María del Pilar Barceló

Concluida la evaluación de las Políticas de Consumo del Govern Balear (ver “Attac en el Fòrum de la Ciutadania – III”), se convocó una sesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 26 de julio. Esta sesión puede considerarse novedosa en su forma y su contenido en comparación con lo que había venido siendo el trabajo del Fòrum.

En cuanto a su forma porque no sólo participaron los miembros del Fòrum en sentido estricto (Presidente, Vicepresidenta, vocales y Consejo científico), sino que asistieron consellers y altos cargos del Govern balear y además estuvo abierta a todo tipo de entidades del mundo asociativo, que acudieron masivamente llenando el salón del Laboratori d’Arquitectura Francesc Quetglas, donde se celebró el acto. Además la sesión pudo seguirse en tiempo real en la Red a través del programa Twitter.

En cuanto a su contenido porque en esta ocasión por vez primera el president Francesc Antich expuso ante la concurrencia las líneas generales de la política de su Gobierno y contestó las preguntas que libremente pudieron formular todas las personas asistentes.

El president, informado de la importancia del trabajo del Fòrum para el conseller de Presidència, consideró que tenía el deber de comparecer ante este órgano cuya finalidad es potenciar la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía.

En su exposición el president situó al Fòrum de la Ciutadania como un ámbito de reflexión, en un entorno poco proclive a ella. Los medios de comunicación abordan la información a golpes de titular, sin profundizar en los contenidos políticos, y predomina una perspectiva presentista que se limita a hacer frente al día a día sin planificaciones a largo plazo. A ello contribuye la caducidad de las legislaturas.

Antich abordó primeramente el contexto en el que nos movemos de crisis provocada por la desregulación del sector financiero, agravada en nuestra sociedad por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el elevado endeudamiento. Teniendo en cuenta el incremento de la población poco cualificada durante los años anteriores, atraída por el boom de la construcción, ello se ha traducido en unas mayores tasas de desempleo y pérdida de la productividad.

En ese contexto es evidente que no se pueden eliminar las incertezas, pero sí asegurar nuestra posición con un proyecto claro y participado, con implicación de los diversos sectores económicos y sociales. Apuesta por la concertación de las políticas con sindicatos, empresarios, etc., con el fin de que las políticas que aplique el Govern sean también seguidas por los agentes sociales y económicos y no se produzca una divergencia entre la actuación de uno y otros que acabe neutralizando los esfuerzos.

Por otra parte hemos de ser conscientes de que si bien se ha mejorado la financiación, la crisis ha provocado un aumento de las necesidades sociales a la par que un déficit en los ingresos por impuestos que se mantendrá en los próximos años. Se ha de reducir el gasto en unos trescientos millones de euros y ello obliga a priorizar las políticas sin perder una perspectiva de mayor alcance en cuanto al modelo, potenciando siempre la economía productiva frente a la especulativa.

A partir de ahí el president destacó algunos aspectos del modelo del Pacte:

- En primer lugar, la necesidad de reforzar la educación y la formación. Indicó que el 60% de los parados tienen únicamente el nivel de estudios obligatorio o ni siquiera llegan a eso, mientras que las empresas reclaman trabajadores con mayor preparación.

- Sostenibilidad. Todo lo relacionado con la sostenibilidad ha de caracterizar la economía del futuro. Supone mayor calidad de vida y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. Esto no ha de ser una “maría” sino un socio necesario de la economía del turismo. No se ha producir un crecimiento desmesurado que destroce el territorio. Racionalizar la energía y potenciar las energías renovables. No perder ni una gota de agua. Impulsar el transporte público.

- Diversificación del sector servicios. Las comunidades autónomas que mejor han resistido la crisis son las que tienen mayores tasas de diversidad. En Illes Balears el sector servicios representa un 80% del PIB, y un 60% de nuestra economía proviene del turismo. Se ha de impulsar la I + D y las nuevas tecnologías. Emprender nuevos caminos: medio ambiente, atención a las personas, náutica, aeronáutica, eficiencia energética.

- Construcción: apostar por la rehabilitación.

- Aeropuerto. La CAIB quiere participar en la gestión, no aceptamos su privatización.

- Infraestructuras “silenciosas” (centros de salud, etc.). Constituyen un plus añadido a la oferta turística, que contribuye a diferenciarla de otros destinos competidores.

Constató que somos la única comunidad que en los últimos seis meses ha rebajado el paro y la que tiene más emprendedores.

Abordó una última cuestión: política y desafección de los ciudadanos. No hay nada fuera de la política y la crisis sin política no se soluciona. La crisis deriva de la aplicación de determinadas políticas y la solución radica en seguir unas políticas diferentes.

A continuación pasó a contestar las preguntas formuladas por los asistentes. Como había consumido mucho tiempo en su exposición quedó poco para las preguntas, pero prometieron que se respondería posteriormente a todas las que quedaran pendientes de contestación. Destacamos dos bloques de preguntas.

