Existe una postura bastante extendida en los medios de información de mayor difusión de España que divide a los países gobernados por partidos de centroizquierda o izquierda en Latinoamérica entre gobiernos “populistas” de izquierda, tales como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, y gobiernos socialdemócratas, tales como los de Brasil, Chile (hasta hace poco bajo la presidencia de Michelle Bachelet) o Uruguay. Casos representativos de articulistas que reproducen esta división son muchos. Por regla general se refieren explícitamente al primer grupo de países como la izquierda populista y escasamente democrática, y al segundo grupo como la izquierda responsable, democrática y sensible a las necesidades de su población.

A esta diferencia de presentación de estos dos grupos de países se le ha añadido otra diferencia; a los primeros –los “populistas”- se les ha definido ahora como ineficientes e ineficaces, incapaces de reducir la pobreza y reducir las desigualdades en sus países, mientras que a los segundos –los “socialdemócratas”- se les considera exitosos en su intento de reducir la pobreza.

Tales divisiones y categorizaciones, sin embargo, son artificiales y negadas por los datos existentes, raramente presentados en la mayoría de medios. Veamos los datos. El primer dato que merece resaltarse es el notable cambio político ocurrido en las últimas dos décadas en la mayoría de países de Latinoamérica. Alrededor de los años noventa, los gobiernos conservadores y neoliberales fueron sustituidos por gobiernos de centroizquierda e izquierda. En 1998 fue elegido Hugo Chávez en Venezuela: en 2002 fue Lula da Silva el que salió elegido en Brasil. En 2003, fue elegido Néstor Kirchner en Argentina, en 2005 Tabaré Vázquez en Uruguay, y Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador en 2006, y Fernando Lugo en Paraguay en 2008. Eliminando esta falsa dicotomía entre “buenos” y “malos”, el hecho es que todos ellos están comprometidos con desarrollar políticas redistributivas. Y los datos señalan que en su mayoría tales gobiernos consiguieron reducir las desigualdades y la pobreza en sus países. En todos ellos las desigualdades en el periodo 2007-2009 fueros menos acentuadas que en el periodo 2001-2003 (ver figura nº 1 en Juan A. Montecino “Decreasing Inequality Under Latinamerica’s “Socialdemocratic” and “Populist” government: is the difference real?”, CEPR, Washington DC, Oct 2011).

Muchos autores, entre los que destacan Jorge Castañeda y Mario Vargas Llosa han negado, sin embargo, que tal reducción de las desigualdades se debiera, en el caso de los gobiernos populistas de izquierda, a las políticas redistributivas de sus gobiernos. Una postura parecida la han tomado McLeod y Lusting en su artículo “Inequality and Poverty under Latin America’s New Left Regimes” en Tulane Economic Working Paper Series. (Working paper 1117) que ha sido ampliamente distribuido, cuando no promocionado, por fuerzas conservadoras y/o neoliberales en América Latina y en Europa. Su argumento es que la reducción de las desigualdades y de la pobreza en estos países se debió primordialmente a las condiciones favorables del comercio exterior en América Latina y al abundante flujo de inversiones de capital en aquel periodo. Según ellos, tal disminución de las desigualdades y de la pobreza no se puede en absoluto atribuir a las políticas redistributivas de tales gobiernos. Sí, en cambio, tales políticas podrían explicar las reducciones en los países “socialdemócratas”, es decir en los “buenos” gobiernos. En clara y predecible costumbre, el estudio de McLeod y Lusting tenía un gran apartado estadístico y matemático que parecía mostrar, sin ninguna duda, que los gobiernos de Brasil, Uruguay y Chile habían sido eficaces en su intento de redistribuir la riqueza, y en cambio los populistas, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, habían fracasado en su intento. Y, naturalmente y predeciblemente los medios españoles de mayor difusión se apresuraron a difundir tal estudio.

El investigador Juan A. Montecino, del prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington DC, en el estudio citado anteriormente, muestra los errores de tal estudio. En primer lugar analiza los años de gobierno de cada opción política gobernante, analizando su efecto acumulativo. El impacto de las políticas públicas no es inmediato y hay que estudiar la evolución de las desigualdades analizando el impacto de las políticas redistributivas en ellas, hecho que McLeod y Lusting no habían hecho. Pero incluso más importante que esta nota correctiva era la fuente de los datos que ellos utilizaron, el Socio-Economic Data Base for Latin-America and the Caribbean (SEDLAC). Tal fuente de información sobre la distribución de la renta no corrige el notable subregistro de la información sobre la renta familiar. Puesto que este subregistro es más acentuado en las rentas superiores que en el resto de la población, ello determinará un sesgo en las encuestas realizadas a la población. De ahí que Juan A. Montecino utilizara otra fuente de datos más leíble, la Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) que sí corrige este subregistro.
Pues bien, realizando estas necesarias correcciones resulta que los países llamados “populistas” de izquierda redujeron las desigualdades de una manera más acentuada que los países llamados “socialdemócratas”. Aunque, tal como señalé anteriormente, todos estos países (tanto los “malos” como los “buenos”) redujeron las desigualdades (éstas fueron menores en el periodo 2007-2009 que en el periodo 2001-2003), estas reducciones fueron más acentuadas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina que en Brasil, Chile o Uruguay. Resulta, después de todo, que las políticas redistributivas de los “malos” fueron más eficaces en disminuir la pobreza y las desigualdades que la de los “buenos”. Esto no lo leerá en la prensa de mayor difusión. Pero lo puede leer en www.cepr.net.

www.vnavarro.org

Próximo a cumplirse el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Maastricht, la UE no está para grandes celebraciones, sino para preguntarse qué ha fallado. Entre los fallos figuran las “lagunas de Maastricht” relacionadas con la falta de mecanismos de cohesión fiscal y social y de control y seguimiento de la deuda privada de los países (ya comentadas en Público, 09-05-2010) que presentaron un marco propicio para que las desigualdades y conflictos se acentuaran en la eurozona, espoleadas por la disparidad de modelos, de intereses y de poder observada entre los países miembros. Esta disparidad, que habría podido resultar complementaria en un espacio más cohesionado, se acentuó hasta convertirse en un conflicto que no sólo enfrenta a países comercialmente excedentarios o ahorradores, como Alemania, y países deficitarios, como España, acostumbrados a cubrir su necesidad de financiación atrayendo capitales del resto del mundo. O a países que apoyan el crecimiento económico en su capacidad exportadora y aquellos otros habituados a apoyarlo en burbujas especulativas y demandas internas. También enfrenta, por un lado, a una Alemania interesada en mantener un euro fuerte, tanto por su condición de acreedora como por el hecho de que una divisa fuerte apoya su competitividad en la deslocalización de procesos exigentes en mano de obra barata y contaminación, para ensamblar y exportar productos de alto componente tecnológico cuya marca de calidad hace su demanda poco sensible al aumento de precio. Y, por el otro, a países como España que, sin devaluación de la moneda, difícilmente pueden apoyar la reactivación económica en la expansión de unas exportaciones poco diferenciadas y/o con escaso componente tecnológico.

La cerril imposición de los intereses alemanes impone también, sin decirlo, la desintegración europea: mientras en 2011 los países europeos del sur –tras recortar gastos sociales, salarios y pensiones que apenas eran la mitad de los pagados en Alemania– se hundían más y más en la depresión, la economía germana sacaba partido de ello acusando un notable repunte económico, animado por la atracción de capitales que ahora ejerce como “país refugio”. ¿Hasta cuándo durará la ceguera voluntaria de nuestros gobernantes hacia los problemas de fondo de la eurozona?

