En cuestión de comer, poco o mucho, una cosa está clara; cada vez todo es más homogéneo. Hemos perdido sabores y saberes paralelamente al desarrollo de una agricultura intensificada centrada en muy pocos cultivos. Lo que ahora llamamos así, agricultura intensificada, es el resultado de la llamada revolución verde que en los años 60 –y con financiación de la Fundación Rockefeller– introdujo cultivos por casi todo el mundo en base a semillas mejoradas que crecían rápido en suelos tratados con fertilizantes minerales.

África quedó excluida de este modelo agrícola hasta que, primero en 2003 con el Programa Detallado para el Desarrollo de la Agricultura Africana, después en 2006 con la Declaración de Abuja en el marco de la Cumbre de África sobre fertilizantes, y finalmente ese mismo año con la creación del AGRA (Alianza para una Revolución Verde en África) por parte de la Fundación Rockefeller (otra vez) y la Fundación Bill y Melinda Gates, llega la hora –dicen que verde y revolucionaria– para el continente.

El primer país africano en involucrarse es Ruanda. Como mandan los cánones del régimen de Kagame (uno de los principales actores de desestabilización y promotores de violencia en la región de los grandes lagos, que ha sabido silenciar sus crímenes contra la humanidad liquidando la oposición en el interior del país, y en el exterior con un gran despliegue mediático y con importantes alianzas occidentales) instaura en 2007 un nuevo régimen agrícola sin ningún tipo de debate o consulta con la población. Queda bautizado como Programa de Intensificación de Cultivos (CIP) y pretende transformar la agricultura de autosuficiencia en una agricultura comercial orientada hacia el mercado, en base a la especialización de cultivos por regiones; la propagación de monocultivos; las semillas comerciales, los fertilizantes minerales y los pesticidas químicos.

La consigna de la revolución atravesó todo el país, tanto si se quería como si no. Se decidió qué y cómo se cultivaría en cada región en un despacho de Kigali con un mapa y un marcador. Las autoridades locales fueron presionadas para alcanzar records en cada cosecha, y en la siguiente. Se forzó a las y los campesinos a agruparse en sociedades bajo control de las autoridades administrativas. Y se prohibieron prácticas habituales como la siembra de cultivos diversificados –que alimentan mejor, pero se venden peor. Una revolución que dictaminó el monocultivo infinito y obligatorio. En Gitamara, un agricultor cuenta que las autoridades nos exigieron volvernos productores de maíz con semillas comerciales, mientras que las mujeres querían seguir cultivando camote, col y otras legumbres en los humedales. Como ellas no cedieron, las autoridades terminaron enviando a los militares para destruir nuestros campos.

Los resultados han sido los esperados, y a corto plazo pueden parecer positivos en un país con problemas de hambruna. Según las estadísticas nacionales, desde el inicio del CIP y con un presupuesto anual de 22.8 millones de dólares, la producción agrícola creció 14 por ciento al año, triplicándose las cosechas de maíz, trigo y mandioca. Un aumento proporcional a unas inversiones nunca vistas en ese país. Pero como destaca la organización GRAIN, recientemente premiada con el Nobel Alternativo, tras el innegable aumento en la producción nacional se esconden otros aspectos mucho menos positivos para la población ruandesa y para la campesina en particular.

Impactos negativos porque esta agricultura intensificada e impuesta atenta contra la soberanía de la persona productora a la hora de decidir y definir su agricultura y sus formas de practicarla, y que hace a todo el país muy vulnerable y dependiente de pocos cultivos y su valor comercial. Las semillas híbridas utilizadas para el milagro de la productividad no pueden volver a sembrarse después de la cosecha y su precio es 30 por ciento más caro que las semillas locales; los fertilizantes minerales son imprescindibles, cuando su precio está en constante escalada. En varios años la pérdida de variedades de cada cultivo (biodiversidad) será como vaciar el baúl de las soluciones ante cambios climáticos, erosión, etcétera; y, como sabemos por experiencia, esta agricultura de trabajos forzados acaba con la fertilidad de la tierra. Monocultivos por todas partes provocan una disminución en la disponibilidad de productos locales, y la alimentación de las familias ahora dedicadas en exclusiva a un único cultivo, pasa a depender totalmente de los vaivenes comerciales (el precio medio anual de los productos alimenticios básicos en Ruanda subió 24 por ciento entre 2006 y 2008, cuando la tasa de inflación media en este periodo era de 9.8 por ciento).

Hay que hacer una denuncia con mayúsculas: 80 por ciento de las inversiones del CIP se han dedicado a la compra de abonos químicos de multinacionales especializadas. Esa es su verdadera revolución: favorecer a las grandes corporaciones y servirles un nuevo mercado. Mientras en el centro Gako Organic Farming de Kabuga, cerca de Kigali, Richard Munyerango explica sus resultados:
–Con la agricultura orgánica, podemos producir alimentos sanos y diversos en cantidades suficientes, y protegemos los suelos. No dependemos de los costosos fertilizantes, los elaboramos con los residuos de la cría de ganado y de las cosechas. Usando técnicas como el compost y las asociaciones de cultivos, incluso las familias muy pobres pueden mejorar su autonomía alimentaria de manera sustentable y recobrar su dignidad de personas campesinas.
Efectivamente, en la lucha contra la pobreza necesitamos revoluciones, pero de mentalidades.

Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas

Artículo publicado en La Jornada

PALABRE-ANDO

La mayor tasa de paro del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro. Así ha abierto su informativo de mediodía la BBC. 577.000 parados más en 2011. 5.273.600 de personas que buscan empleo y no lo encuentran. Que en realidad son 5.319.000 con una forma más real de contarlos.

Como explicaba la cadena británica, los recortes han incidido gravemente en esa cifra. En particular en las administraciones públicas. El PP, neoliberal hasta la médula, quiere reducir el Estado, y así disminuye el empleo que éste genera. Menos personas trabajando, menos impuestos para costear desde servicios a pensiones, menos dinero para consumir y más necesario para “co-pagos”, el camino a la recesión (de hecho ya estamos en recesión),a la catástrofe, está asegurado. Eso sí con muchas banderas, Gibraltar español o cadena perpetúa.

Todo lo que ha hecho el PP para aumentar ingresos ha sido subir los impuestos de las rentas del trabajo, dejando fuera las grandes fortunas, según la norma que también aplicó el PSOE. Ahora nos dirigimos a hacia la “reforma” laboral, abaratando el despido, ése que al parecer era tan caro que “sólo” ha ocasionado 5,3 millones de parados. Reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Con la cadena de consecuencias que conlleva.

Entretanto los intocables bancos reciben cantidades bi-millonarias de dinero público a intereses irrisorios (del 0,algo al 1,5%), lo prestan a los Estados al 5% y prefieren no dar créditos a los particulares porque comprar deuda, sobre todo de países en serios problemas, es mucho más rentable. Ya exprimirán los gobiernos a los ciudadanos para pagar.

