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La enseñanza y la deuda ilegítima en el País Valenciano

4 desembre, 2014 - Educació, Justícia Fiscal y Financiera Global, Moviments Socials, Serveis Públics

Vicent Mauri  – CADTM
Esta es la charla que dio Vicent Mauri en el acto de presentación de los Elementos de una auditoría ciudadana de la Generalitat Valenciana que hizo la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda-País Valencia (PACD-PV) en Alacant el día 8 de noviembre de 2014. Mauri introdujo elementos que relacionan la política de enseñanza en el País Valenciano con la deuda ilegítima del gobierno valenciano.
Contexto general y educativo
En los últimos años hemos asistido a la puesta en marcha de unas políticas neoliberales que, bajo la excusa de la crisis, están acabando con los derechos sociales, individuales y colectivos, empobreciendo a las trabajadoras y los trabajadores, también a los docentes, y aumentado las desigualdades sociales con unas consecuencias demoledoras para el conjunto de la población.
Los gobiernos han utilizado el argumento de la crisis para practicar una política de austeridad y de ajustes en todos los ámbitos. Una política dictada por los organismos internacionales que pretenden mantener los beneficios de los capitalistas y de la banca a costa de la mayoría de la población.
En el caso español se ha llegado a modificar la Constitución, de forma rápida y antidemocrática, para garantizar el pago de la deuda. Una deuda privada que ahora pagamos entre todos. Nosotros pensamos que una parte de esta deuda es ilegítima y que debería ser auditada por la ciudadanía. La política de austeridad se ha intensificado desde la llegada, en noviembre de 2012, del PP, Partido Popular, al gobierno.
En el estado español se han convocado tres huelgas generales desde 2010 y numerosas huelgas y movilizaciones generales, sectoriales y territoriales. Podemos decir que todos los sectores sociales han presentado batalla al gobierno, unas veces en luchas sectoriales y otros en procesos más globales.
Pues bien, a pesar de todas estas movilizaciones no hemos logrado detener al gobierno ni tampoco movilizar a la gran mayoría de la sociedad para frenar estas políticas.
Pero también debemos reconocer que, durante algún tiempo, posiblemente también ahora, el miedo ha sido instalado en la sociedad y en los centros de trabajo, también en los centros docentes, lo que ha podido generar una cierta resignación y pasividad ante los ataques sistemáticos que hemos señalado.
En la enseñanza estamos asistiendo a la aplicación de las políticas neoliberales y de austeridad, con una política de recortes muy importante que supone un deterioro de la enseñanza pública para favorecer la privada, el avance en el proceso de la mercantilización y un sistema educativo fuertemente segregador que están acabando con la igualdad de oportunidades. Las reformas educativas afectan a todo el sistema educativo, desde la educación infantil hasta la universidad.
Las políticas globalizadoras que también se aplican en otros países de Europa, tienen el mismo origen y siguen el mismo camino: una educación al servicio de los mercados.
Estas políticas que afectan tanto a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como a las familias, alumnado y al conjunto de la sociedad deben ser combatidas, desde nuestro punto de vista, para cualquier organización que defienda el derecho universal de la educación y aspire a transformar la sociedad en que vivimos.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recientemente aprobada, es una ley privatizadora, socialmente injusta, recentralizadora, adoctrinadora, antidemocrática, pedagógicamente retrógrada y desreguladora de los derechos del profesorado, que determina un profesorado sin capacidad de autonomía, ni participación, ni derechos, ni garantías.
Nuestras propuestas alternativas a la LOMCE y a la política educativa del gobierno se fundamentan en la defensa de una escuela basada en la formación de una ciudadanía libre, crítica, una educación pública, gratuita y de calidad, inclusiva y compensadora de desigualdades, coeducadora , laica, que defienda las lenguas propias, democrática, que mejore las condiciones laborales del profesorado
Para defender nuestras propuestas y para frenar las actuaciones de la derecha nacionalista española, hemos convocado numerosas movilizaciones: huelgas generales, sectoriales, manifestaciones, cierres …. Hemos plantado batalla a las pretensiones de establecer mecanismos de mercado en la enseñanza y en la gestión de centros. En parte, hemos conseguido evitarlo durante mucho tiempo por la gran capacidad de respuesta y de lucha del sector de la enseñanza. Ahora bien, las mayorías absolutas del PP, el avance de la ideología neoliberal, los recortes en educación y la reciente aprobación de la LOMCE y su desarrollo han supuesto retrocesos evidentes. La batalla ideológica y política es fundamental que no lo acabamos perdiendo y, es aquí, donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para impedirlo.