Artículo publicado en Público.

Una de les primeres retallades que posarà en marxa Rajoy és sobre la Llei de Dependència. Des de la seva entrada en vigor al 2007 aquesta llei ha donat cobertura a gairebé 750.000 persones i ha creat uns 165.000 llocs de treball. No obstant això, el potencial d’aquesta llei podria haver estat molt més gran. En concret, si es donés prestacions a les més de 300.000 persones que tenen aquest dret però que estan a la llista d’espera, es crearien més de 45.000 ocupacions, segons l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Podent crea més lloc de feina, el PP els retallarà.

Aquesta retallada en Dependència no només mostra el despreci del PP cap les persones que es troben a una situació social més precària, sinó també cap a les dones.

Una part important de la salarización de les cures havia anat a parar a les dones, que anteriorment ja realitzaven aquest traball, però sense cap reconeixement econòmic. Encara que no creiem que la salarización de les cures sigui el camí cap a la igualtat de les dones (ja que no ataca la divisió sexual del treball reproductiu), per a moltes ha estat una millora important en temps de crisi. La solució ideal seria una socialització total dels treballs domèstics i de cures.

No obstant això, amb les retallades del PP anem justament en la direcció contrària. Les dones es veuran obligades (pel masclisme dominant a casa i al mercat de treball) a realizar les cures de les persones depenents sense rebre gens a canvi. Més aviat al contrari, la imatge d’una dona submissa i cuidadora es veurà reforçada, cosa que aprofitarà el PP per impulsar altres reformes masclistes, com la de l’avortament.

En temps de crisi i retallades, defensar els drets de la meitat femenina de la població és més necessari que mai si volem un societat igualitària i justa.

El año 2011 será recordado como la época en que muchos estadounidenses que siempre habían sido optimistas comenzaron a renunciar a la esperanza. El presidente John F. Kennedy dijo una vez que la marea alta eleva todos los botes. Pero ahora, con la marea baja, los estadounidenses no solo comienzan a ver que quienes tienen mástiles más altos han sido elevados mucho más, sino que muchos de los botes más pequeños han sido destrozados por el agua.

En ese breve momento en que la marea creciente estaba, efectivamente, subiendo, millones de personas creyeron que tenían buenas probabilidades de cumplir su «sueño americano». Ahora también esos sueños están retirándose. En 2011, los ahorros de quienes habían perdido sus empleos en 2008 o 2009 ya se habían gastado. El seguro de desempleo se había terminado. Los titulares que anunciaban nuevas contrataciones – aún insuficientes para incorporar a quienes habitualmente se suman a la fuerza laboral – significaban poco para cincuentones con pocas ilusiones de volver a tener un empleo.

De hecho, las personas de mediana edad que pensaron que estarían desempleadas por unos pocos meses, se han dado cuenta a esta altura de que, en realidad, fueron jubiladas a la fuerza. Los jóvenes graduados universitarios con decenas de miles de dólares de deuda en créditos educativos no podían encontrar ningún empleo. La gente se mudó a las casas de sus amigos y los parientes se han convertido en sin techo. Las casas compradas durante la burbuja inmobiliaria aún están en el mercado, o han sido vendidas con pérdidas. Más de 7 millones de familias estadounidenses han perdido sus hogares.

El oscuro punto vulnerable de la burbuja financiera de las décadas anteriores también ha quedado completamente expuesto en Europa. Los titubeos por Grecia y la devoción de los gobiernos nacionales clave por la austeridad comenzaron a implicar una pesada carga el año pasado. Italia se contagió. El desempleo español, que se había mantenido cerca del 20% desde el comienzo de la recesión, trepó aún más. Lo impensable – el fin del euro – comenzó a verse como una posibilidad real.

Este año parece encaminado a ser aún peor. Es posible, por supuesto, que Estados Unidos solucione sus problemas políticos y adopte finalmente las medidas de estímulo que necesita para reducir el desempleo al seis o siete por ciento (el nivel previo a la crisis de cuatro o cinco por ciento es demasiado pedir). Pero esto es tan poco probable como que Europa se dé cuenta de que la austeridad por sí misma no resolverá sus problemas. Por el contrario, la austeridad solo exacerbará la desaceleración económica. Sin crecimiento, la crisis de la deuda – y la crisis del euro – solo empeorarán. Y la larga crisis que comenzó con el colapso de la burbuja inmobiliaria en 2007 y la recesión que la siguió, continuarán.

Además, es posible que los países con los mercados emergentes más importantes, que capearon exitosamente las tormentas de 2008 y 2009, no sobrelleven tan bien los problemas que se perciben en el horizonte. El crecimiento brasileño ya se ha detenido y eso genera ansiedad entre sus vecinos latinoamericanos.

Mientras tanto, los problemas de largo plazo – incluido el cambio climático y otras amenazas ambientales, y la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo – continúan allí. Algunos incluso han empeorado. Por ejemplo, el alto desempleo ha deprimido los salarios y aumentado la pobreza.

La buena noticia es que solucionar estos problemas de largo plazo ayudaría a resolver los de corto plazo. Una mayor inversión para adaptar la economía al calentamiento global ayudaría estimular la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo. Impuestos más progresivos, que redistribuyan desde los ingresos altos hacia los medios y bajos, simultáneamente reducirían la desigualdad y aumentarían el empleo al impulsar la demanda total. Los impuestos más elevados a los ricos podrían generar ingresos para financiar la necesaria inversión pública, y proporcionar cierta protección social para quienes menos tienen, incluidos los desempleados.

Incluso sin ampliar el déficit fiscal, esos aumentos de «presupuesto equilibrado» en los impuestos y el gasto reducirían el desempleo y aumentarían el producto. Lo que preocupa, sin embargo, es que la política y la ideología en ambos lados del Atlántico, pero especialmente en EE. UU., no permitirá que nada de esto ocurra. La fijación en el déficit inducirá recortes en el gasto social, empeorando la desigualdad. De igual manera, la persistente atracción hacia la economía de oferta, a pesar de toda la evidencia su contra (especialmente en períodos de alto desempleo), evitará que se aumenten los impuestos a quienes más tienen.

Incluso antes de la crisis hubo un reordenamiento del poder económico –de hecho, una corrección de una anomalía con 200 años de historia, en la que la participación asiática del PBI global cayó desde cerca del 50% a, en cierto punto, menos del 10%. El compromiso pragmático con el crecimiento que se percibe actualmente en Asia y otros mercados emergentes destaca frente a las equivocadas políticas occidentales, que, impulsadas por una combinación de ideología e intereses creados, parecen casi reflejar un compromiso para evitar el crecimiento.

Como resultado, la reestructuración económica global probablemente se acelere. Y casi inevitablemente dará lugar a tensiones políticas. Con todos los problemas que enfrenta la economía global, seremos afortunados si estas presiones no comienzan a manifestarse dentro de los próximos doce meses.

Fuente: Jaque al neoliberalismo

En otras ocasiones he manifestado por escrito el gran respeto que siento hacia tantos sacerdotes y monjas que viven ejemplarmente su fe, entregando su vida al servicio de los demás. Los respeto, los admiro y les agradezco siempre su sacrificio y su esfuerzo generoso. Pero eso no me puede impedir que manifieste también mi desprecio hacia los jerarcas que me parece que dan mal ejemplo de ciudadanía al conjunto de la sociedad.

Ahora leo que el obispo de Córdoba ha denunciado que “la incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, incluso en algunas escuelas de Secundaria”.

