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Papeles para todo: las trabas administrativas se multiplican

11 novembre, 2009 - Estatal

Diego Sanz ParatchaDiagonal
“Se dan certificados para operaciones de hernias. Razón: Comisaría de Extranjería, Aluche, Madrid”. Suena a broma, pero una compleja cadena burocrática estuvo a punto de que Ashley, una estadounidense residente sin papeles en la localidad madrileña de Alcorcón, tuviera que acudir a la temida policía para obtener el número de identificación que le abriría la puerta del quirófano, el que operaría su hernia.
Al margen de la Ley de Extranjería o siguiéndola al pie de la letra, bajo el amparo de normativas locales o por simple arbitrariedad administrativa, este tipo de situaciones se están agudizando en los últimos meses en todo el territorio español. Plazos que se alargan, recursos que se atascan, documentación que se retiene: las juntas municipales, los servicios sociales, los centros de salud, las comisarías y los juzgados están acentuando su política de papeles para todo. Matías, pareja de Ashley y hasta hace unas semanas también un ‘sin papeles’, había acudido a las oficinas de la Agencia Tributaria de su barrio, como cientos de personas, para obtener uno de los certificados que permite acceder a la tarjeta sanitaria.
Conoce bien la Ley, y sabe que ésta todavía garantiza que todos los niveles de la red pública de asistencia sanitaria cubran a las personas sin papeles. “Me dijeron que sin un número de identificación no podían expedirme el certificado, y que ese número lo tenía que pedir en la comisaría de Aluche”, cuenta, todavía asombrado: cuando tuvo que hacer el mismo trámite para él este requisito no existía, como no existían los controles masivos de identidad. Tres años después, la funcionaria de la Agencia Tributaria de Alcorcón Central le extendió un papel con la dirección de la comisaría junto al célebre Centro de Internamiento de Extranjeros.
Ataque a los derechos
“Estas políticas suponen una agresión a los derechos más básicos como la educación o la vivienda”, opina Pau, abogado de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Terrassa, en referencia al endurecimiento de las normas de empadronamiento del consistorio de esta ciudad de 200.000 habitantes en el extrarradio barcelonés. Con la excusa de luchar contra el hacinamiento, la administración mira con lupa y deniega aquellas solicitudes que sumen más de cinco personas en una misma vivienda. “Está bien luchar contra el hacinamiento”, matiza Pau, “pero el Ayuntamiento no está proponiendo alternativas” para las personas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones. “Indirectamente, esto supone un ataque al derecho a la sanidad de cientos de personas”, dado que el empadronamiento es uno de los requisitos en todo el Estado para acceder a la tarjeta sanitaria. Plaza Mayor, la entrañable cabecera municipal de Torrejón (Madrid), presumía en la portada de su número de enero: “Se reduce a la mitad la llegada de inmigrantes con la nueva normativa de empadronamiento”. La regulación, vigente desde octubre de 2008, se apoya de nuevo en el discurso de la convivencia y de lucha contra el hacinamiento, pero tanto Izquierda Unida como SOS Racismo han destacado claras contradicciones en su contenido que hacen pensar en otros objetivos.
Así, la norma considera que en un piso de 60 metros cuadrados pueden vivir cuatro personas si son familiares, pero no permite la convivencia de desconocidos o de amigos en esas mismas condiciones. Estos tendrán que contar con 20 metros cuadrados cada uno para poder empadronarse, lo que ha sido interpretado como una medida claramente dirigida a la población migrante. Tampoco pueden empadronarse quienes tengan un pasaporte donde figure su entrada como turista, y todas las solicitudes deberán ser aprobadas en persona por el propietario.
Con las trabas al empadronamiento no se dificulta sólo el acceso a los servicios públicos. Figurar en el padrón es la primera muestra de arraigo reconocido por las administraciones. “Con estas medidas, y con las previstas en la nueva Ley de Extranjería, se estarían limitando los procedimientos de regularización y los recursos contra las órdenes de expulsión”, concluye Pau.
Andalucía: más difícil todavía
En Andalucía, la experiencia es otra. “Aquí en la práctica no se le pide a nadie el padrón para el procedimiento de arraigo social [la vía más común para la regularización]”, informa Carlos, de la ODS de Sevilla. Pero en un momento en que el paro alcanza en la provincia el 25% de la población activa, la administración está poniendo más trabas para aceptar los contratos que acompañan a las solicitudes de regularización: “Están tirando muchas solicitudes, se nota que alguien arriba está dando instrucciones”, comenta Carlos.
Como en otros puntos del Estado, la fórmula “se comprueba que la empresa no cuenta con medios económicos, materiales y personales para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo” está aumentando las denegaciones, especialmente en contratos relacionados con el sector de la construcción. El contrato como trabajadora doméstica, una vía de entrada tradicional a los ‘papeles’, tampoco es bien visto por la administración en Sevilla que está pidiendo más requisitos a los hombres para demostrar que ese tipo de contratos son reales.
Por si fuera poco, desde junio se exige que cualquier orden de expulsión que pudiera tener la persona solicitante deba estar revocada en el momento de presentar la solicitud, cuando hasta entonces se podía pedir la revocación a la vez que se presentaban los papeles. “Todo esto está haciendo que te lleve hasta un año conseguir la documentación necesaria. Es una inversión de tiempo y de dinero, y la gente acaba hecha polvo psicológicamente”, resume Carlos.

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