Muchos análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que vienen  aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre las clases trabajadoras.
Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.
En el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera (Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que incrementó la desigualdad que está en su origen. Y también que si las políticas que aplicasen los gobiernos, como viene sucediendo, fueran las que satisfacen a los grandes grupos financieros y patronales la crisis traería consigo un mayor aumento de las diferencias entre mujeres y hombres.
Esto último es lo que ha pasado y los gobiernos han sido plenamente conscientes de los efectos tan injustos de sus políticas que han tomado también medidas orientadas a ocultarlos o disimularlos.
Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas “contra la crisis”, un eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de las grandes empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a costa de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto desigualitario.
Ahora, al gobierno de Rajoy tampoco parece que le preocupe determinar previamente quiénes serán los paganos o principales beneficiarios de las medidas que adopta, única forma de poder seguir difundiendo la mentira de que sus políticas satisfacen los intereses nacionales cuando en realidad simplemente están favoreciendo a los sectores sociales de mayor renta, riqueza y poder.
La primera batería de medidas que se acaban de aprobar es una muestra bien clara de que las cargas que genera la crisis se reparten muy desigualmente entre la población y que perjudican de un modo especial a las mujeres.
La congelación del salario mínimo (por primera vez desde 1967) cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo (solo por debajo del de Eslovaquia o Portugal) perjudica considerablemente más a las mujeres trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5 de ellas que ganan menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).
La congelación del salario mínimo también afecta de forma más negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los que “tiran a la baja” los salarios mínimos más reducidos. El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres -como media un 78% del masculino- y la retribución media por hora trabajada que reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según la mencionada encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa empleos con salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese porcentaje es de solo el 4,77% en el caso de las mujeres.
En particular, la congelación del salario mínimo es especialmente perjudicial para algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al servicio doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90% son mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente como referencia.
Y al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como han demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda (http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228), va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles de ingresos.
El aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también afecta especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que su coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que debería haber entrado ya en vigor el año pasado.
La pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto que, como media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres (aproximadamente el 61% de la que perciben como media los pensionistas masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en situación precaria, de pobreza o exclusión: algo más del 70% de quienes reciben las más bajas pensiones no contributivas son mujeres.
La moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia supone asimismo un perjuicio y una carga adicional principalmente para las mujeres puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el caso de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o familias (en más o menos la misma proporción).
La congelación de plantillas en el sector público también perjudica especialmente a las mujeres por varias razones. Primero porque las mujeres son las que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre todo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en realidad no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos para ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.
Además, las mujeres ocupan en el sector público los puestos más precarios y por tanto más afectados por los recortes en número y gasto de personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09% de los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría más bajos -C2- solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango -A1-, son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre Personal al servicio del Sector Público Estatal 2009. En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará principalmente a los empleados públicos de sexo femenino.
En otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente negativo para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para promover el empleo a tiempo parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con políticas que deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución del gasto social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y con un silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes sino otra cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una modificación de la división del trabajo para volver a esquemas patriarcales que implican especializar a las mujeres en una doble tarea laboral, la no retribuida en su familia y la puntual y mal pagada en el mercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una versión postmoderna pero incluso más precaria aún de la pata quebrada y en casa del franquismo.
Finalmente, y en términos más generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social, no solo en los campos a los que acabo de hacer referencia, está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes, como está pasando especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar contra la violencia de género.
En suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en general son los que en mayor medida están pagando los costes de las políticas que se aplican frente a una crisis provocada por los banqueros pero que se destinan justamente a aumentar su poder y sus privilegios.
Pero eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán un peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más probabilidad de perder el puesto de trabajo que los hombres y porque les afectará en mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y salario; si son pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la pérdida de ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los hombres; si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de bienes públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta la corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el tener al marido en casa en lugar de quitarle problemas de conciliación se los aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y Mauricio Matus en Impacto de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales 2010).
La patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de igualdad entre mujeres y hombres son simplemente “guindas”, lujos que ni siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos podemos permitir. No solo demuestran así el carácter reaccionario, arcaico y patriarcal de su pensamiento. Con ello va también su ignorancia porque la experiencia nos está demostrando claramente que la mayor desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han sido el freno más potente del progreso y la causa de las crisis y de las perturbaciones sistémicas que estamos viviendo.

Publicado en Sistema Digital

Ganas de escribir

Antonio Aramayona – CHEG Chusticia Económica Global

La semana apareció en la prensa a grandes titulares que en la negociación entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, los sindicatos aceptan convertir trabajos de jornada completa en contratos a tiempo parcial, así como subir los salarios por debajo del IPC a cambio de crear puestos de trabajo. Algo así como que alguien plantee el dilema de cortar cada día una falange de una mano a cambio de no morir asfixiado.

Sorprende que los dos sindicatos mayoritarios acepten tal planteamiento en lugar de levantarse de la mesa de negociación y largarse por donde han venido: no hay por qué quedarse diariamente sin una falange de la mano ni morir asfixiado, sino que la patronal se vaya a hacer gárgaras y se atenga a las consecuencias. Ni rebajas de jornada y de sueldo ni despidos, pues la solución para cinco millones de desempleados no es rebajar o cortar en perjuicio de los trabajadores, sino exigir responsabilidades a los verdaderos perpetradores de la crisis económica y quitar de sus manos el casino económico y financiero que manejan a su antojo y en su exclusivo beneficio.

Por eso mismo, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, incumple su obligación institucional de defender los intereses de la clase trabajadora cuando declara: “En una disyuntiva entre crecimiento de los salarios o el mantenimiento del empleo, nos quedamos decididamente con el puesto de trabajo”. Nadie le manda aceptar esa disyuntiva, falaz y tramposa, que deja además la resolución en manos del empresariado y de sus promesas de crear puestos de trabajo (precarios y minúsculos).

Si no se olvida que desde tiempos inmemoriales los salarios reales no han subido en España resulta hoy lacerante plantear reducirlos aún más por debajo del IPC. Con los datos contantes y sonantes, sólo entre 2002 y 2005 (antes de la crisis), el 20% más pobre de los hogares españoles vio reducida su renta en un 23,6%, mientras que la del 10% más rico aumentó más de un 15%. Bajo ningún concepto debe aceptarse que la población española menos favorecida acabe siendo aún más pobre. Más en concreto, en 2002 el 42,5% de las familias españolas tenía que dedicar el 40% de su renta al pago de la deuda contraída en concepto de vivienda, mientras que tres años después la vivienda se comía el 70,9% de los haberes. ¿La contrapartida para solucionar esta situación es la creación de puestos de trabajo liliputienses y a tiempo parcial?

¿Es ético aceptar empleos precarios a cambio de rebajar jornadas y salarios en un país donde los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron de 51.613 millones de euros en 2010 (un 24,7% más que el año anterior), mientras que los salarios subieron un 1% frente al 3% de incremento del coste de la vida (es decir, perdieron un 2% de poder adquisitivo)?

Sobre la mesa de negociación debe estar incondicionalmente asumido por todas las partes que un trabajador español medio paga en impuestos el 75% de lo que paga un trabajador sueco, pero las personas ricas, la banca y la gran patronal de nuestro país pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus equivalentes en Suecia. En lugar de aceptar disyuntivas trileras, el verdadero lugar de negociación eficaz es encabezar una revuelta radical, no violenta, contra los que mantienen desde hace muchas décadas y siglos una situación de casi nula distribución y enorme concentración de la riqueza. No hay diálogo creíble mientras se mantenga un sistema donde ya en 2006 una veintena de grandes familias son propietarias del 20,14% del capital de las empresas del Ibex-35 y donde unas 1.400 personas (el 0,0035% de la población española), controla los recursos económicos, financieros y de producción equivalentes al 80,5% del PIB.

