José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

Vuelve por sus fueros el Establishment, el Orden Establecido. Altos ejecutivos de la banca toman el poder en Europa. En España, las urnas, que no la mayoría del pueblo, entregan el poder político a un genuino representante de la derecha, registrador de la Propiedad por más señas. ¡Investido presidente del Gobierno nada menos que en plena Navidad! Adeste, fideles, laeti, triumphantes... Mariano Rajoy, el nuevo regidor de los destinos de España llega dispuesto a hacer una política económica como Dios manda.

Durante su campaña electoral, Mariano Rajoy aseguró que su objetivo en el Gobierno será“hacer una política económica como Dios manda, en la que la prioridad será generar empleo para reactivar la economía”.

Desde que comenzó a consolidar sus posibilidades como alternativa de gobierno, Rajoy ha invocado en numerosas ocasiones el mandato divino como guía de actuación multidisciplinar. Desde la política energética hasta el aeropuerto de Córdoba, todo ha de hacerse según lo manda Dios.

(La leyenda In God we trust está presente en los billetes bancarios de Estados Unidos de América del Norte.)

Y así, guiado por tan alta inspiración, Rajoy ha colocado al frente de la principal responsabilidad económica a un experimentado hombre del mundo financiero: Luis de Guindos.

Entre las reglas de oro del capitalismo, hay una que afirma que la banca siempre gana. No contenta con haber provocado la crisis económica, ahora ha colocado a sus hombres al frente de los Gobiernos de Europa. Empezando por Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que entre 2002 y 2006 fue vicepresidente para Europa de la banca Goldman Sachs.

Continuando por Lucas Papademos, el actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No elegido por el pueblo. Como Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002, falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs. Asimismo, Mario Monti, tras ser comisario europeo, fue nombrado consejero internacional Goldman Sachs en 2005.

La zorra guardando el gallinero. Tras los Draghi, Monti y Papademos manejando los destinos europeos, era previsible que la gran banca colocara otro de sus alfiles en España. Y Mariano Rajoy, el hombre previsible, mireusté, ha compuesto un Gobierno donde se dan cita los grandes lobbies económicos, fabricantes de armas incluidos. Y como guinda, con perdón, de este pastel ha designado ministro de Economía a Luis de Guindos, otro hombre de la banca que se encargará de ajustarles las cuentas a la gente española de a pie. Efectuando cuantos recortes económicos sean necesarios con tal de que la banca no pierda beneficios.

De Guindos, todo un profesional de las finanzas que, entre otras notables experiencias, puede anotarse en su currículo el haber sido el máximo responsable para España y Portugal de Lehman Brothers. El establecimiento bancario cuya caída en 2008 dio inicio a la actual crisis financiera.

Los lectores de este blog más entrados en años seguramente recordarán la opinión que Marx y Engels tenían del moderno Estado representativo. Al que calificaron como “el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Por su parte, Paul Lafargue, en su libro Por qué cree en Dios la burguesía, aporta más datos al respecto.

Vuelve el Orden Establecido en tiempo de Navidad. En grege relicto, humiles ad cunas, / vocatis pastores approperant./ Et nos ovanti gradu festinemus (He aquí que dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna / y nosotros nos apresuramos con paso alegre). Venite adoremus Dominum.

Carnet de paro

Nadie o muy pocos se asombran ante las publicaciones estadounidenses que informan de las millonarias cifras que las grandes empresas destinan a “aceitar” los engranajes del Congreso de los EE.UU. sea cual sea el partido político dominante, demócrata o republicano.

La diferencia entre nuestra subdesarrollada corrupción y la de ellos reside en que allí el “lobbysmo”, es decir, la intervención de las grandes redes corporativas a favor de sus respectivos intereses actúan desembozadamente a la luz de las leyes que aprueban y protegen su actuación. Este sistema de presiones no solo actúa en el ámbito político, sino que también lo hace en los medios, en la ciencia, en las universidades. Y en todo espacio público o privado del que pueda extraer beneficios económicos.

En estos días la prensa empresaria se ha mostrado escandalizada por las revelaciones de Wikileaks acerca de denuncias de la embajada estadounidense sobre la corrupción nacional que “confirman las fundadas sospechas de una rampante corrupción en el gobierno de los Kirchner y, a su vez, una enorme debilidad del sistema judicial para investigar los casos en los que se presume que están envueltos funcionarios de primera línea”. (La Nación, 10/02/11)

No es menor el ejemplo de los EE.UU. de lo que es la verdadera corrupción. Uno de sus conocidos periodistas Matt Taibbi, de la revista Rolling Stones, la define así: “se trata de la toma de posesión gradual del gobierno por parte de una pequeña clase de iniciados conectados, quienes utilizaron el dinero para controlar las elecciones, comprar influencia y debilitar sistemáticamente las regulaciones financieras». Algo que el economista Simon Johnson, ex funcionario del FMI confirma diciendo “la industria de las finanzas ha capturado con eficacia nuestro gobierno” Es decir que un “lobby” es un equipo especializado en presión política financiado por las multinacionales que se dedica a influir en las decisiones gubernamentales.

