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Por una ley de 2ª oportunidad

21 febrer, 2013 - Estatal, Opinió

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España
La acumulación de desahucios del último trimestre de enmiendas al RDLey en el Congreso, ampliar la moratoria, aplicar de forma obligatoria las frecuentes protestas y  manifestaciones opuestas a  los mismos realizadas, sobre todo,  por la Plataforma de  Afectados por la Hipotecas, junto a los casos de suicidios asociados con el  lanzamiento judicial,  están en el origen de la limitada moratoria legal a los lanzamientos  que ha  introducido el Real Decreto Ley 27/2012.   Además, las entidades de crédito han ralentizado desde diciembre  los desahucios y han reforzado la negociación con los deudores. La Iniciativa Legislativa Popular,  presentada en el  Congreso de los Diputados promovida  por   la Plataforma citada, debería ser admitida a trámite como texto base de una reforma en profundidad del injusto procedimiento de ejecución hipotecaria ahora vigente en España.
Como consecuencia del Real Decreto mencionado, en enero de 2013 se ha acordado entre gobierno y bancos  la creación  de un “Fondo Social de Viviendas” para alojar a personas que han sido desahuciadas  desde 2008 y que tengan  un bajo nivel de ingresos y un claro riesgo de exclusión social.  Dicho fondo se formará  con las viviendas  que aporten los bancos, unas 6000, de las que Bankia proporcionará  1000.   Dichas viviendas se alquilarán a los desahuciados  a unas rentas por debajo del mercado y  a un plazo que podrá llegar hasta los 3 años.
La elección de los  hogares que alquilen las viviendas corresponderá a los bancos propietarios. Como no se conoce el número de hogares que han perdido su vivienda como consecuencia de la morosidad  hipotecaria, no se puede opinar con precisión sobre el alcance real de la creación del fondo en cuestión, que en todo caso parece va a  tener una  incidencia reducida y cuyo funcionamiento dependerá por completo de la voluntad de los bancos..
El citado  Real Decreto Ley  27/2012  ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y  se encuentra en fase de tramitación  como proyecto de ley. El  Ministerio de Economía y Competitividad ha anunciado   la realización de algunas enmiendas adicionales al texto legal citado. Tales enmiendas se   destinan sobre todo a mejorar el procedimiento de ejecución, uno de los principales problemas de la  actual normativa vigente en  España en materia de desahucios, y también incluyen modificaciones en la legislación hipotecaria.
En las enmiendas previstas el gobierno indica que las  situaciones de insolvencia o de morosidad son una minoría en España. El comentario optimista del  gobierno tiene su origen en el hecho de que la tasa de morosidad de los préstamos para compra de vivienda está muy por debajo de la media de los créditos bancarios. Para  el conjunto de préstamos la tasa media de morosidad fue del 11,5% a fines de noviembre de 2012. La tasa correspondiente a los préstamos para compra y rehabilitación de vivienda era del 3,63% a 30.9.2012.
Pero la morosidad  de los hogares en materia de compra y rehabilitación de viviendas recae sobre un amplio volumen de préstamos, 639.522 millones de euros en la última  fecha citada. El saldo vivo de créditos morosos  de hogares por dicho concepto era, pues, de 23.227 millones de euros, según el Banco de España. A la vista del ritmo intenso de variación registrado en 2012, dicha cifra pudo  elevarse  a 25.000 millones de euros a 31 de diciembre pasado.  La evolución citada implica, pues, que el problema de la morosidad de los hogares  en los préstamos con los que se adquirió una vivienda puede seguir creciendo.
Por otra parte, entre  2008 y 2012 se han presentado 415.500 ejecuciones hipotecarias, una media anual de 83.104, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a los lanzamientos,  el total previsto en el mismo periodo es de 234.065, esto es, una media anual próxima a los 47.000, destacando la firme tendencia de dicha  serie anual.  Destaca la escasez de datos estadísticos sobre el problema. No se dispone de desglose de ejecuciones y lanzamientos entre los diferentes activos inmobiliarios  afectados.
Entre  2007 y 2011 Murcia y Valencia presentaron  las mayores proporciones de ejecuciones sobre el parque  de viviendas (2,17% y 2.05%, 1,37% España), lo que puede indicar que la segunda vivienda  puede tener un peso elevado en los totales mencionados. El  INE ha incluido en el nuevo Plan Estadístico plurianual la obtención de un indicador del número de  viviendas principales afectadas por los desahucios, previo convenio con los Registradores, estadística cuya obtención  debería de acelerarse. No existe tampoco una publicación regular y periódica de los resultados de la aplicación del Código de Buenas Prácticas establecido en el RDL 6/2012, circunstancia que debe de corregirse..
Entre otros aspectos, se deben de  atenuar las condiciones exigibles para la aplicación de la moratoria  prevista en el  RDL 27/2012.   A la exigencia de  unos ingresos máximos de  tres veces el  IPREM debe de añadirse  la exigencia de que el esfuerzo de pago supere al  50% de esfuerzo y que haya tenido lugar, además,  una circunstancia excepcional que haya provocado el  aumento del esfuerzo de acceso. Dicha moratoria se debe de extender a tres  años, paralizando los procedimientos. Se debe de impedir que el precio de remate de la subasta del bien sea inferior al 80% del valor de tasación empleado en la concesión del préstamo.  
Se tiene que ampliar el umbral de insolvencia previsto ahora en el  “Código de Buenas Prácticas”,  haciéndolo a este último   obligatorio para las entidades de crédito.  Se debe de avanzar hacia el establecimiento en España de una ”ley de segunda oportunidad”, en línea con la existente en otros países de Europa occidental. Con dicha norma  el ciudadano que incurre en insolvencia no culpable puede acogerse a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento. Las reformas citadas podrían muy bien realizarse sobre el texto procedente de la ILP que ha llegado al Congreso
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