¿Alguien ve solución así para que no se cumpla el pronóstico del Banco de España que prevé 6.000.000 de desempleados en 2012 y una reducción de la economía española del 1,7? El Gobierno sí: austeridad, reducción del sector público… estupendo, directos al abismo. Ah, y privatizaciones, la expropiación y venta de nuestro patrimonio, el que pagamos con nuestros impuestos, a particulares para que sean ellos quienes obtengan beneficio. Y sin indemnizarnos. ¿Y cuándo ya lo haya vendido todo qué haremos?

Mis condolencias a los 5.300.000 parados, a mis amigos y familiares directos afectados por el problema se las doy en persona. Y les recuerdo que cuando el edificio se cae es porque tiene los cimientos podridos, y es ahí, el fondo, el que hay que regenerar.

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Como bien se sabe, empresarios y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre la futura reforma laboral que servirá de base para que el gobierno legisle. Será una reforma laboral que, según ha comentado el propio ministro de Economía, se convertirá en el centro de la política económica del gobierno del PP. Mi compañero Coscubiela, diputado de ICV-EUiA y sindicalista de larga trayectoria, ha escrito unas notas de urgencia muy interesantes sobre la reforma. Yo quisiera copiar la idea y plasmar mis primeras impresiones.

Hay varias formas de analizar esta reforma laboral, y sin duda en la izquierda política y sindical vamos a ver ambas. En primer lugar puede analizarse desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista político. En segundo lugar, puede analizarse desde un punto de vista de capacidad de gestión o desde una perspectiva estratégica. Al fin y al cabo, la reforma laboral se enmarca en un determinado momento histórico y en una coyuntura económica muy concreta. Y por lo tanto hay diferentes interpretaciones posibles y todas ellas legítimas.

Como bien se sabe, la primera cuestión a resolver es si es pertinente o no una reforma laboral. Cuestión que engloba unas preguntas aún más importantes: ¿qué objetivo debe tener una reforma laboral? y ¿qué papel juega el mercado de trabajo en el sistema económico?

En la teoría económica el mercado de trabajo puede ser analizado desde diferentes enfoques. Los economistas neoclásicos lo ven como un espacio donde hay demasiadas “interferencias” que obstaculizan la adecuada asignación de trabajadores en los puestos de trabajo. Los sindicatos son uno de esos obstáculos, y en consecuencia también determinadas medidas que han conseguido aplicar y que instauran “rigideces” en la libre asignación de recursos. Esta perspectiva entiende que desregulando el mercado de trabajo (es decir, hacer más fácil en todos los sentidos la contratación y despido de trabajadores) se puede combatir exitosamente el desempleo. Y la variable de ajuste en esta visión es el salario. Cuanto más flexible sea el salario, más fácil será ajustar oferta y demanda de trabajo. Los economistas que se inspiran en esta teoría entienden, en definitiva, que hay que reformar el mercado de trabajo para liberar a los empresarios de sus obstáculos.

Por el contrario, parte de los economistas críticos ven el desempleo no como resultado de desajustes en el mercado de trabajo, sino como desajustes en el mercado de bienes y, concretamente, por falta de demanda. Esto quiere decir que el mercado de trabajo no tiene un papel primordial en la creación de empleo, pero sí lo tiene la actividad económica y el nivel de consumo e inversión (privada y pública). En este sentido y en un contexto de falta de demanda las reformas laborales serían por lo general inocuas. No conseguirían reactivar la economía y amenazarían, si están mal diseñadas, con un empobrecimiento de la población que agudizaría el problema.

Hasta aquí son trazos generales, obviamente. Mi opinión es que en un contexto como el actual el problema de la economía no está en el mercado de trabajo, aunque por otra parte puede aceptarse que tiene sus propios problemas, sino en otras causas que tienen que ver con la desigualdad que conduce a la falta de demanda.

Pero a continuación tenemos que valorar el papel de los sindicatos, y no sólo desde un punto de vista técnico sino también político. Esto quiere decir que no podemos detenernos a saber lo que es conveniente o no bajo la teoría, sino que también tenemos que estudiar las bases políticas que permiten tomar una u otra decisión.

Los sindicatos están hoy desprestigiados y bajo permanente ataque. Como he mencionado anteriormente, la derecha odia a los sindicatos porque en su modelo teórico el papel de los mismos debería ser reducido a la mínima expresión. Resultado de ese ataque y de la nueva configuración económica mundial dominante desde los años ochenta, los sindicatos han sufrido una derrota tras otra. Hasta el punto que muchos sectores han terminado aceptando incluso las tesis de sus adversarios. En esta coyuntura los sindicatos han pasado a una estrategia defensiva, centrando su política en resistir los brutales ataques de la derecha. El objetivo ha sido, desde hace mucho, mitigar los efectos de las políticas impulsadas por los gobiernos y las cuales siempre han atentado contra las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Así las cosas, muchos sindicalistas han optado por mantener esa estrategia de lucha ante la reforma actual. Desde un punto de vista técnico esa lucha ha logrado históricamente importantes beneficios, puesto que esa resistencia ha permitido mantener o incluso aumentar derechos en determinadas áreas. Si bien perdiéndolos en otras. La reforma de las pensiones, por ejemplo, tuvo también sus ventajas porque permitió incrementar derechos parciales como la cotización de determinados sectores hasta entonces excluidos. Es decir, la resistencia en la negociación ha permitido mitigar los posibles efectos -aún más perversos- de una reforma laboral impuesta por una de las partes.

En este sentido cabe recordar que el sindicato negocia teniendo presente que ha de hacer presión, para lo cual es importante la movilización y la base social que le apoya. Desgraciadamente tanto el apoyo social como las movilizaciones han ido en retroceso, dejando así al sindicato peor armado.

Si bien lo arriba descrito es perfectamente cierto, hay otros elementos que no podemos olvidar. El primero de ello, que la base social que fortalece un sindicato se nutre de la acción y la coherencia. Con estrategias defensivas los sindicatos pierden poco a poco a sus propias bases, y de vez en cuando aceptando -bajo la lógica del mal menor- burradas como la jubilación a los 67 el apoyo decae en masa. Los sindicalistas se desaniman y la población no sindicada deja de apoyar. De forma que al término de cada negociación de esta naturaleza los sindicatos se encuentran aún peor armados que antes.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconciliándote con ella.

Yo no soy partidario de esta reforma laboral, que entre otras cosas centra el papel en la moderación salarial. Soy más bien partidario de fortalecer a los sindicatos lo máximo posible, porque son indispensables para la salida a la crisis y para la superación del sistema político y económico. Pero para fortalecer hay que tomar las decisiones adecuadas, no sólo las técnicas sino también las políticas.

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El capitalismo del siglo XXI parece una versión de la concepción acerca del cambio social ofrecida por el pensador ruso Alexander Herzen luego de la revolución de 1848: La muerte de las formas contemporáneas del orden social deben complacer más que perturbar al espíritu. Pero lo que es aterrador es que el mundo que se va deja tras de sí, no un heredero, sino una viuda preñada. Entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, mucha agua correrá, una larga noche de caos y desolación.

