Vaya por delante que el título de este texto no incorpora ninguna metáfora. Nada más lejos de mi intención que sugerir que el movimiento del 15-M ha entrado en una etapa de declive. Quiero dedicar estas líneas, antes bien, a examinar un puñado de datos que, en un grado u otro, marcarán inevitablemente el derrotero de ese movimiento una vez llegue septiembre y –cabe suponer– se retomen con radicalidad y fuerza las iniciativas. Lo digo porque, veamos las cosas como las veamos, parece inevitable que en los meses de verano se registre un reflujo en aquéllas.

El primero de esos datos lo aporta la conciencia del movimiento en lo que se refiere a la necesidad de desplegar, pese a todo, campañas de muy diverso cariz que, aunque no tan fuertes simbólicamente como las acampadas de las últimas semanas, mantengan encendida la llama de la contestación y del recuerdo. Estoy pensando, y son ejemplos entre otros, en la convocatoria de concentraciones en muchos lugares, en la preparación de las manifestaciones que deben registrarse el 15 de octubre, en las marchas a Madrid previstas para las próximas semanas, en el apoyo a la campaña de hostigamiento a los desahucios, en la extensión de las acampadas a localidades que hasta ahora no las han acogido o, en suma, en la internacionalización de muchas de las acciones hasta ahora desarrolladas.

Un segundo elemento que hay que tomar en consideración lo constituyen los previsibles efectos de la violencia con la que el movimiento, con certeza, va a ser obsequiado. En este momento sólo puedo enunciar una firme convicción: la fortaleza del 15-M es tal que también aquí las cosas han cambiado. Si hasta hace un par de meses la violencia represiva provocaba las más de las veces miedo y retirada, hoy se traduce, antes bien, en una firme y general voluntad de mantener convicciones e iniciativas.

El tercer dato interesante lo configura lo que puede ocurrir en el otoño en las universidades. No se olvide que éstas, como tales, apenas se han movilizado en las últimas semanas, y ello pese a que en acampadas y manifestaciones había, claro, much@s universitari@s y muchos jóvenes que han dejado la universidad hace bien poco. Es razonable intuir que en septiembre y octubre, en un período menos lastrado por los exámenes, se registre en las facultades y escuelas un repunte del 15-M que bien puede otorgar a éste un impulso muy saludable. Queda por saber, en un terreno próximo, si en el otoño asistiremos también a movilizaciones en los institutos; obligado parece subrayar al respecto que estos últimos han permanecido las más de las veces lejos de la efervescencia del 15-M.

El cuarto elemento que merece atención es la previsible convocatoria de una huelga general y, con ella, la perspectiva de que la oleada del 15-M empiece a hacerse valer con solidez en los centros de trabajo. La iniciativa de esa convocatoria tiene que correr a cargo, por lógica, del sindicalismo resistente, que sería lamentable se arrugase: lo que es un fracaso seguro es la no convocatoria de la huelga. Muchos de los conocimientos que creemos haber atesorado sobre esto sospecho que ahora nos sirven de poco, y que en la estela de una contestación que se extiende por todas partes no hay que desdeñar en modo alguno la perspectiva de un éxito de la huelga a la que me refiero. Dicho sea de paso: emplazaría ante decisiones insorteables a los sectores de CCOO y UGT que aún mantienen alguna voluntad de contestación.

La quinta circunstancia de interés nos habla del efecto de estímulo que podría derivarse de un adelanto de las elecciones generales españolas al otoño. Nunca se subrayará lo suficiente que una de las explicaciones del éxito del movimiento 15-M fue su surgimiento en el ecuador de una campaña electoral tan sórdida como triste. Aun cuando las elecciones no se adelanten, el mes de marzo –que es el inicialmente previsto para aquéllas– tampoco queda tan lejos, y bien puede ser una ocasión más para apuntalar movilizaciones en todos los ámbitos.

Estoy obligado a identificar, en suma, un estímulo muy poderoso para alimentar la vitalidad del movimiento: el hecho, obvio, de que nuestros gobernantes no van a modificar un ápice el guión de las políticas que aplican desde tiempo atrás. Lo digo de otra manera: en este caso hay que descartar por completo la posibilidad de que determinadas concesiones desde los circuitos de poder se traduzcan en retrocesos en la contestación o, en su caso, en divisiones internas dentro del 15-M.

A buen seguro que, más allá de todo lo anterior, el futuro del movimiento depende en muy buena medida de lo que él mismo decida ser. Al respecto no somos pocos –creo– los que deseamos que se convierta en una activa red de asambleas y de autogestión que, en todos los ámbitos, plante cara a los poderes establecidos y lo haga desde la contestación del capitalismo, de la sociedad patriarcal y del productivismo, y desde la solidaridad internacionalista con los países del Sur. No parece que este programa de mínimos esté muy alejado de las querencias de muchas de las personas, jóvenes y no tan jóvenes, que ocupan las calles estos días.

Ignacio Cembrero – El País

Miles de estudiantes argelinos consiguieron este martes lo que la oposición tradicional -un partido laico, defensores de los derechos humanos y sindicatos autónomos- al régimen del presidente Abdelaziz Bouteflika no ha logrado hacer en las nueve ocasiones en las que convocó protestas desde el 12 de febrero: manifestarse en Argel.

Los estudiantes iniciaron incluso una marcha hacia La Mouradia, el palacio presidencial, pero un impresionante despliegue policial se lo impidió. En los enfrentamientos con las fuerzas del orden hubo, según la web del diario El Watan, un centenar de heridos entre los jóvenes y 70 entre los antidisturbios. Decenas de estudiantes fueron también detenidos.

Pese al levantamiento, en febrero, del estado de excepción, que llevaba 19 años en vigor, las manifestaciones siguen estando prohibidas “por razones de seguridad” en la capital del país más poblado y extenso del Magreb.

Unos dos mil estudiantes se dieron cita ante la sede de Correos, en pleno centro, para protestar contra la situación de las universidades, cuyos programas de enseñanza están, según ellos, inadaptados al mercado laboral.

Los antidisturbios, muy numerosos, les cercaron para impedirles moverse, pero, a diferencia de la oposición tradicional, los jóvenes consiguieron tirar las barreras metálicas con las que pretendían contenerles y obligaron a los policías a retroceder.

Los estudiantes iniciaron entonces una marcha hacia la jefatura del Estado, en los altos de Argel, a cuatro kilómetros de distancia, coreando eslóganes cada vez más radicales.

“¡Aumento de las becas!”, “¡Harroubia bara!” y “Harroubia dégage!”, gritaban al principio exigiendo la dimisión del ministro de Educación. Unos kilómetros más allá, el cortejo estudiantil, más numeroso que al principio, vociferaba: “¡Poder asesino!”, “¡El pueblo quiere que caiga el sistema!”.

