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Servicios mínimos y metro.

2 juliol, 2010 - Estatal

Francisco Javier López Martín* – El Blog de Javier López
El conflicto desencadenado en el Metro de Madrid debería llamar a una reflexión seria sobre el uso y abuso de los servicios mínimos en las huelgas convocadas en los servicios públicos. Llama la atención que quienes exigen hoy el estricto cumplimiento de los servicios mínimos en el Metro, no pongan el mismo y estricto interés en respetar derechos constitucionales como el derecho al empleo, a la negociación colectiva, a la educación, o a la huelga.
Los trabajadores de Metro se movilizan y van a la huelga, porque el Gobierno Regional, ha sobrepasado con creces los recortes del Gobierno de España y ha reducido los salarios de los trabajadores de las empresas públicas, cosa que no ha hecho el G0bierno Central en RENFE, o el Gobierno municipal en la EMT.
Cuando un Gobierno se excede en sus competencias y entra a legislar en materias que son competencia de empresarios y sindicatos, como es el caso de la negociación colectiva, se está sentando un precedente intolerable. Sabemos por donde se empieza, pero no dónde se acaba.
Los trabajadores de Metro reaccionan y convocan una huelga, que es otro de sus derechos constitucionales. Una huelga en los servicios públicos esenciales tiene límites. Por ejemplo, no se puede dejar absolutamente incomunicado a un barrio o a un pueblo. Un límite que debe ser compatible con el ejercicio del derecho de huelga.
De ahí que, ante una huelga declarada en los servicios públicos, sería deseable que los trabajadores y la empresa que presta ese servicio público alcanzarán un acuerdo sobre servicios mínimos.
Por ejemplo, el Metro no es absolutamente imprescindible, allí donde llega la EMT, las cercanías de RENFE, o los autobuses interurbanos. Sí lo es, allí donde no hay otras modalidades de transportes disponibles. Los sindicatos siempre estamos dispuestos a negociar los servicios mínimos esenciales en cada caso y, cuando esto ocurre, casi siempre se produce un acuerdo
Un acuerdo que puede significar el 100 por cien del servicio en lugares sin medios alternativos de transporte, o del 0 por ciento en lugares donde hay autobuses y cercanías. El 50 por ciento con carácter general, como puede verse, no son servicios mínimos. Es boicot gubernamental a la huelga a base de servicios máximos.
El problema surge cuando una Administración se acostumbra a no negociar los servicios mínimos, sino a imponer unos servicios máximos abusivos y digo abusivos porque los sindicatos estamos acostumbrados a recurrir jurídicamente esos servicios mínimos, de forma que, al cabo de los años, los jueces terminan por declarar abusivos los “servicios mínimos” decretados.
Cuando un gobernante actúa de mala fe, no negocia, e impone medidas que reiteradamente han sido declaradas ilegales, a sabiendas de que lo que hace no es legal, pero lo sigue haciendo, eso es un delito. Pero nunca pasa nada. Eso sí, la huelga pierde su efectividad, a causa de unos servicios mínimos abusivos pero no pasa nada. Ningún fiscal actúa de oficio contra semejantes prácticas. Ningún político se sienta en el banquillo y es condenado, o inhabilitado.
Los trabajadores de los servicios públicos, a veces, deciden incumplir los servicios mínimos, hartos de pelear contra molinos de viento que giran sus aspas a su aire y libre albedrío. Entonces son declarados “salvajes”.
Es cierto que pagan justos por pecadores. Que algunos usuarios del transporte público se ven seriamente afectados, si no cuentan con transporte alternativo. Pero es entendible que, cuando no se negocia y se imponen servicios mínimos, que reiteradamente los tribunales han declarado abusivos una vez tras otra, los trabajadores terminen reaccionando, pacíficamente, pero incumpliendo esos servicios mínimos.
Los trabajadores del Metro de Madrid han secundado masivamente la huelga y han incumplido masivamente los servicios mínimos. El Gobierno Regional debería reflexionar. Se ha pasado tres pueblos en la aplicación del decretazo en Madrid, ha vulnerado el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la huelga decretando bajadas salariales, al margen del convenio colectivo y decretando servicios mínimos al margen de la ley, declarados abusivos, de forma reiterada por los tribunales.
Los trabajadores de Metro han decidido en Asamblea respetar los servicios mínimos en las huelgas convocadas para jueves y viernes. Intentan dar una oportunidad al diálogo. El Gobierno Regional debería reflexionar, negociar y acordar, porque endurecer los conflictos, sólo produce heridas laborales y sociales que tardan mucho en cerrar.
*Secretario General CCOO de Madrid

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