Un primer bloque se refirió a los recortes presupuestarios. Antich indicó que en gran parte vienen impuestos a nivel estatal, y en último término también por exigencias de la Unión Europea, que acordó un recorte de 750.000 millones para dar soporte al euro. Por ello los principales países de la Unión -y entre ellos España- se han visto obligados a aplicar recortes presupuestarios. Por tanto la Comunidad Autónoma está condicionada por la normativa que con este fin se ha aprobado a nivel estatal. Lo que se ha de valorar es la perspectiva en la que nos ubicamos. Durante el gobierno de Aznar se priorizaron las privatizaciones y la reducción de lo público. Ahora se piden esfuerzos pero para salvar el Estado de Bienestar. Se han de racionalizar algunas políticas para preservar el Estado de Bienestar.

Otro bloque se refirió a la corrupción.  Antich manifestó que había intentado no entrar en un juego de lanzársela a la cabeza a determinadas fuerzas políticas porque se requería el consenso de todas para adoptar medidas. Así se ha podido aprobar la Ley del Sector Público por unanimidad.

La corrupción además de suponer un ataque al Estado de Derecho ataca también al sistema productivo de la CAIB al alterar la libre competencia.

Incrementar la interrelación de la sociedad civil y la participación también contribuye a reducir la corrupción.

Con ello se dio por concluido el acto.

María del Pilar Barceló es la representante de Attac Mallorca en el Fòrum de la Ciutadania

Tras la sesión de 14-12-2009 –ver en esta web “Attac Mallorca en el Fòrum de la Ciutadania (II)”-, a comienzos de 2010 el Fòrum reanudó su actividad con la finalidad de evaluar las políticas de consumo de la Conselleria de Salut y Consum.

Varias incidencias han dificultado el trabajo. Unas, relacionadas con la suspensión del funcionamiento de la herramienta informática utilizada; otras, con los cambios del personal responsable de la moderación del Fòrum y de la evaluación, tanto en la Dirección General de Calidad como en la Dirección General de Consumo; también con malentendidos derivados de una deficiente información de la organización a los miembros del Fòrum.

Ya en mayo (y con una preocupante baja participación hasta ese momento) se decidió que los vocales de cada isla tuvieran una reunión presencial con la Directora General de Consum, Concha Obrador y otros responsables de las políticas de consumo, que tuvo lugar el 18 en Menorca (con una asistencia de dos vocales); el 19 en Mallorca (con una asistencia de diez vocales); y el 26 en Eivissa (con una asistencia de cuatro vocales). Las reuniones fueron provechosas ya que se tuvo la oportunidad de dialogar con la Directora y pedirle toda clase de explicaciones y aclaraciones; más aún, a petición de los asistentes la Dirección aportó al Fòrum nueva documentación que resultó de gran utilidad para ultimar la evaluación de las políticas de consumo.

El 18 de junio tuvo lugar la última sesión presencial, a la que siguiendo la tónica de baja participación de estos meses asistieron veintidós vocales (de setenta y cinco).

En el curso de esta sesión intervino Elke Löffler, experta en Gobernanza internacional, cuya conferencia versó sobre la interacción entre la ciudadanía y la Administración, y sobre diversos ejemplos de voluntariado en otros países.

Después el Pleno se dividió en dos grupos de trabajo y evaluación de las políticas de consumo. La suma aritmética de las conclusiones de uno y otro hizo que las conclusiones conjuntas en algunos aspectos resultaran contradictorias:

Lo que la Dirección General de Consumo hace bien es:

1. El arbitraje es un buen medio para resolver las controversias de consumo y acercar la Administración al consumidor.

2. Hay la percepción de que las campañas de la Inspección de Consumo son útiles.

3. La información que da la DG a los consumidores (folletos, página web, programas de radio) es suficiente.

4. El tiempo de respuesta en las reclamaciones de consumo es adecuado.

5. La formación de los funcionarios que atienden a los consumidores es adecuada.

La ciudadanía percibe que Consumo se encuentra en la calle.

6. Son necesarios inspectores de consumo cualificados para inspeccionar los servicios (banca, aseguradoras, inmobiliarias).

7. La ubicación de las dependencias de Consumo, especialmente las que atienden a los consumidores, es adecuada.

Lo que Consumo no hace bien es:

1. Son necesarios inspectores de consumo cualificados para inspeccionar los servicios (banca, aseguradoras, inmobiliarias).

2. El tiempo de respuesta en las reclamaciones de consumo es adecuado.

3. La ciudadanía percibe que Consumo se encuentra en la calle.

4. Hay la percepción de que las campañas de la Inspección de Consumo son útiles.

5. La ubicación de las dependencias de Consumo, especialmente las que atienden a los consumidores, es adecuada.

6. La información que da la DG a los consumidores (folletos, página web, programas de radio) es suficiente.

Respecto a lo que Consumo no hace y debería hacer, el resultado por grupos es el siguiente:

Grupo 1.-

1. Compromiso de consumo responsable en la Administración (criterios sociales, éticos y ambientales).

2. Fomento del consumo responsable entre la ciudadanía (criterios sociales, éticos y ambientales).

3. Informar de la evaluación de calidad de los productos de consumo.

4. Trasladar la política de la DG de Consumo a toda la Administración.

5. Autorregulación, control y evaluación de la publicidad.

Grupo 2.-

1. Publicar las sanciones impuestas (cuantía y empresa sancionada) y que esta información aparezca de forma permanente en la web de la DG de Consumo.