Esta práctica del “lobbying” extendida y aceptada en gran parte del mundo en los EE.UU. se considera esencial para el buen funcionamiento del gobierno y está específicamente protegida por la First Amendment to the U.S. Constitution ya que según sus fundamentos sirve para crear foros que “facilitan la resolución de conflictos desde diferentes puntos de vista”. De este modo los “lobbystas”, agrega, proveen de información, análisis y opiniones a los gobernantes y más especialmente a los congresistas con el objeto de que puedan tomar sus decisiones en el marco de un equilibrado balance (¡!) entre los intereses de los diferentes grupos. Tales son los principios que fundamentan la legalización del “lobbying”

Estos procedimientos nada tienen en común, desde luego, con el ejercicio de la democracia puesto que contrariamente a lo que se constituye en derecho a opinar que confiere el voto ciudadano el nivel de influencia de un lobbista no dependerá de un voto sino de los recursos -tiempo y dinero- que aquel pueda destinar a lograr sus objetivos.

No son pocos los ciudadanos estadounidenses que reconocen el cinismo que encierra esta metodología, y son conscientes de que en estos tiempos solo los lobbistas tienen acceso a los ámbitos del poder. Una conocida anécdota exhibe con claridad la atmósfera en la que y cómo funcionan las influencias en esas esferas: Samuel Ward fue un conocido lobbysta del siglo XIX, es decir, muy anterior a la sanción de la Lobbyst Act pero algo así como un precursor del lobbismo actual, cuya excesiva influencia sobre los legisladores de su época despertó las sospechas del gobierno. Decidido éste a investigarlo, cuando se le preguntó acerca de los suntuosos banquetes que organizaba para los políticos, el autodenominado Rey del Lobby contestó: “En las buenas comidas la gente no habla de negocios, pero da, tal vez, a los caballeros la posibilidad de hablar civilizadamente sobre temas civilizados”

A raíz del aparente desorden en que se desarrollaba este tráfico de influencias el Congreso de los EE.UU. decidió en 1995 sancionar la actual Lobbying Disclousure Act que permite a toda clase de asociaciones civiles, incluso gobiernos y partidos políticos extranjeros, tener representantes en el Congreso, sin que el Gobierno ejerza actualmente ningún efectivo control sobre ellos. Es tal su influjo que ya ha sido considerado el cuarto poder invisible y el manejo y pago de secretas influencias y privilegios no solo se centra en los congresistas sino que abarca jueces federales, ejecutivos destacados, policías y militares… de modo que en todos los niveles existen personeros dispuestos a obstaculizar, enmendar, impulsar o aprobar los proyectos legislativos y las normas de las agencias reguladoras.

Pero ya no se trata de “lobbistas” aislados, sino de verdaderas empresas con esa específica función que como en tantos otros órdenes venden sus servicios al mejor postor y entre otros a los considerados más importantes: el lobby judío, el del complejo militar industrial, el de las empresas farmacéuticas (que el año pasado destinó a esta tarea 107 millones de euros) las petroleras, los sindicatos y, aunque suene extraño, también los ecologistas.

Según algunas informaciones periodísticas, con ocasión del proyecto del Plan de Salud impulsado por Obama, las farmacéuticas contrataron a unos 3.000 representantes, de los cuales más de un tercio eran antiguos funcionarios federales, para defender y promocionar sus intereses frente al Senado, el Departamento de Salud y Servicios Sociales y otros organismos oficiales. Se calcula que en total, en el área metropolitana de Washington, hay 30.000 compañías especializadas en influir sobre el poder político, esencialmente el Congreso. O sea, 56 lobbies para cada legislador.

Su inclusión en la estructura política estadounidense se basa en el concepto de puerta giratoria. A un lado la política; al otro el sector privado. Y el lobbista entrando y saliendo de ambos. Todo buen lobbista tiene en su nómina a uno o varios ex políticos con excelentes contactos en el Congreso y en la Casa Blanca. Y, si son de partidos diferentes mejor, por lo que el lobby es, de hecho, una jubilación dorada para todo político, cualesquiera fuera su ideología o su nacionalidad.