Nosotros consideramos que para avanzar es fundamental trabajar para construir e impulsar, desde la base, un amplio y fuerte movimiento social y educativo que tenga la firme voluntad de detener las políticas neoliberales, los recortes, impedir que se aplique la LOMCE y conseguir su derogación. Una especie de marea verde valenciana. Este movimiento debe integrar las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, el alumnado, las madres y padres y todos aquellos sectores sociales que estén dispuestos a luchar por una escuela pública para todas y todos y debe ser el motor para organizar unas movilizaciones sostenidas, contundentes, continuadas en el tiempo que hagan evidente el rechazo a las políticas antisociales y el actual sistema y que sirvan para generar un gran movimiento social, político y sindical que sea capaz no sólo de frenar las políticas neoliberales y antisociales sino también de ocupar el poder para hacer realidad la transformación social que defendemos.
La situación en el País Valenciano y las actuaciones de los gobiernos valencianos
Aquí, en el País Valenciano, estamos sufriendo casi 20 años de gobiernos conservadores. Una de las primeras declaraciones del primer consejero popular Fernando Villalonga fue que había que invertir el equilibrio existente entre la educación pública y privada. Es decir, convertir la educación pública en una red subsidiaria de la privada. Ese ha sido el principio de gestión de los gobiernos populares. Casi veinte años más tarde no lo han conseguido por la perseverancia de la comunidad educativa valenciana pero sí han avanzado hacia ese objetivo. ¿Cuáles han sido sus actuaciones concretas para intentar conseguirlo?
Presupuestos. Los presupuestos de educación han sido un eje clave para la aplicación de las políticas neoliberales y mercantilistas. En los últimos años han perjudicado notablemente el sistema educativo valenciano. Los recortes han afectado casi todas las partidas presupuestarias lo que supone un retroceso de varios años en la educación valenciana volviendo a parámetros de la década de los noventa. Pondremos algunos ejemplos:
1. Deuda. Antes de entrar a detallar aspectos presupuestarios de educación quería señalar que en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2015, se destinan 5.003 millones de euros para el pago de la deuda. Un 29,1% del total de los presupuestos. Estas cifras suponen un aumento respecto de 2014 de un 17,4%. El desglose es de 958,5 en intereses y de 4.044 por amortización de capital. Para hacernos una idea a Sanidad se destinan 5.492 millones de euros y Educación 4.098 millones de euros.
2. Enseñanza
Construcciones. En los últimos años existe una cierta parálisis absoluta del plan de construcciones escolares desde el fracaso económico de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA).
Personal. Una de las partidas que más recortes ha sufrido en los últimos ejercicios presupuestarios ha sido la destinada al capítulo de personal. El sistema educativo dispone de menos personal para el aumento de las ratios y las horas lectivas; la no reposición de las vacantes generadas por las jubilaciones; el despido del profesorado interino … En total hay unas 5000 personas menos en cuatro años. Además, sus salarios se han visto reducidos por el Decreto Vela o la supresión de la paga extra.
Gastos de funcionamiento de los centros. Las partidas de gastos de funcionamiento de los centros sólo están sirviendo para mantener en los niveles mínimos toda la red de centros públicos de las diferentes etapas y niveles. Además, estas partidas se suelen pagar con demoras que dejan los centros sin recursos económicos para pagar las facturas de suministros básicos como la luz, el agua o el gas.
Formación del Profesorado. Esta es otra de las partidas que también ha sufrido graves recortes, suprimiéndose la mitad de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRES), centros de profesorado, para ir hacia un modelo de formación donde las empresas privadas, incluidas las universidades privadas y algunos sindicatos, tienen un buen campo para hacer negocio: cursos de inglés, masters …
Prestaciones a las familias. Las ayudas para la gratuidad de libros de texto han sufrido un gran recorte. Por ejemplo se ha pasado de 49 millones de euros en 2011 y 2012 a 14 millones en 2013. Pero también han sufrido recortes las partidas destinadas a subvencionar las ayudas individuales al transporte escolar. Además, los cambios de criterios para pagar las becas de comedores escolares están afectando gravemente a las familias y a la salud del alumnado. Todo esto aumenta las desigualdades sociales.