“Somos ya entre 10.000 y 15.000 participantes”, aseguraba entonces entusiasmado al teléfono Ahmed Zenati, un veinteañero que ayudó a convocar la manifestación a través de las redes sociales.

Las fuerzas de seguridad, que recibieron también refuerzos, les esperaban en la plaza El Mouradia -que lleva el mismo nombre que el palacio presidencial- donde se produjo la batalla campal en la que se detuvo la manifestación.

Aunque más llamativa, por la violencia con la que acabó, la protesta del martes es una más de las que a diario se producen en Argelia. El lunes fueron, por ejemplo, los llamados patriotas, los civiles que en la década de los noventa fueron armados para luchar contra los islamistas, los que se concentraron en la plaza de los Mártires.

Las huelgas son incesantes sobre todo en el sector público. El personal sanitario se acaba ahora de sumar al paro de los médicos hospitalarios que dura ya desde hace más de un mes.

El Gobierno, al que le sobran los medios, suele dar satisfacción a las reivindicaciones económicas. En el plano político solo ha cedido hasta ahora levantando el estado de excepción.

En los tres partidos de la llamada Alianza Presidencial que respalda a Bouteflika se empieza, sin embargo, a evocar una reforma constitucional. La oposición quiere que, como en Túnez, sea una Asamblea Constituyente la que redacte la nueva Carta Magna.

Los planes de ajuste que están llevando a cabo la mayor parte de los países pertenecientes a la Unión Europea son totalmente cuestionables, tanto por lo que suponen para las posibilidades de recuperación de las economías, como por lo que significa el no afrontar las causas principales originarias de la crisis, sino sus efectos. Además de lo que representan en costes sociales y humanos.

En todo caso, lo que resalta es que en el duro plan de ajuste alemán, la canciller ha salvado de los recortes la educación y la investigación, entre otros motivos porque, como ha declarado Merkel, son el futuro. Esta posición contrasta con la adoptada en España, en donde ya con anterioridad al plan de ajuste el Gobierno de la nación hizo recortes en los presupuestos de 2010 a la investigación, y bastantes Comunidades Autónomas lo están haciendo con sus universidades desde hace ya varios años. En este caso, difiere el comportamiento de unas Comunidades a otras, lo que también está provocando unas desigualdades considerables en el funcionamiento de las universidades.

Los recortes producidos se han justificado en nuestro país por la necesidad que viene impuesta por las condiciones de la crisis, y ante ello todas las partidas presupuestarias, unas en mayor medida que otras, tienen que sufrir sus consecuencias. Pero ante la evidencia de los hechos, que no se pueden negar, sobre todo cuando hay tantas necesidades sociales que atender, no vendría mal copiar, en este caso, de la propuesta alemana. El gobierno alemán y prácticamente todos los de los países avanzados, son conscientes de esto, así como los de los países emergentes.

La educación y la investigación son el futuro, pero también han sido el pasado y el presente de los países que han conseguido logros económicos significativos y progresos indudables en las mejoras progresivas de la productividad. El incremento en la productividad, a lo largo de la historia, es lo que ha permitido aumentar los salarios reales sin menoscabo de los beneficios, así como acortar la jornada laboral en horas anuales, mensuales y semanales. Todas estas mejoras han sido fruto de las luchas de los trabajadores, pero el sistema capitalista ha sabido hacer frente a estos desafíos con el progreso tecnológico y con mejoras en la organización del proceso de trabajo. El crecimiento ha sido compatible, en unos países más que en otros, con el estado del bienestar.

En nuestro país, parece que no queremos aprender de los países que se encuentran por delante de nosotros en indicadores económicos y en avance científico, sino lo que es más lastimoso, tampoco de los países emergentes que están teniendo un crecimiento impresionante, como fue el caso en décadas anteriores de Corea del Sur, y ahora lo son Brasil, China e India. Se trata a la educación y a la investigación, simplemente como unas partidas presupuestarias más, a las que hay que meter la tijera, como a cualquier otra. Aquí no se pasa de hacer declaraciones grandilocuentes sobre la importancia de la educación y la investigación, e incluso como factores fundamentales para salir de la crisis, pero esas declaraciones no se manifiestan en hechos.

Es evidente que España sufre un retraso relativo en educación e investigación, y no digamos en innovación, en relación a otros países, por lo que ha sido su historia de tantos años de dictadura, y la destrucción de la ciencia que supuso el triunfo de los insurgentes, como se puede ver en el libro que con ese nombre, “La destrucción de la ciencia en España”, y dirigido por Luis Enrique Otero ha editado la editorial Complutense en memoria de todos los que fueron depurados.

En la democracia se han conseguido progresos pero no los suficientes. Se han producido sin lugar a dudas avances, sobre todo en la investigación científica, pero no los que hubieran sido necesarios para acortar distancias. Tenemos un déficit aún en ciencia, educación, y fundamentalmente en progreso tecnológico. Por eso, para superar ese atraso habría que invertir más y hacer un esfuerzo colectivo para cerrar la brecha que nos separa, y no como va a suceder, tal como están las cosas, que se va a ensanchar. Este es un país en el que a los líderes políticos y económicos les gusta aportar por el corto plazo, por resultados económicos en un periodo de tiempo breve, y sin entrar a considerar los costes del crecimiento económico en términos de productividad, sociales y ecológicos. La apuesta por la educación, la investigación y la innovación requiere un plazo medio y largo, y sus resultados no son por tanto inmediatos.

La importancia de todo ello se estudia cada vez más por la ciencia económica. Tenemos que aprender de estos análisis, además de la experiencia de otros países. Un libro muy interesante es “Cambio tecnológico y empleo”, de Chris Freeman y Luc Soete (1996, Fundación Universidad Empresa), y aunque pueda parecer un poco antiguo resulta muy relevante en los tiempos actuales de desempleo, pues en esto se centra bastante. De hecho su título en inglés es “Work for all or Mass Unemployment?”. En las conclusiones se dice algo que sigue siendo de actualidad: “La vuelta a un desarrollo económico con pleno empleo es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere una combinación imaginativa de inversión privada e inversión pública”. Lo que sucedió es que esto no se hizo y se dio prioridad a la economía de las finanzas sobre la economía productiva, y así ha pasado lo que ha pasado.

Resulta útil a su vez el capítulo “El progreso tecnológico y el crecimiento” del manual “Macroeconomía” (Prentice Hall) de Olivier Blanchard, profesor del MIT, y en la actualidad economista jefe del Fondo Monetario Internacional. En este planteamiento se hacen las siguientes sugerencias, entre otras: a) El periodo de elevado crecimiento comprendido entre 1950 y 1973 se debió a un rápido progreso tecnológico, no a una acumulación de capital excepcionalmente elevada. b) La desaceleración del crecimiento registrada desde 1973 se ha debido a una reducción de la tasa de progreso tecnológico y no a una acumulación de capital excepcionalmente baja, y c) La convergencia de la producción per cápita de los distintos países se ha debido a un aumento del progreso tecnológico, no a una aceleración de la acumulación de capital, en los países que partieron de una posición rezagada.