Hay alternativas serias y fundadas a las propuestas neoliberales, que no pasan por aceptar dilemas conducentes a medio plazo a una aún mayor destrucción de empleo (léase, por ejemplo, el libro Hay alternativas, Sequitur, ATTAC España, 2011). En lugar de bajar salarios, de negociar una reforma laboral negativa para los trabajadores, de recortar sistemáticamente los servicios públicos y sociales y de privatizar cuanto público se ponga por delante y resulte rentable, es preciso luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, abogar por un sistema impositivo en que paguen debidamente las grandes fortunas y las grandes empresas productivas y financieras, regular el mundo de las transacciones financieras y someterlas a impuestos en función del grado de utilidad social de la transacción, obligar a la banca a invertir el dinero público que reciben como “rescate” de sus chapuzas especulativas en el sistema productivo real y en créditos razonables a los particulares y a la pequeña y mediana empresa.

En una mesa de negociación hay que dejar claro ante todo que otro mundo es posible y necesario. ¿Qué mundo proponen realmente los sindicatos?

Profesor de Filosofía

Isaac Rosa – Comité de Apoyo de ATTAC España

Abríguense, que el año viene con mucho frío. De entrada, el gobierno ha congelado el salario mínimo interprofesional (SMI), que si bien nunca ha alcanzado una temperatura agradable, dejarlo en cero grados extiende la sensación de frío a muchos trabajadores. No sólo a los que cobran ese mínimo tan mínimo, sino a casi todos, pues el SMI se usa como referencia en los convenios; pero sobre todo porque los empresarios acusan recibo del mensaje que les envía el gobierno: reduzcan la temperatura salarial, que con el calorcito los trabajadores se amodorran y no son tan competitivos.

Los funcionarios, por su parte, vuelven al congelador donde ya han estado otras veces, y casi rezan por quedarse a cero, pues tras la reducción de este año nadie descarta que en algún momento vuelvan a bajarles el termostato, que es lo que los gobiernos tienen más a mano cuando deciden ahorrar en calefacción.

También se congela la tasa de reposición de funcionarios, es decir, que no se repondrán los que se jubilen. Con una excepción: las fuerzas de seguridad, que como ha recordado varias veces el ministro de Interior, tienen un papel importante en tiempo de crisis para “garantizar la paz social”. Dicho en plata: podemos tirar con menos médicos, maestros o técnicos, pero hacen falta más policías por si hay que calentar a los que se quejan del frío.

Con el frío extremo se congelan también las cañerías, y del grifo no sale gota. Y no es sequía: el Banco Central Europeo ha abierto la presa para que salga medio billón de euros, pero los dueños de las tuberías, los bancos, lo han recogido y lo han colocado deprisa en el propio Banco Central, que es el único sitio calentito con la que está cayendo.

Así que hoy estamos tiritando, esperando si el Consejo de Ministros anuncia aguanieve o frío polar. Lo previsto es que hoy giren sólo un poco el termostato, y dejen para marzo la bajada grande, no sea que se les congelen los votantes en Andalucía, que por el sur nunca cae bien el frío.

En fin, que deberíamos ir pensando algo para entrar en calor, antes de que nos quedemos tiesos del todo.

Artículo publicado en Público

El gobierno de Portugal ha aprobado una medida, dentro del llamado plan de austeridad, consistente en hacer trabajar media hora más a los trabajadores del sector privado. Al principio me había sorprendido porque lo habitual está siendo incrementar las horas de trabajo en el sector público, como ha hecho Esperanza Aguirre en la CCAA de Madrid o como intentó el gobierno del PSOE en Andalucía en las universidades públicas. Cuando se hace en lo público lo que se está buscando es que los trabajadores fijos asuman esas horas añadidas y así no haya que contratar (o que se deje de renovar) a aquellos trabajadores a tiempo parcial o precarios. El coste de pagar más horas a los fijos, si es que sucede, es mucho menor que el coste de pagar nuevas nóminas. Por eso es consistente con las medidas de austeridad, aunque sea una burrada (aumenta el desempleo y reduce el crecimiento económico). Pero en el caso de Portugal se ha hecho sobre el sector privado.

Según indica la prensa, se trata de una medida que busca incrementar la competitividad de la economía. Como sabemos, un país es competitivo cuando tiene capacidad para vender sus productos en el extranjero a menor precio que los productos de los países competidores. Por lo tanto, es una competición fundamentalmente vía precio. Esto significa que lo que la medida busca es reducir los precios de los productos, entendiendo para ello que el salario es el coste principal. Se deduce que bajando sueldos bajará también el precio. Pero como observamos en Portugal no se han bajado sueldos directamente, sino que se incrementa la jornada laboral. Vamos a intentar entenderlo desgranando los mecanismos que hay detrás de todo esto.

La productividad es una relación confusa que mide la relación de producción con la relación de trabajo necesario. Vamos a comenzar midiendo el trabajo en horas. Así, supongamos que hemos producido 10 camiones y hemos trabajado 2 horas. La productividad es en ese caso de 5 camiones por hora. Si incrementamos las horas de trabajo a cuatro, entonces no podemos saber a priori qué pasará con la producción. Si suponiendo que trabajando el doble podemos producir el doble, entonces en cuatro horas produciremos 20 camiones. Pero, y he aquí la cuestión, la productividad seguirá siendo de 5 camiones por hora. Habremos incrementado la producción pero no la productividad.

Otra forma de medir la productividad es midiendo el trabajo por número de trabajadores. Imaginemos que hemos producido 10 camiones teniendo 2 trabajadores. Nuestra productividad es de 5 camiones por trabajador. Si duplicamos las horas de trabajo deducimos que los trabajadores podrán producir más camiones, por ejemplo 20, pero seguirán siendo 2 trabajadores. Por lo tanto técnicamente la productividad habrá aumentado a 10 camiones por trabajador. En este caso tenemos un incremento de la productividad (1).

Lo que he querido expresar hasta ahora es que la productividad es un concepto relativamente absurdo en economía, y con el que hay que tener mucho cuidado. A veces es más interesante mantener a buen nivel la intuición para comprenderlo y no dejarse llevar por indicadores que pueden servir para manipular. Esto ya lo expliqué con más detalle en este artículo.

La noticia nos dice que los trabajadores portugueses van a trabajar más horas por el mismo sueldo y que eso probablemente signifique mayor producción (aunque no es seguro). Si es así, y medimos la productividad por trabajador, entonces tendremos un incremento de la productividad en la economía portuguesa. Los mismos trabajadores producen más.

Ahora bien, como el objetivo es bajar los precios de los productos (para ser más competitivos) lo que tenemos que ver es cómo un incremento de la productividad se traduce en una bajada de precios. El precio de un producto es la suma de los beneficios y los costes totales. Se asume normalmente que los costes totales se miden por un indicador llamado Costes Laborales Unitarios, que expresa lo que cuesta cada trabajador a la empresa. Y aquí está la clave del asunto.

Los costes laborales unitarios es la relación entre el salario nominal y la productividad. Eso significa que como hemos dicho que los salarios se mantienen (no se suben los sueldos) y sí aumenta la productividad… entonces los costes laborales unitarios caen. El resultado: a la empresa le sale más barato cada trabajador.