No sé si indignarme o reír. Siempre están con lo mismo. ¡Qué enfermiza obsesión! En cualquier cosa ven sexo, lujuria, carne… ahora, incitación a fornicar.

¡Qué pena que piensen tanto en el fornicio!

¡Qué pena que no les preocupen tanto otros mandamientos y pecados que me parecen de consecuencias mucho más terribles y peligrosas!

¡Qué pena que, justo en la diócesis de Córdoba, se cultive tanto temor a la carne en lugar de a la avaricia o al dinero, por ejemplo!

Justo en Córdoba, en donde los jerarcas de la Iglesia robaron a Andalucía cientos de millones de euros y donde prefirieron entregar Cajasur a bancos de fuera antes de que quedase en tierra andaluza en manos de los “rojos”.

Tenía que ser justamente el obispo de Córdoba quien se preocupe por la fornicación y no parece que tanto por otras cosas. El obispo de la misma ciudad en donde un manojo de curas sin escrúpulos se convirtieron en banqueros y arruinaron a una caja para servirse de ella a su antojo, dejando un agujero de 2000 millones de euros que tendremos que pagar los demás ciudadanos (ver: Un agujero de 2.000 millones en un momento tenso). Entre otras cosas, para autoconcederse (y además de forma irregular) pensiones multimillonarias, como la póliza de más de 4,3 millones de euros que se dio a sí mismo el cura Castillejo (a quien llamaban Fray Langostino en su época de Presidente de Cajasur, excuso decir por qué) y que le permite seguir cobrando cada año 250.000 euros que pasarán a sus hermanas cuando muera (ver: El pelotazo del cura Castillejo en Cajasur o Castillejo infló su póliza en un millón cuatro meses antes de salir de Cajasur. La entidad cordobesa ha pagado 4,3 millones por la pensión del ex presidente)

¡Qué pena que en la diócesis de Córdoba no hubiera habido cruzados como el actual obispo pero no contra el sexo sino contra la depravación económica cuando en la caja dominada por los curas se gastaban 4,3 millones de euros en joyas o en fiestas o 650.000 euros en dietas a los consejeros de la entidad por asistir al cine, a misa o a conciertos de Operación Triunfo! (ver: Magdalena y el cura)

¡Qué pena que en lugar de ser tan estricto y perspicaz a la hora de descubrir incitaciones al fornicio y a la lujuria el obispo de Córdoba no lo sea tanto a la hora de enjuiciar la avaricia de sus banqueros y el daño financiero que hicieron! Si lo fuera, seguro que no hubiera dicho, en relación con la actuación de los curas que arruinaron a Cajasur, que “Por encima de todo quedará patente que la Iglesia ha actuado movida por la ética que brota del Evangelio” (ver La Iglesia ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de salvar los puestos de trabajo de CajaSur).

¡Qué pena que vea el vicio de la carne en cada esquina y no preste semejante atención al del excesivo amor al vil metal y que no se percate que dotarse a sí mismo de dádivas millonarias con el dinero de los demás no se congracia mucho con el mensaje original de Cristo!

¡Qué pena que obispos como el de Córdoba solo se preocupen tanto de la depravación sexual de los demás mientras miran a otro lado para ocultar la que se produce en sus propias filas!

¡Qué pena que piensen tanto en lo que hay debajo de las bragas y no se comprometan más con las injusticias, que se obsesionen con la carne desnuda y callen, sin embargo, cuando está pasando en el mundo y en España lo que está pasando!

¡Qué pena que escruten a los medios de comunicación para ver si encuentran tetas, penes y fornicaciones y no se paren a denunciar la concentración de su propiedad en pocas manos, su falta de objetividad o la falta de pluralidad de la que hacen gala! O, más triste todavía, que dejen en manos de la extrema derecha los medios de los que ellos mismos son propietarios y que no digan nada cuando se difunden constantemente mensajes xenófobos y totalitarios desde sus emisoras!

¡Qué pena que les duela tanto lo que hacen los medios en materia de sexo y porquerías carnales y luego pidan el voto para quienes hacen piña con sus dueños, con quienes manejan sus programaciones y con quienes los usan para sacar réditos políticos y electorales!

¡Qué pena y qué vergüenza que siempre tengan la misma y enfermiza obsesión!

Es una pena porque, gracias al poder del que disfrutan, si en lugar de estar pensando tanto en el sexo denunciaran con semejante ardor los crímenes de los bancos, los fraudes de las grandes empresas, los asesinatos de los poderosos, el imperialismo y la explotación de millones de mujeres, hombres y niños, la desigualdad y todo tipo de injusticias, si salieran a la calle para luchar contra otras todas estas cosas y llamaran a la gente para que usara su voto y su fuerza para pararle los pies a quienes son responsables de todos esos desmanes, en lugar de apoyarles y bendecirlos, entonces, con toda seguridad, otro gallo nos cantaría a todos.

Publicado en”El Observador”

Ganas de escribir

Introducción:

El objetivo de este documento es poner de manifiesto, con cifras reales declaradas por los contribuyentes, la inequidad de una deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF español, que es fuertemente regresiva, de la que se aprovechan los contribuyentes con más capacidad económica, en detrimento de los más desfavorecidos, que no pueden aspirar siquiera a la adquisición de una vivienda en propiedad.

Fuera de este trabajo quedan otras consideraciones en contra de la generalización del modelo de “vivienda en propiedad” quizá más importantes: convertir el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española en el derecho “a ser propietario” no es más que continuar con las políticas del régimen fascista en materia de vivienda (“un país de propietarios”): esta política convierte a los ciudadanos en personas ideológicamente conservadoras, sin capacidad alguna para el cambio y la movilidad, pendientes siempre de anteponer el derecho a la propiedad (a “su propiedad”, a la propiedad de “su vivienda”) a otros derechos y libertades fundamentales, más importantes ^[1]; Destruye, como toda forma de propiedad, los ideales de alcanzar el bien común y la conciencia de la humanidad por encima del individuo.

Para la realización del trabajo se han empleado los datos estadísticos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) provee en su propia página web (www.agenciatributaria.es ) en la sección de estadística, en concreto los que se refieren a las declaraciones del IRPF correspondientes al periodo 2009.

Deducción por adquisición de vivienda habitual e inequidad:

La deducción por adquisición de vivienda en el IRPF introduce las siguientes inequidades:

En primer lugar beneficia a las rentas más altas: De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Tributaria, para el ejercicio de 2009 ^[2], con más de diecinueve millones de declarantes (19.315.353), más de seis millones se beneficiaron de ella (6.285.795) lo que podría dar la idea de una deducción “popular” (un 32,54% de los contribuyentes se benefician de ella, prácticamente la tercera parte), advirtiendo que el dato ya es, en sí, engañoso porque sólo recoge aquellos contribuyentes del impuesto que han declarado ^[3], quedando fuera el resto de contribuyentes no obligados a declarar o que no han declarado. Aún sin tener en cuenta esta importante salvedad y centrándonos exclusivamente en los declarantes, las cifras, sin embargo, como vamos a ver a continuación, demuestran que lejos de ser ésta una deducción “popular”, lo cierto es que tenemos ante nosotros una deducción bastante “impopular”.