Un libro muy sugestivo, y tal vez uno de los más interesantes, es el de Nathan Rosenberg, “Dentro de la caja negra: tecnología y economía” (La llar del libre, 1993). Rosenberg, además de valorar la contribución de Marx, al que considera docto en tecnología, hace unos planteamientos muy rigurosos y sugerentes. Así, considera que desde la perspectiva del impacto económico, la difusión de la innovación tecnológica es mucho más importante que la aparición de las nuevas tecnologías. Sin embargo, tradicionalmente se ha dado más importancia a estas últimas probablemente porque son más vistosas y más fáciles de explicitar. En esta obra un punto importante es la relación entre ciencia y tecnología. Se considera que la originalidad científica no es condición suficiente para el desarrollo, o el dinamismo tecnológico, e incluso mantiene que no es una condición necesaria, como se muestra en muchos ejemplos que se pueden observar. En todo caso, el avance tecnológico requiere de conocimientos técnicos y especializados. La educación y la investigación son otra vez fundamentales.

En suma, la economía no puede ser ajena a este tipo de estudios, que ponen énfasis en la innovación tecnológica; no puede no tenerlos en cuenta, ni considerar el progreso tecnológico como una variable exógena, pues aquí se encuentra la base fundamental del desarrollo económico. Un desarrollo que no tiene que basarse en el fetichismo del crecimiento, y que contemple asimismo la sostenibilidad de la tecnología y la preservación del medio ambiente.

Las autoridades públicas, estatales y autonómicas, tendrían que insistir más en estas cuestiones, y no pensar en que todo se puede arreglar volviendo a lo de antes, o dando la espalda a la educación, la investigación y la innovación. Se vuelven a cometer los mismos errores que en otras épocas históricas en un momento oportuno para provocar el cambio y salir de la crisis con otro tipo de desarrollo, más justo y equitativo. Cuiden ustedes a sus universidades, no las dejen empantanadas en medio de la crisis, que en ellas se hace la mayor parte de la investigación y la tecnología que se genera en este país, con resultados, en muchos casos, más que notables y de calidad. Las universidades que se encuentran a la cabeza y que han obtenido la mención de campus de excelencia tienen que ser apoyadas, y no acosadas, como algunos parecen hacer.

Artículo publicado en Sistema Digital.

Según están informando diversos medios, se ha iniciado un proceso dirigido a sustituir a los rectores de las universidades por “gestores profesionales” sin límite de mandato y designados por un ‘”comité de sabios”. Algo que se considera imprescindible para “eliminar el lastre que suponen la burocracia y las presiones internas sobre la gestión” de los rectores que, sigo leyendo, hoy día están “maniatados por la obediencia debida al puñado de votos que les sostiene en el cargo, subordinados a las reticencias e intereses de los sindicatos a la hora de fichar  a docentes investigadores, presionados por los departamentos y su empeño en implantar una carrera o una asignatura que no demanda nadie, sitiados en su Rectorado por los poderosos reyes de taifas que hacen y deshacen en las escuelas, facultades e institutos universitarios…”.

Según las fuentes de la noticia, que debe estar ligada o a los propios rectores o a las autoridades ministeriales, esa situación “es la ingobernable herencia que ha dejado en los campus españoles una cultura de gestión sustentada sobre principios aparentemente democráticos pero que coloca el servicio público de la educación superior y la investigación a merced de luchas intestinas y de los cuatro estudiantes que votan en las elecciones”.

El asunto me parece preocupante por la manera en que se está enfocando. Cualquiera que conozca la universidad sabe perfectamente que los rectores tienen actualmente más poder que nunca, si bien es verdad que han sido los rectores quienes en muchas ocasiones (no digo que siempre) se han apoyado y han auspiciado el poder sindical, la democracia muy restringida a la hora de tomar decisiones y una corporativización indeseable de nuestra institución para alcanzar o mantenerse más fácilmente en el poder. Por eso no me parece lógico que sean ellos mismos quienes definan un sistema alternativo: buscarán aumentar su poder y libre arbitrio.

Yo he defendido siempre y defiendo que el sector público, que es quien principalmente financia a las universidades, tenga una presencia e influencia mucho más directa y ejecutiva en la gestión de los recursos que pone a su disposición (por ejemplo, mediante gerentes con poder sobre la gestión financiera puestos directamente por el gobierno o altamente profesionalizados sin intervención del rector como pasa ahora). Pero me temo que eso no puede venir de la privatización del máximo poder universitario. Y eso es lo que parece que se pretende cuando  se ha pedido que se desarrolle esta idea a una fundación presidida por la hija del banquero más rico de España y que se haga con una “clara inspiración empresarial”.

No nos engañemos. Privatizando la universidad no se logrará más eficacia social, mayor control del dinero público ni un sometimiento más efectivo del gobierno universitario a los intereses sociales, algo que yo creo que deseamos la mayoría de los universitarios. No. Lo que se conseguirá será consolidar el espacio universitario como un negocio más al servicio de las empresas privadas. Pero no de cualquier empresa, no de todas, sino de las que disfrutan de posiciones cuasi monopólicas y de privilegios oligárquicos en los mercados. Es decir las que, como sabe cualquiera que haya estudiado un poco la historia de la innovación y el progreso social, son las menos adecuadas para fomentarlos.

Publicado en ECCUS

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En los últimos años se ha puesto de moda la idea de que la función de la universidad es formar profesionales para “adaptarse al mercado”. Incluso lo he visto escrito así, textualmente, en la propaganda oficial de alguna universidad española.

Me parece una aberración. El mercado es una institución cambiante y cuyos resultados no siempre son los más satisfactorios para la sociedad, especialmente para sus miembros más desfavorecidos. Por eso las personas no pueden ser esclavas del mercado, no pueden adaptarse a él sea cual sea su condición y aceptar sin más lo que allí ocurra. Debe ser al revés. Lo que tenemos que lograr es que sea el mercado quien se adapte constantemente a las necesidades de los seres humanos.

Las personas, y especialmente las mejor preparadas en la universidad, debemos aprender precisamente a intervenir y corregir el funcionamiento de los mercados para que éstos procuren las soluciones más satisfactorias para toda la población y no solo para los más poderosos. Lo cual se puede lograr mediante reglas, incentivos y un sistema efectivo de poderes de apropiación justo y equilibrado que hay que aprender a diseñar y controlar. De hecho, es muy fácil comprobar que, según cuales sean las normas dominantes en cada uno, hay mercados que funcionan muy bien y otros, la mayoría, que están controlados por unos pocos y que solo satisfacen a los privilegiados que tienen más poder económico y de decisión.

Por tanto, lo mejor para la sociedad sería que los universitarios aprendieran a domeñar el mercado (y en general a todos los mecanismos de provisión de bienes y servicios), que adquirieran habilidades y competencias para ponerlo al servicio de la sociedad y no que se adapten pasivamente a él, como quieren los que ahora controlan los mercados.

