Hasta hace muy pocos años, la humanidad ha estado siempre dominada y amaestrada por un poder absoluto masculino. Unos cuantos hombres han llevado las riendas del destino común.

Confinados territorial e intelectualmente, los seres humanos han vivido sometidos, hasta el punto que tener que ofrecer su propia vida a los designios del poder. Sin discusión posible.

En 1945, al término de una guerra horrenda, con el empleo de los más abominables métodos de exterminio, se fundaron las Naciones Unidas –“Nosotros, los pueblos…”- y, unos meses más tarde, la UNESCO, cuya Constitución establece que son los “principios democráticos” –justicia, igual dignidad, libertad y solidaridad- los que deben guiar la gobernación, y que la educación consiste en contribuir a la formación de personas “libres y responsables”. Personas educadas, es decir, que actúan en virtud de sus propias reflexiones y no al dictado de nadie, ni atenazadas y atemorizadas por dogmas, amenazas, ciegas obediencias…

Por eso era tan importante que, al igual que en los países de mayor calidad educativa, se hubiera introducido en España, de forma transversal, la Educación para la Ciudadanía. La gran mayoría de los docentes –en general, excelentes y de una dedicación ejemplar- estaban muy satisfechos de ser, con los progenitores, los que contribuían a la “libertad y responsabilidad”, contrarrestando la uniformización, la gregarización, la sumisión.

Ahora se pretende eliminar la ciudadanía y volver al sometimiento. De un plumazo infausto, volvemos a la condición de súbditos en lugar de pretender alcanzar la de ciudadanos plenos.

Si no reaccionamos, se habrá dado otro paso atrás y nos dedicaremos a observar, obsesivamente, las fluctuaciones de la prima de riesgo (¡fascinante!), las cumbres europeas y las competiciones deportivas… Espectadores impasibles…

Reaccionemos. Impliquémonos. La Educación para la Ciudadanía es esencial para el cambio que, en cualquier caso, es necesario en el proceso educativo, sea cual sea la geometría del gobierno.

¿De verdad quieren que “conozcamos los valores de nuestra civilización occidental”, cuando los hemos sustituido por el mercado y por los valores bursátiles? Todas las civilizaciones y culturas tienen aspectos que conviene retener y generalizar.

No somos ciudadanos “occidentales”. Somos ciudadanos del mundo.
Somos ciudadanos y no súbditos.

http://federicomayor.blogspot.com/

El domingo 22 de mayo, los movilizados a lo largo del territorio español que exigen una democracia real vivieron -o vivimos- la primera cura de humildad. Mientras se celebraban asambleas, se levantaba la mano para intervenir, se escribían frases originales en papeles que colgaban procurando que no apareciese ningún membrete de organización, los que sí estaban organizados ganaban las elecciones y tomaban el poder. En realidad no tomaron nada que ya no tuvieran. Es verdad que todos sabíamos que esas concentraciones no iban a afectar de modo importante el resultado electoral, pero caer en la cuenta de que mientras nos movilizamos, otros formalizaban el protocolo del relevo de gobierno para que no cambie nada, debe hacernos pensar en cómo avanzar más allá de lo que se está haciendo. Por ello es importante superar la fase de entusiasmo y autocomplacencia para iniciar la estrategia y operatividad.
Observando los documentos y propuestas aprobadas en las asamblea de indignados se comprueba que, efectivamente, son radicales, sin embargo deberá definirse cuál es el nivel de mínimos que se va exigir al poder y qué medidas de presión y durante cuánto tiempo se está dispuesto a luchar. Si entre los puntos aprobados aparece la nacionalización de la banca pero no se concreta a quién se le exige, si se está dispuesto a aceptar una propuesta intermedia y con qué medidas se presionará, es evidente que ningún poder se va a tomar en serio esa demanda. Otras peticiones ya están reflejadas en la legislación, enumerarlas sin concretar cómo se debe garantizar es lo que ya existe, no supone ningún avance. También las hay contradictorias, se plantea el derecho a una vivienda pero, a continuación, se pide que la entrega de la vivienda ante el impago de la hipoteca cancele la deuda. O sea, que se asume que las familias se queden en la calle.
El movimiento ha vivido una luna de miel mediática e incluso en sus relaciones con el poder. Fueron tan sorpresivos que lograron la atención de la prensa, el momento preelectoral y un ministro de Interior como posible candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo año garantizaban la no intervención de las fuerzas del orden. Por otro lado, el poder político y económico no se ha sentido amenazado lo más mínimo -por ahora-, incluso se han permitido el cinismo de decir que ellos también compartían el sentimiento de los concentrados y se sentían igualmente indignados, lo que confirma que no se han marcado suficientemente los bandos en liza.
En cuanto al ideario de los manifestados según se comprueba en intervenciones en las asambleas y en los slogan de sus pancartas y escritos, es verdad que aparecen contundentes expresiones con precisa posición política, pero también existen demasiados casos de apoliticismo y desideologización que recuerdan más al populismo y al fascismo. Expresiones como que no somos de izquierda ni de derechas o que todos los políticos son iguales no ayudan mucho a definir la lucha. Es verdad que en política económica no existe apenas diferencia entre PSOE y PP, pero la mayoría de las propuestas aprobadas en las asambleas hace años, e incluso décadas, se encuentran en partidos políticos de izquierda que no reciben ni han recibido el apoyo de esos manifestantes. Y no nos referimos a apoyo electoral -que también-, tampoco a actos o movilizaciones que esos grupos políticos y sus militantes, con sus errores y defectos, han intentado poner en marcha desde hace años. No tendría sentido pedir el cambio de la ley electoral si se está diciendo que todos los políticos son iguales. No es lo mismo el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que el alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, o los candidatos de Bildu en Euskadi.
Por otro lado, si durante la campaña electoral se consideró saludable que no apareciesen siglas de partidos ni de organizaciones en las concentraciones, una vez pasadas las elecciones, en mi opinión, no veo razón para que estén proscritos partidos -en su mayoría extraparlamentarios- que mantuvieron en sus programas las propuestas que ahora piden los concentrados u organizaciones ecologistas, feministas, antifascistas, alterglobalización que llevan años movilizadas. Yo al menos, no me siento cómodo en una concentración que dice que todos los políticos son iguales y prohíben una bandera republicana, una con una hoz y un martillo, una anarquista o una imagen del Che. Los indignados no quieren irrumpir en el panorama político, se sitúan inmaculados, se creen por encima de ideologías, se limitan a protestar y pedir que les resuelvan los problemas. ¿Quién los va a resolver? ¿quién va a elaborar las leyes que garanticen los derechos que están exigiendo? ¿quién va a garantizar los que ya están en las leyes pero no se aplican? ¿quién va a poner coto a los bancos? ¿quién va a exigirles que devuelvan el dinero público que se les ha dado? ¿quién y cómo se va a exigir a los medios de comunicación que informen con honestidad y veracidad? No esperarán que lo hagan los diputados del PSOE y del PP que tienen la mayoría en el Congreso, menos todavía si no se logra enfrentar a la derecha que no para de rentabilizar las tropelías del PSOE y cuya corrupción no es castigada en las urnas.
En mi opinión, desde el poder se apuesta a que, con el paso de los días, caiga la movilización, se agote por no concretar acciones, se aburran ante asambleas inoperativas o surjan conflictos entre los movilizados. El caso argentino durante la crisis del año 2001 nos debería servir de ejemplo. Toda la ciudadanía movilizada, indignada, reuniéndose por las medidas económicas de su gobierno, bajo el lema de “que se vayan todos” no condujo a nada. No fueron capaces de crear una organización operativa, de desarrollar estructuras representativas, se ahogaron en su discurso de la antipolítica y su fobia a los partidos y los líderes. Finalmente, el discurso de “que se vayan todos”, se quedó en que no se fue ninguno. Por otro lado, con el paso de los días, la atención mediática a los concentrados a buen seguro caerá, las cámaras de televisión desaparecerán de las plazas, las primeras páginas de los periódicos olvidarán las movilizaciones, es por tanto necesario avanzar en propuestas concretas. En Túnez o en Egipto se mantuvieron movilizados porque había una demanda a corto plazo bien definida: la dimisión del presidente del país. En España, ninguna de las demandas de los indignados es viable de aprobación con un Parlamento dominado por PP y PSOE, de modo que habrá que buscar otra opción.
La explosión de indignación que ha tomado las calles de las ciudades españolas ha supuesto una ruptura con el nivel de resignación que ha dominado en la sociedad española en los últimos años. Ha mostrado que muchos de los métodos tradicionales de movilización han quedado obsoletos, que muchas organizaciones que se creían vanguardia no tenían capacidad alguna de acción. Sin duda existe un tremendo potencial en un movimiento que ha sacado a la calle de las principales ciudades españolas a una generación que las organizaciones tradicionales no habían logrado ilusionar, unas organizaciones que tienen la obligación de incorporarse con humildad pero aportando su experiencia y elaboración de alternativas. Ha despertado también en muchos de nosotros una euforia y una esperanza en la ciudadanía y los jóvenes que nunca olvidaremos, pero no debemos dejar que esa borrachera nos paralice y nos despertemos solamente con la resaca y la frustración de que todo sigue igual.