2. Hace falta más inspección de servicios y menos de productos.

3. Las campañas se han de centrar más en las empresas que tienen mayor porcentaje de denuncias.

Aumentar las sanciones de consumo y ser más duros contra los infractores.

Ayudar a los consumidores a comprender los contratos.

4. Consolidación y generalización de la formación en materia de consumo en las escuelas.

En cuanto a la evaluación global de las políticas de consumo, del 1 al 10 ha arrojado un resultado de 5’65 puntos.

La Directora General agradeció al Fòrum su trabajo, anunció que intentaría incorporar los resultados a su gestión y animó al Fòrum a continuar trabajando en esta línea de ciudadanía crítica para la mejora de las Administraciones públicas.

Asimismo se anunció que la próxima evaluación será sobre las políticas contra el fracaso escolar, como había solicitado el Fòrum en su pasada reunión de 14 de diciembre de 2009.

María del Pilar Barceló es Representante de Attac Mallorca en el Fòrum de la Ciutadania

Aquest va ser l’il·lustratiu títol de la conferència a Palma de Carlos Jiménez Villarejo.

Dijous passat varem tenir el plaer d’escoltar les paraules intel·ligents i sensates del prestigiós jurista sobre la corrupció, tema de gran repercussió en aquests moments a les Illes Balears. Aquest fet té un doble vessant; negatiu, ja que és una desgracia per qualsevol territori tenir tants de casos de “presumpta” corrupció, i positiu, perquè aquests casos per sort han sortit a la llum i poden ser jutjats. Tal i com va dir el Sr. Carlos Jiménez Villarejo, gràcies als fiscals i als jutges d’aquestes illes, que amb pocs mitjans fan una gran feina.

En aquests moments a les Illes Balears hi ha uns 24 procediments oberts per corrupció, alguns d’una gran complexitat. A tot l’Estat Espanyol, el mes de novembre hi havia 594 procediments oberts, segons la Fiscalia General de l’Estat.

Aquesta és una situació crítica per l’estat de dret i per la democràcia del país i les seves institucions.

El GRECO (Grup d’estats contra la corrupció ), organisme de la Unió Europea, en el seu darrer informe va denunciar l’absoluta falta de transparència dels partits polítics espanyols, la gran vulnerabilitat que tenen davant els bancs, per les condicions especials de préstec de què gaudeixen, i l’opacitat total de les fundacions i empreses que funcionen al seu voltant.

Quan es parla de corrupció política hi ha dos grans àmbits de responsabilitat, la responsabilitat jurídica i la responsabilitat política. Per tant no només ens va parlar de les responsabilitats judicials de la corrupció, sinó també de les seves responsabilitats polítiques, i dels mecanismes que s’haurien de posar en marxa perquè sigui cada cop més difícil que aquestes situacions es puguin tornar a donar.

Hi ha d’haver respostes que vagin a les arrels del problema. En primer lloc i el més important, és necessari, ja d’una vegada, una gran transparència en tot el relacionat amb la gestió dels diners públics.

Cal acabar amb la corrupció des de l’interior de l’estat democràtic amb reformes de diferents lleis, lleis molt relacionades amb els casos de corrupció que s’han donat fins ara: la llei de finançament dels partits polítics, les lleis de contractació pública, la llei de règim local, i les lleis del sòl. Hi ha d’haver una autèntica regulació de la llei d’incompatibilitats i els conflictes d’interessos, tant a nivell municipal, com autonòmic.

S’han d’incrementar les penes pels delictes de corrupció, i exigir la restitució integra dels diners.

Quan una classe política té tants de casos de corrupció oberts, com aquí i ara, de manera destacada en alguns partits polítics, aquests haurien de fer una reflexió profunda per implementar una total transparència i un codi ètic estricte, que no es quedi en una simple rentada de cara.

Els partits haurien de publicar a les seves pàgines web, les despeses i ingressos que tenen cada mes.

La participació ciutadana, i de les entitats i associacions socials es podria articular si a cada institució, ajuntaments, consells insulars i Comunitat Autònoma hi hagués consells integrats per diferents entitats i associacions, que poguessin tenir informació exacte de com es gasten els diners públics, consells urbanístics amb accés a la informació sobre tots els temes i decisions urbanístiques que es prenen, i també hi hauria d’haver òrgans de control amb participació ciutadana per vigilar el compliment dels conflictes d’interessos dels polítics.

Les entitats ciutadanes hem d’exigir als partits que deixin el joc de la representació i articulin ja, sense més dilacions, les mesures necessàries per acabar amb aquest autèntic càncer de la democràcia i de la dignitat del nostre poble que és la corrupció.