¿A quién conviene que los universitarios se adapten sin más a un mercado laboral tan asimétrico como el de hoy día, tan injusto y discriminatorio, tan dedicado a dar ventajas a la patronal en contra de los trabajadores, generador de la mayor desigualdad salarial de los últimos cincuenta años? ¿A quién le interesa convencer a todos de que lo mejor es adaptarse a estos mercados y no tratar de reformarlos en beneficio de la mayoría de la sociedad?

¿Y, por tanto, en nombre y en interés de quién actúan los dirigentes universitarios, los ministros o rectores que repiten constantemente la cantinela de que las enseñanzas y la formación universitaria deben estar al servicio de las empresas y el mercado?

Publicado en ECCUS

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- ¿El EEES está generando problemas en otros países?
- Creo que no.

Entrevista a Felipe Pétriz, Director General de Universidades del gobierno de España, Público, 15/12/2008.

- En el resto de Europa, ¿cómo está esta historia?
- No protestan. Se ha implantado prácticamente en toda Europa, vamos tarde, vamos tardísimo, y no hay protestas en Europa. De hecho es un proceso…
- En Grecia…
- En Grecia. Hay una punta en Grecia. Pero Europa es muy grande y el proceso se ha implantado, con participación de los estudiantes, y con normalidad.

Bolonya, problema o solució? (Àgora, TV3, 01/12/2008, 01:02:48)

Con motivo de los debates alrededor de las movilizaciones universitarias que han tenido lugar recientemente en España, no han cesado de repetirse afirmaciones como las que encabezan este texto.

Son conocidas las protestas estudiantiles griegas desde principios de 2006 contra el proyecto de ley universitaria que, entre otras cosas, permitía por vez primera la implantación de universidades privadas; quizás no lo sea tanto que este mes de abril todavía se estaban produciendo ocupaciones, desalojos y nuevas ocupaciones de universidades con motivo de la externalización de servicios [1] y menos aún que en muchos países europeos -y no sólo europeos- se han producido y se siguen produciendo protestas estudiantiles, de profesorado e incluso de autoridades académicas contra diversas reformas que apuntan, de forma generalizada, hacia la mercantilización de la universidad (reducción de la financiación pública, aumento de los precios de matrícula, modificación de los sistemas de gobierno para dar entrada a representantes de intereses privados, etc.).

En junio de 2007 se aprobó en Portugal una disposición que prevé la transformación en fundaciones de derecho privado de las universidades públicas (hecha efectiva, a día de hoy, en tres universidades), las cuales, por otra parte, padecen serias dificultades financieras; todo ello ha originado numerosas protestas de rectores, -incluyendo la declaración conjunta de ex-rectores pidiendo la intervención del presidente de la república y el primer ministro- y encierros de estudiantes [2]. Desde la aprobación, en agosto de 2007, de la denominada ley Pécresse (con muchos puntos de contacto con la LRU española, de 1983, y con el proyecto Campus de Excelencia actualmente impulsado también en España) en Francia han ido en aumento las protestas de estudiantes, rectores y personal docente e investigador [3]. También en Italia el curso universitario actual está resultando muy movido, a causa de los recortes drásticos del presupuesto para la enseñanza aprobados por el parlamento en octubre de 2008 [4]. Ha habido asimismo movimientos de protesta en Finlandia [5], en Dinamarca [6] contra un cambio radical en el sistema de gobierno de las universidades y ante el anuncio de un recorte de las becas, en Irlanda [7] y Reino Unido [8] en torno a precios y becas, y en Croacia [9] para pedir la gratuidad de los estudios universitarios.

Estos movimientos antimercantilizadores y en pro de la universidad pública, se declaren o no explícitamente contrarios al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) surgido a partir de la declaración ministerial de Bolonia de 1999, son seguramente la causa principal de la presencia cada vez mayor de la denominada dimensión social del proceso en las declaraciones ministeriales posteriores a la de Bolonia. Ya en la de Praga (2001) se incluye una referencia a dicha dimensión, reclamada por representantes estudiantiles, cuya participación se reconoce como necesaria. En la de Berlín (2003) se describe la enseñanza superior como un bien público y una responsabilidad pública y se afirma la importancia de reducir las desigualdades sociales y de género, en cada país y a escala europea. Las declaraciones de Bergen (2005) y Londres (2007) insisten en estas ideas y las precisan [10].

Pero ha sido en la declaración de la reunión ministerial de los 46 países que participan del EEES que acaba de tener lugar en Lovaina, en plena crisis financiera y económica y con el discurso neoliberal en desbandada, donde la dimensión social de la enseñanza superior ha cobrado protagonismo.

En efecto, la declaración considera “la inversión pública en enseñanza superior”, que es “una responsabilidad pública”, como “una prioridad por encima de cualquier otra”. Reconoce “plenamente el valor de las diversas misiones de la enseñanza superior, desde la docencia y la investigación hasta el compromiso en la cohesión social y el desarrollo cultural”. La declaración se extiende sobre la equidad en el acceso a y la compleción de los estudios: “El estudiantado [...] ha de reflejar la diversidad de las poblaciones europeas”; “el acceso a la enseñanza superior se debe ampliar fomentando el potencial de los grupos infrarepresentados y proporcionando condiciones adecuadas para el desarrollo de sus estudios [...] esto incluye la creación de condiciones económicas apropiadas para que las estudiantes y los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades de estudiar a todos los niveles.” La educación superior “ha de equipar [...] con los avanzados conocimientos, habilidades y competencias que necesitan a lo largo de su vida profesional” a las personas que la reciben. Finalmente, ministras y ministros confirman “que la financiación pública sigue siendo la principal prioridad para garantizar el acceso equitativo y aún más el desarrollo sostenible de instituciones autónomas de enseñanza superior”.

No deja de sorprender que suscriban una declaración como ésta representantes de gobiernos que están impulsando políticas de signo totalmente contrario, aunque es cierto que elaborar y suscribir declaraciones no implica un compromiso real ante una opinión pública desgraciadamente muy acostumbrada al divorcio entre las promesas y los hechos. Pero se equivocarían los movimientos estudiantiles y, en general, los movimientos pro universidad pública, si no percibieran y aprovecharan las oportunidades que les brinda esta declaración de Lovaina. No se trata tanto de denunciar la distancia entre las palabras y los hechos como de reclamar que los hechos se ajusten a las palabras.

Notas:
[1] Más información sobre Grecia.
[2] Más información sobre Portugal.
[3] Más información sobre Francia.
[4] Más información sobre Italia.
[5] Más información sobre Finlandia.
[6] Más información sobre Dinamarca y aquí.
[7] Más información sobre Irlanda.
[8] Más información sobre Reino Unido y  aquí.
[9] Más información sobre Croacia.
10] Página oficial del proceso de Bolonia.

