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Terrorismo financiero

8 maig, 2010 - Estatal

Román Orozco El País
Se forraron en los años de bonanza y siguen forrándose en los años de la crisis. Mientras millones de trabajadores son expulsados del mercado de trabajo, unas docenas de especuladores ingresan cuantiosas sumas de dinero en sus bolsillos. Para ellos, la crisis es un gran negocio. El pesimismo da dividendos.
La idea se la he tomado prestada a Miguel Boyer. En un esclarecedor artículo publicado en estas páginas, el ex ministro socialista de Economía en el primer Gobierno de Felipe González concluye que los mismos que exageraron el optimismo económico, “sobreponderando activos, empresas y solvencias”, exageran ahora el pesimismo “sobre la solvencia de las deudas públicas”. Para el presidente José Griñán, esos propagadores del pesimismo practican el “terrorismo financiero”.
Boyer sabe de lo que habla: abandonó la política para trabajar en una de las grandes compañías multinacionales españolas y se mueve desde entonces con desparpajo por los salones de la alta clase social y financiera.
Un día antes, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, denunciaba también “los mensajes catastrofistas” que terminan haciendo mella en el ciudadano. El profesor Torres presentaba en Sevilla el libro ¿Están en peligro las pensiones públicas? (Attac España), del que es autor junto al también catedrático en las universidades Pompeu Fabra de Barcelona y John Hopkins de Baltimore (EE UU), Vicenç Navarro, y Alberto Garzón Espinosa, impulsor de los grupos de jóvenes economistas críticos en España.
Estos tres expertos demuestran en su libro que el sistema público de pensiones es el más justo y solidario y que no hay razón alguna para sustituirlo por planes privados. Esos mensajes catastrofistas que anuncian la quiebra del sistema público de pensiones no pretenden otra cosa que desviar el ahorro colectivo hacia la banca privada.
Torres sostiene que “el ahorro de los trabajadores se ha convertido en un verdadero botín para los botines (los banqueros) por lo que amedrentan a los ciudadanos para que opten por fondos privados”.
Por cierto: poco antes, conocíamos que el consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, cobrará una pensión de 85,7 millones de euros (por si se les ha olvidado: 14.260 millones de pesetas; si viviera hasta los 85 años, una edad por encima de la media nacional, Sáenz percibiría cada día dos millones de pesetas). Algo menos cobrará su patrón, Emilio Botín: 24,6 millones de euros. En la competencia, Francisco González, viejo amigo de Aznar, que lo aupó a la presidencia de Argentaria, desde donde dio el salto al BBVA, se embolsará 79,7 millones de euros.
Noticias como esas hacen daño siempre, pero mucho más en estos días en los que se pide a los Gobiernos, precisamente desde las más altas atalayas del poder financiero, que deben reducir el gasto público, es decir, deben recortar el dinero que se destina a las políticas sociales.
Lo vemos en Grecia: el brutal plan de ajuste que “los mercados”, esos entes invisibles que nos devoran las entrañas, han impuesto a los griegos incluye bajada de salarios (públicos y privados); bajada de pensiones; subida de impuestos, la mayoría indirectos (los más injustos: lo mismo pagará por una cerveza Botín o Sáenz que un obrero en paro); abaratamiento del despido, o alargamiento de la vida laboral. No es extraño que ayer, en la tercera huelga general que paralizó el país, murieran tres griegos.
Esta es la receta que quiere aplicar aquí la derecha política y económica. En el reino del pesimismo, bombardeados por mensajes catastrofistas, esperan cosechar los votos para regresar al poder. Es lo único que les importa. Lo dejó bien claro ayer Rajoy, tras su rueda de prensa en La Moncloa. La alternativa para España es él. Y Arenas, en Andalucía.

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