Y finalmente tenemos que ver cómo se aprovecha el hecho de que cada trabajador sea más barato para la empresa. Porque como hemos dicho, el precio es la suma de los beneficios y los costes salariales. Si los costes laborales caen pueden ocurrir dos cosas. La primera, que los precios bajen paralelamente a los costes. La segunda, que los precios se mantengan y lo que crezcan sean los beneficios. Y esto segundo es, como explicamos aquí, lo que ha ocurrido en las últimas décadas en España.

Así pues, lo que tenemos es simplemente una bajada de sueldo relativo o un incremento de lo que Marx llamaba la plusvalía absoluta. Es, dicho en términos más grandilocuentes, un incremento de la explotación laboral.

Y además no va a servir para nada. Y no va a servir porque probablemente los empresarios no reduzcan los precios de la misma forma que caen los salarios (no lo han hecho hasta ahora y es improbable que cambien de opinión), de modo que servirá para incrementar los beneficios empresariales y no mejorar la competitividad. Pero además es que si funcionase sería comenzar a caminar en un sentido equivocado: el de un crecimiento orientado a la exportación y basado en mano de obra barata. Por una parte tenemos la alternativa de incrementar la productividad mediante innovaciones (competitividad verdadera, como decían en la CEPAL y como expliqué aquí). Por otra parte, porque no todos los países pueden ser competitivos a la vez y eso es una carrera hacia el desastre para todos, como también vimos aquí.

Notas:
(1) Observemos que cuando hay incremento del desempleo suele incrementarse la productividad. Eso es porque normalmente se despiden a los trabajadores menos productivos, de modo que quedan menos trabajadores y los que quedan son más productivos. Es un efecto estadístico.

http://www.agarzon.net

Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, acaba de advertir que si la crisis nacional de desempleo no se resuelve pronto, podrían ocurrir tumultos callejeros: Tenemos muchos recién graduados de universidades que no encuentran empleo. Eso es lo que pasó en El Cairo. Eso es lo que pasó en Madrid. Uno no quiere este tipo de alborotos aquí.

Analistas de distintas posturas concuerdan, desde Thomas Kocham, del MIT, hasta Immanuel Wallerstein, de Yale. Al primero le sorprende que todavía no se hayan dado hechos más visibles de descontento. Nuestro público es muy tolerante. No se inclina al desorden civil, pero con esta economía, los tiempos ya se agotaron.

Para Wallerstein, la incertidumbre y el caos rondan por doquier. Plantea que es irreversible el deterioro del dólar como moneda de reserva mundial: era el último poder serio que mantenía Estados Unidos, dijo a Sally Burch (http//:alainet.org), y agregó que los daños son hechos concretos, la situación de Estados Unidos es grave y no es recuperable. En lo doméstico señala que pequeñas urbes están entrando a la bancarrota y, por ejemplo, no pueden pagar las jubilaciones, al tiempo que con rapidez se deteriora la situación de la clase media: quienes perdieron su empleo no hallan otro, en especial las personas entre 40 y 60 años, que llegan incluso a perder sus casas.

Para Wallerstein la situación en Estados Unidos va a empeorar por el freno republicano al gasto público. Se gesta un deterioro mayor: “La fantasía del Tea Party –advierte– está llevando a Estados Unidos, y por lo tanto a todo el mundo, en dirección de un crack”.

El desgaste económico-social interno es agudo: por más de 36-40 meses el desempleo crónico ha permanecido muy alto, en 9 por ciento, según se refleja en las cifras del Bureau of Labor Statistics (BLS), cuya metodología, que considera ajustes estacionales y otros manipuleos, maquilla la realidad para que no luzca tan mal. La permanencia del desempleo de largo plazo no se registra a estos niveles desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y es equiparable al de la Gran Depresión.

Según John Williams (Shadowstats. com) la extraordinaria severidad y duración del embate económico en Estados Unidos durante los últimos tres a cuatro años ha desestabilizado los ajustes estacionales utilizados en las cuentas mensuales del BLS de ciertas series estadísticas. Después de 1994 se hicieron ajustes a la metodología. Williams recuerda que según el procedimiento estadístico utilizado ahora, después de que alguien ha estado desempleado por más de un año, ¡deja de estar incluido en las cuentas gubernamentales!, por lo que si el desempleo fuera computado como se hacía antes de 1994, entonces la cifra verdadera de desempleados sería de 22.2 por ciento.

Pero además de que el desempleo es crónico y en realidad muy alto, un estudio de Lawrence Mishel, del Economic Policy Institute (EPI), muestra una sustancial declinación en el patrimonio de la clase media y otros grupos como los afroamericanos, cuyos hogares son su principal riqueza: el valor de los bienes familiares es ahora más bajo de lo que era en 1983, hace una generación, mientras la riqueza de los sectores de altos ingresos tuvo gran expansion (www.epi.org). Téngase presente que esta es una tendencia de largo plazo y que con ello permanece y se agudiza la polarización social. Mishel muestra que 5 por ciento de las familias más ricas captaron cerca de 82 por ciento del crecimiento total de la riqueza registrado entre 1983 y 2009, mientras 60 por ciento de los hogares contaban con menos recursos que en 1983. Peor aún, otros estudios de EPI muestran que el crecimiento de los salarios se está frenando, de una tasa de 3.8 por ciento en 2007 a 1.8 en mayo de 2011.

Los datos y eventos respaldan la prognosis de Wallerstein: Yo veo guerras civiles en múltiples países del norte, sobre todo en Estados Unidos, donde la situación es mucho peor que en Europa occidental, aunque allá también hay posibilidades de guerra porque hay un límite hasta el cual la gente ordinaria acepta la degradación de sus posibilidades.

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC

El candidato socialista a presidente de Gobierno en las próximas elecciones generales se ha preguntado en clave retórica que desde cuándo es de izquierdas el endeudamiento. Rememora a Alfonso Guerra que, para justificar la política de ajuste duro que estaba aplicando su partido, lanzó aquello de que la inflación es de derechas. La inflación no es de derechas ni de izquierdas pero lo que sí tiene mucho que ver con la ideología conservadora es sacrificar el crecimiento y el empleo a la estabilidad de precios, tal como hace el BCE, y lo que, desde luego, sí es de derechas es pretender controlar la inflación a base de que los salarios pierdan poder adquisitivo, tal como entonces proponían los gobiernos de Felipe González y como ahora quiere Merkel.

El endeudamiento no es de izquierdas, pero lo que sí está relacionado con la ideología es la concepción que se defienda del Estado. Los conservadores y liberales de todos los tiempos han anatematizado el déficit público, lo que es coherente con su ideal de Estado decimonónico, ese Estado del laissez-fair, laissez-passer, Estado policía, cuyas funciones son muy reducidas y que tiene vedado intervenir en la economía. Pero cosa muy distinta es el Estado social que surge del convencimiento de que el mercado no es un sistema perfecto y precisa de la actuación del Estado, primero, para regularlo; segundo, para actuar como contrapeso del poder económico, y, tercero, para corregir los desequilibrios y desigualdades que el propio mercado crea.

En esta concepción del Estado, como social, al sector público se le debe permitir al menos lo que se concede al resto de los agentes económicos. Podemos imaginarnos el caos económico que ocurriría si se prohibiese a las empresas endeudarse. Para invertir precisan de créditos, y de esas inversiones dependen los ingresos futuros. El Estado también invierte, no solo en infraestructuras, sino en educación, en sanidad, en investigación, en justicia, etc., y todos estos gastos son esenciales para el crecimiento económico del país, y como consecuencia de los propios ingresos del Estado. El sector público es el primer socio y más importante de la economía nacional y participa en la buena o mala marcha de esta mediante los impuestos. Sus inversiones de hoy, al igual, que en las empresas privadas, son la garantía de sus futuros ingresos.