Toda proporción guardada con el escenario de referencia de Herzen, la crisis de las economías más desarrolladas que se expresaron con fuerza con el crack bursátil de 2001 y la debacle bancaria asociada con la deuda inmobiliaria en 2008 –la más profunda desde la década de 1930–, puede verse como una transformación aún indefinida del capitalismo financiero, pero que carga con el embrión gestado por su antecesor.

Uno de los cambios más significativos del capitalismo, que se fue generando desde mediados de los años 1970 con el fin de los acuerdos de Bretton Woods, es el de la persistente separación del financiamiento y los procesos productivos creadores de riqueza. El capital ha tendido desde entonces a reproducirse en términos preferentemente financieros, con un mayor contenido y nuevas formas de especulación.

La globalización se ha prendido de esta forma de acumulación, junto con desplazamientos significativos de la localización espacial de las actividades productivas con consecuencias relevantes en la organización del trabajo, la creación de empleo y la generación de ingresos. Juntos, ambos procesos: la financiarización del capital y la redefinición integral del trabajo marcan hoy las tendencias del desarrollo, los conflictos sociales y las tensiones institucionales del sistema.

A diferencia de las diversas crisis que desde 1980 se propagaron por una serie de países en América Latina, Asia y también en Rusia, ahora éstas ocurren en Estados Unidos y Europa, centros financieros mundiales y fuente de buena parte de la demanda de bienes, servicios y materias primas.

Los efectos de los nuevos patrones de la acumulación mediante la proliferación de esquemas financieros y la reordenación productiva, junto con la transformación demográfica en los países más desarrollados, han impactado en el financiamiento de los gobiernos. En Estados Unidos la larga etapa de bajas tasas de interés se asociaba con la generación de activos (como fue el caso de la construcción de vivienda), que habría de sostener la capacidad de crear flujos para cubrir la pensiones y el sistema de salud.

La quiebra de este modelo, una vez que los precios de las viviendas empezaron a caer y se desfiguró la abultadísima creación de instrumentos de deuda (las hipotecas basura), puso en evidencia el límite de tal estrategia de crecimiento. La caída fue abrupta. La deuda pública aumentó rápidamente y la fragilidad general es mayor.

La transmisión de la crisis por medio de las operaciones interbancarias y los propios excesos en varias economías europeas fue rápida. La situación en Europa indica la magnitud no sólo económica de la crisis sino, también, su expresión política. Las desigualdades de las economías de la zona euro, al igual que en los regímenes políticos y las conformación de las sociedades está llevando la situación a un extremo.

La homogeneidad entre los países de la región muestra sus límites y los costos que resultan de los ajustes recesivos no se pueden imponer fácilmente sobre quienes se han beneficiado de los arreglos europeos, especialmente desde la implantación del euro.

Cualquier acuerdo eminentemente financiero en torno de la deuda pública de diversos países pasa ahora por el replanteamiento de los tratados que dieron lugar a la Unión Europea y a la moneda común. Si surge un renovado esquema de integración europea, necesariamente estará definido por la situación de la que emana.

El paso de una unión monetaria a una fiscal con el Banco Central Europeo y el gobierno comunitario como pivotes es complicado y puede significar una zona euro más reducida que la actual. La viuda está preñada. La canciller alemana Angela Merkel ha sentenciado que habrá por delante varios años difíciles para mucha gente en Europa. Sabe bien que los propios alemanes no quieren perder demasiado. En esa zona económica compuesta por 27 países, 17 de ellos afiliados al euro, el federalismo es aún un esquema precario.

Los datos que surgen a diario en Europa y Estados Unidos con respecto al desenvolvimiento de la economía: producción, empleo; y de los mercados financieros: tasas de interés, endeudamiento público y privado, déficit fiscal, variaciones de los mercados de valores y de divisas, muestran grandes fluctuaciones y tardarán en expresarse en tendencias más definidas que reduzcan el nivel actual de incertidumbre e infundan confianza entre los agentes económicos.

De una u otra manera los demás países han tenido que irse adaptando a las condiciones de la crisis en los países centrales. Ahí también hay incertidumbres acerca de la capacidad de arrastre que pueden tener China y otros países llamados emergentes. El escenario internacional a mediano plazo está marcado por la evolución de la crisis en lo que ha sido el centro del proceso de acumulación del capitalismo mundial a uno y otro lado del Atlántico, hoy tocado y más endeble.

El gobierno de Portugal ha aprobado una medida, dentro del llamado plan de austeridad, consistente en hacer trabajar media hora más a los trabajadores del sector privado. Al principio me había sorprendido porque lo habitual está siendo incrementar las horas de trabajo en el sector público, como ha hecho Esperanza Aguirre en la CCAA de Madrid o como intentó el gobierno del PSOE en Andalucía en las universidades públicas. Cuando se hace en lo público lo que se está buscando es que los trabajadores fijos asuman esas horas añadidas y así no haya que contratar (o que se deje de renovar) a aquellos trabajadores a tiempo parcial o precarios. El coste de pagar más horas a los fijos, si es que sucede, es mucho menor que el coste de pagar nuevas nóminas. Por eso es consistente con las medidas de austeridad, aunque sea una burrada (aumenta el desempleo y reduce el crecimiento económico). Pero en el caso de Portugal se ha hecho sobre el sector privado.

Según indica la prensa, se trata de una medida que busca incrementar la competitividad de la economía. Como sabemos, un país es competitivo cuando tiene capacidad para vender sus productos en el extranjero a menor precio que los productos de los países competidores. Por lo tanto, es una competición fundamentalmente vía precio. Esto significa que lo que la medida busca es reducir los precios de los productos, entendiendo para ello que el salario es el coste principal. Se deduce que bajando sueldos bajará también el precio. Pero como observamos en Portugal no se han bajado sueldos directamente, sino que se incrementa la jornada laboral. Vamos a intentar entenderlo desgranando los mecanismos que hay detrás de todo esto.

La productividad es una relación confusa que mide la relación de producción con la relación de trabajo necesario. Vamos a comenzar midiendo el trabajo en horas. Así, supongamos que hemos producido 10 camiones y hemos trabajado 2 horas. La productividad es en ese caso de 5 camiones por hora. Si incrementamos las horas de trabajo a cuatro, entonces no podemos saber a priori qué pasará con la producción. Si suponiendo que trabajando el doble podemos producir el doble, entonces en cuatro horas produciremos 20 camiones. Pero, y he aquí la cuestión, la productividad seguirá siendo de 5 camiones por hora. Habremos incrementado la producción pero no la productividad.

Otra forma de medir la productividad es midiendo el trabajo por número de trabajadores. Imaginemos que hemos producido 10 camiones teniendo 2 trabajadores. Nuestra productividad es de 5 camiones por trabajador. Si duplicamos las horas de trabajo deducimos que los trabajadores podrán producir más camiones, por ejemplo 20, pero seguirán siendo 2 trabajadores. Por lo tanto técnicamente la productividad habrá aumentado a 10 camiones por trabajador. En este caso tenemos un incremento de la productividad (1).

Lo que he querido expresar hasta ahora es que la productividad es un concepto relativamente absurdo en economía, y con el que hay que tener mucho cuidado. A veces es más interesante mantener a buen nivel la intuición para comprenderlo y no dejarse llevar por indicadores que pueden servir para manipular. Esto ya lo expliqué con más detalle en este artículo.