Y como para muestra basta un botón, valga la mención de Felipe González, ex líder socialista, ex presidente del gobierno español, actual lobbista con una importante oficina de influencias desde la que realiza gestiones al más alto nivel (una de las últimas, su encuentro con el presidente iraní, Ahmedineyad), actúa como agente del magnate mexicano de los medios Carlos Slim (considerado el más rico del mundo) y embolsa cifras millonarias gracias a su asesoramiento a políticos y empresarios, especialmente en América Latina. Un camino que todavía parecen no haber intentado nuestros jubilados políticos, tal vez porque sus currículos no alcanzan los estándares necesarios para acceder a tan lucrativa profesión.

De modo que tanto nuestros columnistas como sus colegas del norte deberían comenzar por observar la propia viga en el ojo del imperio antes que la paja en el nuestro, a menos que como no sería difícil de imaginar, estén tratando de crear el clima propicio para poder penetrar con su ya experimentado sistema de “lobbying” empresario en nuestro todavía débilmente corrupto territorio. Una esfera de negocios que aún no ha sido ni suficiente ni adecuadamente explotada.

Supongo que de ese modo dejaremos de ser un país con solo algunos episodios de corrupción para transformarnos en un aventajado émulo de nuestros hermanos del norte, ya que, aunque incipiente y dispersa, no creo sea desdeñable nuestra local experiencia. ¡Solo es cuestión de legalizar la corrupción!

Artículo Publicado en Rebelión.

Durante este primer año del Presidente Obama, los análisis omiten la cuestión acerca de si ha habido realmente un cambio de poder en los EEUU y, por el contrario, han alumbrado esa innovadora teoría económica de una recuperación con acusado desempleo. En particular, contrasta la profusión de noticias y comentarios en la prensa española sobre el descenso de su nivel de popularidad y sus dificultades con el proyecto de aseguramiento sanitario, por un lado, y la ausencia de seguimiento informativo sobre las reformas financieras planteadas por Obama frente a la crisis, por otro; al mismo tiempo que se apresuran a hacerse eco de los anuncios mediáticos sobre nuevas medidas tributarias para la banca que se proponen desde la Casa Blanca.

La cruda realidad en los EEUU es que mientras que la ayuda a la gran banca fue decidida por la Administración Bush en cuestión de días, desde casi un año avanzan muy lentamente o están empantanados en el Congreso los proyectos legislativos de Obama para la regulación y supervisión de la banca y los operadores financieros; la reforma legislativa para hacer tributar los bonus pagados a los ejecutivos por las entidades beneficiarias de las ayudas; y la modificación legislativa contra el fraude vía paraísos fiscales.

Algunos analistas destacan que la Administración Obama se ha ganado una imagen de continuidad con la política económica de Bush, favorecida por varios hechos. Uno es la designación como Secretario del Tesoro (Ministro de Economía y Hacienda) de Tim Geitner, que participó activamente en los rescates bancarios como presidente de la Reserva Federal de Nueva York con su antecesor Hank Paulson y con Bernanke.

Otro hecho apuntado es que, fuera de Washington, la gente suele confundir los millones de las “medidas de estimulo fiscal” de Obama aprobadas por el Congreso hace un año, con las millonadas para el rescate de la gran banca de Wall Street promovido por Bush (TARP, en siglas). Dos programas técnicamente diferentes, de las que la gente ha sacado la impresión que han sido un bombeo ingente de dinero de los contribuyentes del que no ha obtenido nada la empobrecida clase media.

Pero ya hace varios meses que el profesor del MIT Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, denunciaba la oposición a las reformas legislativas por parte de la oligarquía financiera de Wall Street, cuyos comportamientos equiparaba con los de la oligarquía rusa de la etapa de Yeltsin; una tesis razonada en un extenso articulo de la revista estadounidense The Atlantic Monthly. Y tras las reiteradas manifestaciones de Obama en la campaña electoral, resulta significativo el estancamiento en el Congreso del proyecto de ley contra la evasión y el fraude estimulado por los paraísos fiscales (Stop Tax havens Abuses Act), que se presentó en marzo de 2009, una demostración del poder que los lobbies de Wall Street tienen sobre Washington o de los limites que la realidad del sistema impone al poder del Presidente.

Artículo publicado en Sistema Digital.
http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/

Ignacio Ramonet

Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.

¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.

Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).

El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas ” Big Pharma ” -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).

Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las ” Big Pharma ” una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.

La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las ” Big Pharma “. Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a “revisar la doctrina sobre la propiedad industrial”, o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).

Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las ” Big Pharma “, a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.

Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.

Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, “La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad“, 5 de marzo de 2007.
(5) Léase, Ignacio Ramonet, “Los culpables de la gripe porcina”, Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.

Artículo publicado en Le Monde diplomatique.