El keynesianismo ha ido más allá y ha planteado la necesidad de que el Estado asuma una función anticíclica. En épocas de crisis, cuando la iniciativa privada decae, tanto la política monetaria como la política fiscal deben ser expansivas para evitar la recesión económica o para lograr salir de ella lo antes posible. De ahí que seamos muchos los que hoy critiquemos la política que Merkel está imponiendo y otros gobiernos secundando en Europa, bastante distinta de la seguida en EE UU, a pesar de la presión de los republicanos. El fantasma de los años treinta del siglo pasado revolotea. Parece que no hemos aprendido nada.

Nadie pretende la defensa indiscriminada del déficit público ni calificar de beneficioso cualquier endeudamiento sin que importe el montante al que ascienda. Pero ello se aplica tanto si se trata de Administraciones públicas como de empresas o de familias, y conviene recordar que el problema de España proviene mucho más del endeudamiento privado que del público. El nivel de deuda que cada agente puede soportar obedecerá a muchas variables y no resulta factible reconducirlo a cifras mágicas e inamovibles. Concretamente, cuando se trata del sector público, dependerá del nivel de deuda acumulada, de la fase del ciclo económico, del grado de equipamiento en infraestructuras y en bienes y servicios públicos con que cuenta el país, del destino que se va a dar a los recursos obtenidos con el endeudamiento, etc.

No todos los Estados son iguales ni parten del mismo stock de deuda ni tienen el mismo nivel de infraestructuras y de bienes y servicios públicos. El nivel del endeudamiento público de España es relativamente reducido en comparación con el de otros países. Nuestro problema no es de déficit sino de crecimiento y, sobre todo, de pertenencia a una Unión Monetaria perniquebrada y carecer de un banco central que le respalde. El BCE solo interviene al dictado de Merkel, de forma imperfecta y violentando la soberanía nacional.

Limitar el déficit y el endeudamiento en la Constitución no es un acto neutral desde el punto de vista ideológico. Tiene una enorme carga política. Ha representado siempre una aspiración de la parte más nostálgica de la derecha que desea expulsar al Estado de la economía. Esta reforma significa desalojar de la Constitución el Estado social para entronizar el Estado liberal del siglo XIX. Es comprensible que aquellos militantes del PSOE que les quede algo, aunque sea poco, de socialdemócratas se inquieten y se sientan desasosegados, pero esta desazón deberían haberla experimentado cuando dieron su apoyo al Tratado de Maastricht. Esto es tan solo una consecuencia de aquello, como otras muchas que han venido y otras muchas que vendrán.

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Parece que la única estrategia del Gobierno español durante la crisis consiste en afirmar que España no es Irlanda ni Grecia ni Portugal. Bien es verdad que esa postura no es original. Tal latiguillo lo repiten no sólo los gobernantes españoles, sino también los del resto de los países. Y es cierto que existen discrepancias, ¿cómo no iba a haberlas si los países son diferentes? Pero las semejanzas son lo bastante grandes para aconsejar que todas estas naciones se hubiesen unido en una estrategia común en lugar de adoptar la postura de “tonto el último”.

Para empezar, todos ellos pertenecen a la Eurozona y carecen, por tanto, de moneda propia y de un banco central que los respalde. Su pertenencia al euro les ha permitido un fuerte endeudamiento, ya sea público o privado, que durante largos años les dotó de una apariencia de prosperidad, aunque asentada sobre una burbuja especulativa que antes o después tenía que explotar.

De forma generalizada, han adoptado también una política económica neoliberal: desregulación de los mercados, privatizaciones, reducción de impuestos, cambios en la distribución de la renta en contra de los costes laborales y a favor del excedente empresarial, liberalización del sistema financiero, etc.

Es cierto que no todos los países partían de igual situación ni han aplicado esta política con la misma intensidad. En ese sentido, Irlanda ocupa un puesto de honor. Seguramente habrá sido el país que arrancaba de un escenario peor y, a la vez, el que adoptó más plenamente los principios neoliberales y se entregó con más afán a la desregulación y a la especulación, hasta el punto de ser el ejemplo para los adictos del neoliberalismo económico.

Irlanda supo aprovechar todos los resquicios que la Unión Europea le brindaba. En primer lugar, fue el Estado que más recursos recibió de los distintos fondos comunitarios, un promedio anual de alrededor del cuatro por ciento del PIB cuando en España este porcentaje se situaba en el entorno del uno por ciento. En segundo lugar, y quizás más importante, no tuvo ningún empacho en practicar el dumping fiscal, social y laboral con tal de atraer capital e inversiones, consiguiendo que un gran número de multinacionales se asentasen en su suelo.

Estos días se está aireando el hecho de que Irlanda tiene el impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión 12,5 por ciento. Es lógico que el resto de países se sientan indignados por la competencia desleal que tales planteamientos han supuesto. Pero este es el gran error sobre el que se ha construido la Unión Europea: libre cambio, libre circulación de capitales, sin que previamente se hubiese armonizado la legislacion fiscal, laboral y social.

Los países –lejos de incrementar la productividad– han pretendido crecer mediante el mecanismo de quitar un trozo de pastel al vecino, utilizando cada uno los instrumentos que tenían más a mano. España, por ejemplo, se ha valido de los bajos salarios (sus costes salariales en términos reales se hallan entre los que más han disminuido en los últimos treinta años en la Unión Europea) y en una presión fiscal muy reducida. Según un informe de la propia Agencia Tributaria, a pesar de que el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30 por ciento, el tipo efectivo sólo alcanza el 10 por ciento; es difícil saber si al final queda por encima o por debajo de Irlanda.

La misma Alemania, desde la Agenda 2000 de Schröeder, está aplicando ajustes en materia social y laboral muy duros con el fin de competir con el resto de los países miembros. A partir de la creación de la Unión Monetaria, ha surgido un factor nuevo de competencia desleal: la utilización de un tipo de cambio real infravalorado, que es compatible con un tipo de cambio nominal fijo. Este es precisamente, el caso de Alemania dentro de la Eurozona.

Todo este proceso conduce al desastre, no sólo desde el punto de vista social y del de la igualdad, sino también desde la óptica simplemente económica, porque los demás países reaccionan de la misma forma generándose una carrera al infinito. Siempre habrá países que tengan costes laborales más bajos o menor presión fiscal.

En Irlanda se ha dado otra variable que ha precipitado su economía a la quiebra. En su afán por aparecer como el abanderado del neoliberalismo económico a efectos de atraer inversiones exteriores, ha liberalizado totalmente el sistema financiero hasta convertirlo en un monstruo que ha devorado al propio Estado. Irlanda, un país pequeño, se encontró al final con unos bancos desproporcionados para su tamaño a los que no pudo respaldar. Problema parecido al de Islandia. Además, en su papel de estar siempre a favor del capital, fue el primer país de la Unión en determinar que el Estado respaldase todos los depósitos bancarios sin límite de cantidad, y no contento con ello ha pretendido avalar no sólo los depósitos sino todo tipo de pasivos bancarios. Al final, la insolvencia de sus bancos se ha trasformado en la insolvencia del propio Estado. Y esperemos que no termine ocasionando la insolvencia de algún otro Estado que se considera “diferente”.