La noticia nos dice que los trabajadores portugueses van a trabajar más horas por el mismo sueldo y que eso probablemente signifique mayor producción (aunque no es seguro). Si es así, y medimos la productividad por trabajador, entonces tendremos un incremento de la productividad en la economía portuguesa. Los mismos trabajadores producen más.

Ahora bien, como el objetivo es bajar los precios de los productos (para ser más competitivos) lo que tenemos que ver es cómo un incremento de la productividad se traduce en una bajada de precios. El precio de un producto es la suma de los beneficios y los costes totales. Se asume normalmente que los costes totales se miden por un indicador llamado Costes Laborales Unitarios, que expresa lo que cuesta cada trabajador a la empresa. Y aquí está la clave del asunto.

Los costes laborales unitarios es la relación entre el salario nominal y la productividad. Eso significa que como hemos dicho que los salarios se mantienen (no se suben los sueldos) y sí aumenta la productividad… entonces los costes laborales unitarios caen. El resultado: a la empresa le sale más barato cada trabajador.

Y finalmente tenemos que ver cómo se aprovecha el hecho de que cada trabajador sea más barato para la empresa. Porque como hemos dicho, el precio es la suma de los beneficios y los costes salariales. Si los costes laborales caen pueden ocurrir dos cosas. La primera, que los precios bajen paralelamente a los costes. La segunda, que los precios se mantengan y lo que crezcan sean los beneficios. Y esto segundo es, como explicamos aquí, lo que ha ocurrido en las últimas décadas en España.

Así pues, lo que tenemos es simplemente una bajada de sueldo relativo o un incremento de lo que Marx llamaba la plusvalía absoluta. Es, dicho en términos más grandilocuentes, un incremento de la explotación laboral.

Y además no va a servir para nada. Y no va a servir porque probablemente los empresarios no reduzcan los precios de la misma forma que caen los salarios (no lo han hecho hasta ahora y es improbable que cambien de opinión), de modo que servirá para incrementar los beneficios empresariales y no mejorar la competitividad. Pero además es que si funcionase sería comenzar a caminar en un sentido equivocado: el de un crecimiento orientado a la exportación y basado en mano de obra barata. Por una parte tenemos la alternativa de incrementar la productividad mediante innovaciones (competitividad verdadera, como decían en la CEPAL y como expliqué aquí). Por otra parte, porque no todos los países pueden ser competitivos a la vez y eso es una carrera hacia el desastre para todos, como también vimos aquí.

Notas:
(1) Observemos que cuando hay incremento del desempleo suele incrementarse la productividad. Eso es porque normalmente se despiden a los trabajadores menos productivos, de modo que quedan menos trabajadores y los que quedan son más productivos. Es un efecto estadístico.

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León Bendesky – La Jornada

En Estados Unidos dicen, con ingenio, que hace diez años tenían al empresario Steve Jobs, al cómico Bob Hope y al cantante Johnny Cash, pero que ahora no tienen trabajos (jobs), ni esperanza (hope), ni efectivo (cash). Lo mismo pueden decir en Europa, pues en ambos lados del Atlántico prevalece un completa incapacidad política para poner a la economía en el lugar que debería estar: creando riqueza.

En el entorno político, los partidos de cualquier signo ideológico, estén en el gobierno o en la oposición, no aciertan a proponer una forma distinta de encarar una crisis que, lejos de empezar a superarse, tiende a hacerse todavía más honda.

No se resuelve el asunto de las deudas soberanas y, en cambio, se imponen cada vez más recortes al gasto del gobierno, rebasado ya el límite de la atención mínima a la gente y el de la tolerancia social.

En el condado de Los Ángeles, California, más de 2 millones de personas no cuentan con seguro de salud. Hace unos días, la organización CareNow atendió gratuitamente a 5 mil personas con consultas básicas en un estadio deportivo (donde Kennedy ganó la nominación demócrata para las elecciones en 1960). En ese estado la tasa de desempleo llega a 12 por ciento.

En Europa la gente sale a la calle en protesta contra los bárbaros recortes a la educación pública y la salud; los sindicatos se rebelan contra los efectos del constante y cada vez más grande deterioro de la economía. Las familias siguen perdiendo sus casas como resultado de las deudas hipotecarias y hay millones desempleados y subempleados.

El desperdicio de recursos es enorme y también el de la energía colectiva, lo que lleva a mayor frustración y a la pérdida efectiva del bienestar que tomará mucho tiempo reponer. Esto ocurre en medio de una creciente desigualdad entre los grupos de la población, y le impone así un tono aún más grave. Otras contradicciones sociales han surgido por todo el planeta (sí, también en México) y su naturaleza y consecuencias no pueden eliminarse de las variables de la ecuación política.

A principios de la década de 1970 Nicholas Georgescu-Roegen argumentó en su libro La ley de la entropía y el proceso económico que el crecimiento económico incrementaba la entropía: la energía utilizable se disipa y no puede reciclarse. De ahí, anticipaba que la economía no puede crecer permanentemente a pesar de los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, a medida que se agotan las fuentes de energía fósil, debería tenderse a formas más simples de existencia, y el ajuste debería ser pausado y no catastrófico.

Las ideas de Georgescu-Roegen han sido descartadas por el pensamiento económico convencional, pero hoy pueden ser una referencia útil para examinar los procesos sociales junto con los determinantes materiales en la perspectiva de la economía política. Un componente de la crisis actual, que no debe quedar en segundo plano, ha sido precisamente la elevación de los precios del petróleo crudo y de los alimentos.

El aumento de la población, junto con el incremento de las expectativas de vida y el uso extensivo de los recursos naturales, apuntan a una necesidad de adaptar la forma en que se aprovechan y se sustituyen. Igualmente, hay que reconsiderar los modos de producción y de distribución que se han llevado al extremo de inoperancia en el entorno de la liberalización económica a ultranza, incluidas las pautas de la política fiscal asociada con los impuestos y los subsidios.

Las disputas por el agua, la tierra, la posibilidad de tener trabajo y la oferta general de satisfactores, constituyen elementos que se integran a los posibles escenarios sociales que se prefiguran. Estos no se proyectan hacia una mayor armonía, sino que se asocian con fuentes de crecientes conflictos, cuya posibilidad no puede barrerse de manera políticamente conveniente por debajo de la alfombra.

La crisis económica actual no está disociada de los límites del crecimiento y de los enfrentamientos que ellos provocan, sino que le imponen, además, un componente financiero y de gestión de las políticas públicas que tiende a crisparlos aún más.

La creación y mantenimiento de la burbuja inmobiliaria desde fines de los años 1990 y su explosivo fin, tiene una relación con las medidas de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, especialmente pero no sólo en Estados Unidos, y con el papel del gobierno en la regulación.

El análisis de la crisis no se puede constreñir al comportamiento de los mercados financieros y la colocación de deudas con carácter eminentemente especulativo o al hecho de que la incertidumbre es inescapable.