Des de fa molts anys, amb independència de les respectives adscripcions ideològiques, els homes i les dones que treballem a la universitat sostenim que resulta imprescindible i inajornable una reforma que posi fi al seu progressiu deteriorament. La implantació del Pla Bolonya, presumptament, vindria a ser la resposta a aquest deteriorament. Això és el que se’ns ha dit. Lamentablement, pensem que no és així.

La implantació d’aquest Pla és, en realitat, una imposició que no ha comptat amb els agents i les agents que hi estan directament implicats, i el deteriorament s’està abordant sense que s’hagi fet un autèntic diagnòstic de l’estat actual de la universitat. A hores d’ara, el que es pot afirmar irrefutablement és que s’està desballestant la universitat pública, que se n’està supeditant el funcionament als dictàmens del mercat i que s’està malbaratant el coneixement en la mesura que és tractat com una mercaderia. En definitiva, s’està decretant un canvi del model d’universitat sense que cap dels seus impulsors i defensors hagi explicat encara quin és l’eix sobre el que pivota aquest model i cap a on ha de portar-nos.

L’únic que hem sentit reiteradament, cada vegada amb un to més autoritari, és que el Pla Bolonya permetrà l’avanç del coneixement científic, la compatibilitat de les titulacions i la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS a tot el territori de la Unió Europea, o la integració dels graduats universitaris al mercat laboral europeu, en el qual se suposa que gairebé tothom hi trobarà una inserció qualificada en acabar els estudis.

¿Algú pot dissentir d’aquests propòsits? Òbviament, nosaltres creiem que ningú. Però el que no ens diuen és que sota una reconversió docent i pedagògica que, segons afirmen, ofereix innumerables oportunitats de reforma dels estudis universitaris i un canvi en els hàbits de treball del PDI, el PAS i els estudiants, se’ns sostreu, als protagonistes de la vida universitària, la possibilitat de reflexionar lúcidament sobre les decisions que s’estan prenent i les conseqüències que tindran en la configuració de la universitat pública.

Els esdeveniments d’aquest curs a diverses universitats de l’Estat protagonitzats pels estudiants han tingut l’encert i el coratge de denunciar i de posar en l’escena pública la manca de recursos disponibles i l’estat de precarietat intel·lectual i docent cap al qual ens adrecem, estat que pretén transformar el coneixement en simples competències i habilitats, avaluables principalment segons criteris de rendibilitat empresarial. Breument, aquests esdeveniments i aquest coratge estudiantil han remogut les expectatives i esperances privatitzades sacsejant la passivitat de molts de nosaltres, que hem decidit sortir del nostre aïllament i, de manera col•lectiva, involucrar-nos activament davant els reptes de futur que la universitat hauria d’afrontar si vol fer-ho amb responsabilitat. Les protestes estudiantils han tret les crítiques i reflexions que fins ara només existien en els passadissos, a manera de ritual, tot exposant-les a un debat obert d’una manera valenta. Però alhora, la resposta oferta pels òrgans de govern de les universitats s’ha orientat sovint vers el descrèdit i el rebuig de sòlids arguments i vers la criminalització de les pràctiques i de les persones implicades en el procés de discussió de Pla Bolonya amb la intenció d’impedir l’emergència d’alternatives i d’avortar qualsevol procés de reflexió pública, compartida i democràtica: en són exemple clar les denúncies penals i el desenllaç de les mesures sancionadores als alumnes de la UAB.

La història demostra que la comunitat universitària no pot quedar al marge de cap situació crítica que l’afecti. Per això reclamem participar en un debat col·lectiu sobre el seu futur. Tants anys i tants plans i canvis de tota mena, tots tan maldestres, per força han de fer que siguem escèptics: el futur de l’ensenyament superior i de la investigació científica no pot estar consignat exclusivament en espais difusos de decisió ni en gabinets tecnocràtics que només funcionen mecànicament i rendeixen comptes d’una manera autàrquica.

És urgent i necessari millorar el nostre sistema educatiu de cap a cap, amb la participació generosa de tothom. És per això que cal obrir un debat que no es faci d’esquena als estaments de la Comunitat Universitària, sinó que en propiciï la participació.

La tan reiterada crisi de l’ensenyament, que tant escandalitza als polítics i que ajuda a omplir de polèmiques els mitjans de comunicació, massa sovint desfigura diferents aspectes que, amb el pretext d’una reforma pedagògica emmascaren, veritablement, una reforma del model d’universitat. Emparant-se en l’Espai Europeu d’Educació Superior com si fos una força de la natura que ningú no pot aturar perquè és resultat de les circumstàncies, tampoc se’ns diu que la implementació d’aquest Espai accentuarà:

1. El progressiu segrest dels espais de pensament crític i l’embargament de les capacitats reflexives i creadores d’estudiants i professorat, amb l’adequació de continguts i ritmes frenètics dels plans d’estudi a la lògica d’un discurs capitalista de darrera generació, avui en profunda crisi i possiblement ridiculitzat per molt de temps.

2. L’adequació de la producció i l’ús del coneixement a les lleis del mercat, transformant el pensament en meres habilitats, i convertint la formació intel·lectual en simple mercaderia.

3. La insuficiència de transparència en la planificació i gestió del dia a dia de la Universitat, sovint immersa en pràctiques irrespectuoses amb la legalitat vigent que obstaculitza la participació, convertida en un simulacre per la mera prevalença d’operacions formals i de procediment. A tall d’exemple, destaquem la irregularitat de determinades figures contractuals, l’incompliment de la càrrega lectiva reconeguda als convenis o la recomanació de la Sindicatura de Comptes de la UAB per tal que ajusti les seves activitats comptables a la legalitat.

4. L’extralimitació de les relacions jeràrquiques i de les diferències de condicions laborals dins del PDI i del PAS; la intensificació de les relacions de poder; l’extensió de la submissió; la col•lisió d’interessos que es resolen arbitràriament, prescindint d’instàncies formals; i la utilització de la institució pública per a lucres privats, amb la creació d’un entramat de fundacions i entitats participades, màsters privats, etcètera.

És per això que no ens resignem a l’oferta oficial d’una passivitat còmplice i que optem, en canvi, per una activitat creativa, constructora d’alternatives sempre obertes. Volem participar a generar un espai obert de discussió, no mediatitzat per principis innegables ni per normativitats immutables, per tal d’intervenir com a agents actius, com fins ara ho han estat els i les estudiants, amb la voluntat de ser interlocutors i interlocutores.

Ens emplacem, doncs, a treballar per fer realitat aquestes voluntats i fem una crida a la participació activa en aquest diàleg. El pròxim dissabte 14 de març, a les 10:30 h., PDI i PAS de les universitats catalanes ens trobarem novament a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona per definir les actuacions immediates. Tanmateix, els sotasignats d’aquest manifest també fem una crida a la participació activa a les mobilitzacions universitàries del pròxim dijous, 12 de març.

