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Todos tiran la piedra, pero algunos esconden la mano

7 octubre, 2008 - Sanitat

Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad Pública de Madrid Periódico Diagonal
El desmantelamiento y deterioro de la sanidad pública madrileña comenzó cuando el PP logró la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y se ha agudizado con la apertura de los nuevos hospitales de titularidad privada del Plan de Infraestructuras 2004-2007. Lo específico y lo alarmante de Madrid es la apertura de golpe de ocho edificios de uso hospitalario, experiencia inédita en la UE. Simultáneamente se ha producido el desmantelamiento y la asfixia económica de los hospitales públicos preexistentes (llevándose a los nuevos centros de gestión privada material y más de 3.000 sanitarios de los centros públicos), además de la suspensión de la renovación de los contratos del personal eventual. Aunque, soterradamente, se les obliga a realizar la actividad que los privados no pueden asumir.
La ubicación de estos centros se ha realizado en base a intereses partidistas (distribuidos cuidadosamente entre municipios del PP y PSOE), prescindiendo de los más elementales criterios de planificación sanitaria. Con pequeña capacidad (entre 90 y 260 camas) y con carteras de servicios reducidas están demostrando ser incapaces de atender la mayoría de las necesidades sanitarias, lo contrario de lo que se publicitaba. Sólo Majadahonda (de Dragados y que surge del cierre del público Puerta de Hierro) en la zona de mayor renta, con menos necesidades sanitarias y tradicionalmente menos usuaria de lo público, dispone de todas las especialidades y el mayor número de camas (800).
Algunos ejemplos palpables del “funcionamiento excelente” de los hospitales nuevos son : la no disponibilidad de diagnóstico por la imagen por la tarde (Arganda y Aranjuez) ; imposibilidad durante el pasado verano de derivar pacientes a traumatología (Vallecas) ; cierre intermitente de agendas de especialistas dejando a los pacientes en un limbo (Bush quería acabar con los incendios talando los bosques, Esperanza acaba con las esperas suprimiendo las listas) ; espera de hasta 11 meses para la primera visita en algunas especialidades básicas (Coslada) ; derivación a los públicos de urgencias que cualquier hospital de su nivel está capacitado para atender ; dimisión de personal directivo en tiempo récord (directora médica del hospital de Aranjuez) ; reducción de los sueldos del personal de enfermería debido a que la cuenta de resultados no cuadra (Valdemoro) ; robo a centros públicos de pacientes que no le corresponden con la connivencia de la Consejería (de Pinto al hospital privado de Valdemoro, para hundir al público de Getafe, que perderá 117 de sus 600 camas) ; no contar con representación sindical crítica ya que los grandes sindicatos han decidido, junto a la Administración, que los “sindicatos no pactistas o molestos” no puedan disponer de locales ni medios para tratar de ocultar lo que ocurre.
¿Por qué se ha llegado a esta situación ? La Ley General de Sanidad establecía ya la posibilidad de prestar atención sanitaria en centros privados, si bien en los vinculados a la red pública mediante convenio o concierto siempre que previamente se haya hecho una utilización optima de los recursos propios y preferentemente de los que tengan carácter no lucrativo. Excluía, por tanto, la entrega de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a empresas lucrativas.
El discurso que se ha ido imponiendo, no ingenuamente, sobre la difícil sostenibilidad financiera y organizativa del sistema público ha sido utilizado para justificar iniciativas como la Ley 15/97 de “Habilitación de Nuevas Formas de Gestión” que PSOE, PP, PNV, CC y CiU pactaron y que abrió las puertas a la mercantilización.
A 11 años vista, las palabras del PSOE el día de su aprobación : “esta ley cierra el paso a la privatización” o que “se garantiza la titularidad pública de los centros” suenan a una burla grotesca. Hoy, mientras el PSOE critica la privatización, Esperanza Aguirre y sus fieles escuderos Lamela y Güemes hacen el trabajo sucio. Con más de dos millones de madrileños ya en manos privadas, y tras el anuncio el pasado 23 de septiembre en el Ritz, de la privatización total mediante subasta del resto de hospitales y centros de atención primaria, no hay otra estrategia para frenarlo que la movilización de toda la población para exigir la derogación de la 15/97.
Las repercusiones, que afectarán sobre todo a la población de menor nivel de renta, se medirán en términos de deterioro de la calidad y aumento de la mortalidad, y serán responsabilidad tanto de quienes aplican la ley, como de quienes la mantienen sin derogar o, de aquellos que con su discurso falso tratan de ocultar a la población quiénes son los responsables.

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