En todo caso, el comportamiento de los mercados financieros pudo acrecentar las deudas privadas y públicas y, efectivamente, crear una confusión entre la expansión del crédito y la creación de riqueza. Este par no se da necesariamente de manera conjunta.

La economía de la producción y la creación de empleos no puede forzarse a crecer al ritmo de las tasas compuestas de interés de las deudas. Hoy, incluso estas últimas son imposibles de mantener. En la Unión Europea se pretende castigar los bonos de la deuda griega hasta en 60 por ciento, lo que puede tomarse apenas como una medida de la discrepancia que hay entre las variables financieras y las de la economía real.

Antonio Aramayona – ATTAC Aragón.

A principios del siglo XVIII, Bernard de Mandeville describía en su obra La fábula de las abejas una sociedad próspera y feliz, donde cada individuo busca solo su propio lucro e interés, pues por naturaleza somos individualistas, egoístas y perseguimos nuestro propio interés, de tal forma que el bien público no es sino el resultado de los intereses y lucros individuales. En otras palabras, si no rijo mi vida en y por mi propio interés, estoy cortando las alas del progreso. Si presto oídos a los discursos de los valores y las virtudes morales, voy en contra de lo más saludable de la naturaleza: la consecución del propio bienestar, prescindiendo de cualquier otra cosa. De hecho, remata Mandeville, los vicios privados son los que verdaderamente redundan en beneficios públicos.

En efecto, Mandeville sostiene que hasta los comportamientos individuales más bajos y viles producen ante todo efectos económicos positivos. Por ejemplo, un libertino puede llegar a ser incluso un personaje cruel e insolidario, y sin embargo, gracias a sus dispendios económicos viven criados, prostitutas, sastres, cocineros, obreros, cocheros, etc. Es decir, como una vida viciosa reporta grandes beneficios sociales, cuanto más se busque exclusivamente el propio beneficio, más acabará redundando en provecho de la comunidad.

Sin embargo, prosigue Mandeville, cuando el dios Júpiter decide un día modificar las reglas del juego, haciendo que las abejas se muevan por metas altruistas y generosas, desaparece de inmediato el esfuerzo y el deseo de prosperidad, con lo que la sociedad se torna muy bondadosa, pero al mismo tiempo sumida en la pobreza y la postración.

No es preciso ser un lince para percatarse de que la fábula de Mandeville es toda una loa a la doctrina liberal sin paliativos: cada uno es muy libre de buscar su propia prosperidad y enriquecerse, pues con ello está beneficiando a toda la sociedad, con tal de que no haya nada ni nadie que ose entorpecer al emprendedor. Ocurre, sin embargo, que de poco sirve a muchos ciudadanos semejante libertad ante el especulador o el millonario. De nada sirve la libertad de poder comer en los mejores restaurantes, hacer viajes exóticos o comprar un Lamborghini si apenas se tiene dinero suficiente para llegar a fin de mes o se carece de trabajo. Pero los doctrinarios liberales y neoliberales son unos magníficos maestros en el arte de disfrazar la realidad con la varita mágica de las palabras. George Savile, marqués de Halifax ya advirtió que, al igual que los clérigos declaran sagrado “lo que quieren conservar, de tal modo que nadie más pueda tocarlo”, también alguna gente poderosa utiliza ciertas grandes palabras -por ejemplo, “libertad”- pensando sólo en su propio beneficio y con el ánimo de sacar tajada de las aguas revueltas del lenguaje.

Desde estas mismas bases, Holbach escribía en el siglo XVIII que ciudadano es el que “puede vivir respetablemente con los ingresos de su propiedad y todo cabeza de familia propietario de tierra”. El resto ni es ciudadano ni es nada, salvo “estúpido populacho, privado de ilustración”, que ha perpetrado el enorme delito de no ser propietario de algo. Obligación del ciudadano es, pues, prosperar y enriquecerse, y el gobierno ha de limitarse a garantizar que las cosas van a seguir estando como están, pues el mundo marcha estupendamente sin que los gobernantes se metan donde no los llaman, a sabiendas de que “le monde va de lui même”.

Ernesto Sábato escribe en su libro “Antes del fin” que las presuntas bondades del neoliberalismo y de la libertad de mercado se le antojan una falacia, pues el mundo le parece poblado de lobos y de corderos, y esa libertad neoliberal tiene como axioma fundamental: “libertad para todos, y que los lobos se coman a los corderos”. Y es que un lobo suele acercarse a lo vegetal solo para condimentar con las especias adecuadas un suculento plato de cordero.

Malas noticias, como es habitual, para las cifras de ese artificio social llamado empleo, consistente en que el trabajo de una persona dependa del beneficio ajeno. El paro sube en 51.185 personas en agosto. La creación de empleo retrocede, con 136.834 afiliaciones a la Seguridad Social menos. Las sucesivas reformas del mercado laboral precarizan las condiciones de trabajo. Y el titular del ministerio de la Impotencia, lo justifica diciendo que “preferimos un contrato temporal a un parado”. Es tal la desmesura de la degradación ideológica a la que ha llegado el partido que representa la socialdemocracia en España, que sólo falta que el ministro Valeriano nos diga que la mejor solución al paro consiste en trabajar gratis.

Anticipándose a los datos oficiales hechos públicos hoy mismo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ya había afirmado que el paro subiría en agosto. En declaraciones a la cadena Ser, Gómez ha dicho que agosto, desde hace diez años, se ha ido convirtiendo en un mes “malo” para el empleo porque hay “ciertas prácticas” empresariales por las que se rescinden contratos y luego se vuelven a producir. “Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa de los servicios públicos de empleo”. El ministro ha recordado que esas prácticas están penadas y castigadas.

Que el paro sufra un ligero descenso a principios del verano y un ascenso a finales del mismo es algo normal. Ocurre todos los años, debido a los contratos que se realizan esta época tanto para cubrir vacaciones de empleados fijos como, sobre todo, para realizar trabajos específicos de verano. Especialmente en la hostelería, donde necesitan camareros temporales en hoteles, restaurantes y chiringuitos playeros. Aparte de socorristas, guardas en parques nacionales e incluso miembros de las brigadas de lucha contra incendios.

Ahora bien, que el ministro de Trabajo, un cargo impotente por definición, diga que están penadas esas prácticas empresariales consistentes en rescindir contratos y reanudarlos después para ahorrarse el pago de vacaciones es un absoluto despropósito.

Para empezar, a la gente que se despide, por ejemplo en el sector de la enseñanza privada, no es a finales de agosto. Los colegios privados ponen en la puñetera calle a personal docente y no docente eventual a comienzos del verano, y la vuelven a contratar a comienzos del curso. Y eso ni está penado ni siquiera reprimido en aras de la sacrosanta libertad de mercado. Que en el caso del que estamos hablando se sustancia en libertad de despido perfectamente consentida por las autoridades competentes e impotentes en materia del Trabajo.

Mucho antes de que empezara la actual crisis económica, las patronales vienen reclamando continuas facilidades para despedir a sus empleados. Facilidades que el Gobierno de Rodríguez Zapatero les ha servido en bandeja con sus continuas reformas laborales. Sin ir más lejos, la que acaban de aprobar, extendiendo la precariedad del becariado hasta los treinta años. En la nueva reforma se suspende por dos años el límite de encadenamiento de contratos temporales para hacer fijo a un trabajador y se promueve un nuevo contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años. “Preferimos un contrato temporal a un parado”, decía hace unos días ese mismo Gómez que hoy se rasga las vestiduras por las prácticas empresariales.

