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La economía sumergida y el futuro de las pensiones

30 agost, 2010 - Opinió, Portada

María del Pilar Barceló – ATTAC Mallorca
Quizá ustedes hayan seguido una interesante serie de artículos que ha venido publicando Diario de Mallorca durante este año sobre la economía sumergida en Illes Balears. Se los recomiendo todos (DM 31-1; 8-3; 25-5; 29-6, espléndido Alberto Magro; 30-6 y 21-7-2010) porque reflejan un panorama económico mucho más detallado de lo que ahora voy a poder describir.
Entiendo por economía sumergida aquella actividad económica que se desarrolla eludiendo el pago de impuestos y en su caso cotizaciones a la Seguridad Social.
Según Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) la economía sumergida asciende en España a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone un 23’3% del PIB nacional, esto es, 10 puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos, que se sitúan en el 13%. En Illes Balears se calcula en 5.160 millones de euros al año, lo que representa un 19’2% del PIB. Se trata de cifras estimadas por medios indirectos ya que por su naturaleza la actividad económica defraudatoria es difícilmente evaluable con exactitud.
En la mentalidad popular cuando se habla de economía sumergida se piensa esencialmente en rendimientos empresariales y profesionales (“¿con IVA o sin IVA?”), por tratarse de sectores en los que puede resultar más fácil eludir ingresos. Sin embargo tampoco son despreciables las cifras de trabajadores por cuenta ajena que en la actualidad están desarrollando su actividad sin contrato, y las de trabajadores que al tiempo que perciben sus prestaciones de desempleo están llevando a cabo una actividad económica encubierta.
Simultáneamente estamos asistiendo al debate sobre la reforma de las pensiones y curiosamente en ese debate no se hace ninguna alusión al grave problema de la economía sumergida. Sin embargo es uno de los factores que afectan al sistema de pensiones, porque cuando hay economía sumergida no se generan cotizaciones sociales (ni impuestos) y por tanto no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.
En una reciente obra de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa (“¿Están en peligro las pensiones públicas?”, Ed. Attac España, 2010) se explica que la viabilidad del sistema público de pensiones depende del mantenimiento de las cotizaciones, y éstas a su vez aumentan o disminuyen atendidos los siguientes factores: el empleo y desempleo existentes; la tasa de crecimiento económico; la distribución de la renta; la calidad del empleo; la productividad del trabajo; la extensión de la economía sumergida; la tasa de actividad y empleo femenina.
Por tanto la economía sumergida es uno de los factores que incide directamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si no se pagan impuestos y cotizaciones sociales no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay recursos para las políticas de protección social (pensiones, subsidios de desempleo, prestaciones por maternidad, etc).
De ahí se desprende una doble consecuencia.
La primera es que debemos exigir al Estado una acción decidida contra el fraude fiscal. “Perseverar en la ineficacia contra el fraude fiscal, sufriendo España una tasa estimada de economía sumergida unos 10 puntos porcentuales superior a la media comunitaria, es sin lugar a dudas la medida fiscal mas regresiva que el Gobierno puede adoptar” afirma con toda razón Francisco Javier Márquez Burgueño (Comisión Ejecutiva de Gestha). Lamentablemente hasta ahora no se ha apreciado voluntad política de llevarlo a cabo, optando el Gobierno por posturas netamente regresivas como la subida del IVA, y ello pese a que según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado mientras que con el aumento de los impuestos previsto por el Gobierno de Zapatero se prevé ingresar unos 11.000 millones de euros, una campaña efectiva contra el fraude fiscal podría suponer en estos momentos unos 280.000 millones de euros adicionales.
La segunda es que todos nosotros seamos conscientes de ello y actuemos con coherencia y en consecuencia. Si realmente queremos mantener un sistema público de pensiones, si queremos que se mantenga el Estado de Bienestar y haya una protección social, procuremos no contribuir personalmente al mantenimiento de la economía sumergida. Hay muchos modos de hacerlo.

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