Lo que sigue es un cuadro donde se ha acumulado el total de deducción por adquisición de vivienda habitual practicado por los contribuyentes tanto por lo que se refiere a la parte estatal, como a la parte autonómica ^[4], desglosando los datos por tramos de rendimiento e imputaciones. El cuadro, con la menor elaboración propia posible, es el siguiente:

Calculando para cada tramo el número de declaraciones que se benefician de la deducción se aprecian importantes diferencias, como se muestra a continuación:

Prácticamente uno de cada dos contribuyentes, en el tramo entre 30 y 60 mil euros se acogen al beneficio (un 47,10%); en un porcentaje muy similar (46,33%) aparecen los contribuyentes con rendimientos entre 60 y 150.000 euros. Sin embargo esta deducción es irrelevante para los contribuyentes con rendimientos inferiores a 6.000 euros, que, conviene recordar, suponen el 18% de los declarantes ^[5]. Entre los contribuyentes “mil euristas” que son los que se podrían encontrar en el tramo entre 6 y 12 mil euros ^[6], sólo uno de cada cuatro (25,89%) puede disfrutar de esa deducción, más tarde analizaremos en qué importe. Es, por tanto, una deducción para “las clases medias”, o, más bien, para las clases medias altas.

En segundo lugar, la deducción es regresiva: para demostrar esto se puede analizar es el importe medio de esas deducciones en función de los tramos de renta. Sin tener en cuenta esta tramificación, la deducción media de los declarantes es de 801,87 euros, pero si calculamos la deducción media de cada tramo de rendimiento, enseguida se aprecia como la deducción, en definitiva el importe del beneficio fiscal, crece exponencialmente a medida que aumenta la renta del contribuyente:

Se debe resaltar que, descontados los contribuyentes sin rendimientos o con rendimientos negativos, el tramo con menor deducción media es el tramo de renta “mil eurista” (de 6 a 12 mil euros) con 653,40 euros, mientras que el tramo con mayor deducción, 1.239,47 euros, es precisamente el más alto, el de las rentas superiores a los 601.000 euros: estos contribuyente deducen, en media, el doble del importe que los contribuyentes del tramo entre 6 y 12 mil euros y unos cuatrocientos euros más que la media de todos los declarantes: la deducción muestra aquí su cara más regresiva: se trata de un beneficio que favorece más a las rentas más altas.

En tercer lugar es una deducción con un coste muy elevado para la Hacienda Pública: Es interesante analizar también el gasto fiscal que la deducción supone ^[7] . De acuerdo con la primera de las tablas es inmediato inferir que esta deducción (en su tramo estatal y autonómico ^[8]) “costó” en 2.009, más de cinco mil millones de euros (5.040.398.347 euros), convirtiéndose, de lejos, en el mayor beneficio fiscal de los que se contemplan en el I.R.P.F. Ese dinero que “repartimos” a los adquirentes de una vivienda ^[9], por el simple hecho de tomar esa decisión, en lugar de, por ejemplo, alquilar una vivienda, se reparte de siguiente manera: poco menos de la mitad, prácticamente (2.309.261.055 euros), a contribuyentes con rendimientos inferiores a 21.000 euros anuales, la otra mitad (2.731.137.292 euros) a contribuyentes con rentas superiores a esa cantidad, que es tanto como decir que estamos haciendo un regalo “social” a contribuyentes con rentas superiores a 30.000 euros. Si nos fijamos en los contribuyentes con rendimientos superiores a 60.000 euros encontramos que todavía se les regalaron más de trescientos cincuenta millones de euros (356.062.786), el 7% de la deducción, pese a que esa categoría de contribuyentes representan sólo el 4% de los declarantes.

En cuarto lugar es una deducción que no es aprovechada por los contribuyentes con “primer acceso a vivienda”: Otra de las críticas que se hacen a esta deducción se basa en el hecho de que se otorga a cualquier adquirente de vivienda habitual sea ésta su “primera” vivienda habitual (la primera que adquiere en su vida) o se trate de un “cambio” de vivienda habitual. En este segundo caso la deducción también es posible por las cantidades invertidas e intereses que excedan de los ya deducidos y, en su caso de los importes beneficiados por otra “dádiva fiscal” al propietario que transmite su vivienda habitual: la exención por reinversión.

No es propósito de este artículo detallar los supuestos de hecho para que sean aplicables estos beneficios ni las reglas de cálculo de los mismo sino, simplemente llamar la atención sobre el hecho de que la llamada deducción por adquisición de vivienda habitual poco tiene que ver con el “primer acceso” a una vivienda que reclaman los jóvenes, aun cuando, como indiqué al principio, es un error considerar ese derecho a una vivienda digna como derecho a una vivienda, a veces indigna, pero en propiedad.

Desgraciadamente los datos públicos ofrecidos por la Agencia Tributaria no permiten discernir aquellos casos en los que la deducción corresponde a un cambio de vivienda habitual de los casos de “primer acceso”. Sin embargo se puede tener en cuenta lo siguiente:

- La deducción por adquisición de vivienda se descompone, a efectos legales en diversos supuestos de hecho (adquisición, rehabilitación, construcción, cantidades depositadas en cuenta vivienda, adaptación a minusválidos…) contemplados en los artículos 68 (parte estatal) y 78 (parte autonómica) con transcripción en el modelo de declaración en los siguientes casos:

- Deducción por construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (casilla 782, parte estatal, casilla 783 parte autonómica).

- Deducción por cantidades depositadas en cuentas vivienda para la primera adquisición o rehabilitación de vivienda habitual (casilla 784, deducción parte estatal, casilla 785, deducción parte autonómica).

- Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (casilla 786, parte estatal, casilla 787).

La deducción popularmente conocida como “por cuenta vivienda” es la más interesante a los efectos de detectar cuál es el número de casos que podrían representar un “primer acceso” pues, sólo permite, con carácter general, la deducción en los casos de “primera adquisición”. Esta deducción es una buena predicción de lo que en el futuro puede pasar y de qué contribuyentes, por su nivel de renta y ahorro, están en una situación en la que comienzan a plantearse la opción de adquirir una vivienda, sin haber ostentado la propiedad de ninguna anterior. El siguiente cuadro permite hacer este análisis:

Se aprecia que este tipo de deducción en cuanto “anticipa” un futuro primer acceso a la vivienda es, en número de beneficiarios, muy inferior a la de los beneficiarios por la deducción por adquisición de vivienda “en general”: en 2.009 poco más de ciento cincuenta mil contribuyentes (157.417) aspiraban a ese “primer acceso” frente a los más de seis millones que disfrutan del resto de conceptos por los que se tiene derecho a esta deducción. Pero si analizamos la distribución de los casos, obtenemos la evidencia (por otro lado refrendada por el sentido común) de que para acceder a una vivienda en propiedad se necesita un nivel de renta “elevado”, que el nivel de renta aumenta con el paso del tiempo, y que la prioridad de los españoles es adquirir vivienda en la fase más temprana de su vida. De esta forma en el siguiente gráfico se aprecia una “gaussiana” bastante clara que lleva a concluir que los demandantes de primera vivienda y de los beneficios fiscales que ello supone son contribuyentes en el entorno de los 21 a 30 mil euros:

En quinto lugar no es aprovechada por determinados colectivos desfavorecidos (mujeres e inmigrantes): Aunque las estadísticas públicas de la AEAT no permiten realizar análisis más certeros ^[10], existen dos elementos incorporados a las mismas que permiten detectar otros aspectos de la inequidad de esta deducción: la segmentación de los datos estadísticos por género y por nacionalidad.

En lo que respecta a nacionalidad ^[11], los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria son los siguientes:

Lo que demuestra que el 97% de los beneficiarios de esta deducción son nacionales.

Por lo que hace referencia al género los datos son los siguientes:

Lo que demuestra que los varones acaparan (bien en tributación individual, bien en declaración conjunta) el 60% de la deducción tanto en número de declarantes con esa partida, como en importe.

