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Sombras en la Ley de Economía Sostenible

8 gener, 2010 - Estatal

Juan MurilloDiagonal
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha abierto decenas de frentes en lo que será el modelo económico del Estado, sin despejar ninguna duda de si es realista el cambio que anuncia el Gobierno de Zapatero.
A finales de noviembre, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), una continuación de la estrategia que elaboró la oficina económica de Moncloa en 2007 para transformar el modelo económico y productivo. Un cambio cuyo desarrollo tardará en implementarse por completo hasta el año 2020 y para el que el Ejecutivo ha fijado un presupuesto de 10.000 millones de euros, confiando en que sea el sector privado quien aporte capital para completar el esfuerzo hasta los 20.000 millones.
Tras conocerse el texto completo de la ley, han surgido las primeras voces que señalan que el documento es sólo una mera declaración de intenciones, y no concreta cómo llevar a cabo los objetivos señalados. “No hay un horizonte estratégico a largo plazo”, afirma el economista Alberto Montero Soler, quien asegura que la nueva ley “no modifica el patrón, sino que parchea medidas para eliminar rémoras de la actividad económica”.
Para Daniel Vila, presidente de ATTAC Madrid, la norma supone “un refuerzo de las dinámicas privatizadoras” derivadas de la Directiva Bolkestein, aprobada en 2006 en el seno de la UE para permitir la entrada de la gestión privada en sectores hasta entonces de exclusivo control público. Con la aprobación de la LES se trasladan a la economía española “los aspectos más liberales y privatizadores de la construcción europea”, asevera Vila.
La nueva ley incluye principios como el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de energías limpias, la racionalización del sector de la construcción, mejoras en educación y ciencia o la garantía y el fortalecimiento del Estado de Bienestar. No obstante, deja fuera otros apartados que, según comenta Vila, son “centrales para la construcción de un nuevo modelo económico, como la reforma del mercado laboral, el destino de las cajas de ahorros o la situación de los servicios públicos”.
Un tema central es el de la vivienda, donde se abordan ayudas fiscales para hacer reformas que mejoren la eficiencia energética, el uso del agua y el acceso a discapacitados. Asimismo, se anuncian modificaciones en la deducción por compra, que se suprimiría para las rentas con una base imponible superior a 24.107 euros. Para fomentar el alquiler, habrá incentivos a los arrendatarios y se elevarán los importes de las bases imponibles que dan derecho a la deducción fiscal. “Un popurrí de medidas que ya estaba previsto llevar a cabo”, denuncia Alberto Montero.
En cuanto a la ciencia, el plan del Gobierno pretende agilizar la explotación de patentes y sus costes de tramitación así como impulsar la innovación tecnológica mediante las universidades y organismos públicos y una serie de mejoras fiscales en I+D+i. Algo que suena incongruente si se tiene en cuenta que los Presupuestos Generales para 2010 contemplan un recorte del 15% en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y que la estrategia gubernamental parece más dirigida a proyectos industriales financiados mediante créditos que a subvencionar la investigación científica.
El medio ambiente es también uno de los puntos fuertes a tratar por la LES, que anuncia el compromiso de que las energías renovables produzcan el 20% del suministro energético, una meta que ya había determinado la UE en 2004. La creación de un sello que identifique el uso de tecnologías bajas en emisiones o el fomento de vehículos eléctricos no evitan que se siga apostando por las centrales nucleares, aunque su vida útil será fijada en 40 años, y para que el fomento de las renovables sea a través de empresas de servicios energéticos. Para el sindicato CGT se trata de una “vuelta de tuerca pseudoverde” que trata de “garantizar el actual modelo social y económico capitalista”.
Queda por ver si, una vez discutido en las Cortes Generales, se introducen modificaciones que sitúen el proyecto en el centro del debate o, por el contrario, termina siendo la repetición de eslóganes sin incidencia en la economía real que denuncian sus detractores.

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