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Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico ATTAC España

Al tiempo que Zapatero anunciaba el adelanto de elecciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacía público su informe anual sobre la economía española. Cualquiera que haya pasado por el Fondo sabe de la mediocridad intelectual y profesional de la mayoría de sus funcionarios y del ambiente cerrado y enrarecido en que se desenvuelven, puede decirse que se cuecen en su propio jugo. Aún cuando su conocimiento de los países que analizan es muy somero, pontifican con una gran prepotencia.

Los informes que aparecen en la prensa como dictámenes de la institución son tan solo documentos elaborados como mucho por un economista jefe. En su confección se rigen por las informaciones, a menudo sesgadas, que obtienen de las instituciones, medios y fuerzas económicas nacionales. A este conglomerado aplican un catecismo sencillo y monótono compuesto por tópicos neoliberales. No es infrecuente que los informes elaborados para un país, con pequeños recortes, cambiando las cifras y con algunas adaptaciones se empleen para otros.

El informe elaborado para España describe, por una parte, obviedades que se pueden obtener de las noticias diariamente publicadas en los medios de comunicación: que España no está fuera de la zona de peligro -¡vaya descubrimiento!, cuando los llamados mercados están continuamente especulando contra la deuda española-; que la tasa de paro es inaceptable y más del doble de la media de la zona euro; que existe una dualidad del mercado laboral -aunque más bien habría que decir que la contratación temporal alcanza el 30 por ciento, sin parangón con ningún otro país europeo -, y que las instituciones financieras tienen un problema de apalancamiento y de inversiones excesivas en el sector de la construcción, sin que se conozca muy bien el valor real de estas inversiones.

Por otra parte, el informe se lanza a hacer previsiones sobre el futuro, de esas que pueden realizarse con total tranquilidad porque llegado el momento nadie se acordará de ellas. En último caso, prever que la economía española no alcanzará hasta dentro de cinco años una tasa de crecimiento del 2 por ciento no resulta muy arriesgado.

Por último -cómo no-, comienza a aplicar el catecismo. Bendice los ajustes realizados sin el menor análisis y sin pararse a considerar que tales medidas no han solucionado nada, más bien al contrario, han empeorado la situación. Hoy, la economía española está peor que el año pasado. Pero como las cosas no se han arreglado habrá que dar una vuelta más al torniquete, a ver si así se empeoran un poco más.

Reclama una nueva reforma laboral y aconseja abaratar de nuevo el despido para incrementar, dice, la productividad. No se sabe muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra. Debería decirse más bien que para incrementar el beneficio de los empresarios. Es difícil, después de la última reforma laboral, abaratar aún más el despido. El improcedente, es decir, aquel que no debería existir y que obedece al puro capricho de los empresarios, ha quedado en 33 días por año trabajado, de los cuales ocho los subvenciona el Gobierno. En cuanto al despido objetivo, se han ampliado tanto las causas que los empresarios pueden aplicarlo siempre que quieran por un módico precio, ya que después de la subvención del Gobierno la cuantía es de 12 días por año. Al redactor del informe no se le ocurre pensar (eso sería demasiado) que si el paro en España alcanza esos niveles que considera inaceptables, ello obedece a lo barato y sencillo que resulta prescindir de los trabajadores.

Asimismo, propone un sistema de negociación de los salarios más descentralizado y que no dependa tanto de la marcha de la inflación. De este modo, será más fácil reducir los salarios. Ese consejo se lo debería haber dado a su jefa, ya que Christine Lagarde firmó como directora gerente un contrato con el Fondo por un salario base inicial de $467,940 al que se suman $83,760 en dietas y gastos de representación, que no está obligada a justificar. Tales cantidades se actualizarán en los cinco años siguientes en función de la inflación del área metropolitana de Washington, sin la mínima referencia a la productividad.

El redactor del informe insiste también en la necesidad de aminorar aún más el déficit público y para ello recomienda elevar el IVA, los impuestos especiales y reducir el gasto en funcionarios y en inversiones. Su desconocimiento de la realidad le lleva a afirmar que la nómina total de los funcionarios en España se mantiene por encima de la media de la zona euro, lo cual es radicalmente falso. Como buen neoliberal de catecismo, ignora los impuestos directos y progresivos aún cuando su aumento sea una forma menos cruenta de reducir el déficit, no solo porque afectan en mayor medida a las clases altas, sino porque su efecto negativo sobre la actividad económica es mucho menor que el de los otros tipos de medidas propuestas ya que la propensión a consumir es tanto menor cuanto mayor es la renta.

El informe, por supuesto, no dice una palabra sobre el racionamiento del crédito, sobre los mercados financieros, sobre el tipo de cambio ni sobre la Unión Monetaria, aún cuando es la pertenencia a esta última la que claramente está estrangulando la economía española. Esto, desde luego, sería mucho pedir a aquellos a los que lo único que se les ha enseñado es que la política económica se reduce a disminuir el déficit (el gasto público), reformar el mercado laboral y abaratar las pensiones. Uno de los peores efectos de esta crisis es que ha resucitado al FMI.

Artículo publicado en República de Ideas

En este largo artículo explico las razones por las cuales la desigualdad no es sólo un problema moral sino también económico y, además, muy grave. La desigualdad lleva a la crisis y la crisis lleva a escenarios de estallidos sociales graves. Se trata de un artículo donde explico conceptos básicos de economía, especialmente la relación que existe entre el nivel de los salarios y el nivel de los beneficios. Siguiendo lo mantenido en este blog tantas veces, argumento que la moderación salarial sólo puede agudizar la crisis porque deprime la demanda. En su lugar, lo que necesitamos es un replanteamiento general de la economía, con medidas concretas destinadas a recuperar la soberanía ciudadana y a iniciar una senda de crecimiento económico basado en una participación salarial alta.

El problema económico de la desigualdad

Hay que partir de un hecho económico básico: actualmente vivimos en un sistema económico, el capitalismo, cuya lógica interna genera continuamente desigualdad y pobreza. En ausencia de mecanismos redistributivos la desigualdad no dejaría de aumentar en ningún momento (1) y podría llevar a graves crisis económicas, primero, y estallidos sociales, después. Esto es algo fácil de explicar en términos económicos, aceptando que cada persona tiene una posición muy distinta dentro de la economía y percibe ingresos en función de esa posición.

En economía se considera que esa posición en el sistema económico puede ser, a grandes rasgos y procurando simplificar, de dos tipos: la del empresario y la del trabajador (2). La relación que se da entre ambas figuras es de tipo jerárquica, ya que el empresario contrata al trabajador y tiene derecho a apropiarse del total del valor producido en la actividad económica, y además es él quien determina cómo será de grande la parte que pagará en concepto de salarios a sus trabajadores. De hecho, el valor monetario de lo producido en la actividad económica se llama renta y puede desglosarse en dos partes: la parte salarial y la parte empresarial.

Ver Esquema

Como se puede ver en el esquema anterior, del total que se queda el empresario -parte empresarial- una parte se destina a inversión (que permite comprar mejor maquinaria, invertir para nuevas tecnologías, o para contratar mejores trabajadores) y otra parte se destina a consumo improductivo (pago de intereses, royalties, impuestos y dividendos).

Es fácil ver que dada esa estructura distributiva en la que el empresario es quien decide cómo distribuir, la desigualdad en el tiempo tiende a crecer incesantemente. Para los economistas neoliberales esto no es demasiado problema, ya que aseguran que aunque crezca la desigualdad lo que importa es el bienestar material en términos absolutos. Es decir, que crezca la brecha entre ricos y pobres no es problema siempre y cuando los pobres tengan cada vez mejores condiciones materiales. Y ellos aseguran que eso es un proceso automático llamado “trickle down” o “efecto goteo” que lleva a que dado que los empresarios cada vez son más ricos también invierten más dinero y de esa forma contratan más trabajadores y mejoran la capacidad productiva de una economía. Es decir, su visión de la sociedad es la de unos empresarios que determinan a la baja la parte salarial y al alza la parte empresarial, pero cuya parte no se la quedan ellos sino que la reinvierten automáticamente mejorando las tecnologías y contratando más y más trabajadores.