Conclusiones:

La deducción por adquisición de vivienda constituye en términos tributarios una deducción de carácter regresivo que beneficia a los sectores con mayor capacidad económica de la sociedad española.

Bajo la pretensión de “universalidad” o “popularidad” camuflada en la idea de que “todo el mundo tiene una vivienda en propiedad” lo cierto es que esta ayuda “no favorece a todo el mundo por igual” sino en mayor medida a los contribuyentes con mayor capacidad económica que son los que poseen los dos rasgos precisos para “maximizar” el beneficio fiscal.

- Por un lado realizan las inversiones más cuantiosas (viviendas más caras): teniendo en cuenta que la deducción se calcula a partir de las cantidades invertidas en vivienda y sus intereses, disfrutan de mayor base de deducción los contribuyentes que adquieren viviendas de mayor precio.

- Por otro lado, puesto que se trata de una deducción en cuota, sólo gozan de la posibilidad de deducir cantidad alguna aquellos que dispongan de cuota íntegra suficiente para poder aplicar la deducción ^[12].

Los datos de las declaraciones presentadas cuando esta deducción estaba en vigor, confirman estos hechos.

La deducción por adquisición de vivienda es además, una deducción cara: ya hemos visto que, en 2.009, nos costó más de cinco mil millones de euros.

Por último conviene recordar que, deducciones de este tipo han estado presentes en la normativa fiscal desde la creación del IRPF (como deducción en base y cuota, o sólo en cuota como el modelo previsto) sin que esta deducción haya influido lo más mínimo en la actividad económica del sector de la construcción: éste ha seguido su propia dinámica influida más por los tipos de interés y la especulación.

Miembro de la Comisión Fiscal de Justicia Fiscal de ATTAC España. Inspector de Hacienda del Estado.

1. ^[1] Así lo reconoce la Constitución Española que NO incluye, entre los Derechos y Libertades Fundamentales especialmente protegidos, artículos 14 a 29. El derecho a la propiedad privada se encuentra en el artículo 33. ↩
2. ^[2] Último ejercicio del que hay datos, con una situación legal muy similar a la que se ha establecido para 2012. ↩
3. ^[3] En la metodología de la publicación estadística, la Agencia Tributaria advierte que el ámbito poblacional son “todos aquellos contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos. Además quedan incluidos en el ámbito poblacional todos aquellos que no estando obligados a declarar lo han hecho”. ↩
4. ^[4] La página web separa ambos conceptos, que corresponden a la casilla 700 y 701 del modelo. ↩
5. ^[5] Y para muchos más: para todos los no declarantes, los contribuyentes con menores rentas. ↩
6. ^[6] Hay que tener en cuenta que el rendimiento calculado en las estadísticas de la AEAT es la suma de las casillas 455 y 465, base imponible general y base imponible del ahorro, que recogen rendimientos netos de todo tipo: en los de trabajo hay que recordar que se deduce entre otros, la cuota “obrera” de la Seguridad Social y la deducción general por trabajo dependiente, por lo que el “sueldo bruto” será mayor. ↩
7. ^[7] Pues, en cierta manera, un beneficio fiscal es una cantidad que deja de “entrar” en las arcas de la Hacienda Pública, con un efecto “de caja” muy similar al de aquellas otras cantidades (subvenciones) que entran y después salen hacia los beneficiarios. ↩
8. ^[8] Y con independencia de las deducciones adicionales que las Comunidades Autónomas puedan haber establecido por conceptos similares (segunda vivienda, vivienda en el ámbito rural…) ↩
9. ^[9] Tanto a los que adquieren su primera vivienda como a los que venden la que ya tienen para comprar una mejor, como analizaremos más tarde. ↩
10. ^[10] Sería interesante, por ejemplo, una tramificación por edades de los declarantes. ↩
11. ^[11] Siendo, por supuesto, todos residentes fiscales en España, a efectos de IRPF. ↩
12. ^[12] Que, a diferencia de otras reducciones o deducciones (planes de pensiones, determinadas deducciones empresariales) no se permite su deducción en ejercicios futuros por insuficiencia de cuota. ↩

No es que el sistema capitalista propicie la igualdad social, al contrario, su historia es la de la creciente polarización hacia la desigualdad social y la división entre enriquecidos y empobrecidos, pero en los últimos treinta años el modelo neoliberal que ha imperado en el planeta ha propiciado un agravamiento de la tendencia a polarizar y acentuar la desigualdad social y, por consiguiente, la división de la sociedad, a escala global y nacional, en enriquecidos, los muchos menos, y empobrecidos, los muchos más.

¿ Cómo lo ha hecho? ¿ De qué manera el modelo neoliberal capitalista ha logrado o está logrando que en el mundo, en general, y en los países ricos, en particular, una minoría se enriquezca aún más y una mayoría se empobrezca o esté en vías de hacerlo?

Básicamente de dos formas:

La primera, ampliando continuamente la esfera de la propiedad particular de la riqueza, sumando a la riqueza privada la riqueza pública, mediante la política de la privatización de lo público.

La segunda, y con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, imponiendo modelos tributarios regresivos en los que los enriquecidos gozan de privilegios fiscales que les permiten tributar proporcionalmente menos que los empobrecidos o en vías de serlo, que proporcional y absolutamente tributan mucho más.

De esa forma es como en los últimos treinta años se han agravado las diferencias entre una minoría capitalista, cada vez más rica, y una inmensa mayoría no capitalista, cada vez más pobre.

¿ Se puede seguir así mucho tiempo más?

El modelo neoliberal ha probado, sí, su eficiencia para enriquecer a unos pocos y empobrecer a otros muchos. En dólares, fortunas, en primer lugar, de decenas de miles de millones y de miles de millones y, después, de cientos de millones, de decenas de millones y de cientos de miles, de los menos, ¿ del 1% al 10% de la población mundial?

¿ Y el resto del mundo?

Un porcentaje que quizá pueda cifrarse todavía en un 40% percibe ingresos, miles de dólares, decenas de miles de dólares, que les permiten vivir razonablemente bien e, incluso, con holgura y sobrado bienestar. Pero un 50% como mínimo, la mitad de la humanidad, malvive con unos pocos cientos de dólares anuales en un escenario de pobreza extrema, de pobreza, de hambre y de desnutrición.

¿ Se puede seguir tolerando esa situación?

Para el 90% o más de la población mundial y especialmente para ese 50% que vive en la pobreza es perentorio revertirla.

¿ Cómo hacerlo?

De dos maneras:

Primera. No teniendo reparo en construir y reconstruir la riqueza pública anteriormente privatizada, mediante nacionalizaciones y desprivatizaciones.

Segunda. Estableciendo modelos tributarios progresivos para que las rentas del capital tributen de acuerdo con su riqueza y, simultáneamente, emprendiendo una lucha sin cuartel contra los paraísos fiscales hasta lograr su desaparición.

En 2012 cuando la crisis capitalista ha demostrado ser una auténtica crisis sistémica, las fuerzas más poderosas de esa élite capitalista mundial se reúnen una vez más en Davos ( Suiza ) para tratar del futuro. Significativamente este año toca hablar de, ” La gran transformación, diseñar nuevos modelos”. Llama la atención, por un lado, el eufemismo de llamar a la gran recesión o depresión, transformación y , por el otro, que siendo conscientes del agotamiento del modelo liberal se apresten a buscar los nuevos modelos capitalistas que lo reemplacen.