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Las palabras del Secretario de Estado de Universidades, Mario Rubiralta, afirmando, en la Universidad de Oviedo el pasado 25 de Noviembre, que “si alguna universidad va a cerrar no será por Bolonia, será por el mercado” (1) junto con comentarios como, “hay que abordar un proceso de reducción del número de universidades, bien mediante procesos de fusión, transformación o extinción pura y simple,….” recogido del foro de debate del Ministerio de Ciencia e Innovación,(2) y la noticia del apoyo del Ministerio para la elaboración del primer ranking nacional de universidades, viene a confirmar lo que muchos nos temíamos sobre los objetivos del actual equipo ministerial. Para este equipo lograr la diferenciación y estratificación de las universidades públicas españolas y hacer a algunas útiles “al mercado” y visibles internacionalmente son objetivos básicos, aunque “el mercado”, pueda dejar a algunas en el camino. Estos objetivos evidentemente no se recogían en el “Proceso de Bolonia” pero sí en la Estrategia Universidad 2015 y el programa Campus de Excelencia Internacional.

Con los mencionados proyectos se trata de sustituir inversión pública por privada a cambio de ofrecer, a los inversores, en nuestro país fundamentalmente las corporaciones financieras, los descubrimientos y el capital humano que los lleva a cabo. El Secretario de Estado de Universidades lo confirmaba cuando decía, en su comparecencia en el Senado, 25 de septiembre 2008, que el aumento de la financiación para universidades sólo es posible si se contempla el modelo mixto público-privado con ingresos significativos por la comercialización de conocimiento protegido y la prestación de servicios, entre otros. Aunque en su artículo en El País del 12 de Febrero 2009, nos intenta convencer de que ello no tendrá nada que ver con la supeditación de la universidad a los intereses privados. Probablemente el Sr. Rubiralta y las autoridades de algunas universidades son de los pocos que todavía confían en el altruismo de las corporaciones financieras al aportar fondos.

Según los planes del ministerio, una vez diferenciadas las universidades por su capacidad de captar fondos de inversores privados, “las mejores” serán ayudadas a hacerse “visibles internacionalmente” y para ello está el programa Campus de Excelencia Internacional, (CEI) donde confluirían universidades, centros de investigación y empresas. El Ministerio, en su política de facilitar la innovación a las empresas, ve como positivo que estos conglomerados sean el lugar idóneo donde estas empleen en su beneficio el capital humano altamente cualificado pagado con fondos públicos. Nada se nos decía de las universidades que quedaran fueran de esos CEI, ahora es fácil de entender que su destino no fuera explicitado por nuestras autoridades, ya que esas universidades incapaces de captar fondos del mercado estarían abocadas a la desaparición.

Evidentemente Bolonia no cierra universidades, pero el proyecto de cambios académicos, que se está introduciendo con la excusa de Bolonia, junto con el íntimamente relacionado, proceso de “mercantilización” de la actividad universitaria sí lo hará y a causa de ello la universidad pública española vive estos días una situación de enorme desconcierto que la campaña propagandística, sobre las bondades de los cambios, del Ministerio, lejos de calmar lo incrementa, ya que choca con la tozuda realidad de nuestras universidades.

Propondría a las autoridades ministeriales que hagan un esfuerzo de realismo y separen unos cambios, los académicos y los de mercantilización en el tiempo. Creo que aún podemos hacer una mera adaptación formal de nuestro actual modelo académico a los principios básicos de Bolonia y utilizando, si se quiere, la actual crisis del modelo económico mundial, iniciar un debate sobre la universidad pública que es necesaria para combatir y superar la actual situación económica.

La crisis del modelo económico vigente hará que las universidades de todo el mundo reformulen su funcionamiento y por tanto su papel dentro del “capitalismo académico”. Por primera vez en años las admiradas y muy valoradas universidades norte-americanas tienen pérdidas económicas y temen una disminución importante en las aportaciones privadas, lo que les llevará sin duda al cambio de modelo de financiación. Considero que la actual crisis económica es una oportunidad, no la mejor evidentemente, para acometer cambios en profundidad en la universidad española, producto de un debate donde intervengan todos los sectores interesados implicados, incluidos aquellos sectores de la economía productiva que comprometan fondos en nuestras universidades.

Modificar el sistema académico universitario español para adaptarlo a la “universidad europea” “universidad” que sólo existe en la mente de algunos expertos y además unir a ello el proceso de mercantilización, dentro de una profunda crisis económica, es llevar a nuestras universidades a su completa desintegración. Además, las corporaciones financieras que han sido las impulsoras desde muy diferentes foros, del proceso de mercantilización de la universidad española, no presentan en estos momentos las mejores referencias para un cambio que pueda ser utilizado para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

Notas:
(1) http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20081125/asturias/alguna-universidad-cerrar-sera-20081125.html
(2) http://foro2015.fecyt.es/?page_id=50

Sin duda, la Universidad necesita una importante reforma, dado su anquilosamiento burocrático, sus vicios internos y su pérdida de peso en la sociedad. Lo que ocurre es que la reestructuración emprendida basada en la Declaración de Bolonia ha ido en la dirección contraria. La Universidad debe seguir siendo un lugar de producción, transmisión, difusión y crítica del conocimiento, y no una mera fábrica de titulados con los perfiles que interesen al mercado. Es de esto, y también del nulo debate sobre el tema en las propias universidades, de lo que protestan muchos estudiantes y no pocos profesores.

En la histórica ciudad italiana de Bolonia, en 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos firmaron una declaración en la que se comprometían a establecer un Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) con el objetivo de hacer más competitivas nuestras universidades. A tal fin, se marcaron varios objetivos para antes de 2010: adopción de un sistema comparable de títulos para “favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos”; un sistema de enseñanza basado en dos ciclos, el primero de los cuales ya daría acceso al mercado laboral; promoción de la movilidad de los estudiantes, mediante un sistema unificado de créditos (el ECTS o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos); colaboración en la garantía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables; y promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza.

En principio, nada habría que objetar; la letra de Bolonia es asumible y bastaría, para conseguir dichos objetivos, con desburocratizar de forma razonable nuestras universidades. Pero ya en la propia Declaración existen aspectos no concretados que posibilitaban lo que habrían de ser las músicas que los Gobiernos irían imponiendo en el establecimiento de los dos ciclos y en el diseño de las “metodologías comparables” y los “criterios de calidad”. Imposiciones que significan una profunda reestructuración del sistema universitario y que han sido presentadas como si respondieran a la letra de la citada Declaración. Lo que es falso.

Conviene recordar que, en el caso español, el tiempo inmediato a los acuerdos de Bolonia estuvo ocupado por la confrontación en torno a la LOU (Ley Orgánica de Universidades) que impuso el Partido Popular (PP) a pesar de la oposición de la mayoría de los estudiantes, profesores e incluso de buena parte de los rectores, y también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque luego éste, cuando llegó al Gobierno, no la anulara como había prometido.