Aquesta conferència va ser organitzada per l’Assemblea de Moviments Socials de Mallorca (de la qual forma part ATTAC Mallorca), amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats, dins els actes que duen a terme les entitats de la Plataforma contra la corrupció i per la dignificació de la democràcia.

María del Pilar Barceló

Con el comienzo de curso se reanudó la actividad del Fòrum de la Ciutadania.

Durante el último trimestre de 2009 el Govern solicitó que el Fòrum identificara las principales preocupaciones de los ciudadanos de las Islas Baleares. El Fòrum señaló las siguientes: el paro, la corrupción, la vivienda, la economía, el medio ambiente/cambio climático. A continuación se nos pidió que las priorizáramos por orden de importancia, y el resultado fue que dos de ellas quedaron situadas muy por encima de las restantes: el paro/economía y la corrupción.

El 14 de diciembre tuvo lugar la segunda reunión presencial del Fòrum. Sara Alonso intervino en nombre del conseller de Presidencia y presidente del Fòrum (que no pudo asistir) para explicar los avances realizados por el Govern en la línea de trabajo sobre políticas de integridad que el Fòrum abordó el curso pasado. La Sra. Alonso comunicó que el Pacte había acordado añadir a los acuerdos iniciales una addenda sobre integridad y transparencia. Además se estaba trabajando en la elaboración de la Ley del Sector Público, la Ley de Publicidad institucional, la Ley del Suelo (con el fin de favorecer la transparencia urbanística), y una Ley de Buena Administración y Buen Gobierno. También se proyecta crear una Oficina para la Transparencia y la Integridad, cuyas funciones aún no se han concretado. Finalmente se aprobó un Código de Buen Gobierno.

A continuación Fernando Monar, secretario del Fòrum y director general de Calidad de los Servicios de la Conselleria de Presidencia, expuso una ponencia sobre evaluación de las políticas y servicios públicos.

Después tuvo lugar el trabajo en grupos de los vocales del Fòrum, que se estructuró en torno a dos ejes: propuestas para mejorar el trabajo del propio Fòrum y elaboración de un listado de micropolíticas que el Fòrum desearía evaluar. Con este fin los días anteriores los vocales ya habían ido formulando sus propuestas en las líneas de debate del Fòrum, que se sometieron a votación en la sesión presencial. Las más votadas fueron las siguientes:

- Políticas contra el fracaso escolar.

- Políticas de prevención de la marginación y de los conflictos interculturales en las políticas autonómicas de educación y urbanismo

- Políticas de externalización de servicios y privatización de servicios públicos.

- Políticas contra el paro juvenil.

- Políticas de tratamiento de las drogodependencias y otras adicciones.

La sesión concluyó con una intervención de la representante de Attac Mallorca y vicepresidenta del Fòrum, quien destacó la relevancia de que el Gobierno hubiera optado por un instrumento participativo de evaluación de los servicios públicos y políticas y programas públicos en vez de por un órgano técnico, ya que ello implicaba la voluntad de aumentar la rendición de cuentas a la ciudadanía y la calidad democrática y sin duda tenía sus riesgos, pues los ciudadanos somos exigentes. Queremos una política de calidad, políticos de calidad y políticas de calidad.

Una política de calidad guiada por la voluntad de servir a la ciudadanía y al bien común y no por estrategias de partido para obtener o perpetuarse en el poder, ni por personalismos de quienes pretenden hacer de la política su profesión. Una política guiada por la voluntad de atender del mejor modo posible las necesidades de quienes habitamos esta tierra y afrontar la difícil situación económica en que nos encontramos, en vez de una política de la descalificación permanente y de maniobras obstructivas para ganar protagonismo en los medios de comunicación o para otras finalidades más inconfesables.

Políticos de calidad, no ya que sean honrados, sino que además lo parezcan, y ahora hay demasiados que no nos lo parecen y deberían irse a su casa.

Políticas de calidad, ejecutadas con transparencia y eficacia, evaluando su efectividad social. Queremos que el dinero y los recursos públicos se utilicen adecuada y útilmente.

La representante de Attac señaló que si no tenemos todo esto o si lo que tenemos puede mejorarse la respuesta ciudadana no ha de ser la inhibición, sino la palabra, la presencia y la exigencia. Hoy más que nunca es necesario estar, hablar, exigir responsabilidad y responsabilidades, y para eso están los miembros del Fòrum, que también están obligados a dar una respuesta de calidad en la medida en que asumen la representación de la generalidad de los ciudadanos.

María del Pilar Barceló es Representante de Attac Mallorca en el Fòrum de la Ciutadania

Mercedes Mariani

El 12 de diciembre una manifestacion ciudadana se plantó en el pleno del ayuntamiento de Palma para protestar por aquellos cargos públicos que estando imputados por casos de corrupción, no han dejado su puesto en el Ayuntamiento. Lo interesante de esta manifestacion es que no fue convocada por ningun partido politico si no que se organizó desde una página de facebook con el nombre de El Hombre del Frack.