La opacidad con que operan las entidades financieras en los mercados globales, como hemos analizado, viene ya siendo ampliamente aceptada como la causa última de la acusada inestabilidad bursátil iniciada en agosto de 2007 por la acumulación de impagos de las hipotecas subprime o del alto riesgo en los EEUU, que contagia la incertidumbre por el desconocimiento del volumen de las carteras de fondos respaldados por esos créditos hipotecarios en poder de grandes bancos e instituciones financieras. Y cada vez se generaliza más la conciencia de la amenaza de los fondos de inversión de alto riesgo o hedge funds como actores de crisis que las autoridades financieras de los países no controlan, porque las regulaciones nacionales no pueden suplir la ausencia de una regulación internacional; como subraya un estudio crítico de expertos europeos, las implicaciones negativas para la economía real de estas modalidades de fondos de inversión junto con las firmas de capital riesgo, gestionados casi siempre desde los centros offshore, que representan un peligro para el mantenimiento del acervo social comunitario y del estado de bienestar en Europa.

Porque es manifiesta la vulnerabilidad de los Estados europeos integrados en la Unión por su incapacidad para afrontar los riesgos que crea el sistema financiero globalizado para sus economías y para sus sociedades, teniendo en cuenta el marco establecido por la propia UE, que prohíbe las restricciones a las entradas y salidas de capitales, incluidas las derivadas de las adquisiciones empresariales de fondos soberanos propiedad de Estados extracomunitarios como China, Rusia y algunas monarquías petroleras. Unos riesgos planteados por las propias entidades financieras que, por su posible magnitud, sobrepasan las capacidades actuales de los Estados, como ponía de relieve la propuesta llevada a la reunión del ECOFIN de septiembre de 2006 en Helsinki sobre un posible plan de rescate (bail out) de entidades financieras de alcance europeo en casos de crisis financieras; un proyecto de socialización europea de riesgos y de pérdidas que en aquella coyuntura no obtuvo el acuerdo. Y como ejemplo de transmisión de los riesgos potenciales de la interconexión financiera, en el informe del ECOFIN referido en el capítulo tercero, la Comisión europea señalaba al sector de los seguros, en el cual Europa es un receptor neto de riesgos principales y extraordinarios derivados del terrorismo internacional y de los desastres naturales en otros lugares del planeta; algo que dependerá de la calidad de la gestión de riesgos por las compañías aseguradoras y de su adecuada monitorización y supervisión, decían los expertos de Bruselas.

El mundo de las finanzas representa un reto para los Estados miembros frente al cual no cuentan con el apoyo de una estructura institucional europea. “La UE es un actor principal en los mercados financieros globales, comparable a los EEUU”, con una cuota del mercado global entre el 20 y el 40 por ciento según los diferentes mercados, sobresaliendo en la banca comercial, afirma el documento técnico de la Comisión sobre la situación de la integración financiera europea de julio de 2006, que referimos en el capítulo tercero; y que destaca el crecimiento de su “posición inversora internacional”. Pero en ese análisis del avance de la integración europea en los mercados globales, los expertos de la Comisión advierten también que es “cada vez más importante la cooperación reguladora internacional”; sobre todo, por el doble efecto que este hecho puede tener sobre la estabilidad financiera, que es la preocupación prioritaria en los análisis macro de las finanzas.

Esta globalización -dicen- puede suponer efectos de signo negativo, como sería ofrecer canales potenciales para el contagio financiero en caso de crisis sistémicas, con sus secuelas de quiebras en cadena y aumento del paro. Recordemos que ese informe citado es muy anterior a la experiencia de inestabilidad financiera surgida de la crisis hipotecaria estadounidense de 2007″.

“Durante la ceremonia de Washington para la firma del acuerdo fiscal entre los EEUU y el Reino Unido referido a Islas Caimán, el entonces Secretario del Tesoro de los EEUU reconocía a estas islas como “el centro financiero más importante del Caribe y clasificado entre los mayores y más importantes centros financieros del mundo”. Y, asimismo, es un territorio muy influyente como reveló la convocatoria del United Nations Offshore Forum, que tuvo lugar en las Caimán en marzo de 2000, reuniendo a un amplio espectro de expertos de cuarenta y cinco jurisdicciones para lograr compromisos políticos sobre el antiblanqueo en la financiación offshore, que en realidad solamente sirvió para reforzar este sector de los mercados mundiales liderado por estas islas.

Y es sabido que las islas de Jersey y Guernesey-Alderney- Sark, así como la isla de Man, están muy ligadas a la City de Londres y al capitalismo anglosajón que contribuyó a su desarrollo como parte del mercado de los eurodólares en los sesenta y setenta. En particular, Jersey ejerce como un referente en las finanzas internacionales hasta el punto que durante la convención europea para la elaboración del non nato Tratado-Constitucional, sus defensores derrotaron la propuesta holandesa que pretendía modificar las bases jurídicas de su estatus europeo. Y desde hace más de veinticinco años, el presidente de la Jersey Financial Services Commission (JFSC) preside también el Grupo Extraterritorial de Supervisores Bancarios u Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS), que actúa en realidad como grupo de presión sofisticada de estos centros offshore, asesorando el Comité de Supervisores bancarios del Banco Internacional de Pagos (BIS) en Basilea.