]]> http://www.attacmallorca.es/2012/01/23/gasto-sanitario-publico-en-espana/feed/ 0 http://www.attacmallorca.es/2012/01/18/por-que-el-exito-del-tesoro-no-se-debe-a-la-reforma-fiscal-de-rajoy/ http://www.attacmallorca.es/2012/01/18/por-que-el-exito-del-tesoro-no-se-debe-a-la-reforma-fiscal-de-rajoy/#comments Wed, 18 Jan 2012 09:00:18 +0000 asusini http://www.attacmallorca.es/?p=6469  Eduardo Garzón – Saque de Esquina

El pasado 12 de enero el Tesoro español realizó una subasta de deuda pública que terminó siendo un éxito. Mientras la anterior subasta celebrada en diciembre había conseguido vender deuda pública a un tipo de interés del 5,187% (por cada 100 euros que pidió prestado el Estado, tiene que devolver 5,187 euros), la subasta de enero ha conseguido vender deuda pública a un tipo de interés del 3,384% (por cada 100 euros que ha pedido prestado el Estado, tiene que devolver 3,384 euros). Esto quiere decir que al Estado español le ha salido bastante más barato endeudarse, lo cual es un punto positivo.

Nada más conocerse la noticia, todo el mundo se ha preguntado a qué se debe esta mejoría en la situación del mercado de deuda español. Muchos le han adjudicado el mérito a la nueva reforma fiscal acometida por el nuevo gobierno de Rajoy. Sin ir más lejos, fuentes del Gobierno han señalado que es “la primera respuesta de los mercados a las medidas adoptadas”. Sin embargo, si se analiza detalladamente el contexto en el que se ha producido esta subasta, uno se da cuenta de que la reforma fiscal de Rajoy es un acontecimiento anecdótico que apenas ha influido en el éxito de la subasta.

La opinión más o menos generalizada de que los inversores confían más ahora en España que antes se basa en lo siguiente: cuando los inversores confían más en un país, piden menores tipos de interés en la compra de deuda pública (en otras palabras, compran deuda pública a un precio bajo). Esto es así porque ven menos arriesgado que acaben perdiendo el dinero prestado. De forma inversa, cuando los inversores no confían en un país y creen que éste terminará en bancarrota y sin devolver el dinero prestado, entonces los inversores piden un nivel más alto de tipo de interés para compensar este riesgo (en otras palabras, compran deuda pública a un mayor precio). Como ahora los inversores han pedido menores tipos de interés a la deuda pública española, muchos han pensado que esto se debe a que ahora confían más en España.

Pero esa conclusión final no es cierta. Los niveles de tipos de interés de la deuda pública no sólo dependen de la confianza de los inversores en la solvencia del país. Dependen de muchos otros factores, y entre ellos, de la cantidad de demanda de deuda pública. Cuanto mayor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversores, menor tipo de interés pedirán. Y al contrario: cuanto menor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversores, mayor tipo de interés pedirán.

Veamos la explicación de esto.

El Estado español vende títulos de deuda pública mediante el procedimiento de una subasta. Es decir, el Estado español fija la cantidad de dinero que quiere pedir prestado (pongamos, por ejemplo, 1 millón de euros), y transmite esta información a los inversores. Entonces, los inversores hacen sus ofertas. Unos querrán comprar una cantidad determinada de deuda a un tipo de interés determinado. Otros querrán comprar otra cantidad de deuda a otro tipo de interés determinado, etc.

Si la cantidad total que piden todos los inversores es menor que 1 millón de euros (que es lo que necesita el Estado), entonces los inversores tendrán más libertad para elevar los tipos de interés que pedirán. Puesto que el Estado quiere conseguir el dinero a toda costa, no tendrá más remedio que aceptar el tipo de interés que los inversores le dicten. Los inversores lo saben y aprovecharán la situación para pedir tipos de interés más elevados, ya que así ganarán más. Por lo tanto, a menor demanda de deuda pública, mayor será el tipo de interés.