El vídeo es una producción de Barri.tv
Visita: barri.tv

María del Pilar Barceló

Saltarse un semáforo en rojo es una infracción administrativa (además de un acto antisocial que genera un grave riesgo para otros conductores y peatones), lo vea o no lo vea un agente de la Policía Local y resulte sancionado o no este hecho. Nadie va por ahí diciendo que saltarse un semáforo en rojo sólo es una infracción cuando se ha conseguido sancionar al conductor. Pero cuando se trata de corrupción, la clase política -que es la principal interesada en minimizar su relevancia- desde hace años está haciendo campaña para que se instale en el imaginario colectivo la idea de que sólo hay corrupción cuando hay una sentencia penal firme. Da igual si las evidencias son muchas, mientras no haya sentencia penal firme de signo condenatorio los políticos implicados, su partido (que no quiere quedar mal) e incluso sus aliados políticos (en la medida en que esto pueda afectar a los pactos contraídos) sostienen a coro la tesis de que hasta que haya sentencia condenatoria lo que rige es la presunción de inocencia, y por tanto se actúa como si no pasara nada. Sólo desde esta perspectiva tiene alguna lógica la discusión sobre los diversos momentos y aconteceres del procedimiento penal y el intento de vincular las dimisiones o los ceses a esos diversos trámites. Unos hablan de que los implicados deben dimitir con la imputación, otros sólo cuando se adopten medidas cautelares, y últimamente algunos ya proponen el momento de apertura del juicio oral. Vamos muy mal. Mucho.

A los ciudadanos nos da la impresión de que los políticos, conscientes de la duración de los procedimientos judiciales, se dedican a pastelear, qui dia passa s´any empeny, confiando en que la legislatura terminará antes de que existan sentencias firmes. Pero no nos van a confundir.

- La corrupción es corrupción, haya o no sentencia penal condenatoria.

Puede haber actos éticamente corruptos que no estén adecuadamente reflejados en el Código Penal. Esta deficiencia legislativa no convierte el acto corrupto en ético.

Puede haber actos que aún estando penados no llegan a ser objeto de un pronunciamiento judicial condenatorio porque el delito ha prescrito; la prueba es insuficiente para acreditarlo con la contundencia requerida en el ámbito penal (quizá porque los mismos autores de los hechos se han encargado previamente de destruirla); la acusación se ha equivocado al encuadrar jurídicamente los hechos y el juez por aplicación del principio acusatorio no puede optar por otra calificación; o por otras razones similares. Ninguna de estas circunstancias altera la naturaleza del acto corrupto ni sana la podredumbre que le afecta.

- Los ciudadanos no queremos que se mantenga a los corruptos en sus puestos ejerciendo funciones públicas. Lo relevante para adoptar una decisión es que existan evidencias, no necesariamente en el curso de un procedimiento penal.

- Estamos en estado de emergencia. La clase política debería ser consciente de ello. La extensión y gravedad de la corrupción detectada, el despilfarro, el desprecio más absoluto por el interés público y la persecución del lucro individual (o partidista) por cualquier medio que todos percibimos a través de las informaciones que vamos conociendo, configuran una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. La prudencia que quizá sería comprensible ante la aparición de algún caso aislado no se puede mantener cuando la sospecha se extiende a ámbitos políticos tan extensos, hasta el punto de afectar letalmente a la credibilidad de las instituciones y los partidos. Necesitamos urgentemente una clase política en la que poder confiar.

Pietro Grasso acierta con el diagnóstico, aunque en su caso se refiera a la mafia: “Se parallelamente all’azione della magistratura non si sviluppa una nuova classe dirigente che non si limiti ai proclami verbali ma pratichi quotidianamente la legalità, la mafia non tramonterà mai” (Per non morire di mafia, 2009). Si paralelamente a la acción de la judicatura no se desarrolla una nueva clase política que no se limite a hablar de legalidad mientras sus hechos nos dicen otra cosa, la corrupción pública no va a desaparecer, y desde luego nadie volverá a votar, porque decir que no, que no vamos a ser cómplices de quienes nos saquean en vez de gobernarnos, es lo único que nos va a quedar.

http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com/

Martí Canyelles

Era el 1979 quan el malaurat geògraf Albert Quintana explicava el territori mallorquí com a fruit d’uns desequilibris econòmics que generaven diferents tipologies de poblament: ciutats, pobles-dormitori, pobles industrials, zones turístiques perifèriques… i que imposaven desplaçaments obligats de la població, diaris i estacionals.

Trenta anys després, aquest desequilibri territorial no ha fet més que aprofundir-se i agreujar-se, al mateix temps que desapareixien les formes de vida i de producció tradicionals: en primer lloc, la pagesia, però també els petits comerços familiars, les ocupacions autònomes i la diversificació de la producció.

El Pla Director de Carreteres, elaborat durant el govern PP i recuperat per l’actual govern pretén ésser una resposta a aquesta realitat de desequilibris regionals i facilitar els desplaçaments massius de la població. Incorpora uns exhaustius estudis estadístics de demografia, sectors econòmics, centres comercials etc….

