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Presión fiscal

11 novembre, 2010 - Justícia Fiscal y Financiera Global


Jorge Parrondo El sueldo de Diógenes
Arnold Schwarzenegger deja su cargo de gobernador de California con un tremendo agujero presupuestario que en los últimos años le obligó a aplicar importantes tijeretazos sociales, perjudicando así la calidad de la educación pública y de otros servicios ciudadanos. Los graves problemas que ha tenido que afrontar el famoso actor-culturista reconvertido en político son en realidad consecuencia de una proposición aprobada hace más de treinta años en las urnas. Fue a finales de los setenta cuando un empresario llamado Howard Jarvis, tras intentar sin éxito convertirse en alcalde de Los Ángeles, encabezó un ruidoso movimiento ciudadano anti-impuestos fuertemente subvencionado por amplios sectores capitalistas. Aquel movimiento, similar en ciertos aspectos al actual Tea Party, caló en los votantes, quienes acabaron dando el visto bueno en 1978 a la Proposición 13, por la cual se llevaron a cabo importantes reducciones en las tributaciones estatales, especialmente las que se aplican sobre la propiedad inmobiliaria. Además, a partir de entonces los gobernadores de California no pueden subir los impuestos si no cuentan con el consentimiento de dos tercios de las dos cámaras legislativas del Estado, lo cual descarta prácticamente la aplicación de medidas fiscales a efectos de resolver crisis presupuestarias.
La revuelta fiscal de Jarvis es el prólogo de lo que estaba por venir a escala nacional y global. Al fin y al cabo pagar impuestos es algo que a nadie le gusta. Ni a los trabajadores ni a los empresarios. Ni a los californianos ni a los guatemaltecos. Los movimientos anti-impuestos suelen ser muy populares por esta sencilla razón. De ahí el éxito del Tea Party. Pero los impuestos son absolutamente necesarios para que una sociedad funcione decentemente y como decía recientemente Paul Krugman en uno de sus artículos, lo que América necesita es mejorar sus carreteras, puertos o colegios, y hay riqueza de sobra para que las administraciones públicas de los países desarrollados en vez de recortar gastos sociales incrementen inversiones en infraestructuras y servicios.
Los mejores tiempos del capitalismo han sido los tiempos previos a las bajadas neoliberales de impuestos. ¿Por qué la gente no se da cuenta de eso? Responde Krugman: “Es la consecuencia lógica de tres décadas de una retórica que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado y de que el sector publico es incapaz de hacer algo bien”. Europa se parece cada vez más a los Estados Unidos en muchísimas cosas y la demagogia anti-impuestos que tenemos que soportar a diario en los medios de comunicación españoles es la misma de los Jarvis y Tea-Partiers. Casi todos los nuevos canales de televisión digital terrestre que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha encargado personalmente de regalar a grupos ideológicos afines al antiestatismo liberal (haciendo uso, por cierto, de un estatismo nada liberal) se dedican a intoxicar a los ciudadanos mediante esa misma retórica que relaciona todos los males económicos del sistema con el sector público. Lo peor de todo es que además de la vieja derecha elitista hay ahora una izquierda aburguesada que tampoco está por la labor de subir impuestos y redistribuir rentas. En este contexto no es de extrañar que el diario El País se refiera constantemente a cualquier posible subida de impuestos como a un aumento de la “presión” fiscal, y en verdad toda la prensa, incluida la supuestamente progresista, viene incurriendo en la misma manipulación informativa: equiparar el impuesto con una forma de “presión” y no de “contribución”, término más correcto desde el punto de vista periodístico.