En cambio, si la cantidad total que piden todos los inversores es mayor que 1 millón de euros (que es lo que necesita el Estado), entonces los inversores competirán entre sí en la subasta para comprar títulos de deuda pública. Puesto que el Estado tiene libertad para elegir a qué inversores les pedirá prestado el dinero, elegirá a los que menores tipos de interés le ofrezcan (a los que le pongan el precio más barato) y dejará fuera a los que mayores tipos de interés le ofrezcan. Los inversores lo saben, y por lo tanto, intentarán reducir los tipos de interés que ofrecen porque corren el riesgo de quedarse fuera y no poder comprar deuda pública. Por lo tanto, a mayor demanda de deuda pública, menor será el tipo de interés.

Pues esta última situación es la que se ha dado con la exitosa subasta del Tesoro español. Los inversores han pedido al Estado español títulos de deuda pública por valor de 18.700 millones de euros, mientras que el Estado sólo ha vendido títulos de deuda pública por valor de 9.980 millones de euros. La demanda de deuda pública ha sido colosalmente elevada, y eso ha hecho que los tipos de interés hayan disminuido tanto. Los inversores no han tenido más remedio que pedir menores tipos de interés para no quedarse fuera de la compra. De hecho, muchos inversores han quedado fuera y no han podido comprar deuda pública. Algo similar ha ocurrido con la subasta de deuda pública italiana, lo cual también resta credibilidad a la opinión de que las medidas de Rajoy han influido en la subasta española.

La elevada demanda, a su vez, ha sido causada por la extraordinaria cantidad de dinero barato (480.000 millones al 1%) que el Banco Central Europeo inyectó a los bancos privados el pasado mes de diciembre. Los bancos privados tenían mucho dinero para invertir, y lo han hecho principalmente en la compra de deuda pública. Es decir, los inversores han invertido mucho en la deuda española no porque confíen más en el país, sino porque tenían mucho dinero barato disponible para comprar deuda pública.

Por lo tanto, la verdadera causa del éxito no radica en que los inversores confíen más en España gracias a la reforma de Rajoy. El éxito se debe fundamentalmente a que la demanda de deuda pública en el mercado financiero europeo ha sido muy elevada.

 Saque de esquina

Una de las características del discurso político de las opciones políticas progresistas gobernantes, tanto en España como en los países a ambos lados del Atlántico Norte (la mayoría de países de Europa y Norteamérica) ha sido el abandono de políticas públicas que intenten redistribuir las rentas y la riqueza de sus países. En España, incluso el término “redistribución” prácticamente ha desaparecido del lenguaje utilizado en los mayores forums políticos y mediáticos del país. Y ello como consecuencia de que ha sido aparcado y dejado de lado por la izquierda gobernante y mayoritaria, es decir, por el PSOE.

Uno de los argumentos utilizado para justificar tal abandono es que su electorado, al que llaman “clases medias” (término que ha substituido el de clase trabajadora, a la cual se la considera que ha desaparecido o que se ha transformado en clase media) no quieren ni oír hablar de tal término, pues -según ellos- temen que, en caso de que las izquierdas gobernantes desarrollen políticas redistributivas, sus impuestos aumentarán. En tal argumento se asume que políticas redistributivas son aquellas que redistribuyen las rentas de las clases medias a las clases humildes, término que se utiliza para definir a la población pobre y vulnerable a la exclusión social. De ahí que para evitar asustar a los que consideran sus bases electorales -las clases medias- no hablan ni practican políticas públicas redistributivas. De esta manera, el discurso y prácticas redistributivas se han substituido por el discurso antipobreza y antiexclusión social y el de ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas en la sociedad, todas ellas medidas que se financian con los ingresos al estado resultado del crecimiento económico.

Tal escenario conceptual ignora, sin embargo, que el enorme crecimiento de las desigualdades ha ocurrido como consecuencia de un gran trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital y de las rentas de la economía productiva a las rentas de la economía especulativa, determinando con ello una abrumadora concentración de las rentas y de la propiedad en una minoría de la población, concentración que ha tomado lugar a costa de las rentas de la gran mayoría de la población, incluyendo la clase trabajadora y las clases medias.

En realidad, el endeudamiento de la mayoría de la población se debe precisamente a que su capacidad adquisitiva ha ido disminuyendo, mientras que la capacidad adquisitiva de las rentas superiores (que obtienen sus ingresos predominantemente de las rentas del capital) se ha disparado exponencialmente. Así, EE.UU., uno de los países que recoge con mayor precisión este tipo de estadísticas, ha visto -según un informe de la oficina de Presupuestos del Congreso- un enorme crecimiento (un 275% entre 1979 y 2007) de las rentas del 1% de la población -las superiores-, mientras que el 20% de la renta inferior (clase trabajadora no cualificada) ha crecido sólo un 18% y para la mayoría de la población un 60%.

Lo que esto quiere decir es que la riqueza que se está creando (y que se traduce en el crecimiento del PIB) se está concentrando en las rentas superiores a costa de las demás. Este es el resultado de las políticas neoliberales iniciadas por el Presidente Reagan en 1980 y la Sra. Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y que han redistribuido las rentas estimulando su concentración. Así lo reconocía nada menos que Martín Wolf, el columnista senior del Finantial Times, en un artículo, “America’s Inequality need not determine the future of Britain” (23.12.11), que ha tenido gran impacto. Tal autor escribía que las rentas de los súper ricos “proceden de su extracción de la economía, resultado de la falta de control sobre los ejecutivos financieros y sobre el mundo empresarial como consecuencia de las políticas desreguladoras y políticas regresivas seguidas durante todos estos años”.

Ni que decir tiene que otros factores explican también el crecimiento de tales desigualdades, incluyendo los cambios demográficos (más familias monoparentales) y tecnológicos (productividad variable) entre otros. Pero los factores más determinantes son los políticos y económicos que Martin Wolf considera deben cambiarse. Este periodista del Finantial Times reconoce que los centros financieros y empresariales se opondrán a tales cambios, pero a pesar de ello acentúa que deben hacerse. Termina Martin Wolf su artículo aludiendo a una cita famosa del artículo de Warren Buffet en el The New York Times (14.08.2011), “ha existido una guerra de clases -class war- en los últimos veinte años -y mi clase- la de los financieros ha estado ganándola”. Tal observación -añade Martin Wolf- no ha hecho a Warren Buffet muy popular entre sus iguales. Pero concluye Martin Wolf “lo que dice Warren Buffet es cierto”. Es de agradecer que uno de los portavoces del diario Financial Times que, junto con el The Economist, han promocionado más tales políticas neoliberales, reconozca que hay una lucha de clases y que la han estado ganando, con la complicidad de las clases políticas y mediáticas dominantes.