El que passa, és que les dades estadístiques són una doble arma: es poden utilitzar per a compensar i reconduir una realitat o com a eina per a justificar unes actuacions, moltes vegades decidides “a priori”.

Per què deim no al Pla de Carreteres?

1.- Perquè fomenta encara més els desplaçaments de població en automòbil.

Fins ara s’havia anat configurant una zona residencial entorn a Palma i pobles propers. El Pla converteix tota Mallorca en una gran zona periurbana residencial. El seu objectiu és facilitar els desplaçaments diaris lloc d’habitatge – lloc de treball – lloc de compra – lloc d’oci, augmentat per tant la circulació en automòbils de manera exagerada.

2.- Perquè consumeix territori i destrueix el paisatge

La comarca del Pla de Mallorca és el darrer reducte de l’activitat agrícola i conserva amples espais rurals dedicats a activitats agrícola-ramaderes tradicionals. Un paisatge – mosaic de petits camps de sementers, figuerals, garriga, horta …….

La Serra de Tramuntana no ha sofert encara els impactes urbanístics –llevat de punts molt concrets-. Les carreteres suposaran un important increment de l’afluència de gent, amb el conseqüent impacte mediambiental sobre els ecosistemes naturals i a mitjan termini faciliten la seva urbanització.

3.- Perquè genera desequilibris econòmics i destrueix les formes de vida tradicionals

Els pobles, a més de nuclis d’activitat agrària, s’han caracteritzat per mantenir fins ara formes de producció autònomes, en petites empreses artesanals, comerços, botigues… que permetien a les families cobrir les seves necessitats dins el seu entorn natural.

Una de les justificacions que explícitament justifica el Pla és la necessitat de facilitar els accessos a les grans superfícies. On estan sinó situats els grans comerços? I a qui beneficien?

4.- Perquè a mitjan termini destrueix el turisme alternatiu.

Quants turistes –i mallorquins- no practiquen el ciclisme sobre les nostres carreteres?

Quan es parla de reconversió turística, de la necessitat de superar l’estacionalitat del turisme de “sol y playa”, per fomentar un turisme de més qualitat, més rendible i menys agressiu amb els recursos naturals, el paisatge esdevé un valor de primer ordre.

5.- Perquè fomenta la contaminació

Quan encara no s’ha fet un Pla Territorial satisfactori que doni solucions a la mobilitat de població, fixant actuacions prioritàries de foment del transport públic, i deixant el transport privat com a solució marginal.

En uns moment en que els estats de la Unió Europea s’han compromès a reduir les emissions de CO i d’energia. Quina és la nostra contribució a la lluita contra el Canvi Climàtic?

6.- Perquè és un model desenvolupista

Que continua amb el model de creixement accelerat i absurd dels anys anteriors.

Quan la crisi econòmica està colpejant intensament les economies familiars. Aquesta crisi, contràriament al que ens volen fer creure els polítics és una crisi estructural, que fa inajornable un nou model econòmic que compensi desigualtats i sigui més respectuós amb els recursos naturals. Oblidar això és una greu irresponsabilitat dels polítics.

7.- Perquè és una tudada de diners

Quan els mallorquins devem més de 3.000 milions d’euros….

Dos mil milions d’euros en carreteres, que s’haurien de destinar a compensar les desigualtats econòmiques i a fomentar polítiques socials: medicina pública, educació pública, transport públic…

8.- Perquè no arregla despropòsits anteriors

Els greus problemes provocats per les autopistes, les zones inundades com a conseqüència de la interrupció de cursos d’aigua, els camins tallats, els passos subterranis que s’inunden ….. Quan encara no s’han connectat els polígons industrials de Santa Maria, Consell, Binissalem … amb l’autopista, el trànsit rodat intensiu, els camions d’elevat tonatge i les mercaderies perilloses segueixen fluint per les velles carreteres, travessant pobles….

9.- Perquè destrueix el patrimoni cultural mallorquí

de parets de pedra seca i de marjades amb segles d’antiguitat, de l’entramat de camps i de camins que comuniquen les petites propietats agràries

10.- Perquè seguim en mans de polítics presumptes corruptes

Ni un “loco” deixaria els seus negocis en mans de gerents implicats en casos de corrupció. Fins que els tribunals no resolguin, el cessament d’aquests polítics ha d’ésser una condició prèvia a l’aprovació de qualsevol projecte.

I finalment, jo m’opòs a aquest pla de carreteres perquè estim aquesta meva, malmenada, dissortada terra.

I qui estima Mallorca, no la destrueix

En un entreacto de la tragicomedia de Valencia, anunciado con sabrosos anticipos el estreno de la trama de Madrid, irrumpe en escena Mallorca, fuera del programa Gürtel. El ex presidente balear, Jaume Matas, ha sido imputado por el juez en el caso “Palma Arena”, un velódromo que costó más del doble de lo previsto -pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones, de euros claro está- y que ya ha producido 4 sentencias de cárcel a miembros del entonces gobierno del PP en la isla. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular, por la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. El valor de su vivienda se ha tasado en 2,47 millones de euros y él pagó menos de un millón. El PP (sección insular, en este caso) se ha apresurado a decir, lo de siempre, que celebra que Matas “al fin” podrá ofrecer explicaciones y defender “su gestión y su honor”.