Es una verdadera lástima la situación de degradación ideológica, reflejada en su praxis, a la que ha llegado el partido que representa a la socialdemocracia en España. Es tal la desmesura, que sólo falta que el ministro Valeriano nos diga que la mejor solución al paro consiste en trabajar gratis.

Desde luego, ideas no le van a faltar. “Quienes trabajan gratis tienen más ambición, más hambre que aquellos que perciben un salario. Y además son más creativos“… Esta es una de las afirmaciones recogidas recientemente por la revista Fortune para documentar una tendencia esperanzadora o peligrosa (según se mire) del mercado de trabajo que surge tras unos cambios vertiginosos: Cada vez más gente está dispuesta a trabajar sin percibir un sueldo. No se trata de pasantías, prácticas o jóvenes recién licenciados que buscan su primer empleo. Hablamos de profesionales, más o menos cualificados, que persiguen la promesa de un puesto futuro, una experiencia profesional o un impulso a su autoestima, sobre todo en tiempos difíciles. Y están dispuestos a hacerlo sin cobrar.

Según Fortune, algunos expertos [se autoconsideran así] hablan del trabajo gratis como “una corriente de futuro en recursos humanos. Algo que en una década será la norma”. Paco Muro, presidente ejecutivo de Otto Walter España, cree en la llegada de tendencias que nos llevan hasta el ajuste de los sueldos en función de la productividad, en vez de asociarlos a índices externos: “El gran salto que podría comenzar es aún mayor. Se trata de ‘trabajar gratis’ o, dicho de otra forma, cobrar en función de los resultados aportados“.

El presidente de Otto Walter recuerda que “esta fórmula ya existe desde hace muchos años en otros formatos, y alguno de ellos es un gran éxito de empleabilidad en países como Inglaterra. Es el caso de los vendedores, de los autónomos y de los freelance, una solución muy extendida en Reino Unido que implica que un profesional trabaje sin sueldo para proyectos concretos y sólo cobre en función del resultado. La gran ventaja es que encuentran puestos con suma facilidad, ya que no existe compromiso de continuidad; su productividad y orientación a la aportación de valor es total y las empresas están encantadas de darles diversos trabajos, por lo operativo de esta alternativa”.

Como resulta vomitivo para los propósitos de este blog seguir citando esta basura ideológica, los lectores con estómago apto para olisquear estas ideas pueden ampliar el contenido en el reportaje publicado en Expansión, diario del mundo de los negocios que, en su momento, aplaudió con entusiasmo a Díaz Ferrán un genuino representante del empresariado español, que consideró oportuno ponerle al frente de la presidencia de la patronal CEOE.

Carnet de paro

El panorama mundial parece agitado: la crisis económica, los intentos de consolidar el sistema en favor de las clases dominantes, las manifestaciones de los sectores dominados en África del norte o en Europa, las hambrunas, los desastres ecológicos generados o agravados por el ser humano, todo esto pone en cuestión la capacidad reproductiva del capitalismo y de extender en tiempo y espacio sus contradicciones internas.

Por lo pronto, en Estados Unidos y en Europa el mayor problema parece ser el déficit; no obstante, según demuestran economistas como Mike Weisbrot o Dean Baker, en realidad es el desempleo.

A contrapelo de la visión dominante que mediante las políticas de la austeridad pretende hacer pagar al mundo del trabajo por la crisis (dificultando así la posible recuperación y creación de empleos), es urgente no sólo poner la falta de empleo en primer plano, sino también abordarla desde una perspectiva política.

Así lo intenta Fredric Jameson, uno de los más destacados teóricos políticos marxistas, en su nueva obra Representing Capital. A Commentary on Volume One (Verso, Londres, 2011), quien invita a leer el primer tomo de El capital como un libro sobre el desempleo.

Enfocando su lectura en lo que Marx llama la ley general absoluta (la unidad de producción y desempleo), subraya que la expansión del capitalismo en su fase actual intensifica el paro, haciendo aún más relevantes las figuras del ejército industrial de reserva y del desempleo estructural, efectos inmanentes de la dinámica de la acumulación. Añade que actualmente la desocupación se vislumbra como un síntoma de la crisis sistémica más profunda.

Según Jameson la centralidad del paro es política e históricamente relevante también en la manera en que tiene que ver con la globalización y sus víctimas: las masas excluidas de la modernización, presentadas a menudo como víctimas de desastres o conflictos. Éstas se hubieran visto muy diferentes si se ubicaran dentro de la categoría del desempleo.

El espectro político cambiaría si se las repensara también desde el punto de vista de la explotación y no solamente de la dominación (aunque no estamos acostumbrados a ver el desempleo como explotación). La explotación toca el núcleo del sistema –las relaciones de producción–, mientras la dominación es un efecto secundario, un modo de reproducción, no de producción.

Interpretar la condición de aquellas poblaciones perdidas y su vida desnuda, donde la pura temporalidad biológica de su existencia carece de una actividad productiva, y pensarla en la categoría de un nuevo desempleo global, en vez de una u otra tragedia, sería, de acuerdo con Jameson, un punto de partida para la búsqueda de una nueva política transformadora a escala global.

Este enfoque difiere de la óptica de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco afincado en Inglaterra. Según Bauman, en las décadas recientes vimos un ocaso definitivo de la sociedad de productores y la transición a una de consumidores, proceso que igualmente dejaba en su paso gente-basura, víctimas desechables de la modernización. Pero, a diferencia de Jameson, Bauman no los ve como víctimas despojadas de sus capacidades productivas, sino como consumidores fallidos, incapaces de satisfacer sus deseos.

En un comentario a los recientes disturbios de Inglaterra, subrayaba que éstos no fueron generados por la falta de pan (ni por el desempleo), sino por los deseos frustrados. Los jóvenes saqueaban tiendas por su incapacidad de comprar cosas, lo que en la sociedad de consumidores se traduce en la insuficiencia de lo humano y falta de la dignidad.

Bauman, al contrario de Jameson, no invita a buscar algún proyecto político. No es de extrañar: la rabia de los consumidores insatisfechos no lleva a ningún lado, sólo busca la satisfacción.

Pero, al contrario de lo que se nos dice, el trabajo no ha perdido su relevancia y sigue siendo, junto con la naturaleza, la principal fuente de riqueza, o sea, quizá no deberíamos desechar tan fácilmente la condición de un productor. El trabajo, según Marx, encadena al ser humano, pero al mismo tiempo representa una posibilidad para su liberación y para ahondar lo humano y la dignidad.

Quizá tampoco sirve contraponer categóricamente la condición de un productor con la de un consumidor: en una perspectiva dialéctica, las dos forman parte de una realidad: en Grundrisse, Marx exponía la paradoja según la cual toda producción es consumo y todo consumo es producción.