La inmensa mayoría de la humanidad, advirtiendo que la élite no contará para nada con ella, también debería buscar el modelo que más le conviniera.

¿ Qué hacer ?

Para empezar, obligar a pagar a los más enriquecidos los impuestos que en justicia les corresponda y suprimir los paraísos fiscales, construir-reconstruir una riqueza pública sólida que coexista con una riqueza privada que no pretenda imponer su interés al interés general, y optar, sin ninguna vacilación, por el desarrollo sostenible integral, pasos que apuntarían todos en la buena dirección.

Muchos análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que vienen  aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre las clases trabajadoras.
Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.
En el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera (Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que incrementó la desigualdad que está en su origen. Y también que si las políticas que aplicasen los gobiernos, como viene sucediendo, fueran las que satisfacen a los grandes grupos financieros y patronales la crisis traería consigo un mayor aumento de las diferencias entre mujeres y hombres.
Esto último es lo que ha pasado y los gobiernos han sido plenamente conscientes de los efectos tan injustos de sus políticas que han tomado también medidas orientadas a ocultarlos o disimularlos.
Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas “contra la crisis”, un eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de las grandes empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a costa de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto desigualitario.
Ahora, al gobierno de Rajoy tampoco parece que le preocupe determinar previamente quiénes serán los paganos o principales beneficiarios de las medidas que adopta, única forma de poder seguir difundiendo la mentira de que sus políticas satisfacen los intereses nacionales cuando en realidad simplemente están favoreciendo a los sectores sociales de mayor renta, riqueza y poder.
La primera batería de medidas que se acaban de aprobar es una muestra bien clara de que las cargas que genera la crisis se reparten muy desigualmente entre la población y que perjudican de un modo especial a las mujeres.
La congelación del salario mínimo (por primera vez desde 1967) cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo (solo por debajo del de Eslovaquia o Portugal) perjudica considerablemente más a las mujeres trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5 de ellas que ganan menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).
La congelación del salario mínimo también afecta de forma más negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los que “tiran a la baja” los salarios mínimos más reducidos. El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres -como media un 78% del masculino- y la retribución media por hora trabajada que reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según la mencionada encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa empleos con salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese porcentaje es de solo el 4,77% en el caso de las mujeres.
En particular, la congelación del salario mínimo es especialmente perjudicial para algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al servicio doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90% son mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente como referencia.
Y al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como han demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda (http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228), va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles de ingresos.
El aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también afecta especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que su coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que debería haber entrado ya en vigor el año pasado.
La pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto que, como media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres (aproximadamente el 61% de la que perciben como media los pensionistas masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en situación precaria, de pobreza o exclusión: algo más del 70% de quienes reciben las más bajas pensiones no contributivas son mujeres.
La moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia supone asimismo un perjuicio y una carga adicional principalmente para las mujeres puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el caso de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o familias (en más o menos la misma proporción).
La congelación de plantillas en el sector público también perjudica especialmente a las mujeres por varias razones. Primero porque las mujeres son las que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre todo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en realidad no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos para ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.
Además, las mujeres ocupan en el sector público los puestos más precarios y por tanto más afectados por los recortes en número y gasto de personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09% de los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría más bajos -C2- solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango -A1-, son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre Personal al servicio del Sector Público Estatal 2009. En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará principalmente a los empleados públicos de sexo femenino.
En otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente negativo para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para promover el empleo a tiempo parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con políticas que deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución del gasto social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y con un silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes sino otra cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una modificación de la división del trabajo para volver a esquemas patriarcales que implican especializar a las mujeres en una doble tarea laboral, la no retribuida en su familia y la puntual y mal pagada en el mercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una versión postmoderna pero incluso más precaria aún de la pata quebrada y en casa del franquismo.
Finalmente, y en términos más generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social, no solo en los campos a los que acabo de hacer referencia, está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes, como está pasando especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar contra la violencia de género.
En suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en general son los que en mayor medida están pagando los costes de las políticas que se aplican frente a una crisis provocada por los banqueros pero que se destinan justamente a aumentar su poder y sus privilegios.
Pero eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán un peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más probabilidad de perder el puesto de trabajo que los hombres y porque les afectará en mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y salario; si son pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la pérdida de ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los hombres; si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de bienes públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta la corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el tener al marido en casa en lugar de quitarle problemas de conciliación se los aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y Mauricio Matus en Impacto de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales 2010).
La patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de igualdad entre mujeres y hombres son simplemente “guindas”, lujos que ni siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos podemos permitir. No solo demuestran así el carácter reaccionario, arcaico y patriarcal de su pensamiento. Con ello va también su ignorancia porque la experiencia nos está demostrando claramente que la mayor desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han sido el freno más potente del progreso y la causa de las crisis y de las perturbaciones sistémicas que estamos viviendo.

Publicado en Sistema Digital

Ganas de escribir

Se acabó el 2011. El año en que la oligarquía financiera consiguió someter a la democracia. También fue el año en el que parte de la ciudadanía se liberó de su aburguesamiento y despertó como conciencia social altermundista; lástima que no haya sido suficiente para evitar ni el proceso de vampirización financiera de la política económica en Europa ni el resurgimiento de la misoginia más reacionaria. En España, además, estrenamos un nuevo gobierno; su elección ha sido favorecida por el castigo electoral al anterior y también por la desporporcionalidad de una ley electoral sesgada al bipartidismo. Así pues, entramos en el 2012 con el ‘indignómetro’ a tope por la resaca de las primas de riesgo, el latrocinio generalizado de la banca, el huracán postelectoral y una especie de ‘resignación social’ ante la creciente desigualdad.

La investidura del nuevo gobierno en España representó la constatación de algunas de sus marcas ideológicas. La primera fue el desprecio total a la paridad política y a la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 que en su artículo 16 dice que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. La segunda fue el regodeo en una de las perversiones del sistema: el lobby financiero se instaló en el gobierno con el nombramiento del actual Ministro de Economía, completando la reapropiación de la esfera política. Luis de Guindos, junto con Monti, Papademos y Darghi, anteriores representantes de Lehman Brothers y Goldman Sachs (entidades financieras causantes de la crisis) tienen ya entre sus competencias actuales las decisiones económicas que gobierna las vidas de la ciudadanía en Europa. Y la tercera fue el secreto anunciado de que la política económica del nuevo gobierno (del PP) sería aún más agresiva que la iniciada en mayo del 2010 por el anterior gobierno (del PSOE).

Quien comió las uvas en el cambio de año, lo hizo con el sabor amargo de un tijeretazo histórico, el del 30 de diciembre, anunciado como “el inicio del inicio”; la intención, dicen que, es contener el déficit público que se ha disparado de las previsiones. Para ello se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de una subida de impuestos. No dicen, aunque sí sabemos, que en esta desviación del déficit público ha influido la integración de las cuentas de las comunidades autónomas, en gran parte deficitarias y con situaciones escandalosas como la de la Comunidad Valenciana (que ya ha necesitado la ‘garantía de rescate’ desde el Tesoro público ante su falta de liquidez). Y para la noche de reyes nos obsequiaron con un plan de propuestas que se supone complementarán las medidas de ajuste iniciado.

En España parece haber calado el discurso neoliberal sobre la austeridad fiscal, a pesar de que la desregulación y ‘libre mercado’ que propone es lo mismo que ha provocado la crisis.

