a proponer la introducción progresiva dentro del sistema de pensiones de un tramo de capitalización individual y gestión privada.
Tales manifestaciones contrarias al acuerdo con los sindicatos no sólo atentan contra la más elemental prudencia política, sino que ignoran también que nuestra Constitución y algunas normas internacionales sobre seguridad social, ratificadas por España, contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.
Otra característica de este tipo de probos “defensores” de nuestras futuras pensiones es que no aplican para ellos lo que exigen para los demás. Así, el dictador Pinochet cuando acabó en Chile con el sistema público de pensiones e implantó el sistema de capitalización (que ha devenido en un desastre monumental) se guardó muy bien de no aplicarlo a los militares, quienes continuaron con su anterior sistema de reparto. A su vez, el Sr. Goirigolzarri, ex Consejero Delegado del BBV – entidad que se ha distinguido por la realización de estudios prospectivos para tratar de demostrar la inminente quiebra del sistema público español de pensiones – abandonó su cargo con una pensión diaria de 9.000 euros, 3 millones al año. Una pensión calculada no sobre toda su vida laboral, ni siquiera sobre sus veinte últimos años de trabajo, sino sobre su salario de los dos últimos años. Más prosaico, pero igualmente contradictorio con lo que dicta a los demás, es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con sus funcionarios: pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando pensiones de unos 160.000 euros anuales, la totalidad de sus últimos salarios en activo (Navarro, Sistema digital, 2010).
Pero si ese es el “modus operandi” de los interesados en el debilitamiento de las pensiones públicas, una actitud muy distinta debería adoptar el Gobierno de la nación. Una actitud de explicación fundamentada. Una actitud de búsqueda de consenso. Una actitud de abordar la reforma de las pensiones en toda su complejidad. De momento, nuestro Gobierno no ha adoptado ninguna de las tres.
Siguiendo con el método iniciado en mi anterior artículo, pretendo plantear en éste otras tres cuestiones que deberían, a mi entender, formar parte del debate sobre el futuro de las pensiones.
En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno explicite y fundamente su propuesta. Y la someta al debate público y a la negociación con las fuerzas políticas y con los interlocutores sociales. En Francia, la oposición socialista ha demandado que la reforma de las pensiones se realice por consenso o que, en su defecto, tal materia forme parte de los programas de los partidos en las próximas elecciones generales.
Fundamentar su propuesta debería de suponer, como mínimo, establecer escenarios no trucados que expliquen los factores de riesgo del sistema de pensiones: la mayor parte de los estudios prospectivos de las pensiones minusvaloran algunas variables: el empleo no crece en treinta años, el crecimiento del PIB y del PIB per cápita no supera el 1% de media anual en varias décadas, la natalidad permanece invariable de aquí al año 2050, etc. Así mismo, implicaría cuantificar (como ha hecho el gobierno francés) el ahorro de cada una de las medidas que se proponen. Y argumentar por qué no se recurre, en su caso, a otras formas alternativas de financiación.
También tendría que explicitar la pérdida que las medidas que pretende adoptar suponen para las futuras pensiones. Según un estudio de octubre de 2010 -Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra: “The Government’s Proposal for the Spanish Pension System: A Quantitative Análisis”- aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%. Si a ello se añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%; y si a la ampliación de la edad de jubilación se le sumara un cálculo de la base reguladora no de veinte años sino a toda la vida laboral, la pensión media de jubilación se rebajaría en un 26,4%.
Es ilustrativo, en este último supuesto, la explicación que proporciona el estudio sobre las razones que inciden en esa caída de la pensión media en más del 26%: 1) porque las rentas salariales son menores a edades más tempranas; 2) porque al retrasar la edad de jubilación la renta salarial también disminuye a edades más avanzadas, dado que los trabajadores reducen su oferta de trabajo en esas edades; 3) porque el retrasar la edad de jubilación hace que más personas se jubilen anticipadamente y, por lo tanto, más personas sufren penalización por hacerlo.
En segundo lugar, como sostiene el sociólogo francés Robert Castel, a la hora de realizar una reforma justa y equitativa del sistema de pensiones, tan importante como la ampliación de la esperanza de vida es tener en cuenta los extraordinarios cambios producidos en el universo de los trabajadores.
Se ha producido, en efecto, una auténtica explosión entre los asalariados. El mundo de los trabajadores se ha diversificado de manera nunca conocida en el pasado. Un mundo en el que siguen existiendo actividades penosas propias de la primera mitad del siglo XX. A las que actualmente se añaden otras que producen estrés y nuevas enfermedades profesionales. Y hasta, de forma creciente, suicidios y muertes debidas al trabajo.
Pero también existen actividades laborales, a todas las escalas del universo asalariado, gratificantes. De tal manera que unos trabajadores necesitan, por ejemplo, jubilarse a los 55 años y otros pueden y desean seguir trabajando hasta los 70 o más años.
La edad no debería ser, por tanto, la variable fundamental para definir la duración de la vida laboral. Tratar de homogeneizar a todos mediante una determinada edad de jubilación no responde en absoluto a la complejidad de la nueva realidad laboral y es fuente de incremento de las desigualdades y de las injusticias en el trabajo.
En tercer lugar, el debate sobre el futuro de las pensiones habría de tener en cuenta la situación de los jóvenes. Con las reformas que se anuncian, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior.
A ello hay que añadir que, por lo menos en época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Aunque el aumento de la tasa de empleo de los mayores no implica necesariamente menos posibilidades de empleo para los jóvenes. De hecho, es al revés en el conjunto de países que integran la OCDE: los que tienen una mayor tasa de empleo de los mayores son los que también tienen una tasa de empleo de jóvenes más alta. Pero cuando la economía no crece, y esta es la situación actual que puede prolongarse, entonces sí hay menos posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo si se pretende prolongar la edad de jubilación. Salvo que por otra vía, la de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, mejor formados y con menores cargas sociales.
En conclusión, hay muchos factores que demandan una adecuación y reforma de los sistemas públicos de pensiones. Pero no hay una única manera de hacerlo. La que únicamente se basa en el recorte sólo garantiza la pauperización de las pensiones, el aumento de las desigualdades, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, y el aumento del negocio de los gestores de fondos privados de pensiones

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