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La soberanía de los países en juego: el caso de los paraísos fiscales y del CIADI

21 maig, 2009 - Paradisos fiscals

Mario RapoportEl Argentino.com
La prohibición del Banco Central a bancos y casas de cambio de operar con paraísos fiscales en la compra y venta de títulos y acciones, así como el control de los movimientos de divisas de inversores radicados allí, pone a tono a la Argentina con las resoluciones del G-20 de establecer mecanismos que obstaculicen o impidan el accionar de esos lugares, donde circulan libremente capitales de todo el mundo o tienen su sede nominal bancos o corporaciones multinacionales aunque funcionen centralmente en sus naciones de origen. En los Estados Unidos el presidente Obama reconoce que las leyes de su país están llenas de escapatorias que permiten a un pequeño número de individuos y empresas abusar de la utilización de los paraísos fiscales para no pagar ningún impuesto y ha comenzado a tomar medidas aún más drásticas.
Este tipo de piratería financiera está basada en la pseudo soberanía de algunos minúsculos o ignotos países, o en los privilegios autonómicos de estados o territorios dentro de otros. En ambos casos son simples oficinas legales para facilitar la operatoria de los centros financieros internacionales. En su conjunto, a principios del nuevo siglo disponían de cerca de la mitad del stock mundial de dinero y del 20% de los fondos externos de los bancos, mientras que un tercio de la riqueza de los individuos más pudientes del mundo se movía en cuentas offshore. La razón del éxito de estos “paraísos” es la existencia de una armadura legal que asegura el anonimato de las firmas o de los individuos, poniéndolos a cubierto de sus propias legislaciones nacionales y facilitando así la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. El principal activo de esos lugares, dice irónicamente The Economist, es el derecho de dictar la ley.
Pero, ¿cómo surgieron y cuál fue su importancia en el desarrollo del capitalismo moderno? Según Ronen Palan, un economista de la Universidad de Sussex, existen dos hipótesis encontradas al respecto: una considera que en su origen y expansión puede verificarse la estrategia racional de bancos, empresas multinacionales o grandes fortunas buscando maximizar sus ingresos; otra plantea que la mayor parte de ellos surgió en forma aleatoria en función de las necesidades de ciertas naciones, estados o territorios a fin de obtener determinadas ventajas, económicas o políticas, aprovechadas por intereses o corporaciones externas. Una tercera hipótesis, pone el énfasis en sus vínculos con un “capitalismo criminal”. Todos estos razonamientos tienen algo de verdad aunque históricamente los casos son muy distintos. Uno de los más conocidos es el de Mónaco, donde los ingresos del casino y del turismo permitieron establecer un bajo nivel de impuestos a sus residentes. Otro ejemplo lo constituyen pequeños estados dentro de la gran potencia del Norte, como New Jersey, Rhode Island o Delaware, que liberalizaron el accionar de aquellas sociedades radicadas legalmente bajo su protección. Lo mismo sucedió en colonias lejanas, cuyas metrópolis encontraron una forma ventajosa de aprovecharlas, como las islas Caimán o Bermudas. Con formas y propósitos distintos, entre 60 y 70 centros offshore fueron diseminándose por el mundo.
De todos modos, el punto de inflexión en el desarrollo de estos paraísos se produjo por el establecimiento del secreto bancario en Suiza a partir de los años ’20. Con la crisis de 1929, las autoridades suizas buscaron adoptar principios más estrictos en el sistema bancario para evitar las quiebras que estaban ocurriendo en ese momento en Austria y Alemania. Sin embargo, la presión de los banqueros, que jugaron también con la atracción de capitales en fuga de los países vecinos, logró el dictado, en 1934, de una ley federal de bancos que ampliaba la protección oficial del secreto bancario al derecho penal. La divulgación de la identidad de un cliente se transformaba así en delito y el mismo principio se aplicaba a los residentes extranjeros. A partir de ese momento, Suiza constituyó un ejemplo para otros lugares, dedicados a captar depósitos y corrientes de capitales que buscaban escapar al control fiscal en sus propios países, incluyendo mafias o redes criminales. El efecto principal de tal estrategia fue el de convertir estos sitios en “ficciones”: domicilios jurídicos (pero no de hecho) de sociedades o individuos que no cambian verdaderamente de residencia y ni siquiera depositan allí realmente su dinero. Todo esto generó problemas de distinto tipo en el derecho internacional, pero el principal conflicto se manifestó, según Palan, entre la soberanía absoluta y el principio de fiscalidad: por un lado, dada la dificultad para identificar la residencia real de empresas o bancos y, por otro, debido al debilitamiento de las soberanías de los estados. Una cuestión clave es que se reconoce la división jurídica del sujeto fiscal mientras que el sujeto real permanece intacto. Fueron los Estados nacionales los que se adaptaron a la mundialización financiera facilitando la existencia de los paraísos fiscales.
Pero no sólo éstos representan casos de renuncia a la soberanía nacional. También ocurrió con la creación del Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), surgido como tribunal arbitral para dirimir controversias entre los inversores extranjeros y los Estados adheridos. A través de ellos, bancos, multinacionales y operadores financieros tratan de proteger sus intereses en países periféricos; como los fondos buitre que compraron a bajo precio parte de la deuda externa argentina y luego pidieron el embargo de esas acreencias, aprovechando contratos leoninos que afectan principios soberanos. Recordemos que, a comienzos del siglo XX, las doctrinas Calvo y Drago procuraron defender el sistema legal argentino con respecto al capital o a residentes extranjeros, ante pretendidas excepciones a la jurisdicción interna o el intento compulsivo del cobro de deudas de naciones latinoamericanas por parte de acreedores europeos. No por casualidad, en los años ’50 surgió una idea opuesta en las economías centrales: crear una institución para amparar a sus empresas en casos como la expropiación de compañías petroleras en Irán, la nacionalización del canal de Suez, el intento de reforma agraria que afectó a la United Fruit Company en Guatemala, etcétera. Una institución fundada finalmente en 1966 con el nombre de CIADI, como parte del Grupo Banco Mundial.
Los paraísos fiscales no constituyen, así, más que una madeja en la trama del capital financiero internacional que hoy preocupa, por los perjuicios que causa, a los países más poderosos, muchos de los cuales llegaron a ampararlos en su propio seno, o a aceptarlos cediendo fragmentos de su soberanía. De modo similar, aunque con fines distintos, resultó la operatoria del CIADI para las naciones deudoras. Tanto la existencia de esos paraísos como la de instituciones que transgreden derechos nacionales configuran dos caras de una misma moneda y deben ser suprimidas por igual. La globalización financiera, que llevó a la actual crisis mundial, tiene múltiples facetas pero los mismos actores. El mundo es el teatro de ficciones jurídicas que afectan de una u otra forma a la mayoría de sus habitantes, con muy pocos aunque poderosos beneficiarios.

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