Con la “batalla de la LOU” en primer plano, Bolonia apenas tuvo repercusión hasta que empezó a concretarse en documentos gubernamentales. Estos aparecieron en 2003, en la época de la ministra Pilar del Castillo (PP), y fueron lanzados como globos sonda para captar el grado de aceptación/resistencia a sus contenidos: una práctica recurrente en la política española que, para establecer diagnósticos, sustituye al debate social.

Objetivo principal: la sumisión

En un Documento-Marco, tras la consabida jaculatoria de que la formación del EEES constituye “un reto muy positivo para todos”, se mezclaban los objetivos de Bolonia con los objetivos y desarrollo de la LOU. En la exposición de motivos de ésta se incluía ya la necesidad de una nueva ordenación de la actividad universitaria; y, consecuentemente con ello, el Documento afirma que “se hace necesaria una nueva concepción de la formación académica”: una necesidad que en modo alguno estaba contenida en la letra de los acuerdos de Bolonia.

¿Cuál es esta nueva concepción de la formación académica, que ha sido el eje de la política de reestructuración universitaria que se está realizando y que se nos presenta como el desarrollo natural del “proceso de Bolonia”? En un artículo publicado en Diario de Sevilla, en octubre de 2003 (1), indicaba yo que estábamos ante la que sería “la más importante reforma de nuestras universidades desde la segunda mitad del siglo XIX: ponerlas al servicio directo del mercado, eliminando o reservando a selectas minorías su dimensión reflexiva y crítica”. Añadía que la implantación de los grados, con reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional, “provocará un empobrecimiento de la formación y un énfasis en los aspectos instrumentales y practicistas -algo muy distinto a la necesaria combinación entre teoría reflexiva, métodos y técnicas para conducir adecuadamente la práctica profesional-, con lo que los estudios de grado serán una especie de FP-3; eso sí, con títulos más pomposos… Cuanto responda a las necesidades del mercado va a tener sitio, mientras desaparecerá, o quedará como adorno de lujo, aquello que no tenga una directa ubicación en aquél”.

A pesar de lo que se nos venía encima, la mayoría tanto de profesores como de estudiantes continuaron sin apenas reacción y, sobre todo, sin exigir un debate dentro de la comunidad universitaria sobre la situación de ésta y la dirección que, sin consulta alguna, estaban imponiendo los políticos primero del PP y luego del PSOE -que en este, como en otros temas, se muestran como franquicias diferentes de una misma empresa ideológico-política.

El énfasis en los dos ciclos -el grado y los ahora llamados máster- refleja el objetivo de sumisión de la estructura y funcionamiento de la Universidad a las demandas del mercado. La enseñanza universitaria queda fracturada; y la dualización de ciclos responde a la nueva dualización de los mercados de trabajo: el grado -más corto que las actuales licenciaturas- tiene como objetivo producir el tipo de profesional que interesa hoy a las empresas: con conocimientos muy generales, sobre todo instrumentales, y con habilidades y actitudes que encajen en la flexibilización, polivalencia y competitividad de los empleos.

No interesan profesionales con capacidad crítica sino que se adapten con facilidad a las necesidades de las empresas. No se precisa -en contra de lo que suele afirmarse- un buen nivel de cualificación sino unos conocimientos mínimos y lo más polivalentes posible, junto a un máximo de pensamiento domesticado. De aquí los problemas que han tenido, o continúan teniendo, para su conversión en grados las actuales licenciaturas de baja aplicabilidad directa (Historia del Arte, algunas Filologías) o con un núcleo de reflexión crítica (Antropología).

De aquí, también, la insistencia en el cambio de la metodología docente, consistente en enfatizar no la calidad y los contenidos de la enseñanza (con la consiguiente necesidad de que existan maestros) sino las técnicas de aprendizaje. Como se establece en la normativa que ha ido produciéndose en los últimos años, “las titulaciones deberán diseñarse en función de los perfiles profesionales”. Y estos perfiles, serán determinados por “el mercado”, es decir por las grandes corporaciones empresariales. Todo ello, con el fin de “incrementar la empleabilidad de los titulados”, como se dice en el real decreto 1393/2007.

Por otra parte, para obtener los profesionales de más alta cualificación que también seguirá demandando el mercado, aunque en proporciones cada vez más pequeñas, se establecen los máster. Estos irán destinados a “orientar hacia una mayor profundización intelectual, hacia la investigación o la formación profesional avanzada”. Habrá, sin duda, máster públicos, sin una subida desmesurada de tasas respecto al actual tercer ciclo, pero los que serán realmente valiosos -en el doble sentido de más caros y de vía para acceder a empleos de más elevado rango- serán los patrocinados, y subvencionados, por grandes empresas. Máster “para ricos” que se ofrecerán sólo en determinadas universidades y para cuyo contenido será aún más determinante que para los grados la opinión -los intereses- de las instituciones patrocinadoras.

Afirmar esto no equivale a imaginar fantasmas. Lo prueban numerosos hechos y declaraciones de responsables políticos y académicos. Así, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla -una ingeniera con experiencia previa en varias empresas multinacionales- declaró en 2006, que “se procedería a adoptar medidas para adaptar la oferta académica al tejido productivo y a las demandas de la sociedad” (2). Más recientemente, la presidenta del Consejo de Rectores de las Universidades Andaluzas, Adelaida de la Calle, al presentar junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía el “foro de debate permanente” creado por ambas organizaciones, no dudó en afirmar que “los planes de estudio los diseñan las universidades, pero esto debe hacerse atendiendo las peticiones del sector empresarial” (3).

Más clara aún fue Montserrat Casas, rectora de la Universidad de las Islas Baleares: “La universidad, lo que tiene que hacer es dar la estructura mental adecuada para que la persona se pueda adaptar a diferentes tipos de trabajo que le pueda ofrecer la sociedad… No tiene sentido mantener la enseñanza de una materia cuando la sociedad necesita otro ámbito” (4). Es evidente que, en estos y otros muchos casos, cuando se habla de “la sociedad” hay que leer el Mercado. También Justo Nieto, cuando en agosto de 2004 fue nombrado conseller valenciano de Empresa, Universidad y Ciencia, previamente rector de la Politécnica de Valencia, fue muy transparente en la explicación del motivo de creación de su Conselleria (5), que tiene equivalentes en Andalucía, otras Comunidades Autónomas y en el propio Ministerio (6): se trata de que “la Universidad, la Empresa y la Ciencia sean un solo elemento, cada uno de ellos impregnado de la filosofía del resto” (7). Y podríamos añadir una serie de ejemplos.

Si de los nuevos planes de estudio y las “nuevas metodologías” pasáramos a la investigación, comprobaríamos que la lógica que la preside, cada día con más fuerza, es la misma: la “eficiencia”, medida en términos de aplicabilidad inmediata por las empresas.