El argumento neoliberal

Vamos a establecer ese argumento como punto de partida. En efecto, una sociedad prospera en términos económicos siempre y cuando haya inversión. La inversión permite, como decía antes, mejorar la tecnología, contratar más trabajadores, mejorar la eficiencia y, en definitiva, mejorar la capacidad productiva de una economía (podemos producir más, en menos tiempo y de mejor calidad). Y para que eso sea así el empresario debe quedarse una parte suficiente de la renta, porque si todo se queda en salarios no habría dinero suficiente para invertir. En economía se dice que hay un trade-off entre el pago de los salarios y el nivel de beneficios. Si los salarios son demasiado elevados se estrangula la capacidad del beneficio de iniciar procesos de inversión.

Por esa razón los neoliberales proponen siempre moderación salarial. Su objetivo -al menos el teórico- es reducir la parte de los salarios y aumentar la parte empresarial, ya que dicen que así se estimula la inversión. Y de hecho y como hemos demostrado en otros artículos efectivamente los salarios han caído tanto en términos reales como en su participación en la renta. No en vano, desde que el neoliberalismo se impuso como ideología dominante las medidas económicas aplicadas han sido todas en la dirección del argumento descrito un poco más arriba. Y estas medidas son, también, las que se vuelven a proponer tras la crisis por los gobiernos europeos.

Lo que los neoliberales suelen dejar de lado es que hay otro trade-off entre el consumo improductivo y la inversión. Es decir, que aunque la parte empresarial crezca a costa de la parte salarial, todavía queda saber qué ocurre con esa parte empresarial. Bien puede ocurrir que se destine directamente a distribuirse entre los accionistas (dividendos) bien puede destinarse al pago de intereses a los bancos o bien puede, ahora sí, invertirse para crear empleo. Esto es muy importante y lo he tratado en varios artículos en los que hemos revelado que en los años de hegemonía neoliberal la inversión ha sido muy reducida y sin embargo lo que ha crecido ha sido el reparto de dividendos y el pago de intereses a las entidades financieras, es decir, el consumo improductivo. La consecuencia de todo ello es que aunque la parte empresarial ha subido eso no ha repercutido en mayor inversión y mayor creación de empleo, es decir, que no se ha cumplido el trickle down.

La caída de la parte salarial y la crisis de demanda

En economía no todo es tan sencillo como se pretende hacer creer con afirmaciones del tipo “la moderación salarial nos sacará de la crisis”. El argumento anteriormente comentado es bastante fácil de entender, y cualquier empresario sabe que si baja salarios tendrá más dinero para invertir. El problema viene cuando hablamos de una economía en su conjunto, que en realidad es lo que nos interesa. Y es que entonces tenemos que hablar de lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que demuestra que lo que es bueno para intereses individuales no es necesariamente bueno e incluso puede ser perjudicial para el interés colectivo.

En efecto, un empresario puede querer que los salarios de sus trabajadores bajen y así pueda él tener más dinero para invertir y mejorar su empresa. Pero a la vez querrá que el resto de trabajadores de otros empresarios cobren más, porque a alguien hay que venderle los productos. Sin embargo, como el sistema económico es caótico lo que sucede en realidad es que todos los empresarios proponen la bajada de salarios, lo que hace que todos los trabajadores en conjunto cobren menos y por lo tanto tengan menor capacidad de compra conjunta. Entonces los empresarios en su conjunto también venden menos e incluso pueden tener pérdidas porque antes vendían a los trabajadores de otras empresas… a los cuales también les han bajado los sueldos. El sistema entra en crisis a través de lo que se llama una “crisis de demanda”.

Cuando se produce una crisis de demanda lo primero que deja de comprarse son los bienes duraderos (electrodomésticos, coches, etc.) y los bienes de lujo, ya que son los que se necesitan menos. Las empresas de esos sectores empiezan a tener pérdidas y despiden trabajadores, lo que agudiza el problema porque también esos trabajadores dejan de consumir en otras empresas. La crisis se extiende y al final invade toda la economía.

La salida que suelen proponer los neoliberales a ese problema es proporcionar dinero y facilidades a las empresas, para que inviertan. Se bajan los tipos de interés y se da dinero a mansalva para que inviertan, pero no funciona nunca si la crisis es de esta naturaleza. Y a esa situación se la llama en economía “la trampa de la liquidez”, porque por más que bajes los tipos de interés ninguna empresa quiere invertir… ya que aunque lo haga no podrá vender lo que produzca.

La salida histórica a este tipo de crisis (como el New Deal estadounidense de los años treinta) es vía estímulos de la demanda por parte del Estado, es decir, del Gasto Público. El Estado inicia proyectos productivos que suponen un gasto público, pero que sirven para poner a trabajar a la gente desempleada. Como esos nuevos trabajadores reciben dinero también consumirán y podrá invertirse el proceso de antes: ahora las empresas volverán a vender y a invertir. A veces el Estado crea empresas públicas, inicia proyectos pagando a las empresas privadas o incluso simplemente sube las prestaciones por desempleo (que tienen el mismo efecto que un salario: sirven para comprar).

El crecimiento a lo China: profit-led.

No obstante, es posible escapar a estos “problemas” de agregación de intereses individuales. Por ejemplo, pagando salarios dentro del país pero vendiendo los productos fuera del mismo. Eso permite que por muy bajos que estén los salarios de los trabajadores las empresas puedan seguir vendiendo y obteniendo beneficios y el país pueda seguir creciendo. En efecto, eso es lo que ha ocurrido con el extraordinario crecimiento de China y otros países de un crecimiento orientado a la exportación (ver este artículo académico para un análisis de la dinámica distributiva de China).

En el caso China los salarios se han mantenido bloqueados en un nivel muy bajo -gracias a que la dictadura impide un estallido social- y la parte empresarial ha crecido enormemente. Además, como son empresas dirigidas por el Estado y con objetivos muy planificados, casi todos los beneficios se han destinado a reinversión. Eso ha producido un crecimiento económico extraordinario que ha durado decenas de años. Es un modelo de crecimiento basado en el poder de compra del resto de países y, concretamente, en el poder de compra de los trabajadores de otros países.

Pero nada es eterno. La crisis internacional ha golpeado a los países importadores, especialmente Estados Unidos y España, y el crecimiento del desempleo y las bajadas salariales han producido un descenso en las ventas de China. Eso ha afectado a su crecimiento económico, lo que ha obligado a China a redefinir su estrategia en el último congreso. Ahora van a crecer hacia dentro: permitiendo una subida de la parte salarial y permitiendo que sus productos sean comprados desde el interior del propio país.

El crecimiento mundial: wage-led

Aunque China y otros países puedan escapar a la lógica de que bajos salarios lleva necesariamente a la crisis, la economía como un todo no puede escapar. Esto quiere decir que no todos los países pueden hacer la estrategia China, por pura lógica: lo que unos exportan lo importan otros, y viceversa. O lo que es lo mismo: no todos los países pueden ser exportadores. Por eso el debate sobre la competitividad es un timo: como ya explicamos el debate es una invitación a participar en una carrera donde no tenemos ninguna opción de ganar.