En España tal debate ni siquiera existe. Es incluso inimaginable que las Cortes Españolas hicieran un informe sobre la distribución de las rentas en España (uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades), ni siquiera durante el gobierno socialista, cuyo candidato a las últimas elecciones, el Sr. Rubalcaba fue incluso criticado paradójicamente por el candidato Rajoy del partido conservador-neoliberal, el Partido Popular, por haber aumentado las desigualdades de renta durante su mandato, ignorando que las políticas del PP, tanto pasadas como las propuestas de futuro, contribuyeron y contribuirán todavía más a este crecimiento de las desigualdades en España. Y así estamos.

http://www.vnavarro.org

Las causas políticas de la crisis actual: las políticas económicas y fiscales del gobierno de Aznar

Las derechas gobernaron España desde 1996 a 2004, plantando las bases para el desarrollo de la crisis económica y financiera actual. Bajo el mandato económico del Sr. Rato (que más tarde dirigió el Fondo Monetario Internacional), el gobierno Aznar implementó las políticas de reducción del gasto público, incluyendo gasto público social (iniciadas, por cierto, por el Sr. Solbes en 1993). Este gasto financiaba el escasamente desarrollado estado del bienestar, incluidas las transferencias (tales como las pensiones) y los servicios públicos del estado del bienestar (tales como sanidad, educación y servicios sociales, entre otros). Durante su mandato la tasa de crecimiento del gasto público social por habitante fue mucho más baja que la tasa de crecimiento de tal gasto en el promedio de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). De ahí que el déficit del gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se disparara. Además de estas políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, otras políticas llevadas a cabo por el gobierno PP (con el apoyo de la derecha catalana CiU) incluyeron la reducción de los impuestos y el aumento de su regresividad; la desregulación del suelo (que facilito la especulación inmobiliaria); la desregulación financiera (que facilitó el desempeño de las actividades especulativas de la banca y de las cajas); la reducción de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional total (que condujo al enorme crecimiento del endeudamiento de las familias) y otras políticas bien documentadas en mi libro “El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias” (Editorial Anagrama, 2006). Durante su mandato, el partido conservador neoliberal, presidido por el Sr. Aznar, no aprovechó el notable crecimiento de la economía española (mayor que el promedio de la UE-15) para corregir el enorme déficit de gasto público social que España tenía con el promedio de los países de la UE-15. En realidad, cuando el gobierno Aznar terminó su mandato (2004), el déficit de tal gasto per cápita era 2.243 euros estandarizados (euros modificados para hacer comparable su capacidad adquisitiva en países de distinto nivel de vida), mucho mayor que cuando comenzó su mandato en 1996, 1.784. Este dato da una clara imagen de la escasa sensibilidad social de las derechas españolas.

Cómo el liberalismo (en realidad neoliberalismo) se introduce en la cultura política socialista

Ahora bien, el impacto, incluso más negativo que tuvo el gobierno Aznar es que, como antes había ocurrido con otros gobiernos conservador-neoliberales, uno en EEUU (Reagan) y otro en Gran Bretaña (Thatcher), el gobierno Aznar cambió los valores del establishment español (el conjunto de instituciones financieras, económicas, mediáticas y políticas que configuran la sabiduría convencional del país), pasando a dominar la cultura politico-mediática del país. El neoliberalismo pasó a ser la ideología dominante del establishment español. Esta fue su mayor victoria. De manera tal que afectó y transformó incluso al mayor partido de la oposición, el PSOE. El discurso de tal Partido cambió sustancialmente, y ello en parte debido a una visión extendida en el equipo del candidato a las elecciones primarias del 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, de que había que “centrarse” y “modernizarse”, lo cual significaba abandonar no sólo muchos de los principios de la socialdemocracia, sino también, incluso, la narrativa de esta tradición política. En la presentación de su candidatura en el año 2004, Zapatero habló en varias ocasiones de las clases medias, pero nunca, ni una vez, de la clase trabajadora (supongo que por temor a parecer “anticuado”). Y su filosofía económica quedó reflejada en el libro del que fue su asesor económico Jordi Sevilla, “De nuevo socialismo”, (Editorial Crítica, 2006), en el que se hacían afirmaciones tales como que el Nuevo Socialismo no debía ni aumentar los impuestos, ni subir el gasto público (ello dicho y hecho en el país que tenía y continúa teniendo una de las cargas fiscales más bajas y el gasto público más bajo de la UE-15). De ahí el slogan que guió la política fiscal del más tarde Presidente Zapatero anunciando que bajar impuestos era ser de izquierdas.

Con esta filosofía, el déficit del gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se conseguiría reducir primordialmente a base del crecimiento económico (en lugar de políticas fiscales redistributivas). En realidad, Miguel de Sebastián (procedente del sector bancario), que pasó a sustituir a Jordi Sevilla como el mayor asesor económico del Presidente, fue incluso más allá que Jordi Sevilla negando que fuera un objetivo de la política fiscal de un gobierno socialista redistribuir los recursos en España, limitando la función redistributiva al capítulo de gastos públicos, en lugar del capítulo de ingresos. Es más, añadía Miguel de Sebastián que “el estado, tal como propone el Partido Demócrata estadounidense debe ser un estado dinamizador frente a un estado del bienestar o asegurador”. Conozco bien el Partido Demócrata de EEUU (habiendo vivido en EEUU durante más de cuarenta años), y me preocupó enormemente que esta postura se transformara en la guía económica del gobierno socialista (ver mi capitulo “El modelo del Partido Demócrata como propuesta para las izquierdas españolas: debate con Miguel de Sebastián”, en el libro citado anteriormente El Subdesarrollo Social de España). Pero esta alarma se transformó en una enorme frustración cuando a Miguel de Sebastián le sucedió en la Dirección de la Oficina Económica de la Moncloa David Taguas (también procedente de la banca) que había llegado a favorecer la privatización completa de la Seguridad Social (tal como había hecho el General Pinochet en Chile). Más tarde, Zapatero nombró a otro neoliberal, Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España. Estos nombramientos reflejaban una filosofía muy próxima a la Banca (el poder fáctico más poderoso existente en España), que auguraban malos tiempos para el socialismo español y para España.

Ni que decir tiene que la Nueva Vía (tal como se definió la sensibilidad política dentro del PSOE liderada por Zapatero) no era la única dentro del PSOE. Ya en las primarias, otras sensibilidades existían. Una, era la continuista del aparato de Ferraz, representada por José Bono, con un nacionalismo españolista jacobino que, de ganar, hubiera significado tensiones continuas con los socialismos periféricos (y muy en especial con el socialismo catalán). De ahí su escasísimo apoyo en Cataluña, donde el conservadurismo y nacionalismo españolista, insensible a la pluralidad de España, ha sido siempre muy impopular.