Los socialistas de Baleares acudieron en su día al Registro de la Propiedad para comprobar qué contenía la ganga adquirida por Matas en 2004, a la que todos llaman “el palacete”. Situada en una de las zonas más caras  de Palma, sus orígenes se remontan al siglo XVI. La vivienda ocupa la primera planta noble de una mansión señorial, catalogada y protegida. Es una casa de 475 metros cuadrados en 11 piezas, que con balconadas, terrazas, escalera histórica propia, galerías, garaje y un jardín de su uso exclusivo alcanza los 727 metros. En un entorno monumental renacentista, los cuerpos desnudos de Adán y Eva, dos cariátides de piedra, una corte de ángeles con guirnaldas y escudos, y muchas testas en capiteles y columnas adornan puertas y ventanas. Tiene “una de las más bellas fachadas de Palma, un raro ejemplo de arte manierista”, según su vendedor, el arquitecto Giuseppe Violante. El asunto ha tenido hasta ahora un largo recorrido judicial.

Pues bien, Hacienda devolvió en 2006 al entonces president del Govern de Balears por el Partido Popular (PP), 866 euros y anotó de patrimonio, tras la compra de la casa, 481 euros a abonar. Las rentas de trabajo brutas de 2006 fueron: 72.962 del Govern; 19.914 del Parlament; y otros 930 euros de la Comunidad Autónoma.

De mi cosecha particular, puedo aportar mi sorpresa por cómo Bruselas, llamó la atención a España por su “modelo de contratación de obra pública”. Dijo que España tenía que acabar con una estrategia legal que consideran fraudulenta. Somos el único país en el que, mediante una cláusula, la constructora puede incrementar el precio por encima del de adjudicación. La UE dice que se acabó el llamado “denominador modificado”, y que hay que hacer como los demás: cobrar lo presupuestado. Y entonces, para mi libro, encontré que las autopistas de Mallorca, por ejemplo, costaron un 66% mas de la valoración inicial. Según, otra vez, el Diario de Mallorca, el convenio establecido con el Ministerio de Fomento fijó un gasto de 205 millones de euros, el Gobierno del PP las adjudicó por 274 y, finalmente, terminaron en 340 millones de euros. Gobierno de Matas igualmente. Que se sepa, no hay investigación alguna sobre el tema. Es legal. ¿O no?

No sé vosotros, pero yo necesito que Jaume Matas me lo explique. Dejó el gobierno balear y ahora vive en Nueva York, una ciudad que adoro. Seguro que no en un apartamentillo del Bronx. Tendrá que venir a declarar por su imputación a España. Estos señores tienen acceso a abogados que cobran como poco 300 euros a la hora. Con cronómetro. Es decir, que los típicos “Buenas tardes, qué calor hace, he dado tres vueltas para aparcar” salen por unos 30 euros. Pero son eficaces, claro que sí.

Renuncio a contar mi injusto drama con Hacienda que podría llevarme en su día a una residencia de ancianos ¡de la comunidad de Madrid, dios mío!, pero ¿estas cifras de Matas os cuadran? Yo necesito que nos lo explique. Aunque… el tramposo siempre perjudica al resto de la sociedad, lo que uno enmascara o roba han de pagarlo los demás. Desde la economía sumergida a estos obscenos desatinos que nos vemos obligados a contemplar.  No es cosa de chistes, y el “pues yo también quiero”. Es imprescindible que todos juguemos limpio, que lo exijamos. Un palacete en lo mejor de Palma, con cariátides y todo, ángeles con guirnaldas y escudos ¡qué tierno! y ¿Hacienda le devuelve dinero? Menos mal que finalmente les extrañó. Pero ya digo, hay abogados excelentes en este país, y la adormecida comunidad social no se inmuta. Claro que, igual es legal todo, sus compañeros del PP balear dicen que está deseando explicarse. Que lo haga. Igual si quiero tener, honestamente y sin artimañas,  una casa en Mallorca, otra en Nueva York y que me devuelva dinero Hacienda.  ¿Y vosotros?

María del Pilar Barceló

1. ¿Qué es el FÒRUM DE LA CIUTADANIA?

El Consejo de Gobierno de Illes Balears en sesión de 7 de noviembre de 2008 acordó crear el Fòrum de la Ciutadania per a l’Avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma (en adelante Fòrum) como órgano colegiado de asesoramiento y de consulta de la ciudadanía en la promoción de la cultura de la calidad institucional en todos los ámbitos de la acción de gobierno, y también como espacio permanente para la interacción de la Administración de la Comunidad Autónoma con los agentes sociales y la ciudadanía en general, en el diseño, la puesta en funcionamiento, los resultados y la valoración de los resultados y del impacto de las intervenciones públicas.