Concertación. Las partidas que han aumentado o que no tienen variación aparente son las líneas de subvención destinadas a cubrir los conciertos con las empresas titulares de los centros privados. Desde que gobierna el PP ha ido aumentado en número de unidades concertadas. En 1995 eran 5.177 unidades. En 2011 la cifra llegaba a 8.039 unidades. El mayor aumento del gasto ha sido en los tramos de enseñanza no obligatoria de la educación infantil, el bachillerato o la formación profesional. En este capítulo se ve como el gobierno también se escapa del control parlamentario y público traspasando dinero inicialmente consignados para centros públicos a las subvenciones de las unidades concertadas a través de modificaciones presupuestarias en el mes de agosto.
La aplicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) fue una oportunidad para que los consejeros de Educación aumentaron sin complejos el número de centros concertados, incluso aquellos que, situados en urbanizaciones o alejados de las poblaciones, no satisfacían las necesidades reales de escolarización. Daré un dato en 1995-96 se destinaban 5.177 millones de euros a la concertación. Una década más tarde la cifra era de 7.938.000 euros. Un aumento de 2.630.000.
Mientras tanto, la Administración no dota a la ciudadanía de una oferta de calidad en los centros públicos e incumple, al menos, dos preceptos legislativos:
• La necesidad establecida por ley de que haya programación de la red de centros que prestan el servicio público de la educación.
• La garantía de la existencia de plazas públicas suficientes que puedan atender las necesidades de escolarización.
Y esto, lo hace mientras en algunas localidades se suprimen unidades públicas mientras se incorporan o mantienen conciertos educativos, conculcando el interés general, provocando gastos presupuestarios innecesarias, y todo mientras se recortan las inversiones o gastos en los centros públicos. A esto hay que añadir que la Generalitat Valenciana ha paralizado la oferta inicial de construcción de nuevos centros y ha mantenido en situación precaria a un buen número para favorecer los intereses privados y desviar la matrícula hacia la privada para modificar el equilibrio entre pública y privada como dijo el primer consejero de Educación del PP.
Participación. El fomento de la participación social prácticamente ha desaparecido de los presupuestos. Las ayudas a Confederación amperio, sindicatos o asociaciones estudiantiles han quedado en niveles testimoniales o han desaparecido. Y el Consejo Escolar Valenciano que es el máximo órgano de participación social ha dejado de tener la función representativa, asesora y, sobre todo fiscalizadora, de las políticas educativas del gobierno valenciano, y de ser el reflejo de la pluralidad de la comunidad educativa para convertir -se en un órgano dependiente y fagocitado totalmente por el gobierno valenciano.
También ha habido reducciones en numerosas partidas como las destinadas a: gabinetes psicopedagógicos municipales, conservatorios de música o escuelas de música municipales, fomento del valenciano … que servían para las prestaciones sociales y por el ejercicio de nuestros derechos y servicios esenciales.
Centros CIS. Los Centros de Iniciativa Social (CIS), con los que se abandona la iniciativa pública a la hora de dotar de infraestructuras escolares. El gobierno asume, sin embargo, el coste de financiar los nuevos centros privados con conciertos educativos, y los ayuntamientos el compromiso de proveerles de suelo gratuito. La LOMCE prevé la posibilidad de ceder suelo público en todo el estado.
Distrito único. Una vieja demanda de la patronal de la privada. Eliminar los obstáculos que encontraban algunas familias para matricularse en centros privados alejados del domicilio familiar. Los centros podrán seleccionar mejor su alumnado sin la obligación de atender a las familias de la zona donde están situados. Favorece, por ejemplo, los que tienen recursos para pagar el transporte en detrimento del resto, y contribuye a crear centros gueto y centros elitistas, uno de los objetivos de la LOMCE
Recorte unidades escolares. El aumento de las ratios y la puesta en marcha del distrito único han supuesto una reducción importante de las unidades de la red pública, especialmente unidades en valenciano. Según nuestros datos se han perdido unos 200 puestos de trabajo de infantil y primaria en este curso por este motivo. Estos recortes se intensificaron a partir del curso 2010-11 y se aplican cuando la Conselleria considera que “sobran” puestos de trabajo en una localidad sin importarle ni distribución geográfica ni continuidad del alumnado ni nada de nada, y lo hace, como no podría ser de otra manera, a la pública.
Salarios. Como hemos dicho, los salarios del personal docente ha sufrido un fuerte recorte desde 2010. Hasta ese año se había conseguido mejoras salariales que nos habían situado en una posición igual o por encima de la media de la UE21. Ahora bien, los recortes salariales han hecho que volvamos a niveles de hace varios años y nos alejamos de la media de los países de nuestro entorno.
