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Sobre la Nacionalización de las Cajas de Ahorro: datos y hechos

13 juliol, 2010 - Entitats financeres

Fernando Moreno Bernal – Presidente de ATTAC Andalucía
El rediseño del mapa de las cajas de ahorros finalizó el pasado 30 de Junio, y vamos a reconvertir con 14.764 millones de euros de dinero público, de acuerdo con el Informe del Banco de España de 29.06.2010.
10.189 millones € los 7 procesos de integración con ayudas del FROB
800 millones € intervención Cajasur, que pueden llegar a ser 2.300 millones
3.775 millones € intervención Caja Castilla la Mancha
Estos 14.764 millones de euros en concepto de inyección de capital; y probablemente hasta unos 30.000 millones en préstamos blandos, para reducir el número de entidades a 18, menos de la mitad, y la correspondiente reducción de oficinas y número de empleados
A este coste hay que añadirle entre 300 y 350 millones que con fondos públicos, y gracias a la pronta entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2010 sobre la Reforma del Mercado Laboral que subvencionará con fondos públicos 8 días por año trabajado de los entre 15.000 y 18.000 empleados sobrantes que a corto plazo se despedirán o prejubilaran, y que superaran los 23.000 a medio plazo.
Queremos destacar la similitud de esta cifra con el total del Plan de Ajuste para 2010 aprobado por el Gobierno, y ratificado con la complicidad de las abstenciones en el Parlamento, que asciende a 15.000 millones de euros. ¿Es que acaso este gasto de dinero público no incrementa el déficit? O es que es de justicia que jubilados, empleados públicos y la ciudadanía con ingresos inferiores a 30.000€/año (los más afectados por la subida del IVA según los técnicos de Hacienda) tengamos que financiar a las entidades financieras que han obtenido beneficios en 2009, en pleno año de la crisis económica?
Los créditos públicos calificados como aportación a sus fondos propios, se otorgan a un tipo del 7,75% anual, por un periodo de cinco años (ampliable a siete). Aunque es bastante superior al tipo de un crédito hipotecario, el coste del crédito es muy inferior al coste del capital, que oscila hoy en los mercados financieros en torno al 10,5%. De modo que los créditos públicos a las cajas en apuros no son caros, sino cerca de tres puntos más baratos. O sea, la generosidad pública es muy considerable.
A esta cantidad hay que añadir probablemente hasta otros 30.000 millones de euros en préstamos blandos para la reducción de las entidades de 45 a 18.
Por eso la ciudadanía tiene que reclamar los derechos de su dinero. Más aún cuando en su mayoría este dinero va a tapar agujeros producidos por la mala gestión de los gestores de las Cajas, sobre todo un exceso de concentración de riesgos (en el sector de la construcción residencial). A los villanos financieros de aquí nadie le reprocha nada. El problema que entraña y tememos es que puede relajar la exigencia social de devolución de los créditos ahora dispensados.
Esta reconversión plantea otros dos problemas. Uno es la desvergüenza con la que algunos de los responsables de los desaguisados presentan su alianza subvencionada con el dinero de toda la ciudadanía como una operación agresiva para ganar tamaño, no para que el crédito llegue a las pymes y a las familias. Es el caso de la agrupación fría entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas. Como si fueran héroes, en vez de mendigos de la caridad pública.
El otro problema son las fusiones frías o SIP (Sistema Integral de Protección) que crean ya bancos que concentrarán la operativa financiera de las cajas asociadas. Así, el mecanismo para que opten a la desnaturalización jurídicas de las Cajas está ya disponible, servirá para acudir a los mercados en busca de recursos adicionales. Se trata de una privatización en el sentido de eliminar su carácter social, sin fin de lucro, y su vinculación con el territorio por la puerta de atrás, sin transparencia, y sin pagar el justiprecio a sus entidades fundacionales, ni a sus clientes ni, por supuesto, a los contribuyentes. La rebelión producida en la CAM y en la provincia de Alicante, cuando se han dado cuenta que la trampa de la SIP, que aceptaron forzada por el Banco de España, en realidad deja vacía de poder a la caja, hace que la mitad de los miembros del Consejo de Administración se planteen no firmar el contrato definitivo del SIP.