Además, desde antiguo la influencia europea del enclave alpino de Liechtenstein va unida sin duda a grupo bancario LGT, propiedad de la familia reinante, y con representaciones en “centros financieros bien regulados” como Hong Kong, Singapur, Bahrein y hasta veintiocho plazas financieras de Europa, Asia y América. Por no mencionar, la influencia social mundial que representan las competiciones del TT motor de Man y de los premios automovilísticos de Mónaco y San Marino, con los millones en juego en este tipo de eventos que reflejan su capacidad financiera y su influencia sobre centros de decisión en el plano europeo. Más el poder que representan los propios operadores globales que se benefician directamente de estos centros financieros para no residentes.

El hecho de que dos territorios del Caribe, como las Islas Vírgenes Británicas y las Antillas Holandesas, aún no hayan penalizado como delito la financiación del terrorismo, solo resulta explicable por el poder autónomo y soterrado en las finanzas, que se refleja en la red de centros offshore del Caribe y del Pacífico. Además del potencial financiero de estos microestados caribeños de iure o de facto, no se puede seguir ignorando la sociología política de las finanzas, porque sus minorías dirigentes y las grandes consultoras-auditoras representadas en esas jurisdicciones mantienen estrechas relaciones con la gran banca y las grandes entidades financieras junto a su acción externa como lobby en centros de decisión político-financiera. Más aún, en los procesos de las decisiones europeas que han llevado a la situación actual de la Unión, no resulta descabellado intuir la intervención de poderosos grupos de intereses bancarios y de compañías aseguradoras como beneficiarios directos de la disponibilidad de esos paraísos fiscales europeos; sobre todo, si tenemos en cuenta que actualmente en Bruselas habita una fuerza laboral de 15.000 profesionales “lobbystas” entre las 2.700 entidades internacionales y de defensa de intereses específicos radicados en esa capital dedicados a la presión sobre altos funcionarios y miembros de las instituciones europeas, en particular sobre la Comisión, según cuenta, entre otras fuentes, la ONG estadounidense Corpwatch.

¿Es posible otra Europa? ¿Por qué se mantiene el singular estatus para estos países y territorios europeos mencionados, que les permite obtener pingües beneficios de las economías europeas sin estar sometidos a las obligaciones comunitarias? ¿Por qué en lugar de la armonización fiscal se acepta la competencia entre los socios europeos que condiciona las políticas de sus gobiernos? ¿Por qué la UE es solo un espacio financiero sin supervisor común y sin fronteras exteriores para el capital? Son interrogantes que hay que plantear desde una nueva perspectiva europea de futuro. Desde luego, una de las primeras respuestas posibles es porque las relaciones privilegiadas que les ha otorgado, la CE primero y la Unión después, han suplido su incorporación formal en la práctica, dado su disfrute de los beneficios de la Unión sin pérdida de su autonomía política para explotar la posición relevante alcanzada en las finanzas”.

Juan Hdez. Vigueras es miembro del Comité Científico de ATTAC España.

El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.

Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.

Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas “para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi”, según describió el asunto James Rickards, que negoció el rescate federal por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Management en 1998, recordándonos que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en la deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.

Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.

También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.

Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aun cuando la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, tenían obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que “socializaran sus pérdidas”, como hoy en el rescate financiado por el contribuyente. Tal intervención pública “ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos”, concluían.

En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a las causas y a los remedios de raíz, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.

El mercado financiero “deprecia el riesgo” y es “sistemáticamente ineficiente”, como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costos que recaen entre quienes no participan en las transacciones. Esas externalidades pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios menos exigentes.

La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en “ellas mismas”. Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener -las “externalidades” de una supervivencia decente- unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.

La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace mucho que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un “parlamento virtual” de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y “votan” contra ellos, si los consideran “irracionales”, es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.

Los inversores y los prestamistas pueden “votar” con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)

La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierta democracia.

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.

Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un “derecho fundamental”, a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos “derechos” garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han reputado displicentemente de “cartas a Santa Claus”, “ridículos” o meros “mitos”.

En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos “todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios”. Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.

Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods “los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital”.

El obvio corolario es que tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de la relaciones públicas constituye una buena ilustración.

“La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad”, concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida “en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria que se ve ahora reforzada por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda”.

Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas “los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos”.

Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.

Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.

Nota:

(1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) -ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial- y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la “moneda de reserva” para los oros países que estaban en Bretton Woods.