CIEGSA. En el primer año de gobierno (julio de 1995) desde la Conselleria de Cultura y Educación se paralizaron todos los proyectos que en ese momento estaban iniciados, incluso los que tenían la redacción del proyecto básico de construcción terminado. Así se produjo un paro en todos los proyectos previstos y sólo se ejecutaron los que ya estaban en marcha, dilatándose en algunos casos la finalización de las obras para apuntarse la inauguración de los nuevos centros como suyas.
A partir de ese momento comenzó la ingeniería administrativa. Primero fue el invento de los convenios con los ayuntamientos para que estos colaborásemos en la construcción de los centros escolares necesarios en sus municipios, con una fórmula de pago diferido, es decir primero el municipio asume la construcción y después la Generalitat Valenciana paga . Como no fueron muchos los ayuntamientos que se sumaron al invento, se puso en marcha una nueva idea. Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) con el mismo objetivo, que fuera otra institución la responsable de las obligaciones de construcción de los centros. Paralelamente en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana se consignaban año tras año unas cifras millonarias en el capítulo de inversiones que de haberse ejecutado eficazmente hubieran resuelto, en su momento, el problema de las construcciones escolares pero no fue así.
Con todos estos ingenios administrativo-financieros el Mapa Escolar no avanzaba y llega el invento final, CIEGSA, la firma encargada de organizar, contratar y gestionar el proceso de construcción y adecuación de los centros educativos dependientes de la administración autonómica. La privatización del servicio público de construcciones para llegar a realizar el Mapa Escolar 2003 cosa que no sucedió. Esta empresa no ha añadido nada nuevo a los procedimientos anteriores utilizados por la Conselleria de Cultura y Educación, parte de sus trabajadores ya lo eran, sus locales están en el mismo recinto de la avenida de Campanar y su presupuesto es la gran incógnita . Al ser una empresa privada sus cuentas también lo son y aparecen opacas al control incluso de las Cortes Valencianas.
Tampoco quedó demostrado que con este ingenioso sistema de privatizar la gestión de las construcciones escolares se avance o se ahorra dinero. Los pasos para la construcción de un colegio o de un instituto fueron los mismos, dependen para su inicio de la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos y las fases en la redacción de los proyectos continúan igual. Además, ha quedado demostrado que el sistema es más caro que el anterior como se puede apreciar, como se pudo comprobar con los datos oficiales de los costes de construcción facilitados por la Conselleria de Cultura y Educación en los listados de previsión de las construcciones educativas y el coste anunciado en las subastas de CIEGSA.
Pero además, y esto era con lo que quería acabar, al cierre del ejercicio 2009, la deuda a corto y largo plazo de CIEGSA superaba los 2.045 millones de euros, según la Sindicatura de Cuentas. Mientras la Generalitat Valenciana sólo reconocía una deuda de 1.039 millones de euros. Existiendo una deuda “fantasma” de más de mil millones. Una deuda que en enero de 2012 alcanzaba los 2.500 millones de euros. Una deuda que estamos pagando nosotros y que pagarán nuestros hijos e hijas.
Además, en 16 actuaciones inspeccionadas en 2009 (siete institutos y nueve colegios) Ciegsa asumió 18 millones en incrementos producidos respecto al coste inicial de las obras. Este hecho suponía, en algunos casos sobrecostes de hasta el 50-60%. Por ejemplo el CP Paternina de Calp tenía un importe en el contrato de 3,6 millones llegando a los 6 millones. Estas escuelas costaban mucho más que en otros lugares del Estado español no por la calidad de la construcción sino por sobrecostes injustificados y nunca explicados. Además, también se debería investigar el incendio “casual y fortuito” en las naves de CIEGSA, así como un robo posterior a los despachos, en los épocas electorales en las que trabajaron Gürtel y “El Bigotes” . CIEGSA era una empresa que se escapaba del control público, con directivos que contrataban a dedo y que tiene un gran paralelismo con casos como Emarsa, la visita del Papa, el caso Gürtel …
Como se puede ver CIEGSA es un ejemplo evidente de las políticas del PP en cuanto a los despilfarros, sobrecostes injustificados, déficits y cuentas ocultas que nunca saldrán a la luz pública sino se hace una Auditoría Ciudadana de la Deuda y dejamos de pagar una deuda ilegítima que han generado unos gobiernos a los que se les pueden agregar muchos calificativos.
08/11/2014
Traducción desde el valenciano a cargo de Manuel Girón para la PACD.
Fuente: http://anticapitalistes.net/spip.ph…

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