Sin embargo, se insiste en descalificar a quienes se oponen al contenido real del proceso de Bolonia; y se afirma que es una falsedad que la Universidad esté siendo privatizada. Conviene, a este respecto, aclarar un malentendido que está lejos de ser inocente. Si por privatizar se entiende únicamente cambiar la titularidad de las universidades, es claro que, al menos por ahora, la mayoría seguirán siendo públicas, porque hacerse cargo de ellas no es rentable a las grandes corporaciones financieras y empresariales. A éstas no les interesa asumir la titularidad de las instituciones universitarias sino que estas respondan, en la enseñanza, en la investigación y en su funcionamiento general, a sus intereses privados y no a los intereses colectivos.

Les interesa que las universidades produzcan mentes acríticas, de pensamiento cero o cuando más de pensamiento único, en lugar de buenos profesionales críticos respecto a los saberes y los poderes establecidos. Que, en lugar de una comunidad de profesores-investigadores que hagan avanzar el conocimiento y lo transmitan a los estudiantes y al conjunto de la sociedad, las universidades funcionen como academias de formación técnico-laboral para clientes sólo preocupados por conseguir cualquier empleo, y como laboratorios para investigaciones inmediatamente aplicables por las empresas.

Nada de esto debería sorprendernos. Durante siglos, el avance del conocimiento en las universidades fue resultado de la lucha por la libertad de pensamiento, primero contra el control inquisitorial de quienes ponían barreras a ésta en nombre de la verdad religiosa; y luego contra el poder político, que también veía como un peligro para el orden sociopolítico la libertad de cátedra y el espíritu rebelde de los estudiantes.

Ahora, el dogma del Libre Mercado y los guardianes de su ortodoxia intentan imponer su lógica en las universidades en nombre de los principios sacralizados de la competitividad, la productividad y la eficiencia, definidas en términos exclusivos de rentabilidad económica. Un intento que cuenta con la colaboración activa de aquellos académicos que han abrazado la nueva Fe transmitida desde el poder, y con la colaboración pasiva de los que piensan que pueden salir beneficiados personalmente o continúan confundidos en cuanto a la verdadera naturaleza del choque entre lógicas incompatibles al que estamos asistiendo.

A estos últimos, es necesario mostrar cuál es el eje real del proceso que llaman “de Bolonia”, por más que desde el Gobierno, el conjunto de los partidos políticos y muchas instancias académicas se siga insistiendo retóricamente en las bondades del mismo, en base a focalizar sólo algunos de sus efectos secundarios. La lógica profunda “de Bolonia” es que, a una Economía de Mercado y una Sociedad de Mercado les corresponde una Universidad plenamente mercantilizada.

Notas:
(1) Diario de Sevilla, 6 de octubre de 2003
(2) Diario de Sevilla, 15 de febrero de 2006.
(3) El País, Andalucía, 8 de abril de 2008.
(4) Diario de Mallorca, 8 de abril de 2008.
(5) En junio de 2007 hubo reestructuración y las competencias de Universidad volvieron a Educación.
(6) En Andalucía – que funciona como laboratorio político del PSOE – hace ya varios años que fue creada la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para “transformar la orientación de la Universidad” y hacer que la investigación que se realiza en ella sea “más eficiente”, según declaraciones del consejero Francisco Vallejo (El País, 8 de mayo de 2004). Algo similar ha sucedido en otras Comunidades Autónomas.
(7) El Mundo, Madrid, 1 de noviembre de 2006.

Els acords de Bolonya de 1999 entre els països de la Unió Europea (entre ells, Espanya) van ser sis propostes que plantejaven els trets generals pels quals es regirien els estudis universitaris arreu d’Europa per facilitar l’homologació, la cooperació i la mobilitat de titulacions i estudiants dins l’àmbit europeu.

La interpretació normativa i legal que d’aquests acords es pretén dur a terme és una altra cosa. Respon a aquest model neoliberal i mercantilista que des de tots els àmbits de la política i de la vida pública (econòmic, social, cultural, educatiu, sanitari, …) se’ns pretén imposar i fer creure com el millor possible, i que ara ataca directament la Universitat.

El que suposa “Bolonya” per a la Universitat espanyola en concret és:

• Una concepció mercantilista i utilitarista del coneixement i del saber. La Universitat es converteix en una borsa de treball on es “fabriquin” els treballadors que necessita la societat, i la societat són les empreses. La societat es considera una empresa i la Universitat deixa de tenir com a finalitat primordial la recerca del saber des de la independència i l’esperit crític per passar a ser cantera del que demana el mercat.
• La privatització ideològica i econòmica de la universitat pública obrint els camins per a què “agents externs” (grans empreses, grups de pressió,..) dirigeixin i financin les universitats en “col•laboració” amb un poder públic que aposta per un “cost zero” en l’aplicació dels nous programes.
• La creació d’un model únic per a totes les universitats i per a totes les carreres que no contempla ni la diversitat ni la idiosincràsia dels estudis o dels àmbits culturals i geogràfics. L’anul·lació de la diferència, la globalització del sistema i la propagació d’un pensament únic es donen la mà en un terreny, el del coneixement, la cultura i la investigació, que només es poden concebre en un context d’enriquiment i defensa de la diversitat .
• L’elitisme pel que fa als destinataris d’aquesta nova universitat que expedirà titulacions de “grau” sense cap valor en sí mateix si no ve avalat per un posgrau que es podrà obtenir en institucions externes, sotmès als preus del mercat i, evidentment, de qualitat molt diferent segons es tinguin o no recursos econòmics per aconseguir-lo en una institució o altra.
• La reducció de continguts teòrics i l’infantilisme metodològic que, en defensa de la practicitat i l’utilitarisme més immediat, releguen la reflexió i la crítica dins els programes d’estudi front a les “habilitats, destreses i competències” propis de l’ensenyament primari i secundari tractant els estudiants universitaris com a infants als quals tutoritzar i no com a adults que poden i “han de” desenvolupar el raonament crític i autònom i assolir uns coneixements teòrics d’ampli abast. La “Cultura” surt així de la Universitat oberta a tothom; el coneixement no és per a la gran massa. El que interessa és que, en acabar els estudis, els universitaris sàpiguen fer coses, no que pensin entorn al que fan. D’altra banda la rendibilitat des d’aquest punt de vista d’algunes carreres (Filosofia, per exemple) és absolutament nul•la.

La manca de debat públic, la negativa radical dels òrgans de govern respectius a la discussió amb professors i estudiants principalment, la consideració d’ignorants a tots aquells que ens oposem a que el neoliberalisme arribi tan tranquil·lament a la Universitat, només ens du a pensar que la pretensió no és únicament imposar un nou model d’Universitat, sinó continuar aprofundint en un model de societat global que respongui als interessos del capital on si alguna cosa hi sobra és la gent que raona, critica i s’hi oposa.