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Legislar por la puerta de atrás

25 desembre, 2010 - Estatal

Lina Gálvez – Consejo Científico de ATTAC España
No soy experta en leyes pero llevo meses preguntándome si es lógico que los gobiernos o los parlamentos aprueben normas, que cuanto menos son conflictivas, casi escondidas en otras que aparentemente no tienen nada que ver con ellas. Es evidente que en algún caso podría estar justificado por razones extraordinarias o de urgencia pero cuando se recurre a ello tan habitualmente me parece que se trata de un vicio que hace poco bien a la democracia.
Así ha ocurrido en muchas ocasiones cuando incluso se han cambiado leyes aprovechando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y recientemente en tres casos significativos. Las medidas que modificaban la jornada de trabajo de los controladores aéreos y que están en la base de la mal llamada huelga de 3 y 4 de diciembre de 2010, del cierre del espacio aéreo y de la declaración por primera vez en nuestra democracia del Estado de Alarma, iban camufladas en una disposición adicional del RD-ley 13/2010, cuya finalidad esencial, según su propio título, es la de regular actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, algo que en principio no tiene relación con la jornada de trabajo de los controladores.
Hace unos días supimos que el gobierno ha encajado con calzador en la Ley del Servicio Postal Universal, que se encuentra en tramitación en la Cámara Alta, una ayuda de 80 millones de euros para compensar a los constructores por la escasez de ingresos de las autopistas de pago que no han llegado a los beneficios pactados en el momento de las concesiones. Una ayuda a este sector privilegiado muy poco acorde, por cierto, con las leyes del mercado y de la competitividad cuya aplicación ellos mismos reclaman para otros sectores y grupos sociales.
Por último, si nada lo impide, hoy se aprobará la Ley de Economía Sostenible que lleva incrustada la llamada Ley Sinde, donde se encuentra la disposición del cierre de webs sin orden judicial como si el control de internet tuviese que ver algo con la sostenibilidad. Como en otras ocasiones anteriores, en éste último caso me parece que la explicación última de esta estrategia es el escamoteo del debate público y la legislación vergonzante cuando se está sometido a intereses poco claros. La ministra González-Sinde ha sido en estos meses uno de los personajes más criticados entre los internautas españoles pero ahora, gracias a los cables de WikiLeaks, sabemos que el guión de la ley no era del todo suyo, ni siquiera del gobierno español. De estos documentos se deduce que España recibió presiones del gobierno estadounidense para modificar las leyes de propiedad intelectual y de intercambio de archivos como una forma de defender los intereses de las industrias de copyright norteamericanas.
Ahora por lo menos podemos explicarnos por qué en España se estaba desarrollando una ley que no casaba con su industria cultural sino con la de la norteamericana, muy diferente en sus intereses de la española. Por eso me da la impresión de que estamos frente a una vestal más que tirar al volcán, como la inminente reforma de las pensiones o la futura bancarización de las cajas de ahorro. Y habrá que ver qué otras medidas de las que como estas solo están hechas para favorecer los intereses de las grandes empresas y de la élite financiera seguirán entrando por la puerta de atrás de otras leyes en los meses venideros.
http://linagalvez.com/

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