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Tras el sí de Irlanda

6 octubre, 2009 - Unió Europea

Jose A. García Sáez – ATTAC País Valencià
El triunfo del Sí en el segundo referéndum de Irlanda hace que el Tratado de Lisboa se considere definitivamente aprobado, aun a falta de la firma de los presidentes polaco y checo. Desde la Comisión Europea se asegura que el Tratado entrará previsiblemente en vigor a principios de 2010. Parece entonces que ya tenemos Tratado y con él una Europa, nos dicen, más dinámica, más transparente y más democrática. Ahora bien, la pregunta que me hago es: ¿por qué vale más el Sí del 2 de octubre de 2009 que el No del 12 de junio de 2008? Si uno fuera malpensado diría que parece que tendríamos que valorar y respetar los resultados de los referéndums únicamente en función de si son acordes o no con el modelo de Unión Europea que a puerta cerrada diseñan los líderes europeos.
Pero no seamos malpensados… lo que pasaba, declaraba este fin de semana Durao Barroso, es que los ciudadanos irlandeses en la primera votación no estaban bien informados, sin embargo en esta segunda ya conocían perfectamente el Tratado y sus consecuencias. Como el resto de europeos no hemos podido manifestar nuestra voluntad democrática acerca del Tratado no nos ha hecho falta conocerlo; pero quizá sería interesante hacer una breve (y parcial) valoración de los cambios que implicará, puesto que su entrada en vigor nos afectará a todos, aunque no hayamos tenido la oportunidad de votarlo en referéndum.
Reconozcamos, en primer lugar, que el Tratado de Lisboa introducirá algunos avances que agilizarán y clarificarán el funcionamiento de la Unión. Para explicar algunas de estas mejoras, podríamos empezar diciendo que el Tratado de Lisboa no va a ser un texto que se aplique directamente, sino que modificará los tratados básicos: el Tratado de la Unión Europea (o Tratado de Maastricht) y el Tratado Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo Tratado de la Comunidad Europea). El primero de ellos puede considerarse como el texto básico que fija las instituciones y los principios de funcionamiento de la Unión, mientras que el segundo sería el texto de desarrollo. A estos dos documentos habría que añadir la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que por fin adquiere un valor jurídicamente vinculante.
Al adoptar una personalidad jurídica propia, la Unión podrá adherirse a instrumentos internacionales de protección de derechos fundamentales, como se prevé con la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que debería significar que los actos de las instituciones de la Unión podrán ser enjuiciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una instancia internacional ajena a ella. Este avance contrasta, sin embargo, con la vergonzosa excepción permitida en el famoso Protocolo nº 30 a Polonia y al Reino Unido, ante cuyos tribunales no serán alegables los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Particularmente, en tal Protocolo se insiste en que en estos Estados no serán aplicables los derechos económicos y sociales enunciados, por cierto, en el título IV de la Carta bajo el inquietante epígrafe de solidaridad.
La tolerancia mostrada hacia esta excepción a la aplicación de derechos fundamentales es, en mi opinión, un buen indicador de cómo se está construyendo la Unión Europea que refleja el Tratado de Lisboa. Para la libre circulación de mercancías y capitales, por supuesto, no se contemplan excepciones. El artículo 63 del nuevo Tratado de Funcionamiento establece con toda claridad que “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. Si esto es así, cabe preguntarse de qué manera podrá imponerse, por ejemplo, una tasa tipo Tobin como la que ahora tantos líderes europeos están considerando necesaria para evitar la especulación financiera, principal responsable de la crisis sistémica en la que nos encontramos sumidos.
Desde luego, si, como nos dicen, uno de los motivos por los que los irlandeses han votado Sí al Tratado de Lisboa es la estabilidad económica que hipotéticamente les va a proporcionar la Unión, quizá no conozcan tan a fondo las consecuencias de la aprobación del Tratado. Quizá tampoco conocían que el único sector en el que se anima a realizar gasto público es en el militar. En lugar de fomentar el desarme, los Estados miembros se comprometen a mejorar sus capacidades militares (art. 42.3 TUE). Tal vez tampoco sabían que todos los servicios públicos se considerarán servicios de interés económico general, y que estarán sometidos a las reglas de la libre competencia (art. 107 TFUE). Dudo igualmente que en esta segunda campaña de información (cuyo presupuesto se ha reducido respecto de la primera de 24 a 20 millones de euros) haya hecho demasiado hincapié en la reforzada independencia del Banco Central Europeo, que se consolida como una institución más de la Unión, capaz de jugar de manera totalmente independiente y autónoma con el precio del Euro, como si el precio del dinero fuera una decisión estrictamente técnica que no necesitara de ningún tipo de control político.
Son sólo algunos motivos por los que creo que hubiera merecido la pena que los irlandeses hubieran dicho que no. Porque un no nos hubiera ayudado a reflexionar sobre el tipo de Unión Europea que el Tratado de Lisboa está consolidando (que no inventando) y nos hubiera dado tiempo a pensar en una Europa más justa, realmente comprometida con la paz, el medio ambiente y los derechos humanos. Tanto por su contenido material como por la forma en la que ha sido elaborado, la ciudadanía no debería conformarse con este Tratado. Otra Europa es posible, pero sin madurez cívica no hay racionalidad política. Continuemos diciendo entonces que no, que así no. Usemos la imaginación y la experiencia para construir entre todos esa Europa diferente, esa Europa de la que nos alejará la aprobación del Tratado de Lisboa.

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