Traducción para Sin Permiso: Casiopea Altis

No suele ocurrir cuando los sondeos muestran una mayoría contundente en contra de una medida. Pero ninguno de los dos candidatos a las elecciones presidenciales ni las cúpulas de los dos grandes partidos se han sumado a la mayoría de estadounidenses en el rechazo al plan de rescate a la banca.

Una posible explicación es que Barack Obama y John McCain, así como los líderes de ambos partidos, entienden que, como estadistas responsables, deben supeditar sus intereses inmediatos electorales al futuro del país. Los ciudadanos “no entienden las complejidades de nuestro sistema financiero”, explicó el lunes el representante republicano Gary Miller. Barney Frank, líder demócrata del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes, lamentó que “no hay beneficios políticos si se previene un desastre” cuando la gente no cree que va a producirse.

Otra explicación la dio ayer el Center of Responsive Politics, un instituto de Washington que hace seguimiento de las contribuciones financieras a las campañas políticas y analiza las principales fuentes de dinero para los dos partidos y sus líderes. Según el centro, los representantes que votaron a favor de la medida en la Cámara Baja el lunes reciben como media un 50% más en donativos de los bancos de Wall Street y otras entidades financieras que quienes votaron en contra.

Así mismo, el centro advierte que tanto Obama como McCain han obtenido enormes cantidades de dinero de los bancos. Obama ha recibido contribuciones de empresas de finanzas, seguros e inmobiliarias, el llamado sector FIRE, por unos 25 millones de dólares. McCain ha ingresado 22 millones. El citado análisis puede consultarse en la página web OpenSecrets.org.

El principal contribuyente a la campaña de Obama es Goldman Sachs, que ha donado casi 700.000 dólares, seguido de la Universidad de California, Citigroup y JP Morgan Chase. McCain ha recibido aproximadamente 200.000 dólares de Merril Lynch, Citigroup, Morgan Stanley y Goldman. Estas empresas no contribuyen directamente, sino que canalizan dinero mediante la creación de los llamados comités de acción política o a través de aportaciones personales de propietarios, empleados y sus familias.

Goldman, el banco de inversiones más grande del mundo, ahora convertido en banco comercial, se considera uno de los probables beneficiarios del rescate. Henry Paulson, secretario del Tesoro y principal arquitecto del plan, fue presidente y consejero delegado de Goldman antes de incorporarse en el 2006 a la Administración Bush. Recibió un plus de 18,7 millones de dólares cuando abandonó Goldman. Robert Rubin, otro ex presidente de Goldman Sachs, es el ex secretario del Tesoro de Clinton y ahora es asesor de Obama.

La diferencia de trato a los representantes en el Congreso por parte del sector FIRE es especialmente acentuada en el caso de los demócratas. Los 95 demócratas que se opusieron al rescate recibieron de media un 78% menos en contribuciones que los 145 que votaron que sí.

Desembolsando unos dos mil millones de dólares desde 1989, los bancos, aseguradoras y empresas inmobiliarias han sido la principal fuente de financiación para partidos y políticos individuales en un sistema político que gira en torno al intercambio de financiación y medidas favorables a los donantes. El 55% se ha dirigido al Partido Republicano y el 45% a los demócratas. Según el centro, mientras se debatía sobre los contenidos de la ley, “ejércitos de lobbistas de los sectores bursátil, bancario, inmobiliario y otras financieras trataron (…) de dejar su huella en la legislación”.

El pensamiento secuestrado es el último libro de Susan George. En él, su autora -culta, intelectual, amena y a ratos irónica e irreverente-, revela cómo los colectivos más intransigentes, sobre todo religiosos, relacionados con las altas esferas políticas y económicas de Estados Unidos se han apoderado, en sus propias palabras, de dicho país. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… ya sabes; por lo que cuenta esta activista de la palabra, por aquí (y por tantos países) la situación es cada vez más parecida. Una de las cinco partes en las que se divide este trabajo la ha llamado Lobbies, pasillos y sedes de poder. En ella, George describe la kafkiana situación a la que ha llegado el país norteamericano, que acumula entre sus diez lobbies o grupos de presión más influyentes a la Asociación Estadounidense de Médicos y a la Asociación Estadounidense de Hospitales. Estos, siempre según la escritora que posee la doble nacionalidad francesa-estadounidense, hacen campaña para que los ciudadanos USA nunca tengan atención médica a cargo del Estado, más barata o gratuita.