Puede parecer que lo que estoy diciendo ahora es contradictorio con lo que planteaba antes sobre el trade-off entre parte salarial y parte empresarial, pero no es así. Que la parte salarial suba hace que la parte empresarial baje, en efecto, pero eso no significa que baje la inversión. Por varias razones:

La primera, que como hemos anticipado esa parte empresarial puede no estar dedicándose a inversión sino a consumo improductivo, lo que significa que aunque baje la parte empresarial no se vea afectada la inversión. Es más, dado que al subir la prate salarial crece la demanda de productos y eso mejora las expectativas de negocio, la inversión puede crecer.

La segunda, vinculada con lo anterior, que si bien las empresas ven sus beneficios caer en el reparto distributivo, pueden ver compensada esa caída por el incremento de las ventas. Eso hace que el crecimiento de los salarios lleve a mayor crecimiento económico, más que a menor crecimiento.

Ambas ideas, y muchas otras, fueron sintetizadas en la tradición poskeynesiana por Bhaduri y Marglin (1990) y las expliqué con bastante detalle aquí (exposición técnica), aquí (exposición divulgativa) y aquí (interpretación para España).

Las medianas y pequeñas empresas

La cuestión salarial es de mayor importancia cuando hablamos de las pequeñas y medianas empresas, porque éstas operan fundamentalmente en el mercado interno. Por el contrario las grandes empresas operan en el mercado internacional, lo que significa que puedan escapar del efecto perjudicial de la bajada de salarios.

En definitiva, las medidas neoliberales machacan a las pequeñas y medianas empresas (que son las que crean la mayor parte del empleo: en torno al 70 u 80%), porque deprimen la demanda que les permite vender sus productos y servicios, pero favorecen a las grandes empresas que siguen haciendo beneficios fuera del país y tienen menores costes salariales que soportar.

La salida de la crisis y los mecanismos redistributivos

En este punto sabemos ya que las respuestas a la crisis ofrecidas por las grandes empresas, por los gobiernos de inspiración neoliberal y por las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, son el camino al desastre. Son el camino al desastre porque perjudican al crecimiento económico y eso agudizará los problemas de deuda pública del país y su exposición al chantaje de los mercados financieros. Pero también es un camino al desastre porque nos empobrece a casi todos y profundiza el escenario de regresión social. Vamos hacia una década perdida.

Y mi opinión, como ya comenté, es que este nuevo escenario de regresión social conducirá a inestabilidad social y un crecimiento de la rabia y la frustración, todo lo cual puede ser profundamente peligroso si no es canalizado de una forma progresista.

Sobre las alternativas ya he hablado de ellas en otros artículos, pero podemos resumirlas en la necesidad de un reajuste estructural de la economía europea y de la española. Necesitamos cambiar el modelo productivo, crecer hacia el interior (con un fuerte Estado social y con una parte salarial muy alta), crecer de forma sostenible medioambientalmente (abandonando el criterio de la rentabilidad), con un control absoluto sobre las finanzas (en la línea de este comunicado y de este artículo) y con la subordinación completa de la economía a la sociedad (instaurando por fin mecanismos democráticos que permitan controlar la economía).

Notas:

(1) Esa es la razón por la cual los sistemas fiscales modernos son la inmensa mayoría de tipo progresivo. Eso quiere decir que la financiación de los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) proviene fundamentalmente de las clases altas, es decir, de los más ricos. Como ellos pagan más impuestos que el resto de clases sociales, al final a los más pobres les resulta “más barato” acceder a servicios que en casos de ser privados serían inaccesibles por su alto coste. Estos mecanismos redistributivos mitigan la desigualdad y ayudan a mantener la cohesión social.

(2) Esto es una simplificación o, como es más adecuado decir, una abstracción de la realidad. No significa que sólo haya dos clases sociales y que cada persona tenga que adscribirse a una u otra, sino que se establece así porque es el grado más alto de abstracción y permite recoger estadísticas más fácilmente. La contabilidad nacional se basa en esta separación. Sobre el problema de las clases sociales he escrito aquí y aquí.

Piju$ €conómicus

El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de proponer un pacto entre sindicatos y patronal para reducir los salarios y los beneficios, una propuesta que a mí me parece que solo llevaría a que la economía española fuese a peor si se llevase a cabo.

Trataré de explicar lo más breve y sencillamente posible por qué creo que lo que afirma Rubalcaba es simplemente un dislate.

El valor monetario de todo lo que se produce en una economía conforma el llamado Producto Nacional (dejaré ahora de lado el hecho importante de que, al centrarse solo en valores monetarios, no se mide el producto que no tenga expresión monetaria, como el que se genera, por ejemplo, mediante el trabajo doméstico).

Inmediatamente que se genera, ese producto se convierte en renta por su mismo valor.

Esta renta es el total de los pagos que se han debido realizar a los factores que ha sido necesario utilizar para obtener el producto. Los factores que se suelen utilizar para producir los bienes y servicios son los recursos naturales, el trabajo y el capital (el capital físico -maquinarias, instalaciones…- y el capital financiero).

El pago de los recursos naturales se llama en economía renta, el del trabajo sueldos y salarios (que incluyen los que se perciben directamente más las cotizaciones sociales) y el pago por la utilización del capital es el tipo de interés (en los cursos de economía se demuestra fácilmente que la retribución del capital físico tiende a ser igual a la del capital financiero).

Sin embargo, para simplificar podríamos resumir esos diferentes pagos en dos grandes conceptos: los sueldos y salarios (retribución del trabajo en todas sus modalidades) y rentas del capital o beneficios (incluyendo tanto las rentas del capital como las de la tierra o recursos naturales). Y más concretamente, los beneficios así entendidos se denominan excedente de explotación bruto porque es la retribución final que perciben los propietarios del capital en todas sus formas una vez que se ha hecho frente a todos los costes de la producción (que o son sueldos y salarios u otros conceptos que en realidad son también rentas del capital).

Lo que acabo de decir lleva a dos ideas fundamentales y que a veces, como ahora con la propuesta de Rubalcaba, se ocultan para engañar a la gente:

- La primera es que la producción y la distribución de la renta se producen al mismo tiempo. Como he dicho, para producir es necesario retribuir en el mismo momento en que se produce a los propietarios de los factores (a los trabajadores o a los propietarios del capital), así que al producir se está ya repartiendo de una manera u otra el ingreso. Esto es importante porque los políticos que no quieren poner sobre la mesa el problema de la desigualdad suelen decir “primero hay que producir la tarta y luego repartirla, así que dediquémonos ahora a producir que cuando hayamos producido ya repartiremos”. Como acabamos de ver, eso puede ser cierto en repostería pero no en economía.

- La segunda idea es que, dado un determinado volumen de producción, si sube la “parte salarial” bajan los beneficios y si baja suben los beneficios. Es verdad que puede ocurrir que una parte de los salarios y de los beneficios vayan al Estado y que éste puede corregir el reparto inicial, pero eso será, si se produce, en segunda instancia (por eso llamamos a esa acción del Estado re-distributiva) y por eso no cambia lo que acabo de decir. Lo que no puede ocurrir, pues, es que suban al mismo tiempo los salarios y los beneficios, o que ambos bajen si se mantiene igual el volumen de producto

Por tanto, si Rubalcaba propone que bajen los salarios y los beneficios solo puede estar proponiendo dos cosas:

a) que baje el producto a generar y, por tanto, el ingreso total, lo cual es una barbaridad en la situación en la que estamos (otra cosa es que debamos obtener nuevos ingresos pero no de las actividades económicas hasta ahora dominantes, pero de este asunto no me puedo ocupar ahora), o

b) que trabajadores y propietarios del capital renuncien a una parte de sus ingresos para dárselos al Estado, lo cual no tiene mucho sentido hoy día y, además, en términos económicos no cambia lo anterior porque, más tarde o más temprano, o van a salarios o van a beneficios.