La otra sensibilidad eran las izquierdas que tenían a su vez varias identidades que, pese a la debilidad en el aparato de Ferraz, tenía amplios apoyos en las bases y muy en especial entre los sindicatos y movimientos sociales. Fue determinante para la victoria de Zapatero, pues le prestó su apoyo para parar a José Bono, el candidato más popular en el establishment y en el aparato del partido socialista español, pero menos entre las bases. Zapatero, sin embargo, cuando ganó las primarias y las elecciones, no incorporó a nadie de las izquierdas (excepto Cristina Narbona en el área ambiental), marginándolas en su equipo, lo cual no quiere decir que no influenciara las políticas sociales (la Ley de la Dependencia fue fruto de sus presiones). Pero su influencia en las áreas económicas fue nula. La mayoría del equipo económico, tanto en el Ministerio como en la Oficina Económica en la Moncloa, no eran ni siquiera miembros del PSOE y eran de sensibilidad neoliberal próxima a la Nueva Vía, e incluso más extrema. Solbes, que había iniciado las políticas de austeridad del gasto público social en el periodo 1993-1996 (cuando el gasto público social por habitante descendió incluso en términos absolutos) hizo suyo el objetivo de evitar el aumento del gasto público a través de políticas fiscales redistributivas (en unas declaraciones a El País, indicó que el éxito del cual estaba más orgulloso en su mandato era no haber subido el gasto público (22.07.09), desalentando la aprobación y/o expansión de derechos universales).

Según el credo de la Nueva Vía, el objetivo del socialismo era crear una igualdad de oportunidades para todos, facilitando el potencial que cada persona tiene, asegurándose de que el hijo de un trabajador no cualificado tuviera las mismas posibilidades en la vida que el hijo de un burgués (un objetivo que, al menos en teoría, lo suscriben la mayoría de tradiciones políticas, y no sólo la socialdemocracia). La característica definitoria de la socialdemocracia (socialismo en democracia) para alcanzar este objetivo había sido a través de políticas públicas redistributivas, incluyendo políticas fiscales progresivas. La socialdemocracia en Europa siempre sostuvo que no se puede conseguir la igualdad de oportunidades sin medidas redistributivas muy profundas. Al abandonar este principio, las propuestas del equipo económico se reducían prácticamente a proveer becas a las familias sin recursos, lo cual era necesario pero dramáticamente insuficiente.

Consecuencia de este marco teórico dentro del cual se movieron los equipos económicos del gobierno socialista, el gobierno Zapatero continuó las prácticas del gobierno Aznar, reduciendo los impuestos y aumentando su regresividad. Esta continua reducción de impuestos fue, sin embargo, la razón de que el déficit estructural del Estado aumentara considerablemente. Este déficit no se había detectado debido al elevado crecimiento económico, consecuencia primordialmente de la burbuja inmobiliaria, facilitada por las políticas neoliberales promovidas por el Banco de España cuyo gobernador, el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrado por Zapatero, no sólo no vio venir (lo que varios economistas de izquierda sí vieron venir) la crisis, sino que con sus políticas estimuló su aparición. El nivel de incompetencia de tal Gobernador ha sido extraordinario, pues ha sido una de las autoridades más responsables de la crisis que España está sufriendo. La famosa frase de que la banca ha mostrado su gran solvencia gracias al Banco de España, no se sostiene en base a los datos. Solvencia no quiere decir que no haya bancos que se colapsen. Solvencia quiere decir que los bancos realizan su función de proveer crédito a empresas y ciudadanos. Y los bancos españoles son los que dificultan más el acceso al crédito en la UE-15. Hoy España está en el ojo del huracán financiero debido en gran parte a las políticas fiscales de los sucesivos gobiernos (Aznar-Zapatero) y monetarias y financieras (del Banco de España y del Banco Central Europeo).

El aumento del gasto público social: 2004-2008

El gobierno socialista durante este periodo cambió significativamente las prioridades presupuestarias, traduciendo una mayor sensibilidad social que la que había proyectado el gobierno conservador neoliberal del presidente Aznar. El gasto público social aumentó significativamente, en parte debido a la presión de las izquierdas, tanto dentro del gobierno (el equipo del Ministro de Trabajo dirigido por Luis Caldera) como fuera (IU, IC-V, ERC, BNG). Pero este crecimiento de gasto público social se basaba, tal como dije anteriormente, en el notable crecimiento del PIB más que en aumento de los impuestos y de su progresividad, siguiendo políticas redistributivas. En realidad se continuó la política fiscal de bajada de impuestos y aumento de su regresividad, que junto con las políticas del mismo signo seguidas por el gobierno Aznar, establecieron las bases para el déficit estructural del Estado español. Cuando el crecimiento económico dejó de existir, el déficit real del estado apareció en toda su intensidad. Es más, la regresividad del sistema fiscal explica que un descenso relativamente menor del PIB (uno de los más bajos de la UE-15) se tradujera en un disparo del déficit tan elevado, y ello como consecuencia de que la mayoría de los ingresos al estado proceden de las rentas sobre el trabajo. De ahí que cuando el empleo baja, se dispara el déficit público. Y ahí está la raíz del problema que el gobierno no se atreve a enfrentar, pues significa cambiar 180º las políticas económicas y fiscales que ha ido haciendo estos años y que las derechas continuarán si gobiernan de nuevo. Se requieren reformas, incluidas las fiscales, muy sustanciales que enfrentarían al gobierno con los poderes fácticos, incluida la banca. Entre estas medidas estaría el convertir las cajas en bancos públicos, tal como ha propuesto ATTAC.

Ni que decir tiene que este cambio de políticas (exigido por la exitosa Huelga General) es poco probable que se haga por el gobierno Zapatero, y ello no porque no existan alternativas (que las hay, y los sindicatos y las izquierdas, tanto dentro como fuera del PSOE, las han señalado con propuestas concretas, específicas y realizables), sino porque requiere un cambio muy sustancial del pensamiento económico del gobierno, rompiendo con la Nueva Vía y con el socioliberalismo. La composición del equipo económico (que hoy llega incluso a alabar a las propias agencias de valoración de bonos oponiéndose al establecimiento de una agencia europea de evaluación de bonos, presentándose como la mejor aliada –junto con el gobierno británico- del capital financiero) hace esta posibilidad imposible. Es el dominio del dogma sobre la razón.