La organización social especializada en investigar el poder de los lobbies, LobbyWatch, afirma que entre 1998 y 2004 los diez primeros clientes de la industria del lobby en EE.UU. repartieron casi mil millones de dólares entre las empresas de relaciones públicas que les ayudaron a salirse con la suya. Los diez primeros lobbies son, por este orden: la Cámara de Comercio estadounidense, el Grupo Altria (alimentación y tabaco), General Electric (séptimo proveedor del Pentágono), la Asociación Estadounidense de Médicos, Northrop Grumman (cuarto proveedor del Pentágono), el Instituto Edison Electric (patronal de la industria nuclear), Verizon Communications, Business Roundtable, la Asociación Estadounidense de Hospitales, y las farmacéuticas, Pharmaceutical Research and Manufacturers. Tres lobbies del campo sanitario entre los diez más importantes.

En Estados Unidos hacer lobby o cabildeo es una práctica incluso protegida por la Carta de Derechos pues se considera una manifestación de la “libertad de expresión”. El Congreso de este país elabora cada trimestre un boletín donde explica cuánto gastan los diferentes grupos de presión en intentar, y muchas veces lograr, que se legisle a su favor -huelga decir que si se legisla a favor de un grupo de interés concreto se legisla en contra de la mayoría de la ciudadanía, de ahí el título de democracia secuestrada de este post-. El sitio web de la Comisión Electoral Federal también publica estos datos. En Europa esto no es así.

Pero, como he explicado algunas veces que me lo han preguntado, de poco sirve a los ciudadanos estadounidenses saber cuánto dinero gastan los lobbies en corromper la democracia. Lo importante es que la práctica del cabildeo, presión corporativa o lobbismo corrompe la democracia pues el ciudadano poco cuenta a la hora de que sus demandas sean satisfechas. En el capítulo El lobby farmacéutico entra en política de Traficantes de salud, cuento, gracias a la Ley de Libertad de Información de USA que proporciona estos datos, cómo las compañías farmacéuticas, mediante el dinero que proporcionan legalmente para las campañas electorales de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos, consiguen que una vez en el poder sus candidatos gobiernen en función de sus intereses.

El espacio web de periodismo de investigación en favor de los intereses públicos Public Integrity, ofrece documentos actualizados sobre la financiación de los candidatos a las próximas elecciones de EE.UU. Volviendo al libro de Susan George, ella afirma que el resto de la lista de los cien primeros clientes con poder de lobby “parece un catálogo de sospechosos habituales”: petroleras, compañías automovilísticas, de las comunicaciones, del software, la banca y los seguros, la electrónica, el complejo militar y las farmacéuticas.

Las grandes empresas y las asociaciones patronales dominan la lista pues apenas aparece algún lobby relacionado con la ciudadanía a excepción de uno que representa a los agricultores y empresas agrícolas, otro de los sindicatos, una asociación de abogados procesales y tres asociaciones de personas mayores, entre ellas la Asociación Estadounidense de Jubilados, que aunque no lo crean es el lobby más eficaz según las encuestas del Congreso de EE.UU.

La democracia, en Estados Unidos, y en todo el mundo, está muy tocada por decirlo de un modo suave. Están gobernando quienes más dinero tienen y gobiernan en función de sus intereses económicos, sobre todo. Vivimos tiempos de Totalitarismo Global Corporativo pues esta dictadura que se vale en sus formas de una apariencia democrática para camuflar la realidad es la primera que el ser humano consiente en todo el planeta al mismo tiempo.

¿Que qué hacer? Debemos revisar el modo en que participamos políticamente en nuestra sociedad. Hay que crear redes, de información y de asociaciones que trabajen en temas concretos o potenciar las ya existentes, y conectarlas entre sí bajo un punto de vista plural, unidas por unos principios mínimos de respeto a los derechos humanos, independencia de los intereses privados económicos y e impulso al único gobierno posible, el de los ciudadanos, la verdadera democracia. Uno de los aspectos más importantes es recuperar la confianza en que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. En una sociedad gobernada por el mercado es un error delegar los asuntos públicos a manos privadas.

La crisis financiera en la que se encuentra sumido Estados Unidos produjo que algunos de los bancos y compañías aseguradoras más importantes suplicaran al gobierno que realice un enorme desembolso de dinero para sacarlos de la crisis. Las industrias banquera, financiera, de inversiones y aseguradora, durante mucho tiempo acérrimos enemigos de los impuestos, ahora necesitan dinero de los contribuyentes de la clase trabajadora para mantenerse a flote. Los contribuyentes deberían estar al mando, entonces. En lugar de ello, los ricos, los reguladores y aquellos a los que los reguladores no han sido capaces de regular toman decisiones a puertas cerradas, que pesarán sobre la población durante décadas.