En este sentido, lo que tal vez faltaría en la óptica de Bauman –y/o en la conciencia de los jóvenes ingleses– sería que la razón por la que no podían comprar las cosas que deseaban era… su condición de desempleados.

Articulo extraído del libro «¿El Mejor de los mundos? Un paseo crítico por lo que llaman “democracia”» (Icaria Editorial, 2011)

Durante mi estancia en Caracas me indignó un programa de una televisión privada que consistía en un concurso en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que convertía el lógico derecho humano a la salud en el premio de un concurso.

Algo similar volví a sentir luego en España al contemplar a cinco mil personas acampadas durante una semana en la localidad de Fuenlabrada bajo el invernal frío madrileño para apuntarse a la lista de la compra de una vivienda por 120.000 o 168.000 euros, de la que todavía no existía ni suelo adjudicado. Uno de los acampados se encaraba con los responsables municipales reclamando suelo para la construcción: «hay suelo de sobra y que lo políticos sepan que los que estamos aquí tenemos una cita con las urnas dentro de tres años». No hay suelo de sobra, lo que hay de sobra son casas ya construidas y sin habitar, tres millones para ser exactos.

Igual que en Estados Unidos donde el ciudadano ha perdido la dignidad para exigir a sus poderes públicos una asistencia sanitaria adecuada, en España asistimos impasibles al hecho de que para acceder al derecho constitucional a una vivienda haya que humillarse acampando con la aspiración de que un constructor privado se digne a venderte una casa a un precio que supone quince años de sueldo. Nuestra sumisa mentalidad nos lleva a exigir que los ayuntamientos privaticen suelo público para hacer más casas sin plantear el debate de qué sociedad estamos creando en la que millones de edificios están vacíos mientras millones de personas no pueden acceder a un derecho constitucional. La ideología del mercado no permite otra interpretación que la de aceptar que algunos puedan ser propietarios de todas las viviendas que su poder adquisitivo les permita, y que no existe responsabilidad pública ni garantía social para atender a quienes no tengan ingresos para pagarse un alojamiento.

Si realmente se tratara de una limitación de recursos económicos de toda la comunidad, el problema de la vivienda se iría resolviendo a medida que se fuera disponiendo de los materiales necesarios, y según se lograran se construirían casas para habitar. Esa situación, dentro de su precariedad, es lógica y racional y permitiría llegar a la conclusión de que la necesidad de vivienda se afronta construyendo casas. Si medio millón de familias no tienen dónde vivir, cuando se construyan medio millón de casas se habrá resuelto. Pero, ¿cómo propone nuestro capitalismo resolver el problema de la vivienda si ya hay millones de casas de sobra y siguen sin techo quienes las necesitan?

Es inquietante el modo en el que estamos vaciando de derechos sociales nuestro sistema político. ¿Qué habrían hecho esas cinco mil personas acampadas —y otros muchos miles— si les hubiéramos dado a elegir entre el derecho constitucional a una vivienda o el derecho a votar en las próximas elecciones? Probablemente la gran mayoría hubiera elegido lo primero. Es un claro ejemplo del fraude que supone nuestro modelo político, que te da derecho a votar y luego te deja sin techo.

El derecho al trabajo

Con motivo de una huelga general en España, pudimos escuchar al gobierno, a la derecha política, a los medios y a sus analistas, expresar su preocupación porque pudieran ejercer su derecho al trabajo quienes no desearan secundar la huelga. Efectivamente, el día de aquella huelga general, en España, cuatro millones de personas no pudieron ejercer su derecho al trabajo. Tampoco pudieron el día anterior, ni el siguiente. Eran los cuatro millones de parados a los que el sistema político y económico vigente en España no les permite ejercer su derecho al trabajo.

Sin embargo, ese derecho solo surge en el discurso de los gobiernos, la derecha y los medios los días en que se convoca una huelga. Ya no se vuelve a oír ni se vuelve a exigir en los días siguientes. El uso discursivo del derecho al trabajo es una de las muestras más hipócritas del capitalismo y sus portavoces. Quienes permiten que no se garantice un derecho a millones de personas por imperativo del mercado se desesperan cuando no se garantiza por imperativo de la lucha social. En Centroamérica, en la década de los ochenta, observé una situación similar con la violencia; la repercusión y la trascendencia internacional que tenían las muertes durante los conflictos armados entre los gobiernos neoliberales y la guerrilla desapareció cuando se firmó la paz a pesar de que las cifras de la violencia seguían siendo iguales o aumentaron debido a la delincuencia común y la pobreza.

Los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar las muertes y los desempleos causados por su modelo económico, sin embargo no los soportan cuando van ligados a las luchas sociales. La conclusión está clara: en el fondo, incluso cuando aparentan preocuparse por la violación de los derechos, lo único que les molesta es que los ciudadanos se levanten para luchar por ellos.

¿A quién representan?

Los trabajadores de la planta industrial de Fiat en Turín celebraron un referéndum para decidir si aceptaban que la empresa aumentase la jornada laboral y disminuyera los tiempos de descanso. El consejero delegado de la Fiat les había advertido de que en caso de ganar el «No» se llevarían la producción fuera de Italia y la empresa podría cerrar y dejar a los más de cinco mil trabajadores en la calle. Ganó el «Sí» con el 54% de los votos. Casi en las mismas fechas, otra industria automovilística, Nissan, convocaba otro referéndum en España en el que proponía la congelación salarial y un aumento de tiempo efectivo de trabajo. Si los trabajadores no lo aceptaban la multinacional se llevaría la producción a Sudáfrica o a Marruecos. De nuevo ganó la propuesta que defendía la empresa. ¿Votaron en libertad todos estos trabajadores? ¿Eso es la democracia?

Traslademos nuestras incertidumbres a los políticos que nos representan. El 74% de los españoles manifestó en un estudio de la aseguradora AXA que no era partidario de que se aumentara la edad de la jubilación y la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas mostró que el 80% de los españoles estaba en contra de ampliar la edad de jubilación. Sin embargo, la primera votación del Parlamento español donde se plantearon reformas en la dirección de aumentar esa edad solo tuvo los votos en contra de nueve diputados de un total de 340. Igualmente, gobierno, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo económico y social que, entre otras medidas, permitía la reforma del sistema de pensiones y las políticas activas de empleo. Es evidente que no representaban el sentir de la mayoría de los ciudadanos españoles.

La votación sobre la participación española en el ataque a Libia en marzo de 2011 contó prácticamente con el apoyo de todos los diputados, 336. Sin embargo, los sondeos de opinión mostraban que el apoyo de los ciudadanos españoles era del 53,1% frente al 36,6% que la rechazaba. Incluso un periodista nada sospechoso de antisistema como Luis del Olmo destacó «el divorcio entre la voz de la calle y la disciplina de voto en el hemiciclo».

Una encuesta mostró que el 73% de los españoles respondió afirmativamente a la pregunta «¿piensa que la instalación de una central nuclear en su país es un riego para usted y su familia?». A pesar de ello, España cuenta con ocho reactores nucleares en activo, lógicamente gracias al apoyo de diferentes legislaciones.