Los acuerdos del Fòrum tienen la consideración de recomendaciones no vinculantes para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma competentes en materia de políticas de calidad de los servicios públicos.

El Fòrum está integrado por el presidente (que es el conseller de Presidencia), el vicepresidente o vicepresidenta (elegido por el Fòrum) y setenta y cinco vocales, de los cuales veinticinco son representantes de asociaciones, federaciones y confederaciones de trayectoria reconocida y ámbito territorial de actuación principalmente en la comunidad autónoma, y cincuenta son ciudadanos de la Comunidad Autónoma seleccionados de acuerdo con criterios de diversidad social y de representatividad en función de la edad, género, equidad territorial y origen, previa convocatoria pública. Los vocales fueron designados mediante Resolución del Conseller de Presidencia de 8 de abril de 2009, siendo uno de ellos la representante de Attac Mallorca. Además la vocal de Attac fue elegido para ejercer la vicepresidencia.

El trabajo del Fòrum se desarrolla esencialmente a través de Internet (forum electrónico), donde se abren diversas líneas de debate en torno a un tema determinado, y también en sesiones presenciales, estando previstas dos al año.

2. Actividad del FÒRUM durante el curso 2008-2009. Las políticas de integridad del Govern balear.

Con la creación del Fòrum, el proceso de selección de vocales y la fase inicial de presentación y familiarización de los vocales con la herramienta informática se ha agotado la mayor parte del curso. Ya en el mes de junio el debate se ha centrado básicamente en las propuestas sobre las políticas de integridad que ha de llevar a cabo el Govern de les Illes Balears.

Las líneas de debate que se han abierto son las siguientes: Introducción general al debate sobre políticas de integridad; nueva línea sobre políticas de integridad y ética política; la conciencia de los perversos efectos de la corrupción en la economía, la sociedad y la política.

Concluida la fase de debate y antes de la reunión presencial el Govern presentó al Fòrum un documento de Propuesta de líneas y objetivos estratégicos del Plan de Integridad del Govern de les Illes Balears.

El 26 junio 2009 tuvo lugar la primera y única sesión presencial antes de vacaciones. Asistieron unas cincuenta personas y el trabajo, que se desarrolló en grupos, pretendía sistematizar el trabajo previamente realizado por los vocales del Fòrum y la Propuesta de líneas y objetivos presentada por el Govern mediante el análisis y priorización de las propuestas efectuadas en torno a tres ejes:

A.- Las áreas de riesgo y los elementos coadyuvantes de las malas prácticas políticas y de gestión.

B.- Las medidas que se podrían incorporar al proceso de integridad.

C.- Los órganos que se pueden impulsar o crear para fomentar, medir o controlar el funcionamiento de las empresas, unidades, etc., del Govern.

Tras las correspondientes votaciones se señalaron las siguientes áreas de riesgo como las más destacadas:

1) La contratación pública (25 votos).

2) El uso y el manejo de información privilegiada (23 votos).

3) El urbanismo (18 votos).

4) Las empresas públicas (12 votos).

No obstante, hay que añadir que el Fòrum al margen de la identificación de estas áreas concretas y muy mayoritariamente (47 votos) destacó el riesgo que supone la impunidad y la falta de penalización efectiva de las conductas no íntegras o no éticas

En cuanto a las medidas que se podrían incorporar al proceso de integridad, se consideraron como especialmente relevantes las siguientes:

1) Promover una conciencia social y política de “tolerancia cero” a la corrupción (23 votos).

2) Promover el abandono de sus puestos por los políticos imputados (17 votos). Reseñamos esta propuesta por ser la segunda más votada, si bien curiosamente no aparece en el documento anexo de conclusiones que ha sido publicado en la web

3) Aumentar las limitaciones y la regulación de entrada de asesores y personal de confianza (13 votos).

4) Publicar todas las subvenciones que se otorguen y todos los contratos –de cualquier cuantía- que se suscriban (12 votos).

En relación a los órganos que se pueden impulsar o crear, los más votados fueron los siguientes:

1) El mismo Fòrum de la Ciutadania (40 votos).

2) La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios (36).

3) Oficina Antifraude (como la de la Generalitat de Catalunya) (25 votos)

4) El Síndic de Greuges (23 votos).

5) Sindicatura de Cuentas (23 votos)

6) La Comisión de Ética de Presidencia (21 votos).

Debemos indicar que las propuestas 3) y 5) han sido omitidas en el documento anexo de conclusiones que ha sido publicado en la web, pese a contar con más votos que la 6) que sí ha sido incluida.

Posteriormente el Conseller de Presidencia dictó un acuerdo de 3 de julio de 2009 proponiendo al Consejo de Gobierno que se diera por enterado de las conclusiones del Fòrum derivadas de la sesión de 26 de junio de 2009 que se adjuntaban como anexo y anunciando su intención de elaborar en el plazo de seis meses un plan de integridad que incluya, entre otros, un código de buenas prácticas en la política y en la gestión pública y que incorpore las valoraciones y propuestas emitidas por el Fòrum en esta materia.