El martes, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron una costosa operación de rescate financiero de 85 mil millones de dólares para salvar a la gigante de los seguros AIG. Este acontecimiento ocurre justo después de la repentina bancarrota de Lehman Brothers, el banco de inversión de 158 años de antigüedad; la angustiosa venta de Merrill Lynch a Bank of America; el rescate financiero de Fannie Mae y Freddie Mac; la quiebra del banco minorista IndyMac; y la compra de Bear Stearns por parte de JPMorgan Chase, que cuenta con garantía del gobierno federal. Con 103 mil empleados y más de un billón de dólares de activo, AIG fue considerada “demasiado grande para dejarla quebrar”. Según los reguladores, una quiebra sin control podría provocar una inestabilidad financiera global. Los contribuyentes estadounidenses ahora son dueños de casi 80 por ciento de AIG, así que, en teoría, la venta controlada de AIG permitirá a esos contribuyentes recuperar su dinero. Pero no es tan sencillo.

La crisis financiera posiblemente se profundizará. Más bancos e instituciones financieras podrían quebrar. Millones de personas compraron sus viviendas con las turbias hipotecas de alto riesgo y ya han perdido sus casas o las perderán pronto. Las financieras incluyeron estas hipotecas en complejos “bonos hipotecarios” y otros planes de inversión derivados. Los inversores se lanzaron a comprar salvajemente estos derivados con más y más dinero prestado.

Nomi Prins ha estado al frente del grupo de analistas europeos de Bear Stearns y trabajó para Lehman Brothers. “AIG no operaba solamente como una empresa de seguros,” me dijo. “Funcionaba como un banco de inversiones especulativas, de inversiones de alto riesgo, igual que Bear Stearns, igual que Lehman Brothers, así como también funcionará Bank of America/Merrill Lynch. Así que tenemos una situación en la que el gobierno de Estados Unidos asume el riesgo de unos instrumentos financieros que apenas comienza a entender.” Y continuó: “Se trata de tomar deuda en exceso, de abusar del apalancamiento y pedir dinero prestado para ir por más riesgo y volver a pedir más dinero, una y otra vez, de 25 a 30 veces el monto de capital propio… Necesariamente tenían que darle respaldo a los préstamos que estaban tomando… No había transparencia para la Reserva Federal, para la Comisión de Valores, para el Departamento del Tesoro o para cualquiera que se hubiera tomado la molestia de analizar la catástrofe que se estaba gestando, de modo que cuando alguna de las piezas cayera, ya fueran las hipotecas de alto riesgo o los créditos con garantías combinadas, todo estaría bajo una montaña gigantesca de préstamos entrelazados de manera incestuosa, y eso es lo que está derrumbando a todo el sistema bancario”.

Como estos especuladores de alto vuelo están perdiendo todo el dinero de sus bancos, toca al contribuyente acudir en su rescate. Michael Hudson, profesor de economía de la Universidad de Missouri, Kansas City, y asesor en temas económicos del representante Dennis Kucinich, opina que un uso más sensato del dinero sería “salvar a estos 4 millones de propietarios del incumplimiento del pago de sus hipotecas y de ser expulsados de sus hogares. A como están las cosas, los van a expulsar de las casas. Esas casas van a quedar vacías. Las ciudades van a perder impuestos a la propiedad y verse obligadas a recortar los gastos locales y reducir la infraestructura local. Se está sacrificando la economía en pos de pagarle a los especuladores”.

Prins siguió explicando: “Estamos nacionalizando la peor parte del sistema bancario… Estamos asumiendo riesgos que no podemos comprender. Así que es incluso más riesgoso”. Le pedí a Prins, a la luz de todas estas nacionalizaciones, que hablara sobre la posibilidad de nacionalizar el sistema de salud bajo la modalidad de un sistema de salud de pagador único. Me respondió: “Verdaderamente se podría destinar parte del dinero a este tema, adelantándose a un posible problema futuro, y ayudar a que la gente tenga asistencia médica”.

La debacle del sistema financiero es un asunto de ambos partidos. Ambos candidatos presidenciales, John McCain y Barack Obama, han recibido millones de dólares de estas mismas empresas que están quebrando y que se aprovechan de la asistencia gubernamental en beneficio propio. En 1999, el presidente Clinton y su secretario del Tesoro, Robert Rubin (ahora asesor en temas económicos de Obama), fueron los principales promotores de la derogación de la Ley Glass-Steagall, norma que fue aprobada en 1929 tras el comienzo de la Gran Depresión para ponerle freno a la especulación que condujo a semejante calamidad. En el Congreso, la derogación fue impulsada por el ex senador republicano Phil Gramm, uno de los ex principales asesores de McCain. Los políticos dependen demasiado de Wall Street como para poder hacer algo. La gente que los vota, y cuyos impuestos están siendo transferidos a estas financieras quebradas, deben mostrar su indignación y exigir que sus líderes pongan realmente “al país en primer lugar” y le den
por fin lugar al “cambio”.

Denis Moynihan ha colaborado en esta columna.