La evidencia en Europa contradice las supuestas benvolencias de este discurso y dan la razón a los avisos del riesgo de recesión económica al que nos llevan las políticas de austeridad y de recortes de gasto público. Pues bien, a pesar de ello, el primer paquete de medidas aprobado por el nuevo gobierno sigue el guión de la austeridad, lo que dificultará la salida de la crisis y nos trasladará a otro escenario: el de mayor pobreza que definen Stiglitz, Krugman y Sampedro.

De seguir insistiendo en los recortes de renta sobre la población habrá menor consumo, y ya se sabe que ante menos demanda se contrae la oferta, lo que impepinablemente provocará más despidos, más paro y menor recaudación, con un consiguiente aumento del déficit y vuelta a empezar.

Porque por mucho que digan lo contrario, es evidente que las medidas propuestas no se dirigen a crear empleo ni a reactivar la actividad económica, sino que provocarán una merma de derechos sociales y laborales así como una reducción de la capacidad adquisitiva de las personas asalariadas y pensionistas sin tocar ni un hilo de la cartera de los especuladores y grandes riquezas.

Veamos algunos aspectos de estas medidas.

Hay quien reprocha al gobierno que haya subido los impuestos, y que lo tacha de haber mentido durante la campaña cuando juraba y perjuraba que no lo haría . Efectivamente, la hemeroteca destapa las mentiras y cualquiera puede comprobarlo; ahora bien, ¿realmente se la creyeron?.

En mi opinión, el problema no es la subida de impuestos, sino la estructura y composición de dicha subida; es decir, sobre quién va a recaer y en qué medida afectará al papel del Estado en la redistribución de la riqueza. Pueden hacerse una idea perfectamente porque, lamentablemente, el guión de las políticas neoliberales no es nuevo.

Las rentas de trabajo financian una parte importante de los ajustes acordados y experimentarán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva, tanto por la congelación de salarios públicos como por la subida del IRPF (el 85% de las rentas declaradas en este impuesto son procedentes del trabajo). Los datos que ofrece GESTHA son demoledores: 2.065 millones de euros anuales aportarán quienes perciben menos ingresos, hasta 33.000 euros, siendo el grueso inferior a 17.700 euros anuales. Y al mismo tiempo quienes perciben más de 300.000 euros anuales aportarán en conjunto apenas unos 465 millones de euros. El desequilibrio es evidente. Y aún más teniendo en cuenta que las mujeres asalariadas se encuentran en mayor medida en los tramos inferiores de renta; es decir, que esta subida del IRPF tiene un sesgo de género pronunciado y aumentará la brecha ya existente. Ya que le han metido mano al IRPF, podrían haber optado por algo que está previsto en la exposición de motivos de la ley: eliminar la tributación conjunta y con ella la desgravación por cónyuge a cargo; de haberlo hecho, además de incidir de manera favorable en el objetivo de igualdad de género, se podrían recaudar los más de 2.000 millones de euros que el Estado deja de ingresar por ese concepto. ¿Será que tampoco este gobierno se ha leído la ley?

Así pues, lo realmente cuestionable de la subida de impuestos aprobada es que se olvida, una vez más, de que hay otros posibles sujetos contribuyentes además de quienes todavía conservan su empleo con una nómina. Por ejemplo, las grandes empresas, a las que se les podría haber aplicado una subida del Impuesto de sociedades, por ejemplo del 30% al 35%, sobre los beneficios superiores a una determinada cantidad, por ejemplo un millón de euros anuales; esto podría generar unos ingresos de más de 13.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas por técnicxs de hacienda. También se podría haber creado un impuesto sobre la riqueza, que es la que en este país se ha escaqueado tradicionalmente de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar embrionario que hemos tenido y que ha utilizado refugios como las SICAV, que sólo tributan al 1% o directamente la evasión a paraísos fiscales. Y por supuestísimo, se podría haber creado un impuesto sobre las transacciones financieras (como propone ATTAC), otro sobre los beneficios de la banca y otro más sobre los ‘bonus’ que siguen cobrando los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay alternativas suficientes para conseguir una mayor recaudación vía impuestos de una manera más eficiente y equitativa. ¿Por qué se renuncia a este incremento de ingresos?

En el segundo paquete de medidas intencionales aprobado el 5 de enero, el gobierno se compromete a intensificar un plan de lucha contra el fraude fiscal, un cometido muy necesario de abordar, y que según el personal de hacienda se podría cuantificar en un cuarto de billón de euros (es decir, 250.000 millones de euros) lo que podría ‘emerger’ hacia las arcas del Estado. Sin embargo, lo aprobado parece ser más un guiño de ‘como si’ en vez de una apuesta real para hacer efectiva esta vía de recaudación fiscal. De hecho la propuesta de un nuevo Plan Nacional contra el fraude pretende recaudar aún menos de lo que actualmente se está consiguiendo (previsión de 8.100 millones frente a los casi 10.400 millones obtenidos en el 2011). En mi opinión, si se aprueba este nuevo Plan en las condiciones anunciadas será un acto de negligencia claramente denunciable.

Entiendo que todas estas posibilidades – y muchas otras – deberían formar parte de una propuesta de política fiscal progresiva – y progresista – basada en el principio horizontal de equidad. ¿Es creíble pensar que el gobierno actual vaya a ponerlas en marcha cuando el gobierno socialdemócrata anterior no lo hizo? Se trata de una duda razonable, sin embargo, ni siquiera la existencia de esta duda sería motivo suficiente para dejar de exigir una política fiscal progresiva en estos momentos. Hace falta, más que nunca, coordinar el criterio de equidad con el de eficiencia económica y exigir que la salida a la crisis no la paguen exclusivamente quienes perciben un recibo salarial.

Otra de las medidas aprobadas ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012, en los actuales 641,40 euros mensuales que vulnera la normativa existente con premeditación y alevosía y crea un referente peligroso en la tendencia a la precariedad laboral, afectando a quienes tienen peores empleos. Desde el Ministerio de Trabajo se ha intentado minimizar su alcance diciendo que sólo va a afectar a unas 134.000 personas. Habría que preguntarle al gobierno qué sentido tiene pues su aprobación. La primera entidad que ha corregido al ministerio ha sido la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia recordando que “según los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 hay en la población activa 686.100 personas dedicadas al empleo doméstico, de las cuales 618.300 son mujeres a quienes la normativa lo único que les garantiza por una jornada completa es la cuantía anual del salario mínimo interprofesional”. Otro sesgo de género claramente pronunciado en la primera tanda de ajustes aprobados.

La moratoria hasta el 2013 tanto de la Ley de dependencia como de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad (que ya había sido aplazado por el gobierno anterior hasta el 2012) constituye uno de los ejemplos más representativos del recorte de derechos que conllevan el tijeretazo de este nuevo gobierno. Es más que evidente que tendrán un efecto pernicioso sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres y seguirán actuando como lastre al avance en igualdad. El supuesto ahorro de ambas moratorias es, en total, de 250 millones, por lo que su aprobación obedece más a razones ideológicas y posiciones políticas que a cuestiones de índole económico.

A las mismas razones responde el adelgazamiento del sector público, otra de las marcas ideológicas de ‘la casa’. La decisión de congelar el empleo público, de establecer la tasa de reposición cero de las plantillas o la de eliminar gran parte de las empresas públicas existentes (aunque aún no se conozca cuáles) obedece más al interés de minimizar el papel del Estado que al de eliminar duplicidades en el gasto público. Porque si al gobierno le interesase ahorrar gastos innecesarios podría redimensionar las diputaciones provinciales e incluso optar por plantear al parlamento la supresión del senado. Tras la cumbre europea del 9 de diciembre, conocimiento de manera velada el anuncio de lo que será la eliminación del ‘estado-nación’, su sustitución por la tendencia al federalismo europeo y la toma del poder político de los lobbys financieros y empresariales; cabría esperar pues un reajuste de las cámaras de representación política vacías de contenido, salvo que haya un plan para dotarla de cometido hoy en día.