Y ahí está el mayor problema de Zapatero. Su filosofía de Nueva Vía le ha hecho enormemente vulnerable al neoliberalismo promovido por el establishment europeo, aceptándolo como inevitable. De ahí la necesidad de movilizarse –tal como están haciendo los sindicatos- no sólo para hacer cambiar estas políticas que nos están llevando al desastre, sino incluso más importante, para salvar la democracia en España, pues es inaceptable que hoy el gobierno español, haga lo que el gobierno Aznar hizo antes, imponer políticas impopulares utilizando el argumento de la inevitabilidad de las medidas, refiriéndose ahora a las exigencias de los mercados financieros como antes Aznar se refirió a la necesaria integración de España a la Unión Europea y a la Eurozona. La evidencia ha mostrado que España podría haberse integrado en la UE y en la Eurozona de otra manera (subiendo, por ejemplo, los impuestos, en lugar de bajarlos). Hoy, el mayor problema que tiene España es el elevado desempleo y escaso crecimiento, no el elevado déficit. El equipo económico de Zapatero considera este último el objetivo prioritario. No sólo no lo es, sino que el intento de reducirlo intensamente a base de reducir el gasto público está dañando la economía española.

El falso debate sobre el post-zapaterismo

Una última observación: una de las características que me impresionó más desfavorablemente de la cultura política y mediática española cuando volví de mi largo exilio, fue la definición de corrientes y sensibilidades políticas por el nombre de las figuras política a las que se atribuía la capacidad de representarlas. Aparecían, así, expresiones como guerristas, borrellistas, zapateristas, bonistas, y un largo etcétera. Nunca en Suecia, Gran Bretaña o EEUU (países en los que viví), las sensibilidades se han definido en los medios de esta manera, pues conlleva una visión ofensiva al concepto de democracia, que reduce la política a la competitividad entre personajes de la política. Y aun cuando esta competitividad interpersonal puede, como es lógico, existir, tal manera de definir las sensibilidades políticas es profundamente injusta hacia las personas que se identifican con tales sensibilidades, pues se las reduce a seguidores del personaje que define la corriente. Y es también injusto para el propio personaje, pues le da una excesiva responsabilidad que no tiene y espero que no desee.

Esta reflexión viene al caso sobre la discusión del post-zapaterismo, como si el debate se centrara en la figura de Zapatero.- De esta manera se están consumiendo gran cantidad de páginas y horas de tertulia sobre el futuro del Presidente, lo cual es bastante irrelevante. Y digo irrelevante, no como señal de menosprecio a la figura del presidente Zapatero (al cual tengo gran respeto), sino al hecho que al centrarse, de nuevo, en una persona, no se analiza lo que es más importante: la sensibilidad política que el Presidente representa y que está implícita en sus políticas desde sus inicios, y que significa una visión y unos intereses que quedan ignorados en este énfasis personal de la política. Pero no se resolverá la situación económica de España si se cambia una persona o varias personas (como el cambio de gobierno que tomó lugar esta semana) a no ser que se cambien sus políticas. No concuerdo con la crítica que se hace constantemente al Presidente Zapatero de excesiva volatilidad y cambio de políticas. Todo lo contrario, el Presidente, en lo esencial y estructural, ha sido de una enorme coherencia y sus planes respondían al planteamiento de una sensibilidad político-económica bien reflejada en su equipo y que, era la versión española de una sensibilidad existente y dominante en el centro izquierda europeo –el socioliberalismo o Tercera Vía- que nos ha llevado al lugar donde estamos, con el colapso de los partidos socialdemócratas en este continente. Y este socioliberalismo es hoy dominante en el establishment del PSOE. De ahí que los cambios necesarios para salvar al PSOE (y a España) sean mucho mayores de lo que se discuten y prevén. A no ser que el PSOE recupere su compromiso con la universalidad y extensión de derechos sociales, laborales y económicos, alcanzados a base de políticas fiscales redistributivas (que requerirán enfrentamientos con poderes fácticos) que corrijan los enormes déficits sociales que España tiene (el gasto público social por habitante continúa siendo el más bajo de la UE-15) el socialismo español no se recuperará.

Artículo publicado en Sistema Digital

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¿Puede romper la derecha españolista, unionista monárquica y anti-federal, España? Sí. El PP lo está haciendo, pero no solo ahora desde el gobierno del reino, sino ya antes desde las Comunidades Autónomas donde gobierna, por cierto ya casi todas.

Me explico: Para la derecha reaccionaria y ultra liberal del PP, España, es un territorio nacional único, propiedad de los propietarios, valga la expresión. Es decir de la clase poseedora y en el que el libre mercado capitalista en exclusiva, determina quienes dominan y quienes son dominados. Un mercado, protegido por un ejército, unas fuerzas de seguridad, representado por un monarca y dirigido por un gobierno de clase, de la clase poseedora o sus funcionarios, con unas leyes y convenciones que están por encima de los derechos y libertades ciudadanas, como desde que estalló la crisis capitalista está nitidamente claro.

Para el PP, la derecha neoliberal, todas y todos somos españoles y punto. Luego, mientras no se rompa ese mito de españolidad, ellos tan contentos. Pero, resulta, que hay clases. Personas ricas y pobres. Gentes con propiedades y otras solo con hipotecas. Paradas y parados y grandes empresarios. Altos cuerpos administrativos cuasi hereditarios desde el franquismo sin solución de continuidad y funcionarias y funcionarios que no llegan a fin de mes y están a ordenes de esos altos cuadros administrativos.

Resulta que hay autónomos, agricultores y agricultoras, endeudados, sin apoyos y al servicio e interés de grandes empresas o efectivamente grandes especuladores o aristócratas terratenientes.

Hay rentistas y hay precarios. Hay banqueros y hay desahuciados.

Existe una ruptura clara en las políticas que se están implementando, preparando, pero también aplicando ya, frente a los derechos sociales y las propiedades públicas, que se han malvendido o se van a seguir malvendiendo .

Es más, resulta curioso el desprecio existente por el estado. El estado, ya no es el liberal de siglo XIX, sino el del bienestar. El estado ciudadano y soberano, casi irreconocible ya.

El PP ha subido el IRPF de forma que carga de impuestos a los de abajo, para mantener la banca, pagar la deuda a la banca y por tanto a sus propietarios y grandes accionistas. El PP modifica los derechos laborales y congela el salario mínimo, para abaratar los costes de las clases poseedoras y pronto, si no lo remediamos impondrá el sistema alemán de miniempleos y por tanto minisueldos, para tratar de superar la crisis a base de mano de obra barata y pobre, pero que tiene el vicio de comer todas los días.