Pero la propuesta de Rubalcaba resulta aún más delirante, sobre todo, si se tiene en cuenta el papel que tienen los salarios y los beneficios en la economía.

Con independencia de otras consideraciones de equidad o de discurso alternativo, en economías como las actuales, ambos son fundamentales.

Los salarios lo son no solo porque constituyen el único ingreso y, por tanto, la única fuente de satisfacción de necesidades de los trabajadores, sino también porque es fundamentalmente con los salarios con lo que se puede comprar la producción que realizan las empresas. Imaginen por un momento el sueño de los empresarios torpes -salarios muy, muy reducidos-: ¡no podrían vender sus productos!

Eso fue lo que el célebre Henry Ford contestaba a sus colegas cuando le reprochaban que hubiese aumentado el sueldo de sus trabajadores: “todos los capitalistas del mundo juntos -decía- somos insuficientes para comprar todo lo que producimos. han de comprarlo nuestros trabajadores”.

Es verdad que ocurre, como señaló el economista polaco Michael Kalecki, que los empresarios a veces prefieren tener menos beneficios imponiendo desempleo y, por tanto, bajos salarios, porque así tienen más poder político. Por eso es importante entender que cuando la gran patronal reclama recortes salariales no está buscando que la economía funcione mejor sino tener más poder.

Por otro lado, los beneficios también son fundamentales en las economías capitalistas en las que se encuentra Rubalcaba y todos nosotros porque sin ellos no habría empresarios (grandes o pequeños) ni ahorradores que arriesgaran su capital (físico o financiero). Y, por tanto, sin beneficios no habría producción (me refiero, como he dicho, a lo que pasa hoy día en nuestras economías, no a lo que pudiera ocurrir si el sistema económico fuese otro, como yo desearía, por cierto, pero eso es otro asunto que no puedo desarrollar aquí).

Pues bien, es fácil comprobar entonces que la propuesta de Rubalcaba es un dislate porque lo que viene a proponer es que disminuyan los dos motores de los que hoy día depende el funcionamiento de la economía: si la llevara a cabo bajaría la demanda y con ello la producción y aún más los beneficios, y al bajar los beneficios bajarían el empleo, los ingresos, la producción… en un círculo vicioso fatídico.

¿Quiere eso decir qua hay que dejar las cosas tal y como están?

De ninguna manera. Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo hacemos otra propuesta diferente en un libro titulado HAY ALTERNATIVAS que saldrá publicado a mediados de octubre.

Nosotros creemos que los gravísimos problemas que la economía mundial y la española en particular padecen hoy día tienen su origen en una distribución de la renta que se manifiesta en tres dimensiones principales: bajos salarios, bajos beneficios de la actividad empresarial productiva que crea empleo y elevadísimos beneficios de la actividad financiera, de la especulativa y de las grandes empresas con poder de mercado que en lugar de crear riqueza y empleo los destruyen.

En los últimos años la participación de los salarios en el total de la renta ha bajado mucho. Eso es justamente lo que ha provocado que la producción de bienes y servicios sea insuficiente y que, al mismo tiempo, haya tanto desempleo y en aumento, y tanta gente en el mundo que no puede satisfacer sus necesidades básicas.

La caída de la participación de los salarios en la renta nacional en España ha sido de unos diez puntos en la última década a pesar de que ahora hay unos cinco millones más de trabajadores ocupados, y de unos 13 puntos desde 1976.

Por otro lado, y tal y como he dicho antes, eso ha tenido un efecto paralelo: el incremento de los beneficios o del excedente bruto.

Pero el problema que ha ocurrido es que la gran parte de ese beneficio no se ha dirigido a la extensión de la producción de los bienes y servicios que satisface las necesidades sociales porque los salarios bajos generan insuficiente demanda y eso ha impedido obtener en la actividad productiva la misma rentabilidad que proporciona la inversión financiera (que, a su vez, se ha privilegiado gracias al poder político de la banca que es la que anima este proceso). Y es por eso que podemos afirmar que los salarios escasos han provocado una deriva de los capitales hacia la inversión financiera y especulativa que ha terminado por generar la crisis en la que estamos.

Nuestra opinión es que efectivamente es imprescindible un Pacto de rentas en España pero no para empobrecer a todos, como ocurriría si se aplica la idea de Rubalcaba, sino para crear más actividad del tipo de realmente necesita la sociedad española.

Concretamente, proponemos que se acuerde que los salarios recuperen en un periodo razonable de cinco a siete años, su nivel de participación en la renta nacional más alto de la época democrática y que se adopten medidas para que eso no se traduzca en menos beneficios para las empresas que creen empleo dedicándose a desarrollar un nuevo modelo productivo más sostenible y eficiente. Lo cual se puede conseguir mediante acuerdos de incremento de la productividad.

Lógicamente, eso ha de llevar consigo medidas que recorten las rentas financieras y que penalicen el uso especulativo y financiarizado del ahorro y, al mismo tiempo, otro aspecto esencial al que no parece que se haya referido Rubalcaba: la dotación del capital social que se necita para que trabajadores y empresarios productivos pueden fomentar la productividad y un nuevo modelo de producción y consumo. Para lo cual es necesario más gasto público y social, al menos el equivalente al que tienen los países de nuestro entorno.

Somos plenamente conscientes de que para que se pueda llevar a cabo una propuesta de esta naturaleza es necesario cambiar más cosas: la correlación política de fuerzas para que los banqueros y grandes empresarios no impongan su lógica especulativo al resto de la sociedad y, por supuesto, al resto de las empresas; la actitud de los sindicatos y de los trabajadores hacia las empresas para que dejen de creer que el enemigo es la empresa o los empresarios cuando en realidad lo es un tipo concreto de empresario que es enemigo de la gran parte de la clase empresarial, de la pequeña y mediana que es la que crea empleo; y también la actitud de los empresarios hacia los sindicatos, hacia la negociación y hacia el sector público; el funcionamiento de las administraciones públicas que ha de ser más ágil y eficaz; y, en general, la actitud de toda la población, que debe desembarazarse de los valores individualistas y pasivos que ha inculcado la política y la cultura neoliberal.

En cualquier caso, podremos matizar y concretar nuestra propuesta más adelante pero lo que quiero ahora poner de relieve es que moderar salarios, como propone Rubalcaba, es una medida que proponen los neoliberales que aumenta el poder político y los beneficios de los grandes propietarios pero que, como estamos viendo en otros países y en el nuestro desde hace años, lo hace a costa de generar menos actividad económica y menos empleo y ambos de peor calidad, lo cual es especialmente nefasto en momentos de recesión como los actuales. Y, al mismo tiempo, que disminuir beneficios sin matizar que los que hay que disminuir son los de la banca, los de las grandes empresas que destruyen empleo y tejido productivo y no los de las pequeñas y medianas que crean empleo, y que limitarse a proponer que disminuyan sin poner en marcha propuestas para que aumente la productividad, para lo cual es preciso que aumente nuestro gasto público, es otra barbaridad. Y que si, para colmo, lo que se propone, como hace el candidato socialista, es hacer ambas cosas a la vez la propuesta se convierte ya simplemente en un dislate.

Ganas de Escribir.