Los SIP llevan a la desaparición de las Cajas de Ahorros, a que nos roben las Cajas de Ahorros segregando el negocio financiero de la Obra Benéfica y Social (OBS). A vaciar de contenido a la entidad jurídica que permanece y transferir el negocio financiero, que es el que le interesa a los bancos e inversores privados, a sociedades mercantiles susceptibles de ser absorbidas por estos.
Queremos denunciar que todo este proceso que tan caro nos está saliendo a la ciudadanía nada tiene que ver con la crisis ni económica ni financiera. El 18 de enero de 2007 se presentó en Madrid el Informe “Las Cajas de Ahorros. Modelo de negocio, Estructura de propiedad y Gobierno Corporativo.” de la Fundación de Estudios Financieros en el que se recomiendan determinadas modificaciones y acciones a realizar por el Banco de España con respecto a las Cajas de Ahorros, meses antes de que comenzara oficialmente la crisis financiera de las subprime. Estas recomendaciones se han plasmado en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (FROB) para no dejar de aprovechar las grandes oportunidades que ofrece una buena crisis.
La creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el programa de avales a la financiación de las entidades de crédito y el aumento del importe máximo garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos fueron medidas coyunturales para socializar las pérdidas o, como dicen, “contener los costes del agravamiento de la crisis sobre el sistema financiero privado.”. El Real Decreto-ley 9/2009 se enfoca al medio y largo plazo con la reestructuración del sistema bancario, con una clara apuesta por los intereses de la banca privada y contra el vigente aún modelo de Cajas de Ahorros españolas.
La batalla por la nueva Ley de Cajas de Ahorros
Este proceso de reestructuración de las Cajas se ha hecho para crear una situación consolidada y, dirán, que irreversible antes de abrir el debate político de la nueva Ley de Cajas de Ahorros. Como denunciamos desde ATTAC el 26 de marzo pasado “Comenzar o acelerar el proceso de constitución de estos Sistemas Institucionales de Protección (SIP) sin clarificar mediante Ley, con los requisitos de procedimiento democrático y transparencia que implica, su naturaleza jurídica, estructura orgánica y funcional, y tratamiento fiscal, es adentrarse por una senda sin saber cuál es el final. Y quién no sabe a donde va termina siempre en el lugar equivocado.”
El principal objetivo de ATTAC al lanzar la campaña por una Banca Pública comenzando por las Cajas de Ahorros es abrir el debate político desde la ciudadanía sobre esta nueva Ley porque intentaran obviarlo, y hacer el tramite parlamentario sin apenas reflejo en los medios de comunicación ni transparencia.
Desde ATTAC entendemos que con los fondos ya destinados y pendientes de recuperar se puede y se debe iniciar el proceso de nacionalización de las Cajas de Ahorros que afronte la verdadera raíz de la crisis, que no es otra que el corte y encarecimiento de los flujos crediticios a las pymes y a las familias, poniendo de manifiesto que en aquellos países que disponen de banca pública no se ha cerrado, como se ha visto en el último G 20 de Toronto, por lo que la crisis ha sido menor al mantenerse la demanda y la financiación a la economía real.
Desde una clara opción de defensa de los intereses de la ciudadanía y de la economía productiva y no especulativa se debe defender en la nueva Ley de Cajas de Ahorros lo siguiente:
* Defensa de la actual naturaleza jurídica de las Cajas como prioridad, recuperando su vinculación con las necesidades sociales y los territorios de sus Comunidades Autónomas.
* Consolidación del control político y social democrático de las mismas, incluyendo la determinación de los porcentajes y fines de su Obra Social.
* Modificar la forma de elección de los impositores para garantizar su representatividad al margen de su poder adquisitivo (el 98% del total de impositores no está representado) primando la constitución de asociaciones representativas y aumentando el poder real de sus competencias.
* Fortalecer la representación de Sociedades de Economía Social para anclar su actividad a la economía real productiva del territorio.
* Prohibir sus actividades en Paraísos Fiscales e inversiones especulativas en los mercados financieros de valores variables, dentro de un Plan de Inversiones Socialmente Responsables.
* Buscar formas de capitalización diferentes a la accionarial.
* Mayor transparencia y control de la Gerencia y equipo directivo por parte de sus Órganos Sociales.
Desafíos de nuestro tiempo.

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