El PP ha roto España, quebrando el bienestar. Es cierto que otros, vergonzosamente le pusieron la alfombra para lograr su victoria. Cierto. Cierto también que el PP ya llevaba tiempo recortando derechos sociales y privatizando, regalando sector público.

El PP declara la guerra de clases. El PP rompe el estado iniciando una ofensiva contra las clases populares. No se trata de sacar al estado español de la crisis ¡¡mentira!! Se trata de salvar a los bancos y de lograr que los ricos, los poseedores, lo sigan siendo y lo sean más. El PP, que ha tenido vergonzosos colaboradores necesarios en el socioliberalismo -¿Porque Carmen Chacón y Rubalcaba no se enfrentaron nunca a Zapatero o a Elena Salgado o a Campa?- Ahora con su mayoría absoluta romperá España, haciendo pagar solo a unas, las personas de abajo, para sostener los negocios de los que están arriba, de los poderosos.

El PP debe encontrar una resistencia tan democrática como contundente de los y las de abajo. Rebelemos. Esta crisis, que además se profundizará aún más precisamente por las políticas de los y las que nos gobiernan, tal como prestigiosos y prestigiosas economistas nos están advirtiendo. Todo esto hará sufrir a muchas personas que verán sus proyectos de vida truncados y que ya sufren en silencio y temen. No es la hora de temer, es la hora de levantarse e imaginar nuevos y esperanzadores proyectos de futuro, que los hay.

Hay que reaccionar y ya. Humildemente convoco, llamo a reaccionar como ciudadano, porqué el PP, no solo ha roto ya España en dos, es que la va a hundir.

No diga congelar el salario mínimo, diga “mejorar la competitividad”. No diga violencia machista, diga “violencia en el entorno familiar”. No diga recesión, diga “tasa negativa de crecimiento económico”. No diga copago ni mucho menos repago: es un necesario “ticket moderador”. No diga recortes, diga “reformas”. No diga empleo precario, diga mejor “minijob”. No diga abaratar el despido, diga “flexibilizar el mercado laboral”. No los llame patronal o empresarios, llámelos “emprendedores”. No critique las rebajas fiscales a los más ricos, son “ayudas a los ahorradores”.

No hable de regalar dinero público a la banca con un banco malo, se trata de “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras”. No cuestione un gabinete de puerta giratoria, con los lobbies en el Consejo de Ministros: alabe su preparación empresarial. No critique a un ministro de Defensa que ha pasado los últimos 16 años a los dos lados del misil –comprándolos desde la Administración o vendiéndolos desde las fábricas de armas–: elogie su “experiencia en el sector”. No recuerde a Lehman Brothers, sus directivos nunca han sido responsables de lo que pasó.

No prometa ante la Constitución, mejor jure ante la Biblia. No hable de Estado aconfesional, elogie a dios como “legislador del universo”. No lo llame matrimonio, que las peras son peras, las manzanas son manzanas y la mujer-mujer es alcaldesa de Madrid. No diga Educación para la ciudadanía, diga mejor religión. Y deje de culpar al Gobierno del paro, de la situación económica o de la lluvia, que eso es cosa del pasado: ahora es culpa de la “herencia recibida” de la “hemorragia de la deuda”, de la “coyuntura económica general” y de la “crisis internacional”.

Y de la pertinaz sequía.

Actualización, unas horas después

No lo llame subida de impuestos: es un “recargo temporal de solidaridad”

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

Vuelve por sus fueros el Establishment, el Orden Establecido. Altos ejecutivos de la banca toman el poder en Europa. En España, las urnas, que no la mayoría del pueblo, entregan el poder político a un genuino representante de la derecha, registrador de la Propiedad por más señas. ¡Investido presidente del Gobierno nada menos que en plena Navidad! Adeste, fideles, laeti, triumphantes... Mariano Rajoy, el nuevo regidor de los destinos de España llega dispuesto a hacer una política económica como Dios manda.

Durante su campaña electoral, Mariano Rajoy aseguró que su objetivo en el Gobierno será“hacer una política económica como Dios manda, en la que la prioridad será generar empleo para reactivar la economía”.

Desde que comenzó a consolidar sus posibilidades como alternativa de gobierno, Rajoy ha invocado en numerosas ocasiones el mandato divino como guía de actuación multidisciplinar. Desde la política energética hasta el aeropuerto de Córdoba, todo ha de hacerse según lo manda Dios.

(La leyenda In God we trust está presente en los billetes bancarios de Estados Unidos de América del Norte.)

Y así, guiado por tan alta inspiración, Rajoy ha colocado al frente de la principal responsabilidad económica a un experimentado hombre del mundo financiero: Luis de Guindos.

Entre las reglas de oro del capitalismo, hay una que afirma que la banca siempre gana. No contenta con haber provocado la crisis económica, ahora ha colocado a sus hombres al frente de los Gobiernos de Europa. Empezando por Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que entre 2002 y 2006 fue vicepresidente para Europa de la banca Goldman Sachs.

Continuando por Lucas Papademos, el actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No elegido por el pueblo. Como Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002, falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs. Asimismo, Mario Monti, tras ser comisario europeo, fue nombrado consejero internacional Goldman Sachs en 2005.

La zorra guardando el gallinero. Tras los Draghi, Monti y Papademos manejando los destinos europeos, era previsible que la gran banca colocara otro de sus alfiles en España. Y Mariano Rajoy, el hombre previsible, mireusté, ha compuesto un Gobierno donde se dan cita los grandes lobbies económicos, fabricantes de armas incluidos. Y como guinda, con perdón, de este pastel ha designado ministro de Economía a Luis de Guindos, otro hombre de la banca que se encargará de ajustarles las cuentas a la gente española de a pie. Efectuando cuantos recortes económicos sean necesarios con tal de que la banca no pierda beneficios.

De Guindos, todo un profesional de las finanzas que, entre otras notables experiencias, puede anotarse en su currículo el haber sido el máximo responsable para España y Portugal de Lehman Brothers. El establecimiento bancario cuya caída en 2008 dio inicio a la actual crisis financiera.

Los lectores de este blog más entrados en años seguramente recordarán la opinión que Marx y Engels tenían del moderno Estado representativo. Al que calificaron como “el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Por su parte, Paul Lafargue, en su libro Por qué cree en Dios la burguesía, aporta más datos al respecto.

Vuelve el Orden Establecido en tiempo de Navidad. En grege relicto, humiles ad cunas, / vocatis pastores approperant./ Et nos ovanti gradu festinemus (He aquí que dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna / y nosotros nos apresuramos con paso alegre). Venite adoremus Dominum.