Lo mismo pasa en Inglaterra, donde los periódicos supuestamente izquierdistas hablan de tax “burden” o “carga” fiscal cada vez que a algún político se le ocurre anunciar una subida de impuestos. De este modo, la economía contributiva, la economía de la donación, la economía solidaria, la economía de la redistribución, la otra economía, tan necesaria, como dice Krugman, para que una nación no entre en decadencia, para que una sociedad tenga buenos servicios sociales y carreteras y puertos y colegios y bibliotecas o colegios públicos está en crisis. Como para no estarlo. En su contra están prácticamente todos los medios de comunicación, que al fin y al cabo son grandes grupos empresariales. Y ahora resulta que opuestos a aplicar políticas fiscales de izquierdas están hasta los llamados socialistas. Al margen de lo que digan los mercados financieros, los llamados socialistas pasan completamente de acometer la menor subida de impuestos a las rentas y plusvalías más altas, cosa que deberían de estar haciendo teniendo en cuenta la mala situación de las finanzas públicas que hay, por ejemplo, en España. Bueno, José Blanco sí quiso hacerlo. Fue antes del verano. Dijo en unas declaraciones que España tiene una fiscalidad que está por debajo de la media europea y que lo suyo, estando en el poder el Partido Socialista Obrero Español, sería subir impuestos. Elena Salgado, la ministra de Economía, apenas tardó en corregirle. Eso que dice Blanco no es más que una “reflexión personal”, afirmó la que sigue siendo máxima responsable de la política fiscal del gobierno de España, política que básicamente consiste en rebajar los impuestos de patrimonios y sociedades y en mantener intactas las SICAV y demás ingeniería fiscal utilizada por los muy ricos para reírse de Hacienda. Y a esto lo siguen llamando socialismo obrero.
La “presión” fiscal española es mucho menor que la de Suecia o Dinamarca, países cuyos ciudadanos pagan más impuestos y sin embargo cuentan con economías más robustas y equilibradas que apenas han sentido los efectos de la crisis. Además, el hecho de que Suecia o Dinamarca figuren año tras año entre las economías más competitivas del mundo y no sufran graves problemas de paro demuestra que es falsa la pretendida conexión entre alta fiscalidad y estancamiento económico a la que los economistas de las escuelas liberales tanto empeño tienen en aferrarse. La historia de los Estados Unidos demuestra exactamente lo mismo. Con los altos impuestos que se aplicaron para costear los gastos sociales del New Deal y para afrontar la II Guerra Mundial, el capitalismo americano vivió años de envidiable crecimiento y saludable cohesión social.
El problema de los impuestos es que nunca dejarán de ser impopulares porque al margen de los intereses de las élites y de la propaganda conservadora, constituyen una herramienta de redistribución de rentas al servicio del interés público, y mientras el interés privado obviamente es fácil de delimitar, el interés público, salvo colocar semáforos o señales de tráfico en las carreteras o sufragar la defensa de la patria, resulta realmente muy difícil de definir. Con la Hacienda pública siempre va a pasar que unos contribuyen más que otros y con las políticas públicas lo que pasa es que unos se benefician más que otros pero lo cierto es que el sector público es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema. Como pregunta el filósofo Sismónides al tirano Hierón en uno de los diálogos de Jenofonte:
Tu casa adornada con extraordinario dispendio, ¿crees que te proporciona mayor satisfacción que toda la ciudad provista de murallas, templos, columnatas, plazas públicas y puertos?
Es una pregunta que se han hecho todos los gobernantes de la historia y el dilema podemos perfectamente trasladarlo a las élites económicas de hoy día: ¿No será mejor, en lugar de acumular tantas riquezas privadas, contribuir con más impuestos para que la sociedad tenga mejores servicios y atenciones públicas? Ésa es la cuestión pero la ciencia económica está incapacitada para solventar tan crucial asunto. La ciencia económica debe servirnos para cuadrar las cuentas pero la esencia del problema de los impuestos y del gasto estatal no es en sí misma de carácter financiero. La Hacienda de una nación es un instrumento que debe estar al servicio de la sociedad y por tanto no puede acometerse bajo el principio de maximización del interés privado de la economía liberal sino desde el análisis político de la economía solidaria y la esencia filosófica del interés público.

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