En definitiva, el inicio del nuevo gobierno no augura un devenir favorable para la economía española, más bien lo contrario y tampoco un planteamiento coherente con el cambio de modelo productivo que es obvio que necesitamos.

Entre las medidas del 30 de diciembre, se ha decidido prorrogar el tratamiento fiscal favorable de la compra de vivienda (ya no sólo la habitual), y con ello se ha reactivado el fantasma de la vuelta al ladrillo y la posibilidad de alimentar a medio plazo una nueva burbuja inmobiliaria. Paradojas del capitalismo: la ‘mano invisible’ del sector financiero ha clamado por la intervención del Estado para contener la caída en el mercado del precio de sus inmuebles y evitar un fuerte descalabro en sus balances. Y al mismo tiempo que se decide acudir a resolver las necesidades de los lobbys inmobiliarios y financieros se decide también echar el freno a la inversión pública en la sociedad del conocimiento con un nuevo recorte de 600 millones de euros en I+D+I. ¿Es este el modelo de desarrollo con el que España pretende salir de la crisis?

Simultáneamente a todos estos ajustes, para la contención del déficit público, llaman la atención dos movimientos respecto al gasto aprobado: por una parte el mantenimiento de la financiación pública que recibe la iglesia católica (cerca de 10.000 millones de euros) y por otra parte, la inversión de un millón de euros por el Ministerio del Interior para comprar ‘artificios lacrimógenos’ a la guardia civil; algo que sería anecdótico si no fuese por el deterioro de la democracia y la merma de derechos a la que asistimos hoy en día.

Estos ajustes y aparentes contradicciones responden al modelo de Estado y al modelo de sociedad que representa el gobierno. Y con el tiempo la gente ilusa descubrirá que el ‘milagro’ anunciado no ocurre y que aunque la oligarquía financiera lo proclame en polifonía, cada vez más personas saben que hay alternativas al modelo neoliberal. Todo ello augura que el 2012 será un año de movimientos, de reacción ciudadana y también de articulación de redes de solidaridad fuera de la economía de mercado.

Una de las características del discurso político de las opciones políticas progresistas gobernantes, tanto en España como en los países a ambos lados del Atlántico Norte (la mayoría de países de Europa y Norteamérica) ha sido el abandono de políticas públicas que intenten redistribuir las rentas y la riqueza de sus países. En España, incluso el término “redistribución” prácticamente ha desaparecido del lenguaje utilizado en los mayores forums políticos y mediáticos del país. Y ello como consecuencia de que ha sido aparcado y dejado de lado por la izquierda gobernante y mayoritaria, es decir, por el PSOE.

Uno de los argumentos utilizado para justificar tal abandono es que su electorado, al que llaman “clases medias” (término que ha substituido el de clase trabajadora, a la cual se la considera que ha desaparecido o que se ha transformado en clase media) no quieren ni oír hablar de tal término, pues -según ellos- temen que, en caso de que las izquierdas gobernantes desarrollen políticas redistributivas, sus impuestos aumentarán. En tal argumento se asume que políticas redistributivas son aquellas que redistribuyen las rentas de las clases medias a las clases humildes, término que se utiliza para definir a la población pobre y vulnerable a la exclusión social. De ahí que para evitar asustar a los que consideran sus bases electorales -las clases medias- no hablan ni practican políticas públicas redistributivas. De esta manera, el discurso y prácticas redistributivas se han substituido por el discurso antipobreza y antiexclusión social y el de ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas en la sociedad, todas ellas medidas que se financian con los ingresos al estado resultado del crecimiento económico.

Tal escenario conceptual ignora, sin embargo, que el enorme crecimiento de las desigualdades ha ocurrido como consecuencia de un gran trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital y de las rentas de la economía productiva a las rentas de la economía especulativa, determinando con ello una abrumadora concentración de las rentas y de la propiedad en una minoría de la población, concentración que ha tomado lugar a costa de las rentas de la gran mayoría de la población, incluyendo la clase trabajadora y las clases medias.

En realidad, el endeudamiento de la mayoría de la población se debe precisamente a que su capacidad adquisitiva ha ido disminuyendo, mientras que la capacidad adquisitiva de las rentas superiores (que obtienen sus ingresos predominantemente de las rentas del capital) se ha disparado exponencialmente. Así, EE.UU., uno de los países que recoge con mayor precisión este tipo de estadísticas, ha visto -según un informe de la oficina de Presupuestos del Congreso- un enorme crecimiento (un 275% entre 1979 y 2007) de las rentas del 1% de la población -las superiores-, mientras que el 20% de la renta inferior (clase trabajadora no cualificada) ha crecido sólo un 18% y para la mayoría de la población un 60%.

Lo que esto quiere decir es que la riqueza que se está creando (y que se traduce en el crecimiento del PIB) se está concentrando en las rentas superiores a costa de las demás. Este es el resultado de las políticas neoliberales iniciadas por el Presidente Reagan en 1980 y la Sra. Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y que han redistribuido las rentas estimulando su concentración. Así lo reconocía nada menos que Martín Wolf, el columnista senior del Finantial Times, en un artículo, “America’s Inequality need not determine the future of Britain” (23.12.11), que ha tenido gran impacto. Tal autor escribía que las rentas de los súper ricos “proceden de su extracción de la economía, resultado de la falta de control sobre los ejecutivos financieros y sobre el mundo empresarial como consecuencia de las políticas desreguladoras y políticas regresivas seguidas durante todos estos años”.

Ni que decir tiene que otros factores explican también el crecimiento de tales desigualdades, incluyendo los cambios demográficos (más familias monoparentales) y tecnológicos (productividad variable) entre otros. Pero los factores más determinantes son los políticos y económicos que Martin Wolf considera deben cambiarse. Este periodista del Finantial Times reconoce que los centros financieros y empresariales se opondrán a tales cambios, pero a pesar de ello acentúa que deben hacerse. Termina Martin Wolf su artículo aludiendo a una cita famosa del artículo de Warren Buffet en el The New York Times (14.08.2011), “ha existido una guerra de clases -class war- en los últimos veinte años -y mi clase- la de los financieros ha estado ganándola”. Tal observación -añade Martin Wolf- no ha hecho a Warren Buffet muy popular entre sus iguales. Pero concluye Martin Wolf “lo que dice Warren Buffet es cierto”. Es de agradecer que uno de los portavoces del diario Financial Times que, junto con el The Economist, han promocionado más tales políticas neoliberales, reconozca que hay una lucha de clases y que la han estado ganando, con la complicidad de las clases políticas y mediáticas dominantes.

En España tal debate ni siquiera existe. Es incluso inimaginable que las Cortes Españolas hicieran un informe sobre la distribución de las rentas en España (uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades), ni siquiera durante el gobierno socialista, cuyo candidato a las últimas elecciones, el Sr. Rubalcaba fue incluso criticado paradójicamente por el candidato Rajoy del partido conservador-neoliberal, el Partido Popular, por haber aumentado las desigualdades de renta durante su mandato, ignorando que las políticas del PP, tanto pasadas como las propuestas de futuro, contribuyeron y contribuirán todavía más a este crecimiento de las desigualdades en España. Y así estamos.

http://www.vnavarro.org