Es curioso, pero el gobierno italiano, tras consultar a los ciudadanos en un referéndum, tuvo que decretar la desnuclearización del país. Años después, en Italia, según la citada encuesta, los que piensan que la central nuclear supone un riesgo son el 57%, menos que en España o que en Francia, con un 65% en contra y 59 reactores nucleares operativos. Y es que, cuando se le pregunta a los ciudadanos queda en evidencia que las posiciones de gobiernos y parlamentos no responden al deseo de la mayoría de los ciudadanos. Sucedió en el referéndum de Islandia, donde más del 90% de la población rechazó una ley aprobada en su parlamento el año anterior sobre el pago con dinero público de las deudas a Reino Unido y Holanda por la quiebra de un banco privado islandés. Un año después, volvieron a decir otra vez «No», en contra del criterio de la mayoría de su clase política, sobre si se aprobaba o no, devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. En Eslovenia, el parlamento aprobó una reforma laboral, y la presión popular logró un referéndum. ¿Qué creen que pasó? Pues que un 82% la rechazó.

En las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo, el 57% de los ciudadanos que podía votar no lo hizo, y en cada convocatoria ese porcentaje aumenta dos puntos. En países como Eslovaquia votó el 19,64%, en Lituania el 20,98% y en la República Checa y Eslovenia, el 28,2% y 28,33% respectivamente. Igualmente, en las elecciones municipales francesas de 2011, el 55% de los convocados a las urnas no votó. Por supuesto, no existe ninguna figura institucional o normativa que plantee la dudosa representación de los cargos elegidos con esos bajos niveles de participación. Así se explica que, según el CIS, el 56% de los españoles no tiene ningún interés en la UE. En España algunas elecciones de representantes de colegios profesionales se celebran con la abstención del 98% sin que nadie se replantee la legitimidad de los elegidos. Si en España se alcanzase esa abstención en unas elecciones, no existe ninguna vía institucional por la que un ciudadano o un grupo social pudieran desautorizar la representatividad de esas personas elegidas sin el apoyo de la sociedad.

En las elecciones generales españolas de 2008 a Izquierda Unida, con el 3,8 de los votos, le correspondió solo el 0,50% de los escaños. Con doscientos mil votos menos, CiU consiguió cinco veces más diputados que IU. Coalición Canaria con menos de la décima parte de votos que la coalición de izquierdas, logró la misma cantidad de diputados. La circunscripción electoral provincial provocó que 745.008 votos de Izquierda Unida no sirvieran para nada porque fueron restos provinciales que no se tradujeron en representación parlamentaria.

En nuestra Europa existe un país símbolo de la democracia donde hay legisladores vitalicios y no elegidos en las urnas. Se trata del Reino Unido. Allí, en 2010 se anunció el nombramiento de 50 nuevos miembros de la Cámara de los Lores, la Cámara alta del Parlamento británico. En su mayoría son designados por un partido político. Por ejemplo Robert Edmiston, nombrado lord por el Partido Conservador por el mérito de haberles donado 2.400.000 euros antes de las elecciones de 2005. Según la BBC, los donantes a los que los conservadores han compensado con un título y un escaño en esa cámara han financiado al partido con unos cinco millones y medio de euros. Estos nombramientos, además, son para toda la vida. Por ejemplo, Roy Hattersley pertenece por designación del partido a la Cámara de los Lores desde 1993. Mientras tanto, en España, el Partido Popular ha propuesto que los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son votados por los ciudadanos, sean también nombrados con carácter vitalicio.

Nuestro sistema político se denomina democracia representativa. Quiere decir que puede que no se garantice el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, pero lo que sí dicen asegurar desde esta denominación es que los gobernantes y legisladores nos representan como muestra/evidencia de democracia.

Parece bastante claro a la vista de estos ejemplos que no garantizan ni la representación. Quizás por todo ello ocho de cada diez españoles (79%), según una encuesta de la empresa Metroscopia, están convencidos de que quien realmente manda en el mundo no son ya los estados sino «los mercados».

El mundo al revés

Las cosas que se permiten o las que se persiguen en el capitalismo pueden resultar paradójicas. Una diputada autonómica valenciana de izquierdas, Marina Albiol, tuvo que comparecer en el juzgado como imputada por un delito de injurias contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El motivo era la difusión de unas pegatinas con el texto «Fabra a prisión», repartidas por los jóvenes de su organización en unas fiestas patronales el año anterior.Dos años después, un candidato electoral de la misma coalición de izquierdas fue condenado a una multa por injurias al presidente de la Diputación Carlos Fabra. Todo ello contrastaba con los cinco años y nueve jueces que estuvieron paseando por los tribunales los procesos por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal contra Fabra. Este presidente de Diputación, que se había asignado un sueldo de 92.400 euros anuales y disponía de 33 cargos de libre designación, estaba acusado, solo durante 1999, de un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros y poseía, con 94 cuentas bancarias conocidas, ingresos de seis millones de euros sin justificar entre 1999 y 2004. Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone que ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229 euros.

El dinero les cundió tanto que pudieron amortizar dos créditos por valor de 355.000 euros y todavía les alcanzó para poder comer. También está acreditado que ingresó 841.000 euros por asesorar a varias empresas privadas siendo presidente de la Diputación. Además está acusado de un delito contra la salud pública por maniobrar en el Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del PP, para que aprobaran la comercialización de un insecticida de uso agrícola sin haberse descartado su toxicidad para las personas. Pero quien se las verá en el juzgado será la diputada de la organización que difundió unas pegatinas denunciándolo, sería paradójico que haya antes una sentencia contra la diputada que contra el presidente de la Diputación.

Veamos otro caso. Desde que recibió los 500 folios de Izquierda Unida, donde se relataban los hechos que consideraban constitutivos de delito, pasaron dos años sin que la Fiscalía Anticorrupción iniciara un proceso de investigación contra la trama de construcción en la localidad toledana de Seseña del promotor inmobiliario Paco El Pocero, quien tenía en marcha 13.508 viviendas sin un plan general urbanístico y a cuatro kilómetros del casco urbano. Un pelotazo que supondrían 800 millones de euros para El Pocero. Izquierda Unida apreció en su investigación aportada a la fiscalía delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y delitos contra la hacienda pública.

En cambio el alcalde de la localidad y sus cuatro concejales de IU debieron pagar una fianza de 133.00 por una querella del El Pocero por un artículo de prensa donde denunciaban la trama, mientras el constructor ni había sido llamado a declarar por la Fiscalía pero sí recibió del gobierno anterior una medalla al mérito laboral. El propio constructor afirmó también que había realizado trabajos en una empresa familiar del que fuera presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, José Bono, que le fueron pagados por «empresas patrocinadoras».

La Fiscalía tampoco citó a ningún cargo de la Junta de Comunidades a pesar de que desde el gobierno autonómico permitieron que ninguna de esas viviendas fuese de protección oficial ni de precio tasado como establece la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU).

Siempre pensábamos que solo eran condenados los desgraciados sin recursos y nunca los poderosos, pero la realidad parece que todavía es más preocupante, junto a los indigentes se sientan en los banquillos los políticos honrados que denuncian la corrupción.