Carnet de paro

Este artículo cuestiona la percepción, ampliamente generalizada en sectores de la socialdemocracia española, de que el gobierno Schroeder realizó políticas que, a pesar de su impopularidad, las llevó a cabo para modernizar a Alemania. De esta manera se considera que el Presidente Zapatero sacrificó su gobierno y el partido socialista para salvar a España. El artículo señala que, en realidad, Schroeder sembró las bases para la crisis actual y el gobierno Zapatero no resolvió el problema grave que tiene España.

En círculos próximos al gobierno Zapatero se ha intentado presentar al Presidente Zapatero como el político que “se sacrificó para salvar a España”, comparándolo con el canciller Schröder de Alemania que, aunque era consciente de que iba a antagonizar a sus bases electorales con sus políticas de claro corte neoliberal, tiró adelante con ellas, pues creyó que con ello salvaba a Alemania de la situación de estancamiento económico en que se encontraba. Retrospectivamente parecería que los defensores de tales políticas llevan razón en el enjuiciamiento de la figura de Schröder como “el salvador de Alemania”. Este país parece ser el único  en la Eurozona que no tiene problemas con su deuda pública: los intereses de su deuda son los más bajos y estables de la Eurozona. Y la inflación y el desempleo son los más bajos de tal comunidad monetaria. Parecería, pues, que los mercados financieros tienen plena confianza hacia el Estado alemán que, con su rigor y disciplina, se ha convertido en el modelo y punto de referencia de los otros países de la Eurozona. Hasta aquí la percepción ampliamente promovida por los medios de mayor difusión que tienden a ser de sensibilidad neoliberal. Veamos ahora los datos.

Pero antes, es importante conocer el debate que hubo entre el presidente del gobierno socialdemócrata, el canciller Schröder y su ministro de Economía, Oskar Lafontaine, un debate de gran relevancia no sólo para Alemania, sino para el resto de la Eurozona y la Unión Europea (UE). Schröder dio toda prioridad en su política económica a estimular la economía a base de acentuar las exportaciones, lo cual significó una gran concentración de euros en Alemania, que se emplearon en comprar deuda pública de los países PIIGS y también en prestarlo a las bancas privadas de tales países (Grecia, Portugal, Irlanda e Italia), la suma de cuyos déficits comerciales es igual al superávit de Alemania.

Esta gran acumulación de euros la consiguió Schröder a base de reducir el porcentaje del valor producido (por la elevada productividad) que iba al mundo del trabajo, a costa de aumentar el porcentaje que iba al capital (es decir, al mundo empresarial de la banca y de las empresas exportadoras). Una condición para que Schröder pudiera conseguir esta situación fue el debilitamiento del mundo del trabajo, consecuencia de la aplicación de las medidas neoliberales del canciller Schröder (tal como también ha estado haciendo el gobierno Zapatero y que, sin ninguna duda, continuará haciendo el gobierno Rajoy). Un resultado de ello es que en Alemania se han perdido 2.1 millones de empleos a tiempo completo, siendo sustituidos por 1.1 nuevos puestos a tiempo parcial, medio millón de autónomos y otro medio millón de trabajos temporales. Es cierto que el desempleo es relativamente bajo, 7,1% (en comparación con el promedio de la UE-15) pero ello no se debe a las reformas de Schröder, sino al sistema de cogestión (en el que los trabajadores en las empresas participan en la gestión de las empresas) que facilita la retención de puestos de trabajo a base de reducir las horas de trabajo, transformando trabajo a pleno empleo en trabajo parcial o temporal. Resultado del debilitamiento del mundo del trabajo se ha conseguido reducir los salarios y la protección social. Alemania ni tiene salario mínimo y millones de alemanes tienen salarios de 400 euros al mes, la solución propuesta por la gran patronal española. El porcentaje de trabajadores pobres creció de un 15% en 1998 a un 22% en 2005.

No existe plena conciencia en los círculos mediáticos y políticos de la Unión Europea lo erróneo que es definir el modelo alemán, basado en las exportaciones, como modélico. El politólogo y economista alemán Fabian Linder ha escrito extensamente señalando el escaso éxito de tal modelo (ver “Following Germany’s Lead to Economic Disaster”).  El crecimiento económico alemán ha sido muy bajo y lento, debido a una escasa demanda doméstica, resultado del descenso muy notable de los salarios reales ocurrido como consecuencia de las medidas llevadas a cabo por Schröder y continuadas por Angela Merkel.

Schröder ganó aquel debate y Lafontaine perdió y, con él, la clase trabajadora alemana y las clases populares de los países de la UE. Lafontaine quiso basar el estímulo económico de Alemania en el crecimiento de la demanda doméstica, redistribuyendo el crecimiento del producto (producido por la elevada productividad) en dirección de los trabajadores. Con ello las importaciones habrían aumentado y las exportaciones habrían descendido, estimulando así las economías de los otros países de la Eurozona. En su lugar, el modelo Schröder, continuado con Merkel, quiere exportarse a todos los países, lo cual es imposible, pues la disminución de la demanda doméstica de todos los países está conduciendo a la Gran Recesión y Depresión, incluida Alemania.

En realidad, lo que estamos viendo es una alianza de clases entre la banca (y la gran patronal) en España y la de los países periféricos, en contra de los intereses de las clases populares alemanas y las de los otros países. Es, como bien ha dicho Jeff Faux, fundador de Economic Policy Institute, de Washington D.C., “la exitosa lucha de clases a nivel internacional”. Y ahí está el problema. El diseño del euro y de la Eurozona estaba orientado para que ocurriera lo que está ocurriendo. Al impedírsele a un país que pudiera devaluar su moneda, éste se vio en la necesidad de devaluar sus salarios y debilitar su protección social. Éstas eran las dos alternativas que siempre se presentaban como las dos únicas posibles. Pero hay otra, y es la respuesta colectiva a base de estimular la economía mediante políticas expansivas, tanto de subidas de salarios como de aumento del gasto público, mejorando la infraestructura física y social del país, tal como ocurrió con el New Deal en EEUU y con el Plan Marshall En Europa después de la II Guerra Mundial, y tal como también proponía Oskar Lafontaine para Alemania y para la Unión Europea. El hecho de que este último perdiera en aquel conflicto fue una gran oportunidad perdida para Alemania y para todos. Y algo semejante ha ocurrido con el gobierno Zapatero. Sería de desear que el PSOE en su necesaria autocrítica del gobierno Zapatero fuera consciente de ello. Ni que decir tiene que tal gobierno hizo reformas positivas y algunas de ellas muy positivas. Pero, su talón de Aquiles fue su política económica que fue de clara orientación neoliberal y que debiera cambiarse profundamente, con un cambio de personal que dudo que se realice. Hasta ahora no ha ningún